“Estamos profundamente consternados por los informes relativos al asesinato de un gran número de civiles, entre ellos muchos niños, ocurridos recientemente en varias aldeas de las provincias de Yatenga y Soum, en el norte de Burkina Faso, en el contexto de los combates entre las fuerzas armadas burkinabesas y los grupos armados de la región.

Aunque la falta de acceso a la zona nos ha impedido verificar de manera independiente estos informes, es esencial que esas denuncias de graves abusos y vulneraciones perpetrados por distintos agentes salgan a la luz y que las autoridades de transición las aborden mediante investigaciones rápidas, imparciales y eficaces. Los responsables de esos actos deben ser presentados ante los tribunales y es preciso defender el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La lucha contra la impunidad y la búsqueda de la rendición de cuentas son de la máxima importancia para garantizar que la población confíe en el estado de derecho y la cohesión social.

Asimismo, nos inquieta la suspensión temporal de al menos dos agencias de noticias internacionales que informaron sobre estos incidentes. Las restricciones impuestas a la libertad de prensa y el espacio cívico deben cesar de inmediato. La libertad de expresión, comprendido el derecho de acceder a la información, es fundamental para toda sociedad y más aún en el contexto de transición que atraviesa Burkina Faso”.