Estamos profundamente preocupados por el uso generalizado y continuo de castigos corporales en Afganistán.  El 4 de junio, un grupo de 63 hombres y mujeres fueron sometidos públicamente a flagelaciones en masa en un recinto deportivo en la ciudad de Sar-e-pul por haber cometido supuestamente una serie de delitos que incluian "huida del hogar" y "delitos contra la moral", entre otros.

Cuarenta y ocho hombres y 15 mujeres fueron aparentemente azotados entre 15 y 39 ocasiones antes de ser devueltos a prisión para completar sus condenas.  Parece ser que el castigo fue llevado a cabo delante de miembros de las autoridades de facto y de cientos de residentes locales.

El castigo corporal es una clara violación de la normativa internacional de derechos humanos.  Afganistán forma parte tanto de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Conforme al derecho internacional, todas las personas tienen derecho a ser tratadas con respeto por su dignidad e igualdad inherentes como seres humanos.

Las mujeres que son castigadas públicamente por haber cometido zina y otros denominados delitos contra la moral, están expuestas también a un riesgo mayor de violencia por parte de sus familias y comunidades tras haber sido víctimas de estas formas prohibidas de castigo.

Volvemos a instar a las autoridades de facto a poner fin de forma inmediata toda forma de castigo corporal.   Además, hacemos un llamamiento a las autoridades de facto a garantizar el pleno respeto por los derechos a un debido proceso y a un juicio imparcial, de forma especial en lo que afecta al acceso a representación legal, para toda persona que se enfrente a acusaciones penales.