El Alto Comisionado actualiza la situación de los derechos humanos en Venezuela

Actualización oral sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la Resolución 51/29 del Consejo de Derechos Humanos

Sr. Presidente,

Al concluir mi visita a Venezuela en enero de 2023, subrayé que mi Oficina estaba dispuesta a ser un puente entre las instituciones del Estado y la población venezolana.

Poco después de un año, las autoridades decidieron repentinamente suspender las actividades de mi Oficina y pidieron a mi personal que abandonara el país, una decisión profundamente lamentable e incoherente con la Carta de Entendimiento que habíamos firmado.

Tomo nota de los recientes indicios acerca de la posibilidad de restablecer la presencia de mi Oficina en Venezuela. Seguiremos trabajando a este respecto, con miras a garantizar que se den las condiciones adecuadas para que mi Oficina pueda desempeñar plenamente su mandato.

Sr. Presidente,

A pesar de que las cifras oficiales indican un crecimiento del PIB del 5% en 2023, la población venezolana sigue enfrentándose a graves obstáculos para acceder a la alimentación, la salud y la educación. Las mujeres, los habitantes de zonas rurales y los pueblos indígenas se ven afectados de manera desproporcionada.

Entre julio y agosto de 2023, los informes recibidos por mi Oficina indicaban que el 74,6% de los centros de salud de todo el país carecían de personal médico, y el 73,5% de personal de enfermería.

El aborto sigue estando penalizado, lo que da lugar a procedimientos inseguros y a la consiguiente mortalidad y morbilidad maternas.

Han continuado las protestas por un salario mínimo digno y un nivel de vida adecuado, ya que los y las trabajadoras del sector público y las personas jubiladas, en particular, luchan por llegar a fin de mes.

Insto a las autoridades a que tomen medidas para abordar todas estas preocupaciones -en materia de salud, educación, alimentación y remuneración digna- en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado.

Las sanciones sectoriales han exacerbado los problemas de derechos humanos preexistentes y deben levantarse.

Sr. Presidente,

Tomo nota de la liberación de dos dirigentes sindicales el 24 de junio. Esto eleva a 65 el número total de personas que han sido puestas en libertad tras su detención arbitraria desde mayo de 2023, entre ellas nueve mujeres. Muchas de estas liberaciones están condicionadas a comparecencias periódicas ante los tribunales.

Reitero mi llamamiento para que se ponga en libertad a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente en Venezuela, incluidas aquellas que permanecen en prisión preventiva más allá de los límites establecidos en la legislación nacional. Esto incluye al defensor de los derechos humanos Javier Tarazona, quien el martes cumplió su tercer año completo detenido, y cuyo estado de salud se está deteriorando.

Entre abril de 2023 y febrero de 2024, mi Oficina realizó nueve visitas a centros de detención en cinco estados distintos del país, y entrevistó a 146 personas privadas de libertad, entre ellas 46 mujeres, con miras a mejorar las condiciones de detención, incluido el acceso a la salud y la alimentación.

En el contexto de los traslados de personas detenidas a la prisión de máxima seguridad Rodeo I, me preocupan especialmente los informes sobre intimidación y malos tratos a las personas privadas de libertad, así como a sus familiares y abogados, y la falta general de información y acceso de los abogados y familiares.

Me sigue preocupando que se continúe acusando a personas de delitos relacionados con el terrorismo que no cumplen las normas internacionales de derechos humanos, concretamente los principios de legalidad y seguridad jurídica, y en los que también hay problemas con el derecho a un juicio justo. El año pasado, mi Oficina documentó 29 casos de personas procesadas en virtud de la legislación pertinente.

Desde mayo de 2023, mi Oficina también documentó 28 casos de personas detenidas, algunas percibidas como voces disidentes, cuyo paradero se ocultó a sus familiares y abogados, a pesar de los esfuerzos de sus familias por obtener información de las autoridades. Esto ocurrió durante periodos que oscilaron entre dos y 41 días, lo que equivale a una desaparición forzada. Deben investigarse y enjuiciarse todas las denuncias de desapariciones forzadas, y debe ponerse fin a esta práctica.

Las recientes sentencias contra siete agentes de la ahora disuelta Fuerza de Acción Especial por homicidios perpetrados durante operaciones de seguridad entre 2018 y 2019 son bienvenidas. Insto a la plena rendición de cuentas por las violaciones cometidas durante las operaciones de seguridad y las protestas, incluso garantizando el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas.

Sr. Presidente,

Las próximas elecciones presidenciales del 28 de julio, así como las elecciones locales, regionales y legislativas previstas para 2025, son oportunidades clave para respetar la voluntad popular.

Lamento que aumenten las restricciones al espacio cívico.

De hecho, se necesita todo lo contrario: un espacio libre y abierto para el debate.

Mi Oficina sigue recibiendo informes de detenciones a medida que se acerca el día de las elecciones, incluso de partidarios y miembros de la oposición.

Esto no augura nada bueno, e insto a que se modifiquen estas prácticas.

En el último año, el ACNUDH ha documentado con preocupación un aumento de las amenazas, el hostigamiento y las agresiones contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces consideradas críticas, incluso mediante arrestos y procesamientos, y 38 casos de detención arbitraria. Esto incluye a Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas, quienes se encuentran detenidos desde el 9 de febrero y 15 de abril de 2024 respectivamente, sin acceso a la defensa legal de su elección.

También nos sigue preocupando el proyecto de ley sobre organizaciones no gubernamentales y su financiación, así como la presentación de un proyecto de ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares, que contiene definiciones vagas y amplias. Reitero mi llamamiento para que se abstengan de aprobar leyes que restrinjan aún más el derecho a participar en los asuntos públicos y las libertades de asociación y expresión.

Preocupan también los 10 nuevos casos de cierre indebido de radios documentados por mi Oficina, y al menos 50 sitios web bloqueados, seis más que durante el periodo del informe anterior.

Animo a las autoridades a levantar las restricciones impuestas al espacio cívico, a protegerlo y a garantizar procesos electorales plenamente transparentes, inclusivos y participativos, en línea con las normas internacionales.

También hago un llamamiento a todos los actores para que cumplan los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Barbados.

Sr. Presidente,

Entre enero y noviembre de 2023 se registraron 186 casos de feminicidio. La investigación de estos asesinatos es esencial, al igual que muchos mayores esfuerzos de prevención y respuesta. Un protocolo elaborado por la Fiscalía General es un primer paso, pero se necesita mucho más.

Persisten la discriminación, la retórica despectiva de funcionarios públicos y la violencia contra las personas LGBTIQ+. Según una organización, el 28,7% de las personas LGBTIQ+ con las que hablaron afirmaron haber sufrido actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Lamentablemente, también continúan las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, incluso en el contexto de las acciones para frenar la minería ilegal. Reitero mis llamamientos a la demarcación de los territorios indígenas. Mi Oficina también ha documentado el uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad contra el pueblo Yukpa en el estado de Zulia. Insto a las autoridades a que investiguen a fondo y enjuicien los actos de discriminación y violencia contra los pueblos indígenas.

Sr. Presidente,

La creación de confianza es el único camino a seguir, especialmente en este periodo electoral.

Animo a todas las autoridades a asumir compromisos concretos en este sentido. Ahora, más que nunca, un diálogo constructivo y abierto entre los y las venezolanas con las instituciones del Estado es crucial para superar las profundas divisiones y reconstruir el contrato social entre la población venezolana.

Gracias.