Esterilización forzosa en Perú: la lucha de una mujer que pide justicia y reparación

“Estamos hartas. Queremos que las mujeres sigan sobreviviendo, tanto física como emocionalmente”.

A finales del decenio de 1990, la vida de María Elena Carbajal Cepeda cambió para siempre, cuando se convirtió en una de los miles de mujeres que fueron esterilizadas, en el marco de un programa del gobierno de Perú orientado a la lucha contra la pobreza.

El programa, que se desarrolló a lo largo de cuatro años, afectó a unas 300.000 mujeres. Supuestamente, la gran mayoría de ellas no otorgó su consentimiento a la operación. Muchas de las afectadas eran indígenas de zonas rurales. 

En la actualidad, miles de mujeres siguen esperando por una reparación jurídica. 

El trauma físico y mental que Carbajal padeció fue inmenso. Sus lesiones psicológicas tal vez nunca lleguen a curarse del todo y todavía siente el dolor del pasado.

En los últimos años, Carbajal ha recibido apoyo psicológico a través del Centro de Atención Psicosocial (CAPS), una organización financiada por el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura. Según ella afirma, ese apoyo le ha aportado “la fuerza y la energía” necesarias para salir adelante.

Carbajal se convirtió en una activista de derechos humanos y actualmente preside la Asociación de Víctimas de la Esterilización Forzosa. En su condición de presidenta de esta ONG, hace campaña por el acceso a la justicia y la obtención de reparaciones para las víctimas. 

A principios de año, Carbajal participó en un taller de expertos en violencia sexual y de género equivalente a la tortura, que celebró en Ginebra (Suiza) el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.

“En muchos casos la esterilización se realizó en las peores condiciones, incluso mediante la aplicación de anestesia de uso veterinario para efectuar la ligadura de las trompas uterinas. Ni siquiera realizaban las operaciones en hospitales, porque no hay hospitales en las provincias”. 

Carbajal describió la enorme repercusión emocional de esos hechos e insistió en que es preciso dar apoyo psicológico a las víctimas. “La salud es primordial para seguir viviendo”, afirmó.

Procedimientos judiciales en marcha

En 2015, el gobierno peruano estableció un Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas. Tres años después, la Fiscalía del Perú incoó una causa colectiva para abordar los casos de unas 2.000 víctimas y planteó una querella criminal contra médicos y altos funcionarios que desempeñaban funciones en el periodo de los hechos. 

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas recibió con beneplácito esta querella contra los presuntos responsables, en la que se mencionaba “su participación indirecta en la perpetración de delitos contra la vida, la integridad física y la salud de más de 2.000 mujeres”.

Desde entonces el Comité ha instado al gobierno de Perú a que garantice que el proceso sigue adelante y que los responsables de esos delitos reciban sentencias proporcionales a la gravedad de sus actos. El Comité también hace hincapié en que las sentencias han de aplicarse realmente y que las víctimas deben recibir la reparación jurídica adecuada.

Una petición de justicia

Al tiempo que en instancias nacionales e internacionales se ejerce presión sobre el gobierno peruano, Carbajal prosigue con su esfuerzo personal en pro de millares de víctimas.

La activista pide para ellas justicia, incorporación a programas sociales e indemnizaciones. 

“Queremos que el gobierno cumpla con su deber y sentencie al (ex) presidente Alberto Fujimori y a los demás participantes, incluso a los médicos y al personal sanitario”.

No se trata simplemente de decir: “estas señoras quieren un poco de dinero”. “Queremos que se imparta justicia, porque lo que nos hicieron fue una tortura y lo hicieron contra nuestra voluntad. Nos trataron como animales”.

“Lo que pedimos es, sobre todo, que el gobierno haga justicia, investigue estos casos y los denuncie de manera rotunda. Quienes participaron en esas actividades deberían pagar por lo que hicieron, porque fue un crimen de lesa humanidad”.

26 de junio de 2019