Se necesita transparencia y supervisión en los mecanismos de seguridad de las empresas mineras

Amenazas. Uso excesivo de la fuerza. Violencia y acoso sexual. Ejecuciones extrajudiciales. Estas son solo algunas de las denuncias sobre vulneraciones de derechos humanos formuladas contra empresas de seguridad y agencias militares privadas que trabajan para empresas mineras, según se expone en un informe elaborado por expertos de las Naciones Unidas.

“Entre las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por empresas de seguridad privadas, contratadas por compañía mineras, figura la represión de quienes se oponen a los proyectos extractivos”, señaló Chris Kwaja, Presidente del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios. “Los pueblos indígenas, los activistas del medio ambiente y otros defensores de derechos humanos, las mujeres y los mineros artesanales corren riesgos específicos”.

En el informe que presentó este mes al Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo destaca la trágica relación establecida entre los defensores del medio ambiente y los derechos sobre la tierra y las compañías mineras, que constituyen el segundo sector que más fallecimientos registra en el mundo. Una fracción considerable de esas muertes se debe a la actuación de empresas particulares de seguridad.

Además, afirmó Kwaja, se toman muy pocas medidas para obligar a esas empresas a que rindan cuentas de sus actos.

“Los arreglos de seguridad complejos y opacos que se aplican en los yacimientos extractivos suelen dificultar la distinción entre los diversos agentes de seguridad y la evaluación de sus respectivas funciones, responsabilidades y líneas de notificación”, declaró Kwaja.

Es indispensable que las empresas actúen con la eficacia y diligencia debida para prevenir posibles repercusiones sobre los derechos humanos, afirmó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En un discurso que pronunció a principios de año sobre las cadenas de suministros responsables en la industria minera, Bachelet exhortó a todas las partes a que no olvidaran el concepto de “humano”  contenido en la expresión “derechos humanos”.

“Es preciso que mantengamos la atención fija en la cuestión principal: la dignidad y los derechos de los seres humanos afectados”, afirmó Bachelet. “Una persona que vive lejos de la atención de la prensa en una comunidad tradicional, junto a un río, tiene exactamente los mismos derechos que el director general de una empresa que trabaja en un lujoso edificio acristalado”.

El Grupo de Trabajo pidió a los Estados que fortalecieran las regulaciones y la supervisión sobre las empresas de seguridad y las agencias militares privadas. Asimismo, el Grupo pidió que en los acuerdos suscritos entre los Estados y las compañías mineras, incluidos los elementos de seguridad, se definan claramente las funciones y los límites en lo tocante a las actividades de estos últimos, y que esos documentos sean de dominio público. 

“El aumento de la transparencia en los arreglos de seguridad y la incorporación de las normas de derechos humanos en los contratos y las políticas de seguridad, constituirían pasos en la dirección correcta”, dijo Kwaja.

25 de septiembre de 2019