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“Mujer, Vida y Libertad” tratan de erradicar la impunidad del Estado en Irán
26 marzo 2024
“Nos dividen en dos grupos, como si fuera un asunto de ellos contra nosotros, como si el país les perteneciera a ellos y a nosotros, no”, declaró Behnaz Amani. “Desde el momento en que me arrestaron, me decían constantemente que querían que abandonara el país y no regresara nunca, porque yo no merecía el respeto que ellos me otorgaban por mi condición de mujer. Pero yo nunca ví ese respeto”.
Amani es una ex catedrática iraní. Fue encarcelada durante las protestas del movimiento “Mujer, Vida y Libertad” que sacudieron el país a partir del 16 de septiembre de 2022, tras la muerte en reclusión de Jina Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años que había sido arrestada por incumplir las normas que regulan el uso del hijab (velo islámico) en Irán.
En virtud de su resolución S-35/1 aprobada el 24 de noviembre de 2022, el Consejo de Derechos Humanos creó una Misión internacional independiente de investigación sobre Irán (FFMI), con el fin de investigar las vulneraciones de derechos humanos vinculadas a estas protestas. El informe de la FFMI se presentó en Ginebra (Suiza), durante el 55º periodo de sesiones del Consejo.
Para elaborar el informe, la FFMI recopiló 27.000 elementos de prueba, realizó 134 entrevistas exhaustivas con víctimas y testigos, y reunió pruebas y análisis de técnicos digitales y forenses expertos en derecho nacional e internacional. Asimismo, examinó documentos oficiales proporcionados por el gobierno y 41 informes del Alto Consejo de Derechos Humanos de Irán, y mantuvo intercambios con el “Comité especial iraní para investigar los disturbios de 2022”.
La FFMI llegó a la conclusión de que la República Islámica de Irán era responsable de notorias vulneraciones de derechos humanos amparados por el derecho internacional, entre otros, ejecuciones ilegales y asesinatos, uso de fuerza innecesaria y desproporcionada, privación arbitraria de libertad, tortura, violación, desapariciones forzadas y persecución por motivos de género, combinada con discriminación basada en la condición étnica y la creencia religiosa. Según la FFMI, estas violaciones afectaron desproporcionadamente a las mujeres, los niños y los miembros de minorías étnicas y religiosas.
La doctora Behnaz Amani, que pasó dos meses en prisión por apoyar al movimiento Mujeres, Vida y Libertad, consiguió salir de Irán en febrero de 2024. © OHCHR/Petre OPREA
Amani y otros supervivientes de la represión asistieron a la presentación del informe de la FFMI en Ginebra. La doctora afirmó que quería asegurarse de participar y narrar las experiencias poco conocidas de niñas y mujeres ordinarias, “personas que no significan nada para el resto del mundo”.
“Quería que la misión de investigación declarara que la República Islámica era responsable de sus acciones inhumanas. Todas nosotras en prisión, llorábamos cada día mientras tejíamos nuestra ira, nuestros miedos y nuestras frustraciones en las hermosas pulseras que fabricábamos para nuestros parientes y amigos”, dijo Amani. “Solía decirles a mis compañeras de celda que deseaba que cada persona responsable tuviera que responder por cada gota de sangre, por todo el dolor que sufríamos. Todas. Y éramos muchas, las autoridades no pueden hacer caso omiso de nosotras”.
Las protestas del movimiento “Mujer, Vida y Libertad” movilizaron a hombres, mujeres y jóvenes de diversas procedencias étnicas, religiosas y socioeconómicas, y fueron encabezadas principalmente por jóvenes y mujeres. En respuesta a estas iniciativas, el Estado movilizó a todo su aparato de seguridad para reprimir las manifestaciones. Hasta el día de hoy, según la FFMI, las familias de víctimas, periodistas, activistas de derechos humanos, abogados, médicos y otros siguen sujetos a la represión por expresar sus ideas, apoyar a quienes protestan o tratar de descubrir la verdad y reclamar justicia para las víctimas.
Para demostrar su apoyo al movimiento, Amani firmó una petición en la que se reclamaba la excarcelación de los estudiantes universitarios. Como consecuencia, Amani fue interrogada, primero por guardias de seguridad de la universidad y luego fue arrestada frente a su domicilio y enviada a la prisión de mujeres de Qarchak durante casi dos meses. En la actualidad, no se le permite trabajar ni publicar en Irán y su expediente laboral ha sido anulado.
Para Amani, el mundo está ante su “Tercera Guerra Mundial” y la crueldad a la que están sometidas las mujeres en los conflictos mundiales equivale a lo mismo. “Pero la solidaridad no es la misma”, señala.
Exigir responsabilidades por la represión
Zaniyar Tondro perdió el ojo derecho por un disparo realizado durante las protestas / © OHCHR/Petre OPREA
La FFMI estableció un esquema para evaluar el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes en situaciones en las que no existe peligro de muerte o lesiones graves. Se calcula que han fallecido 551 manifestantes, entre los cuales hubo 49 mujeres y 68 niños, en 26 de las 31 provincias iraníes. Mujeres y hombres resultaron heridos en números similares.
Cuando los manifestantes habían sido arrestados, las autoridades estatales torturaban a las víctimas para extraerles confesiones, intimidarlas, humillarlas o castigarlas. La FFMI reveló también la existencia de una pauta generalizada de lesiones oculares entre manifestantes y espectadores, que causaron pérdidas de visión y que, de hecho, los dejó “marcados” para el resto de sus vidas.
Zhaniyar Tondro recibió dos disparos efectuados con escopetas de municiones durante las protestas, cuando tenía 17 años de edad. En la segunda ocasión, perdió el ojo derecho. El joven permaneció inconsciente en un hospital durante cinco días y en ese periodo sufrió varios ataques de epilepsia. Tondro lleva ahora una prótesis ocular y vive con una bala alojada en el cerebro. Por temor a que lo encarcelaran, Tondro abandonó el país y solo se le permitió ver a su madre y su hermana una vez antes del viaje.
“Dejar mi país fue como arrancar a un niño de los brazos de su madre. No puedo dejar de pensar en ese momento ni de recordar a mis familiares que quedaron atrás”, dijo Tondro. “Además de mi madre y mi padre que vinieron conmigo, mi hermana y mi abuelo todavía están allí. Todos los días imagino el momento en que podré regresar”.
Como muchos otros supervivientes, Tondro, que acudió a Ginebra procedente del país que lo acogió, siente la responsabilidad de amplificar las voces de otros supervivientes y víctimas de la represión en Irán. En su opinión, la labor de la FFMI constituye un medio de exponer al mundo entero los actos cometidos por la República Islámica.
“Lo mejor que podría hacerse en este punto para ayudarnos sería inscribir a la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista del terrorismo internacional, obligar a las autoridades iraníes a comparecer ante la Corte Internacional de Justicia y presentar cargos contra todos los que nos dipararon”, añadió Tondro.
La FFMI llegó a la conclusión de que las autoridades iraníes han evitado y obstruido los esfuerzos de las víctimas y sus familias encaminados a obtener reparaciones. Según el informe, las víctimas se enfrentan a un sistema judicial carente de independencia, transparencia y rendición de cuentas. La FFMI pidió a los Estados que “aplicaran el principio de jurisdicción universal a todos los delitos que vulneren el derecho internacional, sin limitaciones de procedimiento”, que crearan fondos para las víctimas y proporcionaran amparo, incluido el derecho de asilo, a quienes huyen de la persecución en Irán, en el contexto de las protestas.
“Hombres y mujeres, niños y niñas, fueron golpeados despiadamente y luego fueron arrestados por cantar, bailar, escribir consignas o hacer sonar los cláxones de sus autos, en manifestaciones pacíficas de solidaridad”, declaró Sara Hossain ante el Consejo de Derechos Humanos, en representación de la FFMI.
“…El valor de las víctimas, los testigos y sus familiares que nos han transmitido estos relatos pone de relieve la necesidad de que la comunidad internacional demuestre su solidaridad y adopte medidas concretas para apoyarles, incluso mediante la aplicación de métodos jurídicos”, añadió. “Si los responsables de las vulneraciones cometidas en el contexto de las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022 no comparecen ante los tribunales, no podrá quebrarse el ciclo de la impunidad”.
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