41° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Discurso de apertura de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

24 de junio de 2019

Distinguido Presidente del Consejo,
Su Excelencia, el Presidente de Bulgaria, Rumen Radev,
Su Excelencia, la Presidenta de las Islas Marshall, Hilda Heine,
Distinguidos Ministros,
Excelencias,
Director General Møller,
Colegas y amigos:

Al comenzar el actual periodo de sesiones, este mes de junio, las miradas del mundo entero están fijas en el Consejo. Este órgano deberá examinar más de 100 informes. Los debates de las mesas redondas profundizarán en numerosos temas y situaciones de derechos humanos. Entre otros asuntos, se analizarán cuestiones esenciales para que las mujeres puedan disfrutar de sus derechos humanos en el contexto laboral, la tercera edad y el cambio climático, la vigilancia selectiva y el negocio de la vigilancia privada, la salud mental y otros ámbitos fundamentales relativos a los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Asimismo, se entablarán diálogos interactivos sobre la República Democrática del Congo, Myanmar, Sudán y Venezuela, entre muchos otros temas. En el debate que sostendremos el 5 de julio, examinaré algunos aspectos de la misión que realicé a Venezuela la semana pasada.

Permítanme comenzar esta mañana con el examen de un asunto que actualmente no está recibiendo la atención adecuada. 

Tras el colapso del EIIL, más de 55.000 presuntos combatientes de esa organización y sus familiares se encuentran detenidos en Siria e Iraq. La mayoría de esas personas son de nacionalidad siria o iraquí. Pero entre ellas hay también supuestos combatientes de unos 50 países y más de 11.000 familiares de presuntos luchadores del EIIL están recluidos en el campamento de Al Hol, en el noreste de Siria, en condiciones muy deplorables. El UNICEF calcula que hay alrededor de 29.000 hijos de milicianos extranjeros en Siria -20.000 de padres iraquíes- y que la mayoría de ellos tienen menos de 12 años de edad.

Es preciso dejar muy claro que toda persona sospechosa de haber cometido un delito, -cualesquiera sean su país de origen o la índole sus crímenes- debería ser objeto de investigación y enjuiciamiento, con las debidas garantías procesales. La rendición de cuentas, mediante juicios justos, protege a la sociedad de la radicalización y la violencia futuras. Las vulneraciones de la justicia, en la estela de juicios espurios –que pueden comprender la detención ilícita e inhumana y la pena capital- sólo alimentan el relato del agravio y la venganza.

La detención permanente de personas que no son sospechosas de haber cometido delitos es inaceptable en ausencia de fundamento jurídico y de un examen judicial independiente. 

En cuanto a los presuntos combatientes, más de 150 hombres y mujeres han sido condenados a la pena capital en Iraq, en virtud de las leyes antiterroristas, en juicios que han carecido de las garantías procesales adecuadas.

Los Estados tienen responsabilidades importantes con respecto a sus ciudadanos. Si una persona es sospechosa de haber cometido delitos graves en otro país o se encuentra detenida por cualquier motivo, el Estado del que es ciudadana debe realizar todos los esfuerzos posibles a fin de velar por que sea tratada de conformidad con el derecho internacional.
Miles de familiares de presuntos combatientes del EIIL también se encuentran detenidos, aunque en general no se les retiene con miras a someterlos a juicio. La mayoría de esas personas son iraquíes y sirias. Muchas de ellas corren el riesgo de padecer represalias y en sus antiguas comunidades se les considera indeseables. Es indispensable que se pongan en marcha programas para su rehabilitación y reintegración social. 

Los familiares de origen extranjero deberían ser repatriados, a menos que deban responder de algún crimen ante los tribunales, de conformidad con la normativa internacional. Los niños, en particular, han padecido graves vulneraciones de derechos, especialmente los que fueron adoctrinados por el EIIL o fueron reclutados en sus filas para perpetrar acciones violentas. El criterio predominante en estos casos ha de ser su rehabilitación y protección, en aras del interés superior de la infancia. 

A pesar de la complejidad de estos problemas, dejar a una persona en condición de apátrida nunca es una opción aceptable. Pero las medidas adoptadas por determinados Estados, orientadas a despojar de nacionalidad a algunos individuos, podrían arrojar exactamente ese resultado. Los niños en situación de apatridia suelen verse privados de educación, acceso a cuidados médicos y otros elementos básicos indispensables para su dignidad. Es un acto cruel e irresponsable infligir la condición de apátrida a niños que ya han sufrido tanto. Además, durante los años del conflicto, nacieron miles de niños en el seno de familias extranjeras y los Estados deben proporcionar a esos niños nacidos en zonas de conflicto la misma posibilidad de acceder a la nacionalidad que a los hijos de cualquier otro ciudadano. 

Unos pocos países han realizado esfuerzos con miras a repatriar a algunos de sus ciudadanos, en particular a varios niños. Debo mencionar aquí cuatro casos que fueron presentados ante el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura por los abuelos de los menores, que actualmente están detenidos en Siria o Iraq. 

Exhorto encarecidamente a los Estados Miembros a que procedan de conformidad con la nota de orientación elaborada por mi Oficina, en consulta con otros organismos de las Naciones Unidas, en lo relativo a las respuestas basadas en derechos humanos que deben proporcionarse a la situación de los combatientes extranjeros y sus familias. Insto a todos los Estados a que asuman sus responsabilidades en lo relativo a sus ciudadanos y a que colaboren entre sí a fin de aportar recursos a las autoridades competentes y los agentes que operan en Siria e Iraq para que puedan abordar las necesidades humanitarias más perentorias.

Señor Presidente:

La reciente y continua escalada de operaciones militares en Siria –en Idlib y el oeste de Alepo- es motivo de extrema preocupación.  La Oficina del ACNUDH ha recibido centenares de informes sobre víctimas civiles y destrucción de infraestructuras, incluso de escuelas y hospitales, causadas principalmente por bombardeos de la aviación siria y de sus aliados, aunque también, en menor grado, por ataques terrestres de los grupos armados. Más de 200.000 personas han sido desplazadas; muchas de ellas ya habían tenido que abandonar anteriormente sus hogares en otras zonas del país y ahora se encuentran en la más absoluta miseria. Si el conflicto sigue intensificándose, la repercusión sobre la población civil podría resultar devastadora, especialmente en la ciudad de Idlib, lo que podría acarrear nuevos daños al proceso político. 

Es preciso adoptar todas las medidas necesarias para velar por la protección de los civiles. Insto a todas las partes en conflicto a que  suspendan de inmediato el uso de armas pesadas en zonas densamente `pobladas. Asimismo insto a todas las partes a que pongan en libertad a los miles de sirios que están recluidos en condiciones deplorables y corren un gran riesgo de sufrir torturas.

Lamento que Arabia Saudita haya rechazado la semana pasada el informe del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Asimismo reitero mi enérgica condena de la ejecución en masa de 37 hombres efectuada en abril pasado. Algunos de los ejecutados eran menores de edad cuando supuestamente cometieron los crímenes por los que fueron sentenciados.

El gobierno de Irán sigue ejecutando a niños. Me quedé muy consternada al saber que en abril las autoridades iraníes habían aplicado la pena capital a dos jóvenes menores de 18 años. Me sigue preocupando especialmente el elevado número de reos menores de edad que permanecen en el corredor de la muerte –quizá más de 85 jóvenes—que están en riesgo inminente de ser ejecutados.

Aprovecho la oportunidad para destacar y encomiar el progreso mundial logrado en relación con la pena de muerte a lo largo de este año, en el que se celebra el 30º aniversario del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, orientado a la abolición de la pena capital. Entre esos avances figuran las ratificaciones recientes del protocolo suscritas por Gambia y el Estado de Palestina, la supresión de la pena de muerte de los códigos penales de Benin y Burkina Faso, y las declaraciones de moratoria de Malasia y el Estado de California.

Señor Presidente:

En Túnez, a principios de mes, elogié el compromiso del gobierno de ese país en lo relativo a aplicar reformas que fortalezcan la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. Túnez puede servir de ejemplo a muchos otros países que luchan por lograr reformas constitucionales y legislativas, y por alcanzar la justicia de transición.
En muchos de los debates que sostuve en ese país, en Silicon Valley, en Montreal y en otros lugares, hice hincapié en la necesidad de que abordemos los problemas de derechos humanos que plantean las tecnologías digitales, que están transformando casi todos los sectores de la economía y la sociedad: la atención médica, la educación, los centros de trabajo, el activismo de los derechos humanos, la participación política y el desarrollo.

El marco de referencia de los derechos humanos será esencial para garantizar que las respuestas que proporcionen los gobiernos y las empresas de tecnología aborden de manera eficaz desafíos tales como la vigilancia masiva y arbitraria, la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, los periodistas y otros que dependen de la codificación y el anonimato, así como la preservación en Internet de las libertades de expresión, asociación y reunión. Al mismo tiempo, esas respuestas deberían hacer frente a la incitación al odio y la violencia, contrarrestar la promoción en línea del terrorismo de conformidad con las normas de derechos humanos, y enfrentarse a los prejuicios introducidos por la inteligencia artificial y los megadatos que afectan el acceso a la atención médica, el empleo y los seguros, las crecientes amenazas de ciberataques y ciberdelincuencia, y la interferencia en las elecciones mediante campañas de desinformación facilitadas por las herramientas informáticas.

Hace unos días, el Panel de Alto Nivel del Secretario General sobre Cooperación Digital subrayó la “urgente necesidad de examinar de qué manera los venerables marcos de referencia y los convenios de derechos humanos…. Pueden orientar nuestras acciones y políticas en materia de cooperación digital y tecnología informática”. 

Los avances tecnológicos deben impulsar el progreso y la esperanza, no la discriminación, la represión y el sufrimiento. En nuestra condición de organismos y adalides internacionales de derechos humanos, nuestra función consiste en auxiliar a todos los agentes del mundo digital para que su trabajo promueva los derechos, las libertades, el bienestar y la dignidad de todos, en vez de menoscabarlos.

En los meses venideros, mi Oficina va a dialogar con numerosos representantes de múltiples sectores y países, con miras a elaborar orientaciones sobre cómo aplicar a las tecnologías digitales los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Espero que los Estados Miembros y el Consejo nos aporten ideas al respecto y nos proporcionen su apoyo.

Señor Presidente:

En este contexto, también quisiera hacer hincapié en mi preocupación por la violencia y la incitación a la violencia por motivos religiosos, tanto en lo que ahora se denomina el mundo real como en el ámbito de Internet. En meses recientes hemos visto ataques realizados por pistoleros contra mezquitas musulmanas, sinagogas judías e iglesias cristianas, y contra los fieles que en ellas se encontraban. 

Me preocupa especialmente la situación de Sri Lanka, donde los ataques terroristas de hace dos meses han contribuido a reavivar las tensiones. La ausencia de un enfoque único entre el Presidente y el Gobierno en lo relativo a aspectos fundamentales de derechos humanos podría repercutir negativamente en la eficacia de las fuerzas policiales encargadas de garantizar la seguridad y la protección de todos los ciudadanos. Me inquietan los informes sobre ataques contra musulmanes y las recientes declaraciones de algunos dirigentes religiosos que incitan a la violencia constituyen otros tantos indicadores de alerta temprana que deberían tomarse en cuenta. Aunque algunas medidas antiterroristas están justificadas, la duración del estado de emergencia debería ser mínima y debe darse prioridad a la tarea de congregar a dirigentes políticos, religiosos y comunitarios para abordar las causas profundas de cualquier forma de violencia y discriminación. En este contexto, quiero expresar mi apoyo a la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, por la valiente y encomiable función que desempeña. 

Debemos estar más vigilantes ante las posturas extremas basadas en el odio y la violencia, que se retroalimentan mutuamente. Pero es preciso actuar con gran urgencia y con sumo cuidado. Tal como señala la Nueva Estrategia y Plan de Acción de las Naciones Unidas contra el discurso del odio, el uso impropio de restricciones muy amplias sobre la libertad de expresión podría desembocar en el amordazamiento de los críticos y la intensificación de los ataques contra la prensa y los activistas de derechos humanos.

Señor Presidente:

Estoy convencida de que las alianzas sólidas entre múltiples sectores sociales son una de las claves para desatar cambios políticos eficaces. En los últimos meses hemos colaborado con la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Monetario Internacional para ayudar a abordar las desigualdades mediante la justicia social, incluso a través de medidas de protección social universal basadas en los derechos humanos.

La protección social es un derecho fundamental y constituye además una red de seguridad esencial. Las medidas encaminadas a proporcionar seguridad y protección son indispensables para la prevención de conflictos y el desarrollo sostenible. Especialmente en periodos de crisis y turbulencia, estas medidas garantizan que las personas puedan disfrutar al menos de un mínimo de derechos en materia de salud y alimentación, agua y saneamiento, educación y vivienda. 

Destaco y aplaudo el nuevo compromiso estratégico del Fondo Monetario Internacional consistente en ayudar a los países para que su gasto social llegue a ser “adecuado, eficiente y se financie de manera sostenible”. Tal como expresó la semana pasada la Directora Gerente del FMI, Christine Lagarde, “el gasto social no es simplemente un desembolso, sino que puede llegar a ser la mejor de las inversiones… Para obtener dividendos del auge económico mundial, las sociedades deben comenzar por reforzar hoy sus programas sociales”.

Seguiremos colaborando con nuestros socios en el marco de las Naciones Unidas, así como con la sociedad civil, a fin de asesorar a los Estados Miembros en relación con los sistemas de protección social que respondan a las necesidades específicas de la población.

Señor Presidente:

La misión que realicé a Camerún el mes pasado se efectuó en un contexto de crisis agravada, sobre todo en zonas del noroeste y suroeste del país, y de restricciones crecientes que afectan al espacio democrático. Las autoridades manifestaron su disposición a buscar soluciones basadas en los derechos humanos para los problemas que afronta el país, incluso mediante la cooperación técnica en los sectores de defensa, seguridad y justicia.

Una vez concluida la misión, sobrevinieron algunas señales positivas, entre otras las visitas y los debates realizados por el Primer Ministro en las regiones noroeste y suroeste del país. Pero, al mismo tiempo, hemos recibido informes sobre incendios deliberados de viviendas y comercios, perpetrados por las fuerzas de seguridad en Bamenda, y de al menos una ejecución extrajudicial; otras violaciones de derechos humanos se atribuyen a grupos separatistas armados, entre las que figuran la quema de casas, cosechas y graneros. Por último, debo señalar nuestra preocupación por el arresto de más de 350 personas, tras las manifestaciones coordinadas por la oposición el 1 de junio. 

Pido a las autoridades que defiendan los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, y que garanticen las debidas garantías procesales. Asimismo les exhorto a que consideren a los opositores como aliados en el marco de diálogos amplios e inclusivos, que serán indispensables para sentar las bases de una paz duradera en Camerún, y a que investiguen con diligencia todas las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

Señor Presidente:

La insurrección pacífica y ejemplar ocurrida en Sudán, en demanda de justicia y democracia, obtuvo una brutal respuesta represiva de las fuerzas de seguridad en el curso de este mes. Lamento que el gobierno sudanés no haya respondido a nuestra petición de acceder al país para investigar las denuncias de graves vulneraciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad durante la represión. Según los denunciantes, más de 100 manifestantes murieron y muchos más quedaron heridos cuando el 3 de junio las fuerzas de seguridad atacaron a un grupo que realizaba una sentada pacífica. También, según los informes, las autoridades allanaron hospitales y clínicas, y agredieron al personal médico. Hemos recibido denuncias de violaciones y abusos sexuales, de los que han sido víctimas tanto hombres como mujeres, ocurridos durante la operación represiva, así como informaciones que apuntan a que centenares de manifestantes podrían haber desaparecido. 

Insto a Sudán a que autorice el acceso al personal de mi Oficina, a que ponga fin a la represión de los derechos humanos de su pueblo y a que suspenda de inmediato el bloqueo de Internet. La población sudanesa tiene derecho a expresar sus opiniones y –como los demás pueblos del mundo- también tiene derecho a vivir en paz y en libertad, a disfrutar de un Estado de derecho y de las condiciones indispensables para la dignidad humana.

Señor Presidente:

Las noticias procedentes de Myanmar apuntan a que continúa la persecución de los rohingyas que quedan en el Estado de Rakhine del Norte, y que las autoridades no se esfuerzan por crear las condiciones que podrían facilitar el regreso voluntario, seguro y sostenible de los refugiados. Aunque las restricciones impuestas sobre la entrada de la ayuda humanitaria y los medios de comunicación, tanto a Rakhine como al Estado de Chin, limitan nuestra capacidad de acceder a la información, nos consta que en ese conflicto el ejército ha usado armamento pesado y bombardeos mediante aviones y helicópteros, que han causado considerables pérdidas de vida en ambas partes, así como graves repercusiones sobre la población civil. Según las denuncias recibidas, el conflicto podría estar utilizándose como pretexto para atacar a la población rohingya y generar nuevos desplazamientos. Alrededor de 35.000 civiles rohingyas, mros, dainets y khamees oriundos de Rakhine han sido desplazados por los combates. La suspensión de la ayuda humanitaria decretada por el gobierno ha privado de medios de subsistencia a unas 95.000 personas.

Señor Presidente:

En cuanto a Hong Kong, encomio la certera decisión de las autoridades de aplazar la tramitación de la ley de extradición, en respuesta a las manifestaciones masivas protagonizadas por una importante fracción de la población. Exhorto a las autoridades a que consulten ampliamente a la ciudadanía, antes de aplicar o enmendar esta ley o cualquier otra. Sigo examinando de manera bilateral con el gobierno de China los asuntos relativos a Xinjiang y otras cuestiones, así como la posibilidad de acceso ilimitado a esta provincia para el personal de mi Oficina.

Señor Presidente:

Las violaciones de derechos humanos alimentan la impunidad. Y la impunidad se basa en la desconfianza, en la incapacidad, tanto de reconocer los hechos concretos –quién apretó el gatillo- como de respetar la humanidad esencial y los derechos de las víctimas.

En abril pasado, tanto en Panamá como en México, tuve la satisfacción de presenciar la aprobación de importantes medidas relativas a la búsqueda de la verdad y el reconocimiento de amargas realidades acerca de violaciones de derechos humanos. 

En los últimos decenios, víctimas, activistas, miembros de Comisiones de la Verdad y dirigentes políticos de toda América Latina se han esforzado, con éxito, en promover la reconciliación y la justicia transicional. Pero hoy asistimos a una tendencia preocupante que consiste en negar los hechos y que llega incluso a la aprobación de leyes con el propósito de desandar el camino recorrido en pos de la justicia. A principios de este mes se aprobó una ley de amnistía en Nicaragua, y también se intentaron adoptar amnistías de facto en Guatemala y El Salvador. De nuevo insto a estos y otros países a que no aprueben normativas que impidan la investigación, el procesamiento judicial y el debido castigo de los autores de graves violaciones de derechos humanos.

En México, me resultó alentador que el Presidente reconociera la necesidad de adoptar medidas basadas en los informes sobre torturas, ejecuciones extrajudiciales y otras vulneraciones de derechos humanos perpetradas en un contexto de impunidad general, entre las que figuran numerosos casos de desapariciones forzosas. 

Como ustedes saben, mi Oficina colaborará con la nueva Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en los casos de Ayotzinapa y brindará asistencia técnica para establecer la verdad y velar por la justicia en la desaparición de 43 estudiantes, ocurrida en 2014. Asimismo, ayudaremos a la Comisión Nacional de Investigación del gobierno y al Sistema Nacional de Búsqueda con miras a identificar a los 26.000 cadáveres anónimos descubiertos hasta la fecha.

Para fomentar la confianza de las víctimas en las autoridades, insto a que se adopten medidas con miras a fortalecer la independencia y la financiación de la Oficina del Fiscal General. Colaboraremos con las autoridades a fin de velar por la índole civil de la guardia nacional y para elaborar medidas que permitan abordar el alarmante número de agresiones que se realizan en México contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Señor Presidente:

Mi Oficina observa de cerca la situación de derechos humanos en Filipinas. Sigue creciendo el elevado número de muertes –y los persistentes informes de ejecuciones extrajudiciales- en el contexto de campañas contra el tráfico y consumo de estupefacientes. Aun si nos atuviéramos únicamente a la cifra oficial de 5.425 muertes, estaríamos ante un asunto muy preocupante para cualquier país. He recibido con beneplácito el reciente informe de los Relatores Especiales, en el que se pide al Consejo que actúe al respecto. También deberíamos disponer de información amplia y transparente por parte de las autoridades, sobre las circunstancias que rodearon a esas muertes y deberían investigarse las denuncias de violaciones. Estas medidas podrían disipar cualquier denuncia falsa y contribuirían a restablecer la confianza en las autoridades.

Defensores de derechos humanos, entre otros, activistas de derechos sobre la tierra y de los pueblos indígenas, periodistas, abogados, miembros del clero católico, y otros –en particular el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas- han recibido amenazas, a veces en público, de altos funcionarios del gobierno. Esta situación genera un riesgo real de violencia en su contra y socava el Estado de derecho, así como el derecho a la libertad de expresión.

Señor Presidente:

En Portugal, donde asistí a una estimulante conferencia sobre políticas relativas a las drogas y la reducción de daños, también participé en interesantes debates sobre migración. La estrategia migratoria de ese país, abierta y con visión de futuro, ofrece a los inmigrantes facilidades de acceso a la asistencia social y jurídica, y fomenta su entrada en el mercado laboral. En Lisboa visité un centro que imparte clases gratuitas de preescolar, junto con cursillos de capacitación y otros cursos de apoyo a mujeres migrantes que desean establecer sus propias empresas. 

La política que consiste en velar por la integración de los migrantes aporta múltiples beneficios a las comunidades anfitrionas, entre otros un aumento neto de ingresos. El Alto Comisionado para la Migración de Portugal me informó de que en 2017 los migrantes contribuyeron al sistema de seguridad social con 510 millones más de los que recibieron.

Invito a todos los países a que aprendan de este ejemplo. Aunque se realizan vastas campañas de desinformación acerca de las presuntas repercusiones negativas de la inmigración sobre los países de acogida, un examen atento de los hechos indica que, cuando se respeta la dignidad y el derecho de los migrantes, estos pueden ser factores dinámicos de sociedades y economías de éxito. Es nuestro deber reconocer y celebrar estas contribuciones. 

Pero, en vez de ser así, veo que prevalece una tendencia muy desafortunada a la criminalización de la más elemental compasión humana hacia los migrantes, que afecta incluso a quienes están en situaciones de gran vulnerabilidad. El mes pasado, la ONG Open Democracy informó de que en Europa más de 100 ciudadanos comunes y corrientes habían sido detenidos o sometidos a proceso judicial este año por actos tales como dar de comer a inmigrantes hambrientos, ayudarles a buscar alojamiento o incluso auxiliar a una embarazada a encontrar un hospital donde dar a luz. Casos similares de enjuiciamiento criminal a personas por tratar de ayudar a otras que se hallaban en dificultades también han ocurrido en Estados Unidos y otros lugares. Además, en varios países se han aprobado nuevas directrices jurídicas que permiten penalizar a las ONG que rescatan a náufragos en peligro de morir ahogados en el mar. 

Es indudable que medidas como estas ponen en peligro las vidas de niños, mujeres y hombres. Son normativas que, al penalizar la compasión, vulneran principios antiguos y muy valiosos, comunes a todos nosotros. Quienes tratan de ayudar a personas necesitadas deberían recibir honores, no castigos. La caridad hacia el prójimo no debería considerarse un delito, y es preciso oponerse a esta criminalización de actos motivados por la más elemental decencia humana. Todos tenemos el derecho –e incluso el deber- de ayudarnos mutuamente. 

En Libia, el recrudecimiento de los combates en torno a Trípoli, que comenzó en abril, ha repercutido gravemente sobre la población civil y los migrantes siguen sometidos a detenciones arbitrarias en condiciones deplorables y humillantes. 

Últimamente he recibido informes sobre numerosos casos de muerte de personas detenidas, así como de incidentes de tortura, violencia sexual y trata de niños, mujeres y hombres. Libia no es un país al que los migrantes puedan ser devueltos en condiciones de seguridad. La comunidad internacional debe aunar esfuerzos para trazar las vías que permitan establecer una paz duradera en ese país.

Señor Presidente:

El Consejo ha contraído el compromiso de defender los derechos humanos de todas las personas del mundo. Todos estamos conscientes de los beneficios esenciales que las normas de derechos humanos pueden aportar a todos los países y especialmente a los Estados frágiles, necesitados de bases políticas, económicas y sociales estables e integradoras.
En la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, tuve la grata oportunidad de presentar al Consejo de Seguridad un informe sobre Haití, país donde la rendición de cuentas sobre violaciones de derechos humanos y las medidas para garantizar la mayor participación posible en la adopción de decisiones son factores esenciales para consolidar la confianza, prevenir ulteriores vulneraciones de derechos humanos y propiciar un futuro sostenible.

Señor Presidente:

En los próximos meses, la comunidad internacional celebrará un conjunto de reuniones cruciales sobre medidas para frenar el cambio climático y fomentar el desarrollo sostenible. 

Solo la acción multilateral, basada en principios, permitirá abordar adecuadamente estos y otros desafíos. Este Consejo y sus Procedimientos Especiales, los Órganos de Tratados y –en mi opinión- la Oficina del ACNUDH podemos estar orgullosos de la labor que realizamos en defensa de los derechos humanos. Nuestro trabajo de monitoreo, asistencia y promoción proporciona a los Estados dividendos inmediatos y de largo plazo en lo relativo a la prevención de conflictos y la promoción de la paz y el desarrollo. Insto a los Estados Miembros a que respalden esta labor que llevan a cabo todos los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

También insto a todos los Estados a que apoyen la consolidación de países fuertes; fuertes no porque ataquen a los más vulnerables, sino porque los protejan. Los exhorto a que apoyen a gobiernos poderosos; poderosos porque sirven a sus pueblos y no a sí mismos. Que apoyen la acción de sistemas judiciales que cuentan con el respaldo de los pueblos, porque defienden sus derechos. Que defiendan un mundo basado en la esperanza y la dignidad, un mundo que tenga futuro, que sea más fuerte y más seguro, porque protege los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todos.

Muchas gracias.