Comunicación informal a los Estados del Consejo de Derechos Humanos, 4 de septiembre de 2019

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Comunicación informal a los miembros del Consejo de Derechos Humanos

Me complace celebrar esta reunión informal, en vísperas del comienzo del 42º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

Se cumple ahora un año del inicio de mi mandato y actualmente estoy evaluando las estrategias que hemos empleado para asistir a los Estados en la defensa de los derechos humanos. En dos palabras: estoy indagando qué funciona y por qué funciona, y, al mismo tiempo, quiero saber qué no ha funcionado y cómo se podrían arreglar esas deficiencias.

Nuestra tarea no es fácil. Tenemos que abordar a la vez problemas de derechos humanos antiguos y muy arraigados, y otros nuevos, y muchos de esos problemas son de gran magnitud y alcance. Esta situación hace que las iniciativas conjuntas sean indispensables.  La colaboración entraña compromisos –que todas las partes deben asumir—pero también nos garantiza la posibilidad de avanzar.

Tengo la convicción de que el progreso en materia de derechos humanos está a nuestro alcance, incluso en el difícil contexto de hoy en día. Pensemos un momento en cómo han sido las últimas décadas en cada uno de nuestros países.

En los últimos 50 años, algunos países –entre ellos, el mío-- han transitado de la dictadura a la democracia. Otros han otorgado del derecho al voto o la plena participación a un gran número de personas que antes estaban privadas de esas prerrogativas cívicas. En muchos de esos países esas medidas beneficiaron a las mujeres, que eran la mitad de la población.  Otros países han logrado sacar de la pobreza a millones de ciudadanos y les han dado acceso a la enseñanza superior y la atención médica de calidad, y han realzado su dignidad humana.

Estos acontecimientos han representado enormes triunfos para la causa de los derechos humanos, éxitos que se alcanzaron ante tremendas dificultades. Esas victorias han reforzado a nuestras sociedades y han despejado el camino hacia el crecimiento económico, social, político y cultural.

En mi condición de Alta Comisionada, me he comprometido a colaborar con los Estados Miembros en la reconstrucción del consenso que simboliza la Declaración Universal de Derechos Humanos: cualquiera que sea la modalidad de gobierno o el sistema económico, cualesquiera sean su cultura o tradición, todos los Estados tienen la obligación de respetar los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos.

Este respeto hacia los derechos humanos es un imperativo moral y humanitario, y es también un medio práctico de contribuir al desarrollo sostenible, la paz duradera y la preservación sostenible del medio ambiente para todos nosotros. El discurso que pronunciaré el lunes contendrá un conjunto de recomendaciones sobre la urgencia de la acción climática.

Las recomendaciones que formularé se basan en mi opinión, confirmada por muchos expertos, de que todos los avances que realicemos en el contexto de la Agenda 2030 podrían desaparecer debido la incapacidad permanente de atenuar urgentemente el cambio climático y de ayudar a los más necesitados –quienes menos contribuyen a dicho cambio—a adaptarse a sus consecuencias, que amenazan sus derechos económicos y sociales más elementales.

Iniciativas conjuntas y diálogo

Mantengo un sólido compromiso con el diálogo y las iniciativas conjuntas con los Estados, que tienen la responsabilidad primordial de defender los derechos humanos. Son los Estados los que deben protegerlos derechos de sus pueblos.

Allí donde las deficiencias en materia de derechos humanos tienen su origen en la carencia de recursos, capacidades e instituciones, es preciso que proporcionemos ayuda mediante la cooperación técnica, la mediación y otros instrumentos. Pero solo mediante la voluntad política y el apoyo de los agente principales lograremos el impulso necesario para mejorar la situación de derechos humanos donde realmente importa, en el terreno.

Un punto de partida importante para lograr el compromiso de los Estados y otros interesados es el EPU, que actualmente está en mitad de su tercer ciclo y genera un gran número de recomendaciones que los gobiernos están aceptando.

Otro punto de partida es la información que recibo durante las misiones y los debates con ustedes, los dirigentes mundiales, las víctimas de vulneraciones y con numerosos agentes de la sociedad civil. He recibido una gran cantidad de aportes. Agradezco a cada uno de esos interlocutores que dedicado usado parte de su tiempo a compartir sus puntos de vista e insisto en que utilizo y valoro sus consejos.

En algunos casos, esas opiniones han sido críticas y han estimulado cambios de perspectiva y estrategia. He meditado mucho sobre esos comentarios y he adoptado decisiones basadas en ellos.

Mantengo el compromiso con este proceso de diálogo respetuoso y estrecha colaboración, y en diversos ámbitos, tales como el cambio climático, las desigualdades y el vínculo entre las empresas y los derechos humanos, veo indicios de que esa estrategia comienza a dar resultados.

Nuestro diálogo con cada interlocutor puede abarcar una crítica respetuosa y constructiva. Ese diálogo puede ser confidencial, pero cuando la diplomacia discreta no resulta eficaz, también es posible usar una promoción más pública y notoria. Mi Oficina trabaja para todos los pueblos del mundo: tenemos la obligación de informarles. Y creo que nuestra labor de promoción y comunicación es nítida, objetiva y sólida.

Presentamos al mundo informes sobre abusos, pero también elaboramos directrices prácticas y pormenorizadas acerca de cómo promover los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz, y damos relieve y encomiamos a las medidas positivas. Un claro ejemplo de esto es la importante carpeta de orientación y capacitación que preparamos actualmente con miras a incorporar los derechos humanos a la labor de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley y la tarea de aumento de capacidades que esa incorporación entrañará.

Examen de los órganos de tratados

Como ustedes ya saben, el año próximo se llevará a cabo un examen de los órganos de tratados. Los tratados internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia establecida por los órganos de tratados constituyen el armazón jurídico de toda la estructura creada para proteger los derechos humanos. El deterioro de cualquier aspecto de este sistema basado en los órganos de tratados podría socavar toda nuestra labor en la materia, desde el EPU hasta las comisiones de investigación, pasando por las leyes y políticas de ámbito nacional.

El próximo examen del sistema de órganos de tratados nos brindará la oportunidad de reunirnos para armonizar los procedimientos y hacerlos más eficaces, y para fortalecer la repercusión que tienen sobre el terreno las deliberaciones de los comités. 

Como ustedes saben, la financiación de la Asamblea General no ha sido suficiente para sufragar el aumento constante de la labor que realizan los órganos de tratados. Las investigaciones que los comités llevan a cabo en relación con violaciones graves o sistemáticas de derechos humanos no reciben los fondos necesarios. Y las nuevas ratificaciones, que implican un volumen adicional de trabajo para mi Oficina, resultan ya incosteables.

El retraso acumulado en el tratamiento de denuncias individuales hace que muchos de los denunciantes tengan que esperar más de cuatro años antes de conocer la decisión alcanzada en relación con su caso. El envío a los Estados de las recomendaciones relativas a la búsqueda de personas desaparecidas, en el marco de medidas urgentes adoptadas por el Comité sobre Desapariciones Forzadas, puede demorar ahora varios meses. Estos retrasos representan una crisis de credibilidad para nosotros –y para los Estados—en cuanto a la eficacia de este sistema de protección.

Por ende mi Oficina examina actualmente posibles soluciones provisionales que permitirían aliviar algunos de estos problemas, entre otras el uso de fondos extrapresupuestarios para abordar las deficiencias más críticas. Esta medida, que nos obligaría a sustraer fondos de otras actividades de protección,  no constituye una solución para los problemas estructurales subyacentes.

Aplaudo la perspectiva asumida por los presidentes de los órganos de tratados y el hecho de que su visión refleja muchos de los puntos fundamentales del texto oficioso coordinado por Costa Rica, que ha recibido ya el apoyo de más de 40 Estados. Entre esos puntos figuran la necesidad de abordar el déficit de recursos, de actuar más a escala regional y colaborar más con los mecanismos regionales, y de que los Estados cumplan mejor con su obligación de presentar informes. Los Estados Miembros no deberían tratar de evitar el escrutinio mediante la omisión de los informes preceptivos.

El activo principal de los órganos de tratado son sus afiliados. Los Estados Miembros pueden contribuir a garantizar que nosotros mejoramos el equilibrio de género y reforzamos la independencia y competencia de los miembros de los comités, mediante un proceso transparente de presentación de candidatos.

Cuestiones relativas al Consejo

En este contexto, quisiera encomiar la labor constructiva que realizan varios países en relación con determinado número de importantes resoluciones aprobadas por este Consejo. El aumento del consenso en torno al mandato de SOGI (Orientación sexual e identidad de género) registrado en el periodo de sesiones de junio pasado, fue un ejemplo de colaboración constructiva, con miras a fomentar los derechos humanos de millones de personas.

En fechas recientes, la labor de los Procedimientos Especiales ha sido objeto de atención. Tengo en la mayor estima a los expertos nombrados por este Consejo: su trabajo es valioso para la causa de los derechos humanos. Sus opiniones independientes han sido decisivas en múltiples ocasiones y a menudo han sido el punto de partida de medidas importantes adoptadas por el Consejo.  Los titulares de mandato han procedido con gran eficiencia y competencia, a pesar de que desempeñan cargos exigentes y que no perciben remuneración alguna por sus funciones. Los titulares han visitado numerosos países, se han entrevistado con todos los interlocutores pertinentes y han contribuido a la integración de los derechos humanos, tanto dentro de las Naciones Unidas como en el exterior del sistema.

En el cumplimiento de sus funciones, algunos de ellos incluso han tenido que afrontar agresiones y amenazas inaceptables.

Por supuesto, tal como ocurre en todas las actividades humanas complejas, pueden surgir malos entendidos o incluso errores, que normalmente se superan mediante el diálogo y el debate con los titulares de los mandatos competentes, con el Comité de Coordinación y también, en algunos casos, con mi Oficina. En un reducido número de casos pueden persistir desacuerdos. Lamentablemente, esta situación ha hecho que algunos Estados pongan en tela de juicio la totalidad del sistema de Procedimientos Especiales.

No debemos permitir que unas pocas excepciones opaquen los logros decisivos alcanzados por los Procedimientos Especiales en sus 50 años de existencia. Una gran mayoría de titulares de mandatos es objetiva y responsable, opera en pleno cumplimiento de las normas del conjunto de medidas sobre construcción institucional y según los métodos de trabajo establecidos.

El Comité de Coordinación colabora con todos los interesados a fin de mejorar y consolidar continuamente el Sistema de Procedimientos Especiales. Yo confío en el buen juicio del Comité. Los Estados deberían apoyar su labor. Los Procedimientos Especiales se establecieron para dotar a las Naciones Unidas y al sistema de derechos humanos de voces independientes y poderosas, capaces de poner sobre la mesa de negociaciones cuestiones de derechos humanos, incluso las más difíciles. Todos deberíamos colaborar en la defensa de este objetivo y velar por que las recomendaciones de los expertos independientes se apliquen plenamente.

Excelencias:

Tal como hemos discutido en numerosas ocasiones, el multilateralismo está siendo impugnado por agentes que procuran su propio beneficio a corto plazo, sin preocuparse por los daños que infligen a los valiosos sistemas que tratan de mejorar nuestro mundo. El sistema de las Naciones Unidas es, en algunos aspectos, un blanco fácil para esas críticas. Al mismo tiempo, se intensifica la urgencia de los nuevos retos, mientras sigue ampliándose el alcance de los desafíos más antiguos y enconados.

En nuestra calidad de agentes de derechos humanos, tenemos que rechazar esos ataques, seguir avanzando en el manejo de los problemas, tanto los antiguos como los nuevos, y seguir trabajando para integrar los derechos humanos en el sistema, que está sometido a presiones externas al tiempo que lleva a cabo un importante proceso de reformas internas.

Por ejemplo, la reforma del proceso de desarrollo de las Naciones Unidas nos brinda la oportunidad incorporar las prioridades de derechos humanos mediante el trabajo de una nueva generación de Coordinadores Residentes y de Equipos de País de las Naciones Unidas.

Preocupaciones temáticas

El lunes, informaré oficialmente al Consejo sobre una amplia gama de problemas de derechos humanos en el mundo entero. Pero es imposible examinar a fondo todos los temas en un solo discurso. Por eso quisiera plantear aquí algunos asuntos transversales de gran hondura. Y el primero de esos puntos ha de ser las restricciones y amenazas crecientes a las libertades de la sociedad civil.

La sociedad civil

En los últimos meses, personas de muchos países se han manifestado en las calles para pedir más derechos económicos, sociales, civiles y políticos.  Esos manifestantes reclaman algo muy humano: el derecho a participar en las decisiones que afectan a sus vidas y su porvenir.

La experiencia ha demostrado que para cualquier gobierno la mejor manera de abordar las protestas y la disidencia es entablar un diálogo auténtico, libre e integrador.

El uso innecesario y desproporcionado de la fuerza contra personas que sostienen y expresan puntos de vista críticos agrava las tensiones y dificulta la salida sostenible de la crisis.

Las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente para expresar sus ideas, exigir medidas y entablar un diálogo con las autoridades para encontrar soluciones.

Estos procedimientos fomentan mejores políticas y gobiernos más sensibles, en sociedades que son más innovadoras, serenas, resilientes y seguras. Cuando se deniegan esos derechos, suele haber una espiral de reclamaciones legítimas y represión que crecen a la par, lo que crea las condiciones para que aumenten las tensiones, con el riesgo de que se produzca un estallido de cólera.

Cada vez son más los Estados que aprueban leyes que reducen severamente los derechos de sus pueblos a reunirse y reclamar sus derechos. Entre esas medidas figuran las restricciones relativas a la financiación de las organizaciones de la sociedad civil, así como un conjunto de requisitos muy restrictivos aplicables a la inscripción de esas entidades. Los activistas están sujetos a la desinformación y la calumnia, al ser tildados de traidores a la nación, y al uso indebido del sistema judicial para allanar los locales de sus organizaciones y encausar a sus miembros como delincuentes, simplemente por haber expresados sus ideas políticas o haberse manifestado de manera conjunta. Asimismo vemos que algunos agentes no estatales perpetran agresiones, incluso asesinatos, que no se investigan adecuadamente ni son objeto de proceso judicial.

La tecnología digital ha llegado a ser un elemento básico de toda interacción social, política, económica o cultural. Pero la vigilancia, tanto pública como privada, también está aumentando –desde las cámaras de vigilancia situadas en las calles hasta los sistemas que acopian y analizan las actividades de las personas en las redes sociales--.Entre otras modalidades de represión, las organizaciones de la sociedad civil han sido víctimas de ataques informáticos y de acoso digital, a veces con participación de elementos estatales. La censura severa de Internet y las redes sociales, o incluso su interrupción total, se usan cada vez más para ahogar la capacidad de organización y diálogo de las comunidades.   

La labor que llevamos a cabo para documentar el indicador 16.10 de los ODS apunta a que del 1 de enero a finales de octubre de 2018, al menos 397 defensores de derechos humanos, periodistas y militantes sindicales fueron asesinados en 141 países. Esta cifra no abarca los casos de secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria o tortura. En cada semana de ese periodo, al menos ocho personas fueron asesinadas porque trataban de construir una sociedad más integradora y equitativa, lo que constituye un inquietante aumento si se compara con el promedio de una víctima diaria registrado de 2015 a 2017.

La mitad de esas víctimas había colaborado con las comunidades en asuntos relacionados con la tierra, el medio ambiente, la pobreza, los derechos de las minorías y los pueblos indígenas, y la repercusión de las actividades empresariales.
Este es un factor esencial en nuestra renovada alianza con el Programa Medioambiental de las Naciones Unidas. Y en el contexto de nuestros limitados recursos, nuestra Oficina también redobla esfuerzos para asegurar más protección a los derechos humanos de todos en la esfera digital. Pero el responsable primordial de la protección y promoción de los derechos de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos es el Estado. En última instancia, la responsabilidad corresponde a los Estados. Preservar un ámbito cívico amplio y libre no es solo una cuestión de principios, sino además una condición esencial para salvaguardar la coherencia y los intereses nacionales de cada Estado. 

La Agenda 2030

Una vida libre del temor y la miseria no puede alcanzarse si vivimos aislados unos de otros, como se expresa claramente en la Agenda 2030. El fomento del derecho al desarrollo exige el avance en materia de derechos civiles y políticos, así como de derechos esenciales de índole económica, social y cultural.

Por primera vez en su historia, la humanidad dispone ahora, gracias a los adelantos en el ámbito de la salud, la economía y muchos otros sectores, de la capacidad para erradicar la pobreza extrema y avanzar hacia la protección social y la cobertura sanitaria universales. El costo de la inacción en este asunto sería muchísimo mayor.

Creo que la Agenda 2030 es una oportunidad única de perfeccionar los principios prometidos en la Declaración sobre el derecho al desarrollo y en todos los demás derechos humanos.  La labor que llevan a cabo los Estados y otros asociados en la consecución de los ODS puede y debe redoblarse y llegar a ser más sólida, inteligente y abarcadora.

Necesitamos estrategias integrales, basadas en la más amplia participación, que a su vez se fundamenta en labores comunitarias que se refuerzan mutuamente. La participación y la responsabilidad en plano de igualdad  son esenciales para que las mujeres, las minorías y los grupos marginados de la población se beneficien del desarrollo sostenible.

Cuento con que los compromisos que ustedes contraerán en las reuniones de alto nivel que tendrán lugar en el marco de la Asamblea General las próximas semanas permitan traducir las promesas –hechas por los Estados a sus pueblos—en medidas urgentes, tal como ha pedido el Secretario General: que los Estados acudan, no con discursos, sino con actos.

El derecho internacional humanitario

Un tercer tema de carácter general que deseo plantearles hoy tiene que ver con los derechos de las personas comunes y corrientes que se ven involucradas en conflictos. Los Convenios de Ginebra son la expresión de principios que deberían constituir el núcleo de cualquier sociedad humana. Como afirmó el Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, esos principios son:

“No disparar a los civiles
No violar, torturar ni ejecutar
No atacar a escuelas ni hospitales
No usar armamento ilícito
No amenazar, secuestrar o matar a quienes ayudan”.

Creo que a todos nosotros estos principios nos parecen, de manera instintiva, ideas correctas y justas.

Por desgracia, lo que vemos en los conflictos actuales es que un número creciente de Estados y de agentes no estatales vulneran esos principios deliberadamente.

No hay justificación posible para acciones como los bombardeos aéreos sucesivos, que en una primera ronda atacan a un hospital y, minutos después, realizan un segundo ataque dirigido contra los equipos de rescate y primeros auxilios. Cuando esas operaciones se dirigen precisamente contra instalaciones y servicios esenciales, cuya ubicación se ha notificado previamente a las partes en conflicto para asegurar su protección,  se ataca a las bases mismas del derecho humanitario internacional.

El costo que los conflictos armados infligen a la población civil es cada vez mayor. El indicador ODS de muertes causadas por conflictos, que mi Oficina prepara actualmente, trata de garantizar la disponibilidad de datos mundiales claros y fehacientes acerca de esta tendencia.

Este Consejo tiene la responsabilidad de promover el respeto universal hacia la protección de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. Debemos reunir la mayor cantidad de energía posible para garantizar la rendición de cuentas de los responsables de vulneraciones severas y profundas de derechos humanos.

Mi Oficina colabora estrechamente con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz con miras a velar por que la actuación de las Naciones Unidas en sus propias operaciones de pacificación se ajuste escrupulosamente a las normas de derechos humanos, el derecho humanitario internacional y la política de tolerancia cero de las Naciones Unidas en materia de explotación y abuso sexual.

También ayudamos a los Estados para que fortalezcan los sistemas nacionales de selección que se aplican a las tropas que esperan órdenes de despliegue en misiones de las Naciones Unidas, con el fin de excluir a los sospechosos de acusaciones plausibles de haber vulnerado los derechos humanos.

Asimismo proporcionamos expertos en derechos humanos y derecho humanitario internacional para apoyar la formación de las fuerzas de paz en los países que contribuyen con mayores contingentes de tropas y agentes de policía, como Etiopía, Rwanda, China o Uruguay. Hace dos semanas colaboramos con las fuerzas armadas de Rwanda y Estados Unidos en una mesa redonda en la que mujeres con rango de oficial de ejército informaron a comandantes de 26 países acerca del valor operativo que entrañaría un aumento del número de mujeres que sirven en las fuerzas de pacificación.

Para concluir, señor Presidente, quisiera hacer hincapié en los puntos siguientes:

• La agenda de los derechos humanos es nuestro programa de prevención. El trabajo que realizamos, a escala mundial y de cada país, tiene la capacidad de contribuir a la prevención de las crisis y el sufrimiento.
• La manera más eficaz de fomentar la confianza de la población en el gobierno es: primero escuchar y luego ofrecer resultados.
• Las iniciativas conjuntas de índole constructiva están funcionando bien y veo en nuestro entorno muchas oportunidades de reafirmar la importancia y eficacia de las soluciones basadas en los derechos humanos.
• Ante las amenazas a la paz y el desarrollo, debemos mantenernos unidos y ayudarnos mutuamente con miras a fomentar la protección de los derechos humanos, que tienen la capacidad de sostener la dignidad y la libertad.
• Mi Oficina siempre se manifestará en pro de quienes carecen de medios de expresión: las mujeres, los migrantes, los marginados y las comunidades oprimidas, pero también, por supuesto, en pro de los ciudadanos corrientes de todo el planeta.