Diálogo Regional Hernán Santa Cruz para América Latina y el Caribe

Excelencias,

Mucho me complace abrir este diálogo Hernán Santa Cruz para América Latina y el Caribe.

Agradezco a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Universidad de la Paz (UPEACE) por la colaboración con mi Oficina en la organización de este evento.

La visión de Hernán Santa Cruz de que los Estados deben respetar todos los derechos humanos, independientemente de los sistemas económicos vigentes, ofrece esperanza a todas las personas, pueblos y naciones, especialmente en una región tan desigual como la nuestra.

Santa Cruz señaló que "las invenciones científicas deben pertenecer a la sociedad y ser disfrutadas por todos", una poderosa afirmación que adquiere especial relevancia ante la injusticia en el acceso a las vacunas de COVID-19.

Él también abogó por los principios que posteriormente se consagraron en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo -- como la mejora constante del bienestar humano, la participación libre y significativa de todos los individuos y pueblos en las decisiones que les afectan, y la distribución justa de los beneficios del desarrollo.

El derecho al desarrollo también se basa en la cooperación y la solidaridad internacionales, ambas necesarias ahora más que nunca. 

Mientras nos dirigimos hacia un nuevo año, creo firmemente que hay sólo un único camino a seguir.

A menos que aceptemos lo inaceptable.

Lo inaceptable es la supuesta normalidad que nos ha llevado hasta aquí en primer lugar. La desigualdad. La discriminación y el racismo sistémico. La crisis ambiental.

Debemos recuperarnos mejor.

Eso significa hacer todo lo posible para respetar, proteger y promover los derechos humanos indivisibles: civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, medioambientales y de desarrollo.

Esa es nuestra única opción si queremos ser más inclusivos, más justos y más resistentes a futuras crisis, incluida la emergencia que amenaza nuestros medios de vida y nuestra propia existencia: el cambio climático.

En este sentido, acojo con satisfacción que hoy nos centremos en los derechos ambientales.

Hoy en día, debido a la acción humana -y a la inacción humana- la triple crisis planetaria del cambio climático, la polución y la pérdida de la biodiversidad está afectando directa y gravemente muchos derechos, como el derecho a una alimentación adecuada, al agua, a la educación, a la vivienda, a la salud, al desarrollo e incluso a la propia vida.

Estas crisis amplifican los conflictos, las tensiones y las desigualdades estructurales, y llevan a las personas a situaciones cada vez más vulnerables, en particular a las personas en mayor riesgo de exclusión, como son los miembros de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, personas con discapacidades, entre otras.

A medida que estas crisis se intensifican, constituirá el mayor desafío para los derechos humanos en nuestra era.
En todo el mundo, en 2020 se registraron 389 catástrofes relacionadas con el clima, que provocaron la muerte de al menos 15.080 personas, afectaron a otras 98,4 millones e infligieron daños económicos por valor de 171.300 millones de dólares.

Los países del Caribe están entre los que menos contribuyen al cambio climático. Por otra parte, están también entre los más afectados por sus consecuencias adversas, con serias implicaciones en términos de derechos humanos. Durante los últimos cinco años la región ha sido azotada por seis graves crisis humanitarias relacionadas con desastres naturales, incluyendo huracanes de categoría 5.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático prevé que América Latina y el Caribe seguirán sufriendo las amenazas del aumento del nivel del mar, la sequía, los huracanes, las inundaciones y los incendios, poniendo en riesgo su rica diversidad biológica y cultural.

Como dijo Txai Surui, una joven indígena brasileña, durante la COP26 en Glasgow, “las plantas no florecen como antes… la Tierra está hablando. Nos dice que no tenemos más tiempo (…)”

Costa Rica es un ejemplo en la recuperación de territorios boscosos, con su plan de descarbonización.

Además, junto con otros países, ha llamado a la acción sobre las consecuencias de la degradación ambiental en los derechos humanos a nivel internacional. Resalto el logro del reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en la última sesión del Consejo de Derechos Humanos. 

De hecho, es necesario un enfoque basado en los derechos humanos para abordar las repercusiones que ya están a la vista de la crisis ambiental.  

Como en el caso de la pandemia de COVID-19, quienes ya se encuentran en situaciones vulnerables corren el mayor riesgo de sufrir daños a los derechos humanos como resultado del cambio climático. 

El Programa Mundial de Alimentos ha reportado que el 30% de las personas migrantes del "Corredor Seco" centroamericano citaron las condiciones meteorológicas extremas como motivo para marcharse. El Banco Mundial proyecta que, si no se toman medidas para prevenir los efectos del cambio climático, casi 4 millones de personas en Centroamérica y México y 17 millones en América Latina podrían migrar por este motivo para 2050.

Y como respuesta más definitiva, tenemos que crear sociedades más resistentes al cambio climático y en las que los afectados puedan acceder a la protección social y a nuevas oportunidades para ganarse la vida.

Excelencias,

Para agravar estos problemas, añadimos el hecho de que América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden el medio ambiente y la tierra.

Estos defensoras y defensores de los derechos humanos siguen siendo amenazados en la región – con acosos, narrativas estigmatizantes y hasta ataques contra su vida e integridad personal.

Es aberrante que ellas tengan que asumir tantos riesgos para avanzar en su causa. Es imperativo protegerlos. Como es imperativo intensificar los esfuerzos para hacer realidad el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible en América Latina y el Caribe.

Con estos objetivos en mente, permítanme hacer algunas recomendaciones concretas.

En primer lugar, hago un llamamiento a todos los países que aún no han ratificado el Acuerdo de Escazú para que lo hagan sin demora.

Es también necesario garantizar la participación de todas y todos en la toma de decisiones sobre políticas ambientales, especialmente de los más afectados por la crisis.

Y, claro, estas políticas deben ser basadas en los derechos humanos. En efecto, los derechos humanos deben ser considerados una herramienta por los gobiernos a todos los niveles para ayudar a crear sociedades inclusivas que respeten el medio ambiente, por ejemplo, en el contexto de las decisiones presupuestarias, fiscales y de compras públicas.

Además de voluntad política, los líderes deben impulsar legislación, programas y directrices para prevenir y adaptar los sistemas al cambio climático y caminar hacia al reemplazar el uso de los combustibles fósiles, asegurando una matriz energética renovable.

Resalto aún el papel del sector privado, que debe integrar los derechos humanos en sus modelos de negocio.

Deben también establecerse o reforzarse los mecanismos de rendición de cuentas – para gobiernos y empresas.

Sin embargo, más allá de todo esto, nunca debemos perder de vista que la protección del planeta es un trabajo de todas y todos.

Las personas deben consumir responsablemente, tomando decisiones de compra basados en criterios de sostenibilidad y protección ambiental.

Excelencias,

En México, apoyamos la implementación del proyecto "Catalizar acciones ambientales basadas en derechos para la gente y el planeta", que desencadenó nuevas redes de colaboración y propuestas concretas en varias áreas. Eso incluyó la reducción de emisiones e impactos del cambio climático, la protección de los defensores del medio ambiente, la debida diligencia de las empresas, y también el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental, en línea con la Agenda 2030, en particular los ODS 6, 7 y 13.

En Honduras, hemos documentado las consecuencias para el disfrute de los derechos humanos como resultado de la contaminación del río Motagua en la frontera con Guatemala y las aguas del Caribe y establecemos una asociación estratégica con el sector privado y las comunidades locales para discutirlas.  También estamos apoyando a varias comunidades y organizaciones de base para que sus integrantes mejoren el disfrute sus derechos económicos, sociales y culturales y puedan enfrentar los graves impactos del cambio climático y la sequía.

En Bolivia, acompañamos y apoyamos la labor de varias comunidades indígenas en el oriente del país que han iniciado un proceso de reivindicación con relación a sus derechos colectivos, a través de sus conocimientos y costumbres ancestrales. Estas comunidades buscan la recuperación del medio ambiente y el acceso al agua potable, poniendo énfasis especial en proteger a las mujeres y los y las adultos mayores.

Excelencias,

Si están interrelacionados nuestros retos, también están sus soluciones.

Al celebrar a Hernán Santa Cruz, cabe preguntarnos ¿podemos rediseñar nuestras políticas y sistemas políticos y económicos para poner a las personas y al planeta encima de todo? ¿Podemos juntos estar a la altura del nuevo desafío?

Yo diría que debemos hacerlo.

Y como les he mostrado, podemos hacerlo.

Para ello, necesitamos una economía que funcione para todos, que esté centrada en las personas y en el planeta y que, por tanto, mejore las condiciones para asegurar el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos al desarrollo y a un medio ambiente sano.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, se ha comprometido a que todos los organismos de la ONU impulsen Nuestra Agenda Común, una iniciativa de base muy amplia para promover el desarrollo humano, la igualdad y la inclusión basada en los principios de los derechos humanos.

Este debe ser nuestro camino. El camino hacia un mundo más resiliente, más justo y más respetuoso – tanto con nuestros derechos cuanto con nuestro planeta.

Gracias.