Estamos sumamente preocupados por el hecho de que las autoridades en Sri Lanka estén adoptando una respuesta basada en gran medida en el mantenimiento de la seguridad para hacer frente al problema de drogas que arrastra el país, en lugar de implementar políticas de salud pública que estén basadas en los derechos humanos. La cifra extraordinaria de 29.000 personas han sido aparentemente detenidas por cuestiones relacionadas con las drogas, desde el 17 de diciembre, a la vez que existen denuncias de que algunas de estas personas han sido objeto de malos tratos y tortura.

Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo supuestamente redadas sin órdenes de registro, deteniendo a sospechosos de ser traficantes y usuarios de drogas, y además cientos de estos sospechosos han sido enviados a centros de rehabilitación administrados por los militares. Durante y después de ejecutar estas operaciones, se ha denunciado que varias personas fueron sometidas a distintas violaciones, que incluyeron registros no autorizados, detención arbitraria, malos tratos, torturas y cacheos desnudos en público. Abogados que representaban a los detenidos han denunciado haber recibido intimidaciones por parte de agentes de policía.

A la vez que las drogas representan un serio problema para la sociedad, un enfoque basado en una aplicación severa de la ley no es la solución. El abuso de las drogas y los factores que conducen al mismo son en primer lugar una cuestión social y de salud pública. Las personas que sean sospechosas de vender o traficar con drogas tienen derecho a recibir un trato digno, con pleno respeto del debido proceso y con juicios transparentes e imparciales.

Las personas que consumen drogas deben recibir apoyo adecuado, así como poder acudir a programas que hagan frente a las causas originarias de la adicción, además de asistencia para poder reintegrarse a la sociedad.  La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó un informe el año pasado instando a los Estados a que desarrollen políticas contra las drogas que sean efectivas, incluyendo considerar la despenalización del consumo y posesión de drogas para uso personal.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk insta al Gobierno de Sri Lanka a revisar su operación “Yukthiya” actualmente en marcha, y a implementar enfoques con base en los derechos humanos, de forma especial respetando el derecho a la salud, a la hora de abordar la cuestión de las drogas ilícitas en la sociedad. Las acusaciones de abuso de autoridad, tortura y malos tratos, así como la denegación de las garantías procesales y un juicio imparcial deben ser investigadas de forma exhaustiva e independiente, garantizando siempre que se haga justicia.