We have received information that uniformed and plainclothes police in Iran are enforcing a violent crackdown throughout the country against women and girls under the country’s strict hijab laws – as well as men supporting them. We have received reports of widespread arrests and harassment of women and girls - many between the ages of 15 and 17.

Nos han notificado que en Irán agentes de policía uniformados y vestidos de civil protagonizan actualmente una violenta ola represiva en todo el país contra mujeres y niñas -y los hombres que las defienden-, en aplicación de las estrictas normas relativas al uso del hijab o pañuelo islámico. Según los informes recibidos, se han producido actos de acoso y numerosas detenciones de mujeres y niñas, muchas de ellas de edades comprendidas entre los 15 y los 17 años.

El 21 de abril, el jefe de los Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) de Teherán anunció la creación de un nuevo órgano destinado a aplicar las leyes vigentes relativas al hijab y añadió que los miembros de esta organización habían sido entrenados para “hacerlo de manera más enérgica” en los espacios públicos. Las informaciones recibidas apuntan a que cientos de negocios han sido clausurados por no aplicar dicha legislación y que las autoridades utilizan las cámaras de vigilancia para identificar a las conductoras que no cumplen estas normas cuando están al volante.

En la Oficina del ACNUDH también preocupa mucho que un anteproyecto de ley sobre “el apoyo a la familia mediante la promoción de la cultura de castidad y el uso del hijab” -que impondría castigos aún más severos- esté a punto de recibir la aprobación final del Consejo Constitucional.

Aunque la última versión del anteproyecto no se ha dado a conocer al público, una redacción anterior de la ley estipulaba que las culpables de transgredir el código vestimentario podrían ser castigadas con multas, latigazos y hasta diez años de cárcel. En virtud del derecho internacional, los castigos corporales constituyen una pena cruel, inhumana y degradante, y toda detención impuesta por el ejercicio de libertades fundamentales es arbitraria. Una vez más, insistimos en que este proyecto de ley debería ser archivado.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pide al gobierno de Irán que erradique toda forma de discriminación y violencia por motivos de género, incluso mediante la revisión y abrogación de leyes, políticas y prácticas nocivas, de conformidad con las normas y los criterios del derecho internacional de los derechos humanos.

Esta semana, también se nos informó de que el Tribunal Revolucionario de Isfahan sentenció a muerte al rapero Toomaj Salehi. El artista fue condenado y sentenciado por “[extender la] corrupción sobre la Tierra”, en relación con las ideas que expresó en el contexto de las protestas nacionales de 2022, desatadas por la muerte de Jina Mahsa Amini. La joven Amini quedó en coma mientras se encontraba detenida, tras haber sido arrestada por policía de la moral, que la acusó de no llevar el velo islámico con el decoro adecuado.

El Alto Comisionado insta a las autoridades iraníes a que revoquen la sentencia dictada contra Toomaj Salehi y que procedan a su excarcelación inmediata e incondicional. Toda persona encarcelada por haber ejercido su derecho a la libertad de opinión y expresión, comprendida la expresión artística, debería ser puesta en libertad de inmediato.

En relación con las protestas de 2022, las autoridades iraníes han ejecutado ya a nueve hombres.

El Alto Comisionado exhorta al gobierno iraní a que suspenda de inmediato la aplicación de la pena capital y dicte una moratoria sobre su uso. Hasta entonces, la pena de muerte solo debería imponerse en los casos de “crímenes de especial gravedad”, que tengan por resultado intencional y directo el fallecimiento de la víctima.