A medida que nos acercamos a los seis meses de hostilidades, reflexionamos con tristeza e indignación sobre la devastación y el número de muertes que se han producido en Gaza e Israel. Más de 33.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, han muerto y al menos unos 75.000 han resultado heridos, y se calcula que otros 7.000 han fallecido y se encuentran sepultados bajo los escombros. En Israel, más de 1.200 personas murieron y cientos más ha sido heridas. Más de 100 rehenes siguen cautivos. Extensas zonas de Gaza han quedado demolidas por las bombas. La Franja ha cambiado para siempre.

Las vulneraciones del derecho internacional perpetradas desde el 7 de octubre en Gaza e Israel, comprendidas las graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por todas las partes del conflicto, así como la destrucción y el sufrimiento infligidos en Gaza en los últimos seis meses, constituyen hechos sin precedentes. Y existe un alto riesgo de que se produzcan nuevas atrocidades.

El mundo se ha manifestado colectivamente en el sentido de que la carnicería y la destrucción sin sentido deben terminar de inmediato. Los rehenes deben ser liberados incondicionalmente. La ayuda humanitaria y otros bienes necesarios para la supervivencia de la población civil deben recibir autorización para su entrada masiva en la Franja y han de ser distribuidos con medidas de seguridad en toda la zona.

Asimismo, el Alto Comisionado hace hincapié en la necesidad de una rendición de cuentas para dilucidar responsabilidades en torno a las graves vulneraciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que se han cometido, y la urgencia de una voluntad renovada de alcanzar una solución política que garantice el derecho de los palestinos a la autodeterminación, la igualdad y la no discriminación, y que asegure que palestinos e israelíes puedan vivir en paz, como buenos vecinos. Es preciso poner fin a la ocupación. Y esto no debería quedar en un ejercicio de retórica; es preciso tomar medidas de inmediato.

Esta semana, el mundo quedó conmovido cuando las tropas israelíes mataron a siete voluntarios de la ONG World Central Kitchen. Hasta el momento, unos 200 trabajadores humanitarios han muerto en Gaza, entre ellos casi 180 miembros del personal de las Naciones Unidas.

El ataque aéreo israelí que acabó con la vida de los trabajadores de World Central Kitchen pone de manifiesto las horrendas condiciones en las que tienen que operar los cooperantes humanitarios en Gaza. Las fuerzas israelíes también han matado a agentes de policía y otros funcionarios encargados de asegurar la distribución de ayuda humanitaria, con lo que han contribuido directamente a generar desórdenes entre la población civil y han incrementado los peligros que acechan a los trabajadores humanitarios y a quienes más necesitan esa ayuda.

Tras los últimos ataques, las ONG, entre ellas World Central Kitchen y Anera, han suspendido la entrega y el reparto de ayuda a los palestinos en Gaza, lo que ha hecho aumentar el riesgo de que se produzcan aún más muertes por enfermedad y hambruna en gran escala.

El derecho internacional exige que todas las partes en conflicto respeten y protejan al personal que proporciona la ayuda humanitaria y que garanticen su seguridad y su libertad de movimiento. Israel, en su condición de potencia ocupante, tiene la obligación adicional de asegurar lo más posible la satisfacción de las necesidades básicas de la población de Gaza. Esto quiere decir que debe garantizar el suministro de alimentos y atención sanitaria a toda la población, en función de sus necesidades, y que si no puede hacerlo debe facilitar las operaciones de las organizaciones humanitarias que proporcionen dicha asistencia, de una manera segura y digna.

Los ataques a las personas o los bienes que forman parte de la asistencia humanitaria pueden ser considerados crímenes de guerra. Tal como el Alto Comisionado ha repetido en múltiples ocasiones, hay que poner fin a la impunidad. Es preciso realizar de inmediato investigaciones independientes, exhaustivas y eficaces sobre todas las denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas el 7 de octubre y en días sucesivos. El Alto Comisionado reitera su exhortación a todos los responsables para que garanticen la cooperación con los mecanismos internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional. Todas las víctimas y sus familias deben recibir plenas reparaciones.