El alarmante deterioro de la situación en Rakhine era evitable, afirma Zeid, al tiempo que pide moderación

GINEBRA (29 de agosto de 2017) – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, manifestó el martes su alarma ante la violencia y la incitación a nuevos actos violentos en el norte del Estado de Rakhine, desde que comenzaron los ataques contra las fuerzas de seguridad en tres aldeas septentrionales de la región, el viernes pasado. Zeid instó a todas las partes a que renuncien al uso de la violencia y pidió a las autoridades del Estado que garanticen que las operaciones se realizan con arreglo a sus obligaciones en materia de derecho internacional de los derechos humanos.   

“Condeno enérgicamente los violentos ataques realizados contra el personal de seguridad, que han redundado en la pérdida de muchas vidas y el desplazamiento de miles de personas”, declaró el Alto Comisionado. “Por desgracia, está ocurriendo lo que ya temíamos. Decenios de violaciones persistentes y sistemáticas de derechos humanos, que abarcaron las muy violentas respuestas de las fuerzas de seguridad a los ataques perpetrados desde octubre de 2016, han contribuido sin duda a fomentar el extremismo violento y, al final, todas las partes salen perdiendo”.

“El giro que han tomado los acontecimientos es deplorable. Ya se había vaticinado y hubiera podido prevenirse”.

El Alto Comisionado advirtió a todas las partes que no deberían fomentar la violencia y pidió a los dirigentes políticos que condenen la retórica incendiaria y la incitación al odio que ya proliferan incluso en las redes sociales. Zeid expresó su inquietud acerca de las denuncias formuladas por la Oficina del Consejo de Estado, en el sentido de que los cooperantes extranjeros eran cómplices de los ataques o los apoyaban.

“Esas declaraciones son irresponsables y sólo contribuyen a aumentar el miedo y el potencial de nuevas violencias”, declaró. “Me preocupa en grado sumo que esas denuncias sin fundamento contra las organizaciones de ayuda internacionales pongan en peligro a su personal y les impidan proporcionar la asistencia básica que prestan”.

El Alto Comisionado dijo que los autores de los ataques contra el personal de seguridad deben responder de sus actos ante la justicia, al igual que quienes han atacado a la población civil. Todo este proceso debe realizarse con pleno respeto a las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Las autoridades estatales deberían emitir instrucciones claras a las fuerzas seguridad para que éstas no incurran en el uso desproporcionado de la fuerza, reduzcan al mínimo los daños y las lesiones y respeten el derecho a la vida. Quienes practican el uso excesivo de la fuerza deberán responder de sus actos. Zeid pidió también a las autoridades que faciliten el acceso del personal humanitario a las zonas afectadas.

“El Estado tiene la obligación de proteger a las personas que se encuentran en su territorio, sin discriminación”, señaló el Alto Comisionado.

“Insto al gobierno de Myanmar a que siga las recomendaciones de la Comisión Asesora sobre el Estado de Rakhine, coordinada por Kofi Annan, para formular una respuesta integrada y proporcional a la situación en dicho Estado y para abordar las preocupaciones relativas a los derechos humanos, en lugar de sacrificarlas en aras del mantenimiento de la paz y el orden”.

El Alto Comisionado expresó también su inquietud por la huida de más de 5.000 musulmanes rohingyas de Myanmar hacia Bangladesh a raíz de los ataques, cifra que se suma a las decenas de miles que han escapado a ese país desde los choques de octubre de 2016. Zeid exhortó a la comunidad internacional a que ayude a Bangladesh para que este país pueda hacer frente a esa corriente de refugiados.

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