GINEBRA (30 de enero de 2024) - Tres años después de que los militares llevaran a cabo un golpe de estado, la crisis de derechos humanos que sufre Myanmar, y que ha venido agravándose con el tiempo, se encuentra ahora en caída libre, a la vez que el mundo no presta la atención suficiente a la miseria y dolor de su población, afirmó hoy el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk.

"Ante todas las crisis que sacuden al mundo, es importante que no olvidemos ninguna de ellas. El pueblo de Myanmar lleva sufriendo demasiado tiempo. Desde finales de octubre del año pasado, su situación ha empeorado aún más como resultado de las tácticas arraigadas que usan los militares para atacarles," declaró Türk en vísperas de cumplirse el aniversario del golpe el 1 de febrero.

"Las batallas campales entre los militares y grupos armados de la oposición han dado como resultado desplazamientos masivos y víctimas civiles.  Debido a que el poder militar ha venido padeciendo continuos reveses en el campo de batalla, estos han reaccionado lanzando oleadas de bombardeos aéreos y ataques de artillería indiscriminados."

Diversas fuentes han verificado la muerte de más de 554 personas desde octubre. En todo el año 2023 en su conjunto, la cifra de civiles muertos supuestamente por los militares ascendió a más de 1.600, lo que supone un incremento de 300 personas en comparación con el año anterior.  A fecha de 26 de enero, fuentes fiables habían documentado la detención de casi 26.000 personas por motivos políticos, de los cuales 19.973 permanecen detenidos, siendo algunos de ellos aparentemente objeto de tortura y abusos, y sin esperanza alguna de recibir un juicio imparcial.  Durante los últimos tres años, aproximadamente 1.576 personas han muerto mientras permanecían prisioneros en manos de los militares. 

"Las tácticas militares se han centrado sistemáticamente en el castigo de civiles que los militares consideraban que estaban apoyando a sus enemigos," aseguró Türk. "Como resultado, los militares han atacado de forma rutinaria a civiles y objetos protegidos por el derecho internacional humanitario, de forma especial instalaciones médicas y escuelas. 

"Los bombardeos y ataques aéreos indiscriminados subrayan la ausencia de medidas adecuadas para proteger a los civiles sobre el terreno, incluyendo la interrupción de comunicaciones básicas, las cuales podrían ayudar a advertir a los civiles del avance de los combates para de ese modo poder apartarse del peligro."

Las comunicaciones y los servicios de Internet en cerca de 74 municipios, que incluyen a la mayor parte de los 17 municipios del Estado de Rakhine, están sufriendo apagones parciales, intermitentes o totales.

El Estado de Rakhine ha resultado afectado de forma particularmente severa desde que volvieran a comenzar los combates en esa zona en noviembre.  Muchas comunidades, sobre todo la Rohingya, ya habían padecido previamente los daños del ciclón Mocha y la restricción de meses de duración impuesta por los militares al acceso de ayuda humanitaria y de suministro de asistencia. Existen ahora varias denuncias de muertes y lesiones de personas Rohingya por el bombardeo por parte de los militares de pueblos Rohingya. 

El viernes 26 de enero, los combates entre el Ejército de Arakán y el poder militar de Myanmar ocasionaron supuestamente la muerte de al menos 12 civiles Rohingya y otros 30 heridos en el pueblo de Hpon Nyo Leik, en donde sus habitantes se encuentran atrapados entre las dos partes en conflicto. El Ejército de Arakán supuestamente situó sus tropas dentro y alrededor de este pueblo Rohingya para anticiparse a los ataques de los militares. Los militares bombardearon de forma repetida el pueblo, destruyendo infraestructura.

Las partes de conflictos armados deben tomar precauciones constantes para preservar a los civiles y los objetos civiles, durante la realización de sus operaciones militares, lo que incluye adoptar todas las medidas posibles para proteger a la población civil bajo su control de los efectos de los ataques, insistió el Alto Comisionado. 

De igual manera, los refugiados y refugiadas Rohingya, atrapados en pésimas condiciones humanitarias en campamentos en Bangladesh y sin perspectiva de una posible vuelta segura, están volviendo a lanzarse al riesgo de travesías desesperadas y peligrosas por el mar, encontrando pocos puertos o comunidades en la región dispuestos a aceptarlos o a acogerlos.

La comunidad internacional debe redoblar su esfuerzos para exigir cuentas a los militares, declaró el Jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, recordando las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia apremiando a Myanmar a que adopte "todas las medidas a su alcance" para proteger a los miembros de la comunidad Rohingya de cualquier acción futura que pueda constituir genocidio, y a adoptar medidas efectivas para garantizar la conservación de pruebas relacionadas con estos presuntos actos. 

"Solamente se podrá solucionar esta crisis si se insiste en exigir rendición de cuentas a los líderes del poder militar, si se asegura la puesta en libertad de los prisioneros políticos y se restaura el gobierno civil," advirtió Türk.

"Insto a todos los Estados Miembros a adoptar las medidas apropiadas para hacer frente a esta crisis, contando incluso con la posibilidad de imponer sanciones selectivas adicionales a los militares con el fin de restringir su capacidad para cometer violaciones graves y despreciar el derecho internacional, limitando su acceso a armas, a combustible para la aviación y a divisa extranjera.

"Aplaudo la valentía y resiliencia de la sociedad civil y el movimiento democrático de Myanmar, el cual representa a todas las comunidades étnicas, e insto a que sean incluidos en cualquier proceso político diseñado para restaurar la democracia y el respeto por los derechos humanos en Myanmar."