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La situación “castrófica” de Haití exige una acción audaz e inmediata, señala un informe de las Naciones Unidas

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28 marzo 2024

Restos calcinados de vehículos que fueron incendiados cerca de un garaje yacen en Puerto Príncipe, (Haití), el 25 de marzo de 2024. © Clarens SIFFROY / AFP

GINEBRA (28 de marzo de 2024) – Un informe de la Oficina del ACNUDH publicado hoy pide la adopción de medidas audaces e inmediatas para abordar la “catastrófica” situación que vive Haití.

“La corrupción, la impunidad y la mala gobernanza, combinadas con el aumento de la violencia de las pandillas, han deteriorado el estado de derecho y han llevado a las instituciones estatales al borde del colapso. La repercusión de la inseguridad generalizada agrava la vida de la población… e impide que los ciudadanos disfruten de sus derechos humanos”, señala el informe.

“La tarea de hacer frente a la inseguridad reviste la máxima prioridad, a fin de proteger a la población y evitar más sufrimiento humano. Asimismo, es importante proteger a las instituciones esenciales para el estado de derecho, cuyos fundamentos han sufrido ataques considerables”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

El informe abarca el periodo comprendido entre el 25 de septiembre de 2023 y el 29 de febrero de 2024, e incluye información proporcionada por el Servicio de Derechos Humanos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), así como datos acopiados por William O’Neill, Experto sobre la situación de derechos humanos en Haití designado por el Alto Comisionado.

El número de muertes y lesiones causadas por la violencia de las pandillas en Haití aumentó de manera significativa en 2023, con 4.451 fallecidos y 1.668 heridos. En los tres primeros meses de 2024, estas cifras crecieron de nuevo, y hasta el 22 de marzo se habían registrado 1.554 muertos y 826 heridos.

Las pandillas siguen utilizando la violencia sexual para abusar, castigar y dominar a la población. Numerosas mujeres han sido violadas durante los ataques de las bandas a los vecindarios, en muchos casos tras haber visto cómo sus maridos eran asesinados delante de ellas.

Según el informe, algunas mujeres se han visto obligadas a someterse a la explotación sexual en beneficio de los pandilleros. Además, se sigue usando la violación de los rehenes como medio para obligar a las familias a pagar los rescates exigidos. La notificación de estos actos de violencia sexual sigue siendo insuficiente y por lo general los hechos quedan impunes.

Las pandillas siguen reclutando a menores de edad de ambos sexos y abusando de ellos y ellas, ya que, por temor a represalias, los jóvenes no se atreven a desertar de sus filas y se ha informado de que algunos han sido ejecutados al tratar de huir. La vida cotidiana también se ha visto trastornada por las restricciones impuestas por las pandillas sobre el movimiento de personas, bienes y servicios.

“Todas estas prácticas son inaceptables y deben cesar de inmediato”, dijo el Alto Comisionado.

Según el informe, en paralelo al recrudecimiento de la violencia pandilleril y la incapacidad de la policía para contrarrestarla, siguen apareciendo las denominadas “brigadas de autodefensa”, que aplican la justicia por su cuenta. Al menos 528 casos de linchamiento se registraron en 2023, y otros 59 en lo que va de 2024.

En el informe también se hace hincapié en cómo, a pesar del embargo de armas, se mantiene una oferta constante de armamento y munición, que llega a las pandillas a través de la frontera, lo que hace que las bandas criminales dispongan de una capacidad de fuego superior a la de la Policía Nacional Haitiana.

En el informe se pide la imposición de controles nacionales e internacionales más estrictos para reducir el tráfico de armas y municiones hacia Haití.

“Es chocante que, a pesar de la horrenda situación existente sobre el terreno, sigan entrando armas en el país. Pido que el embargo de armamento se aplique de manera más eficaz”, dijo Türk.

En el informe se reitera la necesidad urgente de que se despliegue una Misión Multinacional de Seguridad para ayudar a la Policía Nacional a detener la violencia, proteger eficazmente a la población y restablecer el estado de derecho en el país.

“Es fundamental que la misión incorpore los derechos humanos en la ejecución de sus operaciones y establezca un mecanismo de cumplimiento para atenuar y minimizar los daños”, agregó el Alto Comisionado.

En el informe se insiste en que, por sí solo, el aumento de la seguridad no aportará soluciones duraderas y pide que se apliquen políticas orientadas a restablecer el estado de derecho y a fomentar la prevención de la violencia.

“La corrupción generalizada y el mal funcionamiento del sistema de justicia contribuyen considerablemente a la impunidad que ampara a múltiples violaciones graves de derechos humanos y estos hechos deberían abordarse con urgencia”, afirmó Türk.

“La rendición de cuentas es esencial para restaurar la confianza pública en el estado de derecho y en las instituciones estatales”, agregó.

El Alto Comisionado pidió además a todos los interesados nacionales que participen en un diálogo constructivo para facilitar un acuerdo político que permita una transición democrática, que conduzca a elecciones legislativas y presidenciales libres y equitativas.

Para acceder al texto íntegro del informe, pulse aquí

Si desea ver el vídeo, sintonice https://vimeo.com/928008184/814945aaf9?share=copy

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