Acerca del derecho a la seguridad social

El derecho a la seguridad social es de importancia fundamental para garantizar a todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos humanos.

El derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra:

1. la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar;
2. gastos excesivos de atención de salud; y
3. un apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo.

La seguridad social desempeña un papel importante para reducir y mitigar la pobreza, prevenir la exclusión social y promover la inclusión social.

La protección social es esencial para las personas de edad, las personas con discapacidad y los jóvenes

Las pensiones sociales son un elemento fundamental del derecho a la seguridad social para las personas de edad cuyo disfrute de los derechos humanos se ve amenazado por falta de una pensión social suficiente. Las mujeres de edad son especialmente vulnerables. Viven más tiempo y, a lo largo de su vida, realizan una labor asistencial no remunerada que restringe su capacidad de obtener empleo formal y, por consiguiente, de acceder a la seguridad social contributiva o a salarios decentes. Las políticas sociales y económicas deben corregir este desequilibrio promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres en lugar de ampliar la brecha. El cuidado de los niños, por ejemplo, debe estar garantizado como medida de protección social. El nivel de prestaciones de las pensiones sociales debe garantizar un nivel de vida adecuado.

La protección social es fundamental para que las personas con discapacidad puedan independizarse de sus familias, fomentar su participación social y fortalecer su capacidad de vivir con dignidad. Esta protección puede mejorar la productividad, la empleabilidad y el desarrollo económico de las personas con discapacidad y, por consiguiente, contribuir a la seguridad de sus ingresos.

La protección social es esencial para mitigar los efectos negativos del desempleo en los jóvenes, crear acceso a la educación superior, facilitar su transición de la escuela al trabajo y mejorar sus oportunidades en el mercado laboral, asegurando al mismo tiempo un disfrute mínimo de sus derechos económicos y sociales, incluidos sus derechos a la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento, la educación y la vivienda.