Introducción de los informes de países del Alto Comisionado y de su Oficina sobre Colombia, Guatemala, Honduras y Chipre

Sr. Vicepresidente,
Excelencias,
Colegas, amigos,

Me complace presentar los informes de mi Oficina sobre Colombia, Guatemala, Honduras y Chipre. Mis observaciones de esta mañana incluirán información actualizada sobre cuestiones recientes en los países objeto de debate.

Empiezo con el informe sobre Colombia, A/HRC/52/25.

En enero realicé una visita al país y me impresionó la apertura del Gobierno para debatir de manera franca sobre los retos en materia de derechos humanos. La reanudación de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en noviembre de 2022 es muy bienvenida, al igual que el compromiso del Gobierno con la "paz total", incluyendo la plena implementación del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC-EP. Aliento a que el Gobierno adopte un enfoque de derechos humanos en los diálogos con actores armados y a garantizar una participación significativa de las víctimas - incluidas las mujeres- y de las comunidades afectadas. Esta cuestión fue parte de las conversaciones que sostuve con el Gobierno y la sociedad civil durante mi misión.

En 2022, mi Oficina documentó 92 masacres, en las que murieron 321 personas, y 116 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. Esta violencia la ejercen principalmente grupos armados no estatales y organizaciones criminales, y afecta de manera desproporcionada a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Insto a que todos los actores armados respeten los derechos humanos y, cuando sea aplicable, el derecho internacional humanitario, y hago un llamamiento al desmantelamiento de grupos criminales y a una mayor presencia de las instituciones civiles del Estado, en particular en las zonas en las cuales están teniendo lugar esas discusiones.

Las medidas para abordar las desigualdades estructurales y las causas profundas del conflicto son muy bienvenidas, en particular a través de la reforma rural, de conformidad con el Acuerdo de paz. El cambio anunciado en la política de drogas también podría permitir abordar una causa fundamental de la violencia y mi Oficina está dispuesta a apoyar un enfoque fuerte basado en los derechos humanos en el marco de esta nueva política. La ratificación del Acuerdo de Escazú y la adopción de un nuevo Plan de Emergencia para proteger a las personas defensoras de derechos humanos y a los excombatientes de las FARC-EP constituyen otros pasos importantes tomados por el Gobierno. Los Ministerios de Defensa y del Interior – con los cuales me he reunido - están trabajando para integrar un enfoque de derechos humanos en las políticas de seguridad y mi Oficina, tal como lo hemos conversado, reforzará su cooperación en este ámbito.

En 2022 se han logrado importantes avances en materia de justicia transicional gracias a la labor de la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Espero con interés la integración de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en las políticas públicas.

Insto a la Fiscalía General de la Nación a avanzar en la rendición de cuentas por las violaciones presuntamente cometidas por la Fuerza Pública durante las protestas. Es necesario revisar las imputaciones contra manifestantes por delitos graves, incluyendo terrorismo.

Valoro profundamente y agradezco al Gobierno la reciente firma de un nuevo acuerdo que ha extendido la presencia de mi Oficina durante nueve años más, como una señal del compromiso fuerte con los derechos humanos y la labor de mi Oficina.

Paso ahora al informe sobre Guatemala, A/HRC/52/23.

Aunque se han producido algunos avances en cuestiones sociales y económicas durante el último año, la población de Guatemala sigue enfrentándose a retos sistémicos y subyacentes relacionados con la discriminación, las desigualdades, la rendición de cuentas, el acceso a la justicia y las libertades cívicas. Acojo con satisfacción los avances en materia de justicia y rendición de cuentas en algunos casos de justicia transicional.

Sin embargo, me preocupa el aumento de más del 70 por ciento en el número de funcionarios y funcionarias de justicia sometidos a acoso e intimidación a causa de su trabajo, especialmente en el contexto del conflicto armado interno y en casos de presunta corrupción. El año pasado, también registramos un aumento del 54 por ciento en el acoso, la intimidación y el uso o uso indebido de procedimientos penales contra personas defensoras de derechos humanos, pueblos indígenas, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y periodistas. Tres defensores de derechos humanos y un periodista fueron asesinados.

Es necesario adoptar una serie de medidas, como reforzar los mecanismos de protección del funcionariado de justicia, garantizar la independencia del poder judicial y diseñar una política efectiva, junto con la sociedad civil, para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y la libertad de prensa.

Las mujeres y las niñas de Guatemala siguen sufriendo niveles muy altos de violencia. En 2022, las autoridades registraron más de 48,000 casos de violencia contra las mujeres, un aumento interanual del 5 por ciento que incluyó 502 feminicidios y muertes violentas. Aliento a continuar los esfuerzos para fortalecer los sistemas de justicia especializados y las capacidades relevantes del Ministerio Público, incluyendo acciones para la prevención de la violencia contra las mujeres.

También es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar el respeto de las normas de derechos humanos en los conflictos sobre la propiedad de la tierra y la extracción de recursos naturales. El derecho al consentimiento libre, previo e informado de todos los pueblos indígenas, y su participación significativa y efectiva en la toma de decisiones, deben cumplirse.

Mi Oficina se compromete a ayudar a las autoridades a promover los derechos humanos de toda la población de Guatemala. Además de su fructífera cooperación con los mecanismos internacionales de derechos humanos, aliento al país a que acepte prontamente visitas de los titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales.

El próximo informe que presentaré es sobre Honduras, A/HRC/52/24.

Agradezco la voluntad política del gobierno para promover la agenda de derechos humanos. Los desafíos estructurales preexistentes persisten en todo el país, incluida la pobreza y las desigualdades profundamente arraigadas; conflictos por la tierra persistentes; violencia generalizada, incluida la violencia de género; impunidad; y un contexto extremadamente peligroso para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Reconozco los avances realizados durante el año pasado. Estos incluyen un nuevo marco para una selección más transparente e independiente de jueces de la Corte Suprema, a lo que mi Oficina brindó apoyo; legislación para prevenir el desplazamiento forzado y proteger mejor a las personas desplazadas internamente; la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional; la derogación de todas las regulaciones relacionadas con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico; y los avances en materia medioambiental.

Lamento que no se haya progresado en las investigaciones de violaciones graves de los derechos humanos cometidas en la década de 1980; el golpe de estado de 2009; y la crisis violenta en 2017. Numerosos ataques contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente no han sido resueltos en la justicia. En 2022, la Oficina registró al menos 173 ataques de este tipo, incluidos 14 asesinatos. El número de estos incidentes ha aumentado desde diciembre, incluidos dos recientes asesinatos de miembros de la comunidad de Guapinol. Es importante que haya una investigación efectiva e independiente sobre todos estos casos, y una mejor protección para las personas defensoras de derechos humanos, particularmente aquellas que defienden los derechos de la tierra y el medio ambiente.

Los conflictos vinculados a la tierra y los recursos naturales, así como el conflicto agrario, siguen siendo una preocupación grave, dado su impacto en los derechos humanos, la seguridad, la pobreza y el desplazamiento. Hago un llamado a las autoridades a que aseguren el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y afro-hondureños, campesinos y otras comunidades históricamente excluidas.

Estos temas son una constante en nuestro trabajo en América Latina y, de hecho, debemos aprovechar los aniversarios históricos de este año como una oportunidad para discutir estos temas a nivel mundial y regional.

Continúo profundamente preocupado por la pobreza en la que vive la mayoría de la población. La violencia sigue siendo generalizada, siendo las mujeres y las personas LGBTI desproporcionadamente afectadas. La sociedad civil ha documentado 43 asesinatos y dos desapariciones de personas LGBTI, y el asesinato de al menos 252 mujeres.

El compromiso del Gobierno de desmilitarizar las funciones de seguridad pública aún debe materializarse.

El Estado de emergencia introducido en noviembre, como parte de los esfuerzos para combatir la extorsión y el crimen organizado, no debe verse como una alternativa a una política de seguridad integral bajo liderazgo civil basada en derechos humanos.

Aprecio mucho la cooperación y el diálogo franco con las autoridades, y sigo comprometido a promover los derechos humanos en el país.

I turn now to our report on Cyprus, A/HRC/52/18.

The division of Cyprus continues to affect the rights of people across the island. Our concerns persist with respect to the right to life; missing persons; non-discrimination; the freedom of movement and the right to seek asylum; the freedoms of opinion, expression, and religion or belief; property rights; the right to education; and the right to participate in cultural life.

The negative socioeconomic impact of the pandemic – which has been exacerbated by the war in Ukraine – continues to affect economic, social, and cultural rights across the island, particularly for people in already vulnerable situations.

Crossing points are now functioning normally following the lifting of pandemic-related restrictions on movement, enabling increased opportunities for direct engagement. The Office encourages stakeholders to renew efforts to build trust between communities.

I commend the efforts of those who have continued to work to advance human rights for all people living in Cyprus, despite the challenges. They include representatives of civil society, religious leaders and faith-based actors, and members of many bicommunal technical committees. Of particular note: with the support of my Office and the European Union, civil society members in the northern part of Cyprus engaged in human rights monitoring and reporting.

Equal and meaningful participation by women in the settlement process is essential. The agreement by the leaders of both communities on a joint Action Plan to this end is welcome, and sustained efforts are needed to ensure its implementation.

I am concerned by the lack of progress on educational reform, which many Cypriots say is indispensable for reconciliation. Stakeholders are encouraged to make this a priority, including by promoting peace and human rights education across the island.

I also urge all parties to enhance their dialogue and cooperation with a view to advancing equal enjoyment of all human rights by all people in Cyprus, and a just, lasting and peaceful solution regarding the island’s division.

Sr. Vicepresidente,
Excelencias,

Con esto concluye mi presentación de los informes de los países y las actualizaciones del punto 2. En cada caso, insto a todas las partes interesadas a que apliquen las recomendaciones específicas formuladas en los respectivos informes y, por supuesto, estamos dispuestos a ayudarles en tales esfuerzos.