Diálogo interactivo sobre Haití

Sr. Vicepresidente,
Excelencias,
Distinguidos colegas:

Me preocupa profundamente el deterioro continuo y generalizado de la situación de derechos humanos en Haití y sus repercusiones en la región. La magnitud de la violencia armada, que se ha agravado tras el asesinato del Presidente Moïse en julio de 2021, afecta ahora a todos los barrios de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, incluso a los que hasta hace poco se consideraban seguros, y se extiende a regiones aledañas.

Las bandas amenazan ahora la autoridad del Estado en una escala sin precedentes y disponen de armas de gran calibre y municiones que han entrado de contrabando en el país, lo que se traduce en ataques brutales contra la población civil, incluso en casos de asesinato, mutilación y secuestro. Estos hechos, que ocurren con total impunidad, destruyen toda perspectiva de estabilidad y socavan la urdimbre social de Haití. Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023, hemos registrado 5.599 casos de violencia atribuidos a las pandillas, entre los que figuran 3.156 asesinatos, 1.159 casos de heridas y lesiones y 1.284 secuestros, lo que representa un incremento considerable en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Muchas personas acusadas de delitos menores o sospechosos de estar vinculados a las pandillas suelen ser linchados o quemados vivos por miembros de la población o de las denominadas “brigadas de autodefensa”, que forman parte del movimiento de justicia popular Bwa Kalé. Este año, nuestra oficina en Haití ha registrado 420 linchamientos, la mayoría de ellos en la capital. Bwa Kalé es un símbolo de la incapacidad del Estado para responder a la violencia y su actuación contribuye a debilitar aún más el Estado de Derecho.

Además, las pandillas emplean cada vez con mayor frecuencia la violencia sexual y de género para atemorizar a la población. La violación colectiva de niñas y mujeres es endémica y las autoridades no han avanzado casi nada en el tratamiento del problema en lo que va de año.

Hasta ahora, las víctimas que han sobrevivido a la violencia sexual, en su mayoría niñas y mujeres, siguen sin recibir protección ni acceso adecuado a tratamiento médico, la atención psicosexual y el apoyo económico, mientras la impunidad sigue campando a sus anchas.

Estos ciclos de violencia nunca cesarán, a menos que se imponga la rendición de cuentas. En julio pasado, se conmemoraron dos años del asesinato del Presidente Moïse. Los investigadores que indagan sobre estos hechos, así como sobre otros casos, han realizado progresos muy limitados hasta ahora, lo que constituye un buen ejemplo de la inercia general que prevalece entre las autoridades competentes, en particular en el poder judicial, en lo tocante a la rendición de cuentas. Según los informes recibidos, un número importante de elementos de la policía nacional están vinculados a las pandillas, especialmente en la capital.

La corrupción generalizada, combinada con la escasa supervisión, ha penetrado en la mayoría de los organismos estatales, incluso en los encargados de la aplicación de la ley. Esta situación, combinada con un marco jurídico inadecuado, la insuficiencia de recursos y la escasez de competencias técnicas, conforman los obstáculos estructurales que impiden atajar eficazmente la impunidad en Haití.

Otro aspecto preocupante es el rápido deterioro de la situación humanitaria sobre el terreno, ya que la inseguridad generalizada impide el acceso a servicios básicos, entre otros la salud y la educación. Los altísimos niveles de violencia también han obligado a las familias a abandonar sus hogares, lo que ha multiplicado por diez el número de desplazados internos, hasta alcanzar la cifra de 200.000. El reciente cierre de la frontera con la República Dominicana ha tenido ya un efecto desastroso sobre los centros de salud de Haití. Varios hospitales han expresado inquietud a medida que se agotan los medicamentos esenciales y otros productos sanitarios, que antes se importaban de República Dominicana.

Aplaudo las medidas de excención humanitaria concedidas a los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas en Haití tras el cierre de la frontera. Sin embargo, estas medidas no son suficientes. Repito la petición del Alto Comisionado a la República Dominicana, en el sentido de que reconsidere su decisión y adopte todas las medidas necesarias para evitar el agravamiento de una crisis que ya resulta alarmante.

Señor Vicepresidente:

Las crecientes tasas de deserción siguen anulando los esfuerzos encaminados a ampliar las capacidades de la Policía Nacional de Haití. La necesidad de seguridad es imperiosa. La reciente adopción de la resolución 2699 (2023), en la que se autoriza a los Estados Miembros a desplegar una Fuerza Multinacional de Seguridad (MSS) en Haití para ayudar a restablecer la seguridad en el país, ofrece un rayo de esperanza en este paisaje desolador.

Aplaudo esta noticia tan positiva. Debemos asegurarnos de instalar todas las salvaguardas para el éxito de esta misión, incluida la de su estricto cumplimiento con las normas jurídicas y de derechos humanos, desde la planificación de las operaciones hasta el despliegue de dicha fuerza. Debemos garantizar la existencia de los mecanismos de supervisión necesarios para evitar que ocurran casos de abuso y explotación sexual y otras conductas delictivas, y responder a ellas si se producen. En este contexto, nuestra Oficina está lista para colaborar con la misión MSS en la elaboración de un marco de cumplimiento de los derechos humanos.

Señor Vicepresidente:

Aunque el restablecimiento de la seguridad es una prioridad, cualquier cambio duradero exige el tratamiento de las causas profundas de la crisis. El despliegue de la misión MSS debe ir acompañado de medidas que fomenten la recuperación rápida y sostenible de las instituciones estatales, así como la reforma profunda de la judicatura y el sistema penal, de conformidad con lo dispuesto en la normativa del derecho internacional de los derechos humanos.

El gobierno de Haití, con la colaboración de la comunidad internacional, debe invertir urgentemente en desarrollo socioeconómico, a fin de que el pueblo haitiano, en particular los más vulnerables que han padecido desproporcionadamente la violencia de las pandillas, pueda acceder a mejores condiciones de vida y se garantice así la estabilidad y la prosperidad duraderas del país.

La celebración de elecciones será un paso decisivo para restablecer la confianza en las instituciones del Estado. En Haití no existe hoy ninguna autoridad que haya sido elegida democráticamente. El Parlamento permanace inactivo desde enero de 2020, cuando llegaron a término los mandatos de todos los diputados de la cámara baja y de la mayoría de los senadores.

Señor Vicepresidente:

La comunidad internacional se ha movilizado finalmente para responder a la urgencia que la crisis exige. El indispensable que se ponga en marcha una dinámica de cambio. La primera piedra que se coloque contribuirá a levantar el edificio del futuro. No debemos repetir los errores del pasado. La respuesta deberá basarse en los derechos humanos. No perdamos de vista nuestro objetivo: apoyar a una población que ha sufrido demasiado.

Por eso mismo, ruego encarecidamente al gobierno que demuestre que está al servicio del pueblo, desplegando todos sus esfuerzos para solucionar resueltamente los problemas a los que se enfrenta, como garantizan los instrumentos internacionales ratificados por el Estado haitiano.

Muchas gracias.