Estoy agradecido por esta oportunidad que me han brindado para dirigirme a tantas personas que han dedicado sus carreras profesionales a defender distintos aspectos de los derechos humanos.  Espero con interés poder debatir con ustedes un tema cuya urgencia no puede ignorarse: cómo podemos nosotros y nosotras, de manera conjunta, contrarrestar el conflicto político y la polarización que padecemos en la actualidad.

Este mes, decenas de miles de personas podrían morir en guerras que asolan Oriente Medio; el Sahel, África oriental y central; Ucrania; Myanmar; y otros lugares.  Muchas más personas resultarán heridas, quizás de manera permanente, y otras muchas más se verán obligadas a huir de sus hogares.

Las comunidades, las economías y las naciones están quedando hechas añicos por los combates.  Las necesidades de ayuda humanitaria se han disparado, a la vez que la financiación para poder satisfacer estas necesidades no puede seguir su ritmo.  Desde que se creara el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de las Naciones Unidas en 2006, las necesidades de financiación se han multiplicado por diez desde los 5,2 mil millones de dólares americanos en 2006, para poder ayudar a 32 millones de personas, hasta los casi 57 mil millones de dólares americanos en 2023, para poder asistir a 245 millones de personas necesitadas.

Incluso más allá de las zonas de guerras, las tensiones están al alza.

La guerra en Gaza está teniendo repercusiones sísmicas en todo Oriente Medio y existe un peligro real de contagio a toda la zona.

Desde los Balcanes Occidentales hasta el Cuerno de África, la amenaza de que estos conflictos en fase de gestación puedan desembocar en violencia es muy real.

Millones de personas podrían verse arrastradas por estas oleadas de violencia y sufrimiento.  Y además, estas también están erosionando la capacidad general del mundo para trabajar juntos y de ese modo hacer frente a otros desafíos existenciales, como el de nuestro desastre climático.

Necesitamos de un compromiso renovado para trabajar juntos, para volver a rescatar al planeta de los peligros que acechan, para diseñar nuevas rutas que nos guíen a encontrar soluciones.  Y para hacer todo esto con pies de plomo, hemos de analizar y aprender de lo que ha funcionado en el pasado.

Esta conferencia se desarrolla en Belfast, una ciudad que hace treinta años estaba plagada de barreras de seguridad de acero las cuales retumbaban con ataques de cócteles molotov y tiroteos diarios.  Hoy en día, edificios de cristal relucen a ambos lados de carreteras suntuosas: las ventajas que trajo consigo el Acuerdo de Viernes Santo en Irlanda del Norte, firmado hace casi 26 años, son evidentes en todas las esferas de la vida.

El Acuerdo de Viernes Santo fue descrito en su momento como un milagro político, pero se trató también de un milagro de la sociedad civil, el cual aglutinó a representantes de comunidades que al principio se negaban incluso a estar presentes en la misma habitación; incluyó a mujeres de forma prominente, quienes a menudo son excluidas de las mesas de negociación; y se establecieron objetivos comunes superando un odio que parecía irresoluble. Sorprendentemente, se afianzaron principios de derechos humanos a su estructura, lo que incluyó el requisito de que el Convenio Europeo de Derechos Humanos se integrara de manera directa en la legislación de Irlanda del Norte.

El Acuerdo también presta especial atención al hecho de compartir el poder; al desarme de los grupos paramilitares; a la reforma de la policía; a poner fin a la discriminación, incluyendo en el empleo, con una legislación rigurosa la cual ha tenido efectos cuantificables para el bienestar de los católicos y católicas; así como a reconocer el legado del pasado.   Además, también definió garantías procesales para propiciar derechos sociales y económicos.

El Acuerdo de Viernes Santo no es un cuento de hadas: las comunidades permanecen en su mayor parte separadas en las escuelas y en las viviendas sociales, y algunos barrios siguen estando divididos por lo que se conoce como “muros de la paz”.  Todavía se necesita una labor más ardua para garantizar un enfoque generalizado y centrado en los derechos humanos para hacer realidad la justicia de transición en el Reino Unido.  No obstante, Irlanda del Norte nos regala muchas lecciones importantes a las que quiero volver en unos momentos.

Permítanme que me vaya ahora a un punto algo más lejano, a Nepal, donde el Acuerdo de Paz alcanzado hace 18 años también nos deja lecciones sobre cómo acabar con una guerra prolongada y encarnizada.  Una vez más, la sociedad civil desempeñó una función crucial, incluyendo a las mujeres, los Pueblos Indígenas, las comunidades étnicas y las basadas en las castas, así como los líderes de sindicatos.

Mi Oficina contribuyó a asegurar que los derechos humanos se situaban en el centro del proceso de transición hacia una gobernanza democrática, constitucional y federal. Nosotros prestamos nuestro apoyo a víctimas del conflicto, ayudándoles a reclamar sus derechos.  Nuestra labor de vigilancia destacó el impacto de la discriminación; las distintas formas en que la impunidad estaba alimentando la desconfianza hacia todas las estructuras del gobierno; y otras esferas donde las reclamaciones al alza, entre ellas los agravios de tipo económico, estaban incrementando el riesgo de que pudiera volver a estallar el conflicto.  Estos factores contribuyeron a una labor más intensa de promoción en favor de reformas correctoras por parte de las Naciones Unidas y la comunidad de donantes, así como para servir como base para nuestros esfuerzos para combatir la impunidad, y para el apoyo que brindamos a la Comisión de Nacional de Derechos Humanos y para la creación de mecanismos de justicia de transición.

Una vez más, no estamos hablando de un cuento de hadas ideal, y la historia aún no ha acabado: siguen existiendo distintos retos en Nepal, en especial en lo que se refiere a las cuestiones de la discriminación por razones de casta, los derechos de las minorías y la necesidad de revitalizar el programa de justicia de transición, el cual se había quedado estancado.   Se trata de una tarea que aún sigue en marcha, por lo que nosotros seguimos colaborando con los partidos políticos y los líderes gubernamentales para la creación de la próxima ley de justicia de transición.

Permítanme que les ofrezca otro ejemplo:  Colombia, donde el destacado Acuerdo de Paz de 2016 ha ayudado a poner fin a un conflicto armado que se había extendido durante generaciones.   Mi Oficina contribuyó de manera muy significativa a la participación considerable de las víctimas, incluyendo las mujeres, para que de ese modo el acuerdo tuviera su base en los derechos humanos, y reconoce la necesidad de atender la discriminación y violencia enraizadas que sufren especialmente los Pueblos Indígenas y afrodescendientes.

El Acuerdo de Paz de Colombia encomendó a mi Oficina la tarea de supervisar la implementación de todos los aspectos de derechos humanos concernientes.  Este factor tiene una importancia vital, ya que las alertas tempranas sobre posible agravios suponen una herramienta clave para construir las reformas que pueden sustentar la paz.  Nosotros hemos sido asimismo una pieza esencial en la creación de, y el apoyo dado a, órganos de justicia de transición, los cuales contribuyen a  exigir rendición de cuentas por delitos cometidos durante el conflicto armado, incluyendo la violencia sexual. Nosotros estamos trabajando para aprobar la reforma del sector de la seguridad; nuevas políticas en materia de narcotráfico y para el desmantelamiento de estructuras criminales que son un legado de los grupos paramilitares; además de haber participado en las reformas del cuerpo de policía, y para resolver desigualdades históricas en el acceso a las tierras.

En el contexto del debate de hoy sobre cómo los donantes pueden contribuir a la consolidación de la paz, quiero señalar que durante 7 años, hasta que se consiguió una resolución del Consejo de Derechos Humanos en julio pasado, todo este conjunto inmenso de tareas relacionadas con la consolidación de la paz realizado por mi Oficina en Colombia no recibió financiación adicional alguna procedente del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, y que la crisis actual de liquidez de las Naciones Unidas incide en nuestra capacidad para contratar personal y así poder aplicar esta resolución.    Por esto, el apoyo y la financiación extra-presupuestaria (la financiación voluntaria) procedentes de nuestros donantes han sido una ayuda fundamental para llevar a cabo este trabajo, así como para la realización de nuestras operaciones, y es por ello que estoy sumamente agradecido por el apoyo brindado.

Quiero ser claro al respecto:  Irlanda del Norte, Nepal y Colombia suponen tres ejemplos de éxito rotundo en la consolidación de la paz, pero a la vez también han existido otros intentos con menos éxito: y algunos de ellos han significado fracasos evidentes. Este debate transcurre teniendo como telón de fondo la terrible guerra que se desarrolla en Gaza – una nueva expresión máxima de violencia que ha estallado a pesar de los repetidos intentos de consolidar la paz en el Territorio Palestino Ocupado y en Israel.    En Sudán, otra guerra catastrófica está causando estragos a pesar de los intentos coordinados por asentar la paz y permitir reformas, tras la revolución de 2019.

El conseguir y mantener la paz requiere de un trabajo específico a muchos niveles distintos, incluyendo el ampliar el espacio cívico y asegurar procesos de justicia de transición que sean firmes y efectivos.  Hoy, en Etiopía, así como en muchas otras regiones, incluyendo en los Balcanes Occidentales, se necesitan aún esfuerzos descomunales para consolidar la paz y prevenir nuevas espirales de violencia.  La labor para combatir la discriminación y el discurso de odio; defender la justicia de transición; además de promocionar todo el espectro de derechos humanos, son elementos que requieren todos de un apoyo económico consistente.  Se necesita también aprender de las lecciones que nos han dejado iniciativas pasadas de éxito destinadas a prevenir la violencia y consolidar la paz.

¿Cuáles son estas lecciones?

En primer lugar: la consolidación de la paz no es un esfuerzo que pertenezca a los líderes de los partidos y a los militares.  Son las personas quienes resultan más afectadas por la guerra; son las personas las más interesadas en acabar con las guerras; y son las personas, las mujeres y hombres corrientes a quienes denominamos la ´sociedad civil´, quienes deben ser empoderadas para que tengan una opinión decisiva en las negociaciones que se establezcan para lograr la paz.   

En segundo lugar, los derechos humanos deben ser una pieza central en todos los impulsos dirigidos a construir la paz.    Todos ellos son la inversión en prevención más poderosa que se puede llevar a cabo.  Y dentro de todo el espectro de los derechos, es fundamental poner de relieve los derechos de las mujeres. Los estudios llevados a cabo por el Instituto de Georgetown para las Mujeres, la Paz y la Seguridad indican que en 2022, cerca de 600 millones de mujeres, el 15 por ciento de las mujeres de todo el mundo, vivían dentro de un radio de 50 kilómetros de un conflicto armado, una cifra más del doble que el nivel alcanzado en la década de 1990.  La experiencia de las Naciones Unidas a lo largo de décadas ha demostrado de forma clara que cuando las mujeres son capaces de desempeñar una función clave a la hora de construir y consolidar la paz, esa paz tiene muchas más posibilidades de perdurar.  Todos ustedes están ya familiarizados con la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, la cual demanda la plena participación de las mujeres en los procesos de paz.  No obstante, aunque en 2022 algunas mujeres formaron parte de 4 de cada 5 procesos de paz en los que participó las Naciones Unidas, sus números reales siguen siendo bajos, apenas un 16 por ciento de los participantes, y además estos porcentajes han venido decreciendo.   Es vital que demos la vuelta a esta tendencia.  Sabemos ya que la exclusión de mujeres de los procesos de paz distorsiona gravemente toda la narrativa del conflicto, así como la relevancia y justicia de cualquier resultado negociado que se obtenga posteriormente.  Esta exclusión socava la sostenibilidad de la paz, y un ejemplo obvio de esto es, en mi opinión, Sudán del Sur.

En tercer lugar, la rendición de cuentas es otro factor clave. Esta es una de las lecciones que a mi parecer debemos extraer del fracaso que han entrañado algunos esfuerzos para mantener la paz tanto en Sudán como en Myanmar, por ejemplo. Los autores de violaciones deben entender que se hará justicia en el futuro, y esa justicia debe ser lo suficientemente contundente para que sirva para disuadir futuras violaciones.  Las víctimas deben saber que el sufrimiento que han tenido que padecer se verá reconocido, que se hará justicia, y que la violencia no se repetirá.  A este respecto, aplicar una visión amplia sobre la rendición de cuentas puede conllevar enormes beneficios, y que se extienda más allá de los procesamientos judiciales para responder a las demandas de las víctimas, y que incluya la prevención, reparaciones y garantías de no repetición.

En cuarto lugar, debe existir también claridad y honestidad acerca de las causas originarias de los conflictos, y que incluya las dimensiones de la edad, el género y la diversidad étnica, racial y cultural.    A menudo, los conflictos surgen en un contexto de opresión, de dinámicas tóxicas de poder, de patriarcado y de discriminación.  Siempre es imperativo hacer frente a la discriminación y las desigualdades que esta genera, y que incluye un acceso desigual a la justicia así como a servicios y oportunidades esenciales.  Esto se muestra de manera evidente, por ejemplo, en las crisis que suceden de manera repetida en el Territorio Palestino Ocupado.  Otros factores que conducen al conflicto incluyen la corrupción y otras formas de gobernanza deficitaria y administración fraudulenta.

En quinto lugar, el construir y sostener las reformas que conforman el eje central de una paz duradera supone un esfuerzo a largo plazo que exige una supervisión continua, y una defensa y apoyo constantes, y que integre además apoyo económico. Tal como mi Oficina ha observado en Colombia, este proceso implica detectar, y atender, lo que a simple vista pudieran parecer demandas remotas y limitadas.  Hacer partícipe a la sociedad civil es fundamental, para que forme parte de la labor de supervisión, y como parte de la labor para encontrar soluciones, ya se ponga el foco de atención en reformas rurales, en iniciativas para un desarrollo más inclusivo o para hacer frente a la discriminación.    

Esto me lleva al segundo tema de nuestro debate de hoy: la polarización. Casi siempre, el estallido de violencia viene precedido de agravios arraigados, de miedo, rabia, y de un odio que se ha ido cociendo lenta pero inexorablemente, de expresiones de desprecio verbal y de deshumanización, y posteriormente ataques físicos, los cuales se generalizan y pasan a casi normalizarse, lo que conduce a que esta situación vaya en crescendo.  El escritor libio Hisham Matar escribió recientemente que «lo contrario de la guerra es la cooperación», y yo considero que este es un concepto realmente importante.   Para construir resiliencia y paz en una sociedad hecha añicos, hemos de trabajar para construir o afianzar las conexiones sociales, la empatía, y un sentimiento de entendimiento común, una interconexión compartida y un destino compartido.

¿Cómo podemos llevar a cabo esto? La participación de toda la comunidad es crucial. Debemos desplazar a un lado las barreras.  La educación, la educación en derechos humanos,  la cual hace hincapié en nuestra plena igualdad de derechos universales, puede hacerse visible en los colegios y en campañas en los medios públicos, pero se puede llevar a cabo también de manera más sutil, difundiéndose a través de  equipos deportivos que sean inclusivos, de formación en capacidades a nivel local, de programas de la sociedad civil dirigidos por mujeres, de líderes religiosos y comunitarios y quizás de manera más especial, con especial énfasis en la participación inclusiva de los y las jóvenes. En Irlanda del Norte, parece evidente que una juventud que ha recibido una educación y han conseguido éxitos y grandes resultados, quienes se han beneficiado enormemente de 26 años de paz y quienes han crecido en medio de esfuerzos para mantener unidas a las comunidades, constituyen un colectivo poderoso para la prevención ante nuevos conflictos.  Y de manera crucial, es necesario que existan medidas decisivas contra el discurso de odio y los delitos de odio, así como contra la desinformación dañina y la tendencia al alza de la negación del genocidio.   

¿Qué pueden hacer los donantes para respaldar una consolidación de la paz sostenible, y para transformar el rumbo de las sociedades desde la polarización a la cooperación? Ustedes pueden hacer mucho, y han hecho bastante.  La comunidad de donantes supone un motor para lograr avances admirables a la hora de ampliar y fomentar el espacio cívico, para que de esa forma otros actores no tradicionales y de orígenes diversos puedan aportar su conocimiento y su experiencia comunitaria al colectivo de personas que apoyan la paz.  Esto suele suceder a nivel de activismo de base, dentro y entre las comunidades, y es un campo donde los donantes pueden contribuir a fomentar la aparición de grupos de la sociedad civil para así lograr un impacto positivo.

Por ejemplo, los grupos de mujeres han desempeñado con frecuencia un papel relevante a la hora de construir puentes y superar divisiones.  Cuando yo estaba en ACNUR vi este hecho en incontables ocasiones entre los grupos de mujeres de comunidades desplazadas: el impacto positivo que lograban era a menudo admirable. Y de forma especial en los países del Sahel, donde la juventud supone un componente notable de la población, el mantenimiento de la paz requiere de la participación de los y las jóvenes. Los empleos en proyectos de desarrollo sostenible que combatan la degradación medioambiental y la exclusión traerán consigo también dividendos de paz.

Los donantes pueden financiar también programas innovadores, proyectos de menor tamaño que prueben nuevos planteamientos, por ejemplo desarrollando nuevas herramientas de predicción basada en datos que indiquen donde podrían aparecer posibles conflictos. Este es uno de los campos donde está participando mi Oficina en la actualidad, para su aplicación también en todo el sistema más amplio de las Naciones Unidas.  De igual forma, es crucial en cualquier proceso de consolidación de la paz que exista una supervisión y presentación de informes con financiación suficiente y que permanezca atenta a las condiciones sobre el terreno, para poner el foco en aquellas situaciones emergentes que requieren de respuestas inmediatas.

Idealmente, estos recursos han de ser flexibles, para permitir una reacción rápida cuando se detecte una señal de crisis potencial. Han de ser también predecibles, y que puedan mantenerse a largo plazo. La inversión en prevención ha de ser vista como un empeño permanente, una inversión a largo plazo que será siempre más económica que el tener que gestionar una crisis o conflicto.

A pesar de toda la fatalidad y pesimismo, hay motivos para la esperanza. En diciembre pasado, nuestra Oficina dirigió una reunión mundial sobre los derechos humanos con el fin de conmemorar el 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se presentaron casi 800 compromisos procedentes de los Estados, la sociedad civil, organizaciones regionales, empresas y otros, lo que en mi opinión refleja la urgencia de la necesidad de tomar medidas en derechos humanos en todo el mundo.     Muestra las enormes ganas que existen de asegurar que se aplica nuestro marco de leyes y principios.

Contamos con un poder inmenso para enmendar los defectos de nuestro planeta.

Les agradezco desde el fondo de mi corazón por la labor que ustedes hacen en la promoción de los derechos humanos y por el apoyo que brindan a mi oficina.