En la República Democrática del Congo la inseguridad es alarmante, señala Türk / ACNUDH

Excelencias,
Distinguidos delegados:

Decenios de sufrimiento han dejado profundas cicatrices físicas y mentales en la población de la República Democrática del Congo (RDC).

Hoy en día, a medida que la inseguridad alcanza algunos de los niveles más alarmantes de los últimos años, me temo que el disfrute de los derechos humanos en ese país se ha frenado abruptamente.

Desde que en octubre pasado presentamos al Consejo nuestro último informe de actualización, el conflicto armado generalizado ha seguido cobrándose un alto precio en términos de vidas humanas. La ausencia de autoridad estatal en vastas zonas del territorio ha abierto la vía a brutales niveles de ataques y violencia.

Esta inseguridad se alimenta de una insuperable montaña de retos: desde la corrupción en gran escala hasta la carrera desbocada entre múltiples interesados para controlar y explotar los recursos naturales del país, o las violentas disputas sobre la posesión de la tierra.

Asimismo, estoy muy preocupado por la posibilidad de que el conflicto y la violencia existentes en la RDC se desborde sobre el resto de la región, y por la participación activa de otros agentes regionales en el este de la RDC.

Esta situación tiene un costo catatrófico para la población.

Del 1 de octubre de 2023 al 15 de marzo de 2024, la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas documentó 2.110 violaciones y abusos de derechos humanos a lo largo y ancho de la RDC. El 59 por ciento de estas vulneraciones fueron perpetradas por grupos armados y entre ellas figuran ejecuciones sumarias y actos de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto.

Casi la mitad de estas violaciones y abusos se perpetraron en la provincia de Kivu septentrional, donde la violencia y las tensiones han alcanzado un punto de ebullición.

El conflicto armado entre el grupo M23 y el ejército congolés (FARDC) se ha intensificado y se ha extendido más allá de Rutshuru, hacia el territorio de Masisi.

Cientos de miles de personas han huido de la capital provincial de Goma y de zonas situadas más al norte, en la provincia de Kivu meridional. Según fuentes humanitarias, más de 2,5 millones de personas fueron desplazadas por el conflicto en Kivu septentrional entre febrero de 2022 y enero de 2024.

Y, una vez más, las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables a la violencia sexual y otras formas de abuso y explotación sexual, sobre todo en los campamentos para personas desplazadas y sus alrededores.

La Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha documentado los casos de 156 personas que fueron ejecutadas sumariamente por el M23. También concluyó que esta organización era responsable de haber abusado sexualmente de 30 mujeres y 12 menores, y de haber secuestrado a 127 civiles, algunos de los cuales fueron reclutados de manera forzosa. Estas cifras apenas reflejan la escala general de las vulneraciones.

Muchas de estas graves violaciones de derechos humanos podrían considerarse crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad y los presuntos responsables y sus cómplices tendrían que responder ante los tribunales.

En el mismo periodo, la Oficina comprobó que el ejército congolés o sus asociados fueron responsables de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, entre otros, por perpetrar ejecuciones extrajudiciales, arrestos arbitrarios y detenciones, así como por destruir propiedades privadas. En varias ocasiones, sus tropas atacaron posiciones de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (MONUSCO).

A medida que la MONUSCO inicia su retirada del país este año, de conformidad con el acuerdo suscrito entre el gobierno congolés y las Naciones Unidas, insto a las autoridades a que cumplan con su obligación de proteger a los civiles. Si las autoridades nacionales no actúan con rapidez y envían tropas a las zonas donde la población dependía de la MONUSCO, los grupos armados podrían llenar el vacío de seguridad creado, lo que tendría terribles consecuencias para la población civil.

Excelencias:

La tragedia humana que se desarrolla en la RDC nó podrá solucionarse únicamente por medios militares.

Ha llegado el momento de invertir en el diálogo, en la restauración y reconstrucción del estado de derecho. Ha llegado el momento de invertir en la paz.

Los procesos de paz de Nairobi y Luanda tienen el potencial de silenciar las armas, garantizar la protección de los civiles y asegurar el desarrollo sostenible. Es esencial que ambos procesos estén fundamentados en los derechos humanos, a fin de combatir la impunidad y velar por los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición.

Asimismo, insto a que el despliegue actual de fuerzas bilaterales y regionales se realice en estricto cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Nuestra Oficina está preparada para colaborar en esta tarea.

Aplaudo el progreso que la RDC ha alcanzado en la lucha contra la impunidad. El hecho de que el año pasado 599 personas fueran presentadas ante tribunales militares para que rindieran cuentas de vulneraciones y abusos de derechos humanos es una medida alentadora. Exhorto firmemente a que estos esfuerzos tengan continuidad.

No obstante, me preocupa que el gobierno haya levantado la moratoria sobre la pena de muerte e insto a las autoridades a que reexaminen su posición y aprovechen las promesas formuladas el año pasado durante el evento de alto nivel Derechos Humanos 75.

Es preciso redoblar los esfuerzos encaminados a utilizar los mecanismos de justicia de transición para ayudar al país a superar los delitos y las vulneraciones del pasado. Se necesita una estrategia clara para garantizar que las iniciativas existentes reciben los recursos necesarios y que se aplican mecanismos de justicia de transición centrados en las víctimas. Agradezco al Equipo Internacional de Expertos sobre la RDC el incansable apoyo que ha prestado al gobierno en estos asuntos.

Este año, la RDC se someterá por cuarta vez al Examen Periódico Universal, lo que será una excelente oportunidad para que el país analice sus progresos en materia de derechos humanos y refuerce sus compromisos con el sistema de las Naciones Unidas y la comunidad internacional en su conjunto.

Excelencias:

La curación de las profundas heridas pasadas y presentes de la RDC exigirá la voluntad política permanente de todos los interesados, desde la población congolesa hasta la comunidad internacional. Esa tarea requerirá medidas específicas del gobierno congolés que permitan traducir en actos las promesas relativas a los derechos humanos. Agradezco a las autoridades nacionales la colaboración que mantienen con mi Oficina y exhorto a los miembros de este Consejo a que aumenten de manera significativa su financiación y su compromiso, de modo que esta tarea de curación pueda arraigar firmemente en los derechos humanos, la justicia y la dignidad humana.

Muchas gracias.