Buenas tardes y gracias por acudir a este acto.

Esta ha sido mi primera visita a la República Democrática del Congo en calidad de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aunque ya había estado aquí varias veces en ocasiones anteriores. Agradezco al señor Presidente la invitación y quiero expresar mi gratitud por la excelente cooperación que nos brindan el gobierno y todos nuestros asociados.

Las dimensiones de esta nación -que es del tamaño de Europa Occidental- resulta impresionante. La RDC tiene una gran riqueza en la resiliencia y la solidez de su población. Y cuenta, además, con abundantes recursos naturales.

Este país podría ser uno de los más ricos del mundo.

Y, sin embargo, hoy es uno de los más pobres.

Las dificultades que la RDC afronta en materia de derechos humanos son múltiples y complejas. Permítanme centrar la atención en la situación de las provincias orientales, donde vive una población extenuada, devastada y profundamente traumatizada por decenios de guerras y conflictos.

En Kivu septentrional, el grupo armado M23 sigue sembrando el terror, matando y secuestrando a civiles de la localidad y, además, atacando a menudo a defensores de derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios. Estas bandas practican el reclutamiento forzoso de menores de edad. Desde octubre pasado, medio millón de personas han sido desplazadas de zonas controladas por el M23, con lo que el número total de desplazados en Kivu septentrional asciende ya a casi 2,7 millones.

En Ituri, además de los choques entre comunidades afiliadas al CODECO y los grupos armados de Zaire, las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) han aumentado los ataques contra la población civil, lo que ha generado varios abusos graves de derechos humanos y diversas violaciones del derecho internacional humanitario. Hasta la fecha, hay alrededor de 1,8 millones de personas desplazadas en esta provincia.

Las fuerzas nacionales de seguridad y las milicias afines, como la Wazalendo, también están perpetrando vulneraciones de derechos humanos que deben evitarse.

Durante mi estancia, visité campamentos para desplazados internos en Bunia, en la provincia de Ituri, y en Goma, en Kivu septentrional. Aunque los conflictos que tienen lugar en estas dos provincias son distintos, el resultado es trágicamente similar. En ambas la gente narró cómo habían huido de los combates y afirmaron que ahora están desesperados por recibir ayuda y apoyo. También expresaron su profundo deseo de regresar a sus hogares. Como me dijo un activista de derechos humanos: “La guerra nos lo ha robado todo, hasta nuestro porvenir”.

Ha habido un notable aumento en el número de víctimas de violencia sexual en las zonas donde se desarrollan los combates y también en los campamentos. En el campo de desplazados de Bulengo, en Goma, las personas con las que hablé cuentan cómo las mujeres fueron atacadas cuando iban a recoger leña para cocinar y cómo algunas mujeres y jóvenes se vieron obligadas a vender sus cuerpos para sobrevivir.

Es indispensable que el Estado logre desempeñar cabalmente sus funciones en el oriente del país, a fin de proporcionar seguridad, pero también para aportar servicios esenciales, como la educación y la sanidad. El Estado también debe facilitar remedios eficaces, entre otros el acceso a la justicia a través de un sistema judicial equitativo y eficiente.

Los países que apoyan a los grupos armados o ejercen influencia sobre ellos deben asumir su responsabilidad de garantizar que cesen los combates. En Kivu septentrional, debe cesar cualquier apoyo que brinden las fuerzas rwandesas al grupo M23 y es preciso que se encuentre cuanto antes una solución. El mismo principio debe aplicarse en lo relativo a cualquier país que apoye a un grupo armado que opere en la RDC.

Todos los congoleses tienen derecho a la paz. Sin paz, no habrá desarrollo ni progreso.

Una de las causas profundas de muchos de estos conflictos es la explotación de los recursos naturales del país que, en vez de beneficiar a la población, la empobrece. Tanto el gobierno como las potencias regionales e internacionales tienen obligaciones al respecto. También las empresas privadas tienen importantes responsabilidades, entre otras las compañías que extraen recursos como el coltán, que resultan tan valiosos para el mundo entero.

Todos usamos teléfonos móviles, y eso es posible, en gran medida, gracias a los recursos extraídos de la RDC. El mundo no puede seguir consumiendo a expensas del pueblo congolés. Cada quien debería preguntarse cuál es su grado de responsabilidad en esta situación.

La preocupación inmediata, en cuanto a la población perjudicada, es la seguridad. Las autoridades congolesas y la comunidad internacional deben seguir colaborando para evitar que se produzca una vacante de autoridad que acreciente el peligro que ya corren los civiles.

Me preocupa mucho lo que podría pasar a los civiles en caso de producirse una retirada acelerada de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (MONUSCO). Las fuerzas nacionales, regionales e internacionales desempeñan aquí una función esencial. En las reuniones que celebré durante mi visita, insté a la misión de la Comunidad de Desarrollo de África Meridional en la RDC (SAMIDRC), a que establezca y ponga en marcha un sólido marco para el cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, a fin de evitar bajas entre la población civil y mantener el apoyo y la confianza de la población. 

La impunidad y la ausencia de rendición de cuentas también figuran entre las causas profundas de este interminable ciclo de violencia. Valoro positivamente las medidas que las autoridades han adoptado recientemente para llevar ante los tribunales a los responsables de vulneraciones y abusos de derechos humanos, pero es necesario hacer mucho más.

Es preciso abordar de manera eficaz la corrupción que socava las instituciones del Estado. Hay que fortalecer la administración de justicia. Y es indispensable que las medidas iniciales orientadas a implantar la justicia de transición para abordar los crímenes del pasado, hacer justicia a las víctimas y fomentar la paz y el desarrollo sostenible en el país se traduzcan en acciones concretas y coherentes. Para lograrlo, es necesario situar a las víctimas y las comunidades afectadas en el centro del proceso.

Me preocupa la reciente decisión del gobierno de suspender la moratoria de la pena capital. La postura de las Naciones Unidas es nítida en este asunto. La pena de muerte debe ser abolida en el mundo entero.

El dinamismo de la sociedad civil congolesa me suscita esperanza. En el curso de esta misión, me reuní con defensores de derechos humanos en el este del país y aquí, en Kinshasa. Quedé impresionado por su sutileza, su coraje y su compromiso con los derechos humanos. Es preciso que la seguridad de estos activistas sea protegida de manera permanente y que su trabajo reciba el apoyo de todos nosotros. La preservación y protección de un espacio cívico abierto, sólido y libre es fundamental en esta tarea. La libertad de expresión debe protegerse. La función vital que desempeñan los defensores de derechos humanos, periodistas y partidos políticos merece respeto.

Exhorto al gobierno a que redoble los esfuerzos encaminados a garantizar la ausencia total de tolerancia en lo relativo al discurso de odio y la incitación a la violencia.

Por último, es preciso concertar esfuerzos para consolidar la cohesión social en la RDC. Un vínculo social reforzado entre el pueblo y el gobierno es un elemento fundamental para el avance del país, lo que beneficiaría a todos.

Mi Oficina ha estado presente en la RDC desde 1996, trabajando con y para el pueblo congolés con el fin de promover y proteger los derechos humanos. Les puedo asegurar que mantendremos nuestro compromiso de proseguir esta labor, con el apoyo de nuestros socios nacionales e internacionales.

Muchas gracias.