Según informes recientes, en Madagascar varios miembros de la oposición y candidatos independientes que pusieron en tela de juicio la gestión de las recientes elecciones legislativas han sido objeto de presuntas represalias por parte de las autoridades, así como de otras formas de amenaza e intimidación.

Determinados miembros y líderes de la oposición han recibido amenazas y llamadas intimidatorias, tanto antes como después de los comicios. Dos candidatos independientes, que denunciaron irregularidades en la votación, fueron acusados pirómanos y de perpetrar “ataques contra la seguridad del Estado”. Antes de ser formalmente imputados, los reos permanecieron 17 días en arresto domiciliario. Las autoridades deberían respetar sus derechos al debido proceso.

Mientras el Alto Tribunal Constitucional sigue examinando las denuncias relativas a las elecciones del 29 de mayo, instamos a que se respete la independencia de la judicatura. También exhortamos a las autoridades a que garanticen el respeto de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacíficas. Los arrestos y las sanciones motivadas por el legítimo ejercicio de esos derechos son medidas arbitrarias. Estos castigos generan un contexto de miedo y disuaden a la ciudadanía del libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos.