Observaciones Preliminares sobre la Visita Oficial a Honduras por el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, del 23 al 27 de Mayo de 2016

Tegucigalpa, 27 de Mayo de 2016

1. Introducción

1.1 Resumen de la Visita

Del 23 al 27 de mayo de 2016, llevé a cabo una visita oficial a Honduras. Quiero agradecer al Gobierno por extenderme la invitación de visitar el país, así como por la amplia cooperación durante la preparación y realización de esta visita. Agradezco la apertura y disposición por participar encontrada en mis reuniones. También me gustaría agradecer a la Oficina de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), por el valioso apoyo recibido en la preparación y realización de mi visita.

El objetivo de la visita fue la de examinar en Honduras el nivel de protección del derecho a la vida, particularmente el marco jurídico y las medidas para prevenir los ataques contra la vida y la integridad física de las personas, así como para asegurar la justicia y la rendición de cuentas hacia dichas violaciones.

Durante mi visita estuve en Tegucigalpa y San Pedro Sula. La visita proporciono una oportunidad de participar en los niveles municipal y nacional con las autoridades competentes de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales; así como instituciones nacionales y locales de derechos humanos, la academia y organizaciones de la sociedad civil. También consulté con los miembros del equipo de país de las Naciones Unidas.

Durante mi visita, me reuní con numerosos funcionarios de los gobiernos municipales y nacionales. A nivel nacional, me reuní con las autoridades de la Oficina de la Presidencia de la República, de la Secretaria de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Derechos Humanos, Justicia, Gobierno y Descentralización; la Secretaria de Seguridad; Secretaria de Defensa; la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República; la Oficina del Fiscal General; el Congreso Nacional, incluyendo a los Comités de Justicia y Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana; la Policía Nacional; las Fuerzas Armadas; la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y CONAPREV. También visité la Penitenciaria Nacional y el Centro de Detención en el Segundo Batallón Táctico de Infantería, ambos en Tamara. En San Pedro Sula, también sostuve reuniones con la Gobernadora por el Departamento de Cortés y la Vice Alcaldesa de San Pedro Sula.

En el año 2017, se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe detallado sobre mis conclusiones y recomendaciones. Las observaciones y recomendaciones hoy aquí presentadas son preliminares y están abiertas a recibir más información, la que será desarrollada en el informe futuro.

1.2 Impresiones Generales

Hace unos años Honduras tuvo la mayor tasa de homicidios en el mundo. Desde entonces se han tomado una serie de importantes medidas para reducir los niveles de violencia, que siguen siendo alarmantes, pero han comenzado a moverse en la dirección correcta. Ahora nos depara la parte más difícil pero importante, consolidar los triunfos y reducir la violencia aún más.

Me he reunido con muchos funcionarios de gobierno y otros que abordan los problemas directamente en el núcleo, y que están comprometidos a cambiar la situación. Asimismo, muchas partes de la sociedad civil están activas y comprometidas.

El problema tiene dos dimensiones paralelas: en primer lugar el elevado número de personas que son asesinadas y luego el bajo número de presuntos autores que son responsabilizados. Los patrones regionales de narcotráfico, así como la pobreza absoluta y la desigualdad, hacen que el ciclo de violencia sea difícil de romper, pero los avances que se han hecho muestran que esto no es insuperable. La impunidad es el distintivo y en gran parte la causa de la continua violencia. La impunidad es el resultado de una arraigada corrupción, extorsión y debilidad de las instituciones, y mucho se puede hacer sobre esto.

Se han dado pasos positivos. Las agencias de aplicación de la ley, han incrementado su capacidad y los líderes de las maras han sido encarcelados o extraditados fuera del país. Actualmente la policía está siendo sometida  a un proceso de reestructuración de largo alcance, así como a un proceso de fortalecimiento, que es muy necesario para revertir la actual militarización de la policía.  Se ha aprobado una ley para proteger de mejor forma a los defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas y se está considerando cambiar la ley para asegurar un mejor control de las armas de fuego. Un miembro de la familia de una de las víctimas que fue entrevistado dijo: "hemos perdido nuestra cultura de vida". Más allá de esto, también he conocido a personas que están restaurando la normalidad de la vida a través de conciertos al aire libre, el deporte y oportunidades para los jóvenes. Estas son importantes iniciativas y se necesitan más iniciativas como estas. Todavía depara la parte más difícil y crucial de un camino que lleve de vuelta a una cultura que aprecia la vida. 

Se requiere de algunos cambios legales adicionales. El desafío es la constante aplicación de las leyes vigentes. Sin temor, ni favor y como una cuestión de urgencia.

La sociedad civil se ha involucrado con la búsqueda de mejorar la situación, como se ve por ejemplo en las recientes y gigantescas manifestaciones contra la corrupción. Durante el manejo de estas manifestaciones, se evidenciaron restricciones significativas por parte de las autoridades. Al mismo tiempo, a menudo se encontró un sentir de resignación, que las cosas han sido así por mucho tiempo y es poco probable que cambien. La actual trayectoria descendente en las incidencias de violencia, deberían de ayudar a contrarrestar este enfoque: el Cambio es posible.

1.3 La importancia del Derecho a la Vida en Honduras

El derecho a la vida es un derecho fundamental. A menudo es visto como la condición previa para el ejercicio de otros derechos. Este derecho, como por ejemplo en el artículo 6 del PIDCP, se ocupa de depravación arbitraria de la vida por el estado de sus funcionarios, o los actos de los que se puede atribuir a él, así como la responsabilidad del estado para proteger a los individuos de la depravación de la vida de otros individuos o grupos. Además de la obligación de prevenir las depravaciones arbitrarias de la vida, el derecho a la vida también requiere rendición de cuentas donde hay pérdida arbitraria de la vida – incluyendo las investigaciones adecuadas.

2. La Violencia en la Sociedad

La violencia y la inseguridad son graves problemas graves que enfrenta la sociedad hondureña, con importantes consecuencias para el efectivo disfrute y ejercicio de los derechos humanos en el país. La violencia creció exponencialmente desde a principios de 2000, cuando el país tuvo un papel más importante en las rutas de droga desde Sudamérica a los Estados Unidos, que fue en paralelo con la infiltración de grupos del crimen organizado y la expansión de la actividad de las maras. Tras el golpe de estado de 2009, la violencia social tomó mayores proporciones y la tasa de homicidios en Honduras se volvió una de las más altas en la región y el mundo. Según el Estudio Global sobre Homicidios 2013, publicado por la ONUDD, basándose en los datos, Honduras para el 2012 tuvo la mayor tasa de criminalidad en el mundo, con una tasa anual de homicidios de 90.4 por cada 100.000 habitantes. Del 2011 al 2013, las tasas de homicidios seguían siendo de las más altas del mundo. Desde ese momento, la tasa de homicidios comenzó a descender. Según el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la tasa de homicidios descendió de 79 por cada 100.000 en 2013 a 71.4 a noviembre de 2015 y a 60,0 a inicios de 2016¹.

En cierta medida a partir de 2013, desde dada todas las rendiciones, el nivel de violencia se ha reducido, pero sigue siendo una tasa alarmante. Es difícil señalar cuales han sido las causas de su reducción, pero las siguientes se mencionaron durante mi visita como las posibles causas: los líderes de las maras fueron capturados o extraditados; un mayor trabajo en equipo dentro de la aplicación de la ley; el papel de los militares en cumplimiento de la ley; los pasos para depurar la policía; mayor capacidad de investigación en la policía y en los servicios de procesamiento; mayores capacidades tecnológicas por parte de las agencias de la aplicación de la ley; algunos éxitos en la lucha contra la corrupción.

Aunque es difícil obtener cifras, me dijeron que las desapariciones son una ocurrencia común.

De las conversaciones que tuve durante mi visita, la violencia parece ser el resultado de varios factores, muchos de ellos sistémicos y regionales vinculados más allá de las fronteras del país: la actividad de las maras; el crimen organizado; el narcotráfico; el comercio de armas; la corrupción, la extorsión; una ineficaz aplicación de la ley; y la falta de rendición de cuentas por los delitos contra la vida; así como la profunda y sistémica pobreza, el desempleo, la desigualdad y la falta de oportunidades para la población. El ambiente de inseguridad se complica por la creciente militarización de la seguridad pública y concomitantes episodios del uso excesivo de la fuerza por los miembros de la policía, policía militar y fuerzas armadas, a veces en confabulación con el crimen organizado.

2.1 Abuso y corrupción policial

Existe una aceptación generalizada que la policía hace muchos años no ha cumplido su función como debe. En muchos casos ellos no han abordado el problema de la delincuencia, incluyendo crímenes violentos, o de hecho se han convertido en parte del problema.

La corrupción policial afecta aún más la atmósfera de inseguridad, con informes de elementos de la policía participando en solicitar sobornos, extorsión e incluso asesinatos. En al menos cinco casos, oficiales de la policía fueron implicados en asesinatos, estilo escuadrones de la muerte, de miembros de pandillas. Durante la visita, me encontré con numerosos informes de homicidios a manos de policías, policía militar y militar. Según un informe del Observatorio Nacional sobre la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la policía entre los años 2012 y 2015 asesino a 285 personas. No todos los casos son injustificados, pero a menudo, estos no se investigan adecuadamente. La impunidad es la regla. Pareciera ser que las efectivas investigaciones y procesamientos de estos delitos es limitada a sólo unos pocos casos o en aquellos casos en donde las familias de las víctimas tuvieron que mover las investigaciones personalmente o ayudar en la obtención de la evidencia.

Un buen número de estos asesinatos parece que son dirigidas los jóvenes, ya sea como resultado de la elaboración de perfiles de las víctimas, normalmente como miembro de las maras, o en respuesta a su participación en manifestaciones y otras formas de protesta o demandas públicas.

2.2 Las maras y los grupos del crimen organizado

Un número de maras están presentes en el país, involucradas en muchas actividades criminales como ser el tráfico de drogas y la extorsión. Las poblaciones locales se ven obligadas a pagar impuestos, lo que se conocen como "impuesto de guerra “a las maras a cambio de seguridad. Durante mi visita, he recibido informes de niños y jóvenes que se ven obligados a cobrar estos impuestos o vender drogas. Aquellos que se niegan a realizar esta tarea son a menudo asesinados, dejando a los niños en las comunidades con sólo dos opciones: unirse a las maras o huir de sus comunidades. Los que viven terminan convirtiéndose en desplazados internos o uniéndose a las rutas migratorias hacia los países del norte, que a su vez los exponen a las redes de tráfico de personas y a una nueva serie de riesgos para su vida e integridad. Asimismo, los negocios locales o los ciudadanos que se niegan a pagar estos impuestos o son asesinados o deben de huir. Las mujeres jóvenes son sometidas a violaciones y son obligadas a transportar drogas y armas. También a menudo son torturados y asesinan en actos de venganza para resolver las disputas entre los miembros de las pandillas.

Debido a la falta de control sobre las zonas o vecindarios controlados por las maras, la falta de voluntad política o colusión con el crimen organizado, las fuerzas de seguridad del estado ofrecen una limitada o ninguna protección a estas comunidades. He recibido informes alarmantes de colusión de la policía con las maras y grupos del crimen organizado en el asesinato y la extorsión a los ciudadanos en algunas de estas comunidades.

Cabe destacar que el estado sigue siendo el responsable de proteger a sus ciudadanos contra las amenazas y si no toma las medidas razonables en este sentido, el estado es una violación al derecho a la vida.

2.3 El uso personal de las armas de fuego

La violencia también es aumentada por el extenso uso personal de armas de fuego, facilitado por la legislación, la que es altamente permisiva sobre la posesión de armas, así como por la proliferación desenfrenada de las empresas privadas de seguridad. En respuesta a las altas tasas de violencia en el país, las personas han recurrido a la compra de armas y contratar los servicios de las empresas privadas de seguridad.

La Ley sobre el Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Similares, permite a cualquier persona solicitar una o más licencias para la posesión y portación de armas de fuego y registrar hasta cinco armas de fuego, la que recientemente ha sido reducida a tres. Los informes estiman la existencia de entre 800.000 y 1.000.000 de armas de fuego en circulación en Honduras, de las cuales están registrados sólo 282.000².  Es evidente que esta regulación permisiva ha contribuido a la espiral de violencia en el país y facilitó el acceso de las maras, grupos criminales organizados y empresas privadas de seguridad a armarse. Un nuevo proyecto de ley sobre el control de armas actualmente está siendo considerado por el Congreso Nacional, con el fin de establecer regulaciones más estrictas para el acceso a armas de fuego.

2.4 Las Compañías de Seguridad Privada

Un informe por el grupo de trabajo de las Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, informa de la existencia de empresas de seguridad privada 706 registradas en el país, así como la existencia de 60.000 guardias privados, muchos de los cuales son ilegales y no están registrados. El número de personal de los proveedores de seguridad privada supera a los de la policía. Comparado con los 14.000 policías existentes en Honduras, la proporción de personal de seguridad privada para con la policía es casi de 5 a 1³.

Claramente, los proveedores de seguridad privada en muchos casos juegan un papel positivo, para el que la policía actualmente no está preparada. Al mismo tiempo pueden y en algunos casos forman parte del problema de la violencia en la sociedad. El marco jurídico dentro del cual operan parece ser muy incierto. El sector necesita ser regulado adecuadamente.

Mientras que la Ley Orgánica de la Policía Nacional confía a la Secretaria de Seguridad para autorizar, regular y supervisar a las Empresas de Seguridad Privada y crea a una Unidad de Control de los Servicios de Seguridad Privada para controlar y monitorear estas empresas, las autoridades no están implementando eficazmente este mandato. Hay suficientes antecedentes de procesos para la autorización de las Compañías de Seguridad Privada y sus agentes, la inadecuada supervisión de sus operaciones y la falta de control de las armas utilizadas y la capacitación proporcionada a los agentes de seguridad privada. Se informa que muchas de las Empresas de Seguridad Privada son presuntamente de la propiedad de o constituidas de agentes que son ex militares o policías o militares y policías activos, incluyendo a oficiales sospechosos de pasadas violaciones de derechos humanos. Además, no está claro cuál es la regulación marco que rige su uso de armas y fuerza.

Las Empresas de Seguridad Privada también se han relacionado con la violaciones de derechos humanos, por ejemplo en zonas de alto conflicto social, en donde los defensores de la tierra y y de los derechos ambientales por lo general se oponen a las actividades de las empresas privadas que, a su vez, contratan los servicios de las Empresas de Seguridad Privada para proteger sus propiedades y proyectos. En la región del Bajo Aguán, los agentes de las Empresas de Seguridad Privada han sido acusados de numerosos actos de intimidación y asesinato de campesinos y defensores de los derechos de la tierra. Las violaciones a la Ley Orgánica de la Policía y su Reglamento en lo que se refiere a las Empresas de Seguridad Privada, no parece resultar en la revocación de licencias y sanciones. 

3. Impunidad

La impunidad es un problema muy extenso en Honduras. La falta de recursos humanos y capacidad técnica, la corrupción, intimidación y asesinatos de los miembros del sistema judicial y la infiltración por el crimen organizado ha estancado prácticamente esta rama del gobierno. Estimaciones no verificadas sugieren que el 97 por ciento de asesinatos en Honduras siguen sin ser resueltos⁴.  Un informe de 2014 estima que sólo el 4 por ciento de los casos de homicidios terminan en condena⁵. El nivel de impunidad en relación con las violaciones del derecho a la vida es alarmante y es uno de los factores determinantes en la espiral de violencia, como la perspectiva de enjuiciamiento no es disuasiva del delito. En este aspecto, le estoy solicitándole al gobierno estadísticas fiables, indicando el número de homicidios que son enjuiciados y el número de procesos judiciales, también en cuanto se refieren a las fuerzas de seguridad.

4. La Respuesta del Estado a la Violencia

4.1 Reforma a la Policía

Hay un importante y necesario esfuerzo en marcha para depurar el trabajo e imagen de la policía. Además, se están desarrollando las tan necesarias capacidades técnicas.

Desde el 2011, se han llevado a cabo carios intentos de depuración de la policía nacional; sin embargo los esfuerzos para abordar la endémica corrupción y abusos dentro de la policía han progresado poco. La última depuración se inició en abril de 2016 con el establecimiento de la Comisión Especial para el Proceso de la Depuración y la Transformación de la Policía Nacional en respuesta a la protesta pública cuando se publicó la información que las altas jerarquías de la institución participaron en el 2009 en el asesinato del Jefe de la Dirección General de la Fiscalía para la Lucha contra el Tráfico de Drogas (DLCN) en 2009.  La Comisión, que tiene un mandato de 1 año, se encuentra en el proceso de evaluación de los miembros de toda la fuerza, empezando por su jerarquía y en los 40 días desde su entrada en vigor, se han suspendidos decenas de jefes  y oficiales de policía.

Es un proceso ambicioso y de largo alcance para poder establecer que agentes de la policía deben conservar su posición. Esto es en principio, un paso positivo. Al mismo tiempo es importante establecer un marco jurídico claro en el que esto se está llevando a cabo, incluyendo los criterios utilizados para asegurar que el sistema pueda resistir desafíos legales y otros. Un buen plan, que es mal implementado, puede en el futuro cerrar muchas puertas.

El trabajo de la Comisión se lleva a cabo en paralelo a una reestructuración de la policía, programas renovados para la calificación que incluyen capacitación sobre los derechos humanos y el uso gradual de la fuerza y un plan para aumentar para el año 2019, el cuerpo de policía de 14.000 a 26.000 agentes. Además, un proyecto de reforma a la ley orgánica de la policía nacional se está discutiendo actualmente en el Congreso Nacional y un nuevo Manual sobre el uso de la Fuerza ha sido desarrollado en colaboración con el CICR, que está en espera de aprobación legislativa.

4.2 Militarización

Uno de los focos principales de la respuesta del gobierno a la violencia ha sido la militarización de la seguridad pública mediante el establecimiento de una serie de nuevas medidas y entidades. El Decreto 168-2013 de agosto de 2013 creó la Policía Militar de Orden Público para apoyar a la policía nacional para enfrentar los desafíos planteados por el crimen organizado, las actividades del narco tráfico y de las maras. La medida fue pensada originalmente como una respuesta de emergencia y a corto plazo, mientras que la policía nacional entraba en un proceso de reforma y depuración y las tasas de homicidios se mantuvieron altas.

Mientras que el apoyo de los militares fue bien recibido por ciertos sectores de la sociedad, incluyendo los miembros de la policía nacional, muchos otros plantearon su preocupación por las repercusiones negativas que la militarización de la sociedad y la insuficiente especificación legal de las funciones de la policía militar y su uso de la fuerza tendría. Aunque se entendía como una respuesta de emergencia dada a las críticas circunstancias que Honduras estaba pasando en el momento, con el fin de evitar abusos por un cuerpo armado que está capacitado para la conducción de la guerra y no para la prestación de la seguridad ciudadana, la introducción de la policía militar requiere la adopción de roles claramente definidos y reglas de enfrentamiento. En mis reuniones con las autoridades competentes, no he podido obtener una imagen clara del marco jurídico aplicable al uso de la fuerza por la policía militar. Se le dará seguimiento en más detalle con el gobierno.

Según informes de la sociedad civil, los abusos a los derechos humanos por los militares han aumentado con la militarización de la seguridad ciudadana. Entre 2012 y 2014, los agentes de la policía militar fueron acusados de participar en al menos nueve homicidios, más de 20 casos de tortura y detenciones ilegales cerca de 30, y por lo menos 24 soldados estaban bajo investigación en relación con los homicidios⁶.

Una unidad especial dentro de la policía nacional fue creada por Decreto 103-2013 de junio de 2013 conocido como los TIGRES. La unidad tiene el mandato de actuar en operaciones especiales realizadas en el contexto de delitos de alto impacto, como el narcotráfico y el crimen organizado. También apoya los procesos de extradición.

El gobierno también diseñó e implementó la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional, denominado FUSINA. En donde varias entidades del estado (incluyendo las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Oficina del Fiscal General y el Poder Judicial), son agrupadas para coordinar acciones encaminadas a fortalecer las investigaciones criminales y la persecución de delitos de alto impacto. FUSINA actualmente está encabezada por un comandante militar. Mientras que el Gobierno informó que el comandante simplemente para coordina las acciones de las agencias involucradas en FUSINA, otros actores manifestaron su preocupación que diluye la separación de poderes entre las diferentes ramas del gobierno implicado en investigaciones penales y más particularmente podrían poner en riesgo la independencia del poder judicial y de los fiscales involucrados en estos casos.

Paralelamente a estas medidas, las fuerzas armadas implementaron el Programa Guardianes de la Patria, destinado a proporcionar educación cívica, patriótica y religiosa a los niños y adolescentes en Honduras para reducir el riesgo de que se involucren en el crimen organizado o en las mara. Las fuerzas armadas dirigen este programa y se implementa con el apoyo de otros actores o voluntarios tales como iglesias, médicos y psicólogos. Aunque puede servir a un papel positivo y ofrecer alternativas, también es un riesgo que dicho programa puede militarizar a la sociedad.

4.3 Reformas para mejorar la investigación criminal y los procedimientos judiciales

Durante mi visita, he recibido informes de la interferencia política con la independencia del poder judicial, incluyendo en relación con el proceso de nombramiento y sustitución de jueces, así como en el manejo de los casos que llegan a los tribunales, incluyendo casos criminales. Además, los servicios de la fiscalía del país han sido deslucidos con acusaciones de ineficiencia y falta de voluntad para investigar casos criminales, particularmente aquellos de alto perfil.

El Gobierno ha introducido un proceso de reforma a la Oficina del Fiscal General dirigida a modernizar y profesionalizar las investigaciones criminales. Creó la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), como un organismo especializado dentro de los Fiscalía. Con la creación del ATIC, el objetivo de las autoridades era el de profesionalizar los servicios de investigación criminal, ofrecer capacitación especializada para el personal de la Fiscalía y modernizar los servicios forenses y tecnológicos disponibles. Aunque es una reforma necesaria e importante, la reforma no ha sido igualada por la asignación del presupuesto necesario para el desempeño eficaz de las funciones de la unidad.  

Dentro de la policía y en el contexto de su depuración, la muy desacreditada Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), fue substituida por la recién creada Dirección de Policía de Investigaciones (DPI), que se espera posea más de 1.000 agentes y tecnologías de investigación criminal moderna.

En el sistema judicial, un decreto de 2011 estableció la creación de los Tribunales de Jurisdicción Nacional para una serie de delitos de alto impacto, entre otras cosas incluyendo el asesinato, secuestro y tráfico de drogas. El objetivo de esta medida es evitar que a los jueces locales, que son más propensos a la intimidación y la infiltración de grupos delictivos, trabajando en tales casos, es la de proteger a los jueces y mejorar la eficacia de los procesos judiciales. 

4.4 Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia

En respuesta a la violencia sufrida por estos grupos, en mayo de 2015 Honduras aprobó una Ley para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. La ley crea un Consejo Nacional de 14 miembros para la Protección, una Dirección General de Protección y un Comité Técnico del Mecanismo de Protección. Además, concede poderes a varias instituciones del estado para proporcionar medidas de protección a los defensores que están en riesgo en el desempeño de sus labores de defensa de los derechos de los derechos humanos. El Consejo ya está en funciones y evalúa casos concretos de las personas en riesgo. Una reglamentación a la ley está siendo desarrollada actualmente y será peresentada para aprobación próximamente.

5. Prisiones

Las muy malas condiciones, incluyendo el hacinamiento, nutrición inadecuada y malas condiciones de salubridad, son frecuentes en las prisiones hondureñas. También se reporta como abundante, la corrupción entre los funcionarios de la prisión. Una preocupación principal con respecto al derecho a la vida es la renuncia efectiva de la autoridad y la disciplina para los internos, lo que ha llevado a abusos, extorsiones y violencia intra carcelaria y asesinatos. Bajo el control de los internos, las prisiones están a cargo de "coordinadores" que ejercen el control interno y actividades directas esenciales para la vida de la mayoría de la población carcelaria, sin control ni criterios decididos por la administración penitenciaria. Otros internos son puestos en una posición de subordinación y vulnerabilidad. Con la aquiescencia de las autoridades penitenciarias, los coordinadores son conocidos por haber golpeado, extraídos de sus celdas y castigados a los presos. Los internos han descrito situaciones de tiroteos internos entre miembros de grupos de maras opuestas y explosiones de granadas que causó la muerte de varios reclusos, las que fueron facilitadas por los inventarios de todo tipo de armas dentro de las paredes de la prisión.

Ante esta crítica situación, las autoridades también han recurrido a la militarización y han puesto a oficiales militares para administrar la mayoría de las cárceles de los países, que es contrario al Artículo 37 de la ley del sistema penitenciario nacional. Además, ha establecido centros de detención en 3 batallones militares, donde han transferido presuntamente peligrosos reclusos, como líderes de pandillas. Aquí también la militarización del Servicio Penitenciario del país, ha levantado numerosas preocupaciones como ser que el entrenamiento militar no es apto para este propósito y podría conducir a una amplia gama de violaciones a los derechos humanos.

6. Violaciones al Derecho a la Vida de los Grupos Vulnerables

Los defensores de derechos humanos, indígenas, campesinas y líderes afrodescendientes involucrados en disputas por la tierra, los grupos de activistas de LGBT, periodistas y operadores de justicia en represalia por su trabajo, son objeto de violencia e intimidación por actores estatales y delincuentes.

6.1 Defensores y Defensoras de Derechos Humanos

Los defensores de derechos humanos son objeto de ataques por los que ellos han expuesto por violaciones a los derechos humanos y por los sectores que se oponen a sus causas. A la luz de los riesgos que enfrentan, se les ha otorgado medidas cautelares por parte de la CIDH a un gran número de defensores de derechos humanos. Según los informes, desde 2010 ha habido: 22 asesinatos, 2 desapariciones y 15 secuestros de los defensores de los derechos humanos.  De los defensores que se habían beneficiado de las medidas cautelares, 14 defensores de derechos humanos fueron asesinados⁷.

También la violencia contra los defensores de derechos humanos no se reporta. Los informes estiman que de los más de 109 casos de los casos de defensores de los derechos humanos y ambientales asesinados en Honduras entre 2010 y 2015, sólo ocho de estos asesinatos fueron registrados públicamente⁸.

En 03 de marzo de 2016, atacantes no identificados irrumpieron en la casa de la mundialmente conocida defensora de los derechos indígenas, Berta Cáceres y fue asesinada, provocando indignación nacional e internacional. Berta era una mujer indígena Lenca que, durante los últimos 20 años, había sido defensora del territorio y los derechos del pueblo Lenca. Ella era beneficiaria de medidas cautelares por la CIDH. La oficina del Fiscal General condujo una investigación de su muerte, que derivó en el enjuiciamiento de un alcalde activo de las fuerzas armadas, un ex teniente y actual agente de seguridad privada de la empresa hidroeléctrica DESA, contra la cual la Sra. Cáceres había conducido una batalla legal y un empleado de alto rango en DESA, como autores del delito. Sin embargo, muchos temen que el Ministerio Publico, no pueda conducir a convicciones eficaces en la corte o que los autores intelectuales del crimen no sean identificados y procesados.

6.2 Periodistas y trabajadores de los medios de comunicación

El contexto general de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Honduras empeoró tras el golpe de estado de 2009 y persiste hasta la fecha. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), entre el 2010 y 2014, 43 periodistas fueron asesinados⁹.

6.3 Personas LGBT

La sociedad civil informó de un alto número de casos en que bisexuales gay, lesbianas, y personas trans han sido asesinadas en Honduras. Según el Observatorio Nacional de la Violencia, entre 2010 y 2014, se registraron 119 homicidios de personas LGBT¹⁰.

6.4 Operadores de Justicia

Los operadores de justicia son también con frecuencia blanco de ataques violentos. Entre enero de 2009 y diciembre de 2015, se registraron en todo el país 115 homicidios. Los homicidios se concentran principalmente en el Distrito Central y San Pedro Sula (66%)¹¹.

6.5 Pueblos indígenas y afrodescendientes

Los líderes indígenas y afro descendientes son también desproporcionadamente afectados por asesinatos, violencia y amenazas de muerte, particularmente aquellos que defienden sus territorios y recursos naturales en el contexto de proyectos de desarrollo. Algunas comunidades continúan recibiendo amenazas y agresiones, incluso después del establecimiento de las medidas cautelares de la CIDH en su favor.

6.6 Defensores y defensoras de los derechos de la tierra – Situación en el Bajo Aguan

Los defensores de los derechos de la tierra y los campesinos han sido sometidos a la violencia, incluyendo asesinatos, intimidación y amenazas en el contexto de disputas de tierras entre campesinos y empresas involucradas en proyectos de desarrollo. El número total de muertes en la región de Bajo Aguán ha llegado a 127, incluyendo campesinos, guardias de seguridad y otros¹². En respuesta a la violencia en esta región, el gobierno implementó una serie de medidas: la fuerza de tarea Xatruch conformada por las fuerzas de policía nacionales y militares; la unidad de investigación de muertes violentas del Bajo Aguán dentro de la Fiscalía; y el Ministerio de derechos humanos estableció la Comisión interinstitucional.

6.7 Migrantes

El impacto de la violencia generada por las maras y el crimen organizado en algunas regiones del país está llevando a la migración y desplazamiento interno forzoso de miles de personas que tratan de evitar la extorsión, la obligada integración a las maras, la violencia sexual y homicidios. Una vez en ruta a los países del norte, los migrantes enfrentan violencia por redes de tráfico, y algunos son mutilados, torturados y asesinados. Los migrantes que huyeron del país debido a que temen por sus vidas son deportados a Honduras cuando entran en contacto con las oficinas de migración en los países receptores para solicitar asilo. Cuando regresan a Honduras y a sus comunidades de origen, muchos de esos migrantes se enfrentan a las mismas amenazas antiguas de las que han tratado de escapar. Algunos son asesinados por las maras o grupos criminales a los pocos días o semanas de su retorno al país.

6.8 La niñez y juventud

El contexto de violencia e inseguridad en Honduras pone a los niños y adolescentes en una posición particularmente vulnerable. Según informes entre enero y diciembre de 2014, 1.031 niños, adolescentes y adultos jóvenes (18-23 años), han muerto violentamente.  Entre 2008 y 2015, se registraron 4.627 homicidios de niños. En el año 2015, 570 niños murieron. La población entre 12 y 30 años de edad son los más vulnerables al homicidio en el país¹³.  Durante la visita, he recibido numerosas y preocupantes informes sobre la existencia de escuadrones de la muerte dirigidos a los niños. Las acciones de estos escuadrones podrían estar motivadas por las consideraciones de "limpieza social".

6.9 Mujeres

Las mujeres en Honduras sufren de altos niveles de violencia, asesinato, violencia doméstica y familiar y violación. Entre 2005 y 2014, 4013 mujeres fueron asesinadas. 575 feminicidios se registraron entre el 2015 y el primer trimestre de 2016. La mayoría de la incidencia de muertes violentas y asesinatos de mujeres a causa de su género ocurren entre las edades de 15 y 39 años de edad, con 62.2 por ciento de las muertes. La violencia contra de las niñas de edades comprendidas entre 0 y 19 años representa el 22,6 por ciento de las muertes¹⁴.

7. El rol del CONADEH

La presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) está bien establecida a lo largo de los 18 departamentos del país. CONADEH es ideal para tomar una ventaja de enfocarse en la mejor protección del derecho a la vida en Honduras. Analizar evolución del país a través de la perspectiva de garantizar la mejor protección por el derecho a la vida de una manera activa debe ser una prioridad principal para esta entidad.

Durante la visita, era difícil ver pruebas concretas de un compromiso estrecho y sistemático con el derecho a la vida por este organismo. Se trata de un recurso subutilizado en la lucha por la mejor protección del derecho a la vida en Honduras.

8. El Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH

El Observatorio es un activo nacional y debe ser tratado como tal.

9. Interacción con el Sistema Internacional y Regional de Protección de los Derechos Humanos

Las autoridades me informaron sobre la actual implementación de un observatorio de derechos humanos para monitorear la implementación de la Política Publica y Plan Nacional de Acción en 2013-2022, así como de un sistema de seguimiento y monitoreo de recomendaciones de los mecanismos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos, el cual sigue el modelo introducido en Paraguay. Esto es un una iniciativa positiva y bienvenida.

Honduras tiene una relación accidentada con el sistema de protección Interamericano de los Derechos Humanos. Mucho se obtendría trabajando hacia una relación más estrecha. Al mismo tiempo, cabe señalar el hecho desconcertante de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha anunciado recientemente que está experimentando graves problemas financieros. Esto tiene un fuerte potencial para afectar negativamente el impacto del sistema internacional sobre la protección del derecho a la vida en Honduras.

El acuerdo entre el gobierno y la oficina del Alto Comisionado en cuanto a que este último, es establecer una oficina en Honduras lo que debe ser reconocido como un avance positivo.

Recomendaciones provisionales

Recomendaciones dirigidas al gobierno:

• El país debe desarrollar una estrategia específicamente para garantizar la mejor protección del derecho a la vida. Debe encontrarse la entidad ideal para impulsar este proceso, podría por ejemplo ser hecho de manera intersectorial, o, si la capacidad necesaria y la inclinación se pueden encontrar, de CONADEH.
• La Comisión Nacional de derechos humanos y el gobierno deben adoptar medidas para garantizar que cumple con los principios de París. Deben desarrollar formas más creativas de involucrarse con el derecho a la vida, por ejemplo, a través de medidas de protección.
• El rol de CONAPREV debe ser continuado y fortalecido.
• Las disposiciones sobre el uso de la fuerza por todos los sectores de aplicación de la ley - incluyendo la policía, policía militar y sistema penitenciario-deben ser presentadas en conformidad con las normas internacionales. Asegurar de que la reforma de la ley orgánica de la policía nacional cumple con las normas internacionales que rigen el uso de la fuerza, incluyendo los principios básicos sobre el uso de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
• Deben desarrollarse criterios claros para el proceso de certificación de la policía.
• La reforma de la ley sobre el Control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros similares en la que se deben introducir regulaciones estrictas sobre el tipo y número de armas requisitos de registro permisible y ajustado para la compra de armas, para proteger a todos los individuos de la amenaza de la violencia armada.
• Debe establecerse un proceso de control más estricto sobre los proveedores de seguridad privada. Asegurar de que el registro y funcionamiento de empresas de seguridad privada es bien validado, controlado y supervisado. Establecer reglas de contratación que rigen el uso de armas y la fuerza por agentes de las Empresas de Seguridad Privada.
• Garantizar una financiación suficiente a la oficina del Fiscal General, en particular a la ATIC, para garantizar la continua profesionalización de su personal, laboratorios y procedimientos con el objetivo de mejorar la eficacia de las investigaciones criminales.
• Asegurar que la investigación, acusación y juzgamiento de homicidios vinculados al crimen organizado, narcotráfico y actividad de maras y pandillas se encuentren bajo jurisdicción nacional, a fin de permitir a las autoridades nacionales atraer el expediente en caso que las autoridades del estado no están en una posición o no están dispuestos a hacerlo.
• El marco legal y político para la aplicación de la ley para la protección de los defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y los operadores de justicia debe ser completado e implementado como una cuestión prioritaria. El Reglamento de la ley para la protección de defensores de derechos humanos, periodistas, de comunicadores sociales y los operadores de justicia debe realizarse con plena participación de los defensores de los derechos humanos, periodistas, operadores de justicia y la sociedad civil. Crear conciencia sobre la existencia del mecanismo, especialmente a nivel local.
• Garantizar la investigación completa, pronta, eficaz, imparcial y diligente de los homicidios perpetrados contra defensores de derechos humanos y de derechos de la tierra, operadores de justicia, indígenas y afro descendientes, periodistas, defensores, mujeres, migrantes, niños, presos y personas LGBT.
• Tomar las medidas para proteger el derecho a la vida de los niños, particularmente durante las protestas, detenciones y allanamientos; establecer reglamentos para las fuerzas armadas, personal policial y de Justicia sobre cómo garantizar los derechos de los niños durante las investigaciones de los homicidios; recopilar datos sobre el número de niños asesinados.
• Crear un corredor seguro para los migrantes en tránsito, incluyendo la mejor protección durante el transporte; fortalecer la cooperación entre organismos estatales y organizaciones de la comunidad que presten asistencia humanitaria a los migrantes; proporcionar la adecuada reparación a las víctimas de violencia en el país; proporcionar adecuados servicios consulares en el extranjero.
• Coordinar con los países de América Central para establecer bases de datos compartidas en las huellas dactilares, ADN, genética y desaparecidos.
• Capacitar a las autoridades policiales y judiciales sobre identidad de género y orientación sexual; garantizar medidas de protección y cautelares; y fomentar la tolerancia y conciencia social.
• Se debe abordar la situación de hacinamiento y malas condiciones del sistema penitenciario. Mejorar las condiciones de todos los detenidos, conforme a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y garantizar el derecho a la vida de todos los internos. Asegurar que las cárceles estén bajo el control de oficiales penitenciarios y descalcifiquen la militarización de las prisiones con el fin de su vuelta completa a la administración civil. Asegurar que las prisiones no están impregnadas por las maras y obstaculizar el acceso de armas, drogas y celulares a los internos que podrían utilizarse para cometer delitos y poner en peligro la vida de los demás dentro y fuera de las cárceles.
• El proceso previsto por el gobierno para establecer un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones del llamado modelo de Paraguay, es un paso positivo que debe aplicarse.

Recomendaciones dirigidas a la comunidad internacional:

• La capacidad continua de la Comisión Interamericana a comprometerse con la situación en Honduras es de gran importancia. Asistencia financiera a la CIDH es necesaria para permitir que continúe desempeñando su papel vital en toda la región, incluyendo Honduras.
• Los migrantes hondureños que indican que sus vidas corren peligro en su país de origen y solicitan asilo en el extranjero, el que debe concederse acceso inmediato a asistencia letrada o a las organizaciones que podrían ayudar en el procesamiento de su solicitud de asilo. Respetando el principio de no devolución por los países receptores, los que deben abstenerse de deportar a los migrantes cuyas vidas corren peligro en Honduras, sin haber adecuadamente y profundamente evaluados sus casos y su petición y solicitudes de asilo.
• Los países donde los migrantes hondureños han sido sometidos a abuso físico deberían adoptar medidas inmediatas para proteger a los sobrevivientes, para garantizar que juicios y las investigaciones criminales se llevan a cabo sin demora y para devolver los cuerpos de los difuntos. Las familias de las víctimas deben ser informadas y cooperación debe establecerse con el gobierno de Honduras.

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Notes:

1. Obervatorio de la Violencia UNAH, Boletín Nacional No. 40, Febrero, 2016

2. Informe sobre Honduras del CIDH 2015

3. A/HRC/24/45/Add.1

4. A/HRC/32/35 Add. 4

5. https://www.amnesty.org/es/countries/americas/honduras/report-honduras/

6. El Informe de Human Rights Watch sobre Honduras del  2015 y 2016

7. Informe de Honduras de la CIDH 2015

8. https://www.devp.org/en/blog/honduras-impunity-murders-human-and-land-rights-defenders

9 .Informe de Honduras Rights Watch Report 2016

10. Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH, Boletín Especial No.30, Abril 2015

11. Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH, Boletin Especial No. 317, Enero 2016.

12. Informe de Honduras de la CIDH 2015

13. Observatory of Violence of the UNAH, Boletin Especial No. 41, April 2016

14. El Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH, Boletin Especial, no.10, Enero - Diciembre 2014