Declaración final de misión en El Salvador

Agnes Callamard, Relatora Especial de la de sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas

5 de febrero de 2018

Introducción

Realicé una visita oficial a El Salvador del 25 de enero al 5 de febrero de 2018. Agradezco atentamente al Gobierno de El Salvador por su invitación para visitar el país, y a los funcionarios con quienes me reuní por su disponibilidad y apoyo, el tiempo y el esfuerzo que invirtieron en mi misión y por las discusiones abiertas y francas que contribuyeron al éxito de mi visita.

También agradezco a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de las Naciones Unidas (con sede en Ginebra y la Oficina Regional para América Central. Agradezco al Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador y a su equipo y a las diversas agencias dentro del equipo de país de la ONU. Su apoyo tanto durante los preparativos así como durante mi visita ha sido invaluable.

Los principales objetivos de mi visita fueron examinar: 1. La estrategia estatal de seguridad y su respuesta a las denuncias de privación arbitraria de la vida; 2. Abusos al derecho a la vida, cometidos por actores no estatales, principalmente  pandillas; 3. Programas diseñados para abordar y prevenir los homicidios de mujeres, LGBTQI, migrantes, y defensora(es de derechos humanos. Como parte del enfoque de género de mi Mandato, he incluido además, una perspectiva sobre la penalización absoluta del aborto en El Salvador.

Durante los doce días de mi misión, sostuve reuniones con todas las ramas del Estado: El órgano ejecutivo, legislativo y judicial a los niveles más altos, así como también a nivel de las municipalidades locales. Me reuní con el Presidente de la Republica, el Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas, el Instituto de Medicina Legal, la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Asamblea Legislativa. Asimismo, visité centros penitenciarios bajo las Medidas Extraordinarias de Seguridad y una bartolina.   Deseo exaltar la colaboración oficial de la que me he beneficiado durante toda la visita. Estoy particularmente agradecida por las detalladas respuestas que recibí a las solicitudes realizadas en relación a varios casos de presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales e impunidad. Estaré dándole seguimiento a estos casos.

Igualmente me reuní con organizaciones internacionales, regionales y nacionales; con mujeres y hombres que trabajan a nivel de base por los derechos humanos; con representantes de los pueblos indígenas; líderes religiosos; profesionales de medios de comunicación, incluyendo periodistas; activistas; miembros de la comunidad LGBTQI; mujeres y hombres desplazados internamente; y con víctimas de violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo a sobrevivientes, testigos presenciales y familias cuyos miembros han sido asesinados brutalmente.

A lo largo de estos doce días he sido testigo de primera mano, de la capacidad de resiliencia de la sociedad salvadoreña. Sin embargo, también pude observar el miedo tan arraigado en los ojos de la gente, que apenas podían hablar. Me sentí profundamente conmovida y a la vez impresionada por la valentía de las y los Salvadoreños. Ha sido un honor y una inspiración poder conocerlos.

I – Perspectiva general: Factores y hallazgos clave¹

Los hallazgos preliminares de mi misión se resumen a continuación y se explican con mayor detalle a lo largo de éste informe.

Temas generales

Durante mi misión, diversas personas destacaron los desafíos estructurales y sistémicos del país. Si bien esto no justifica de ninguna forma las violaciones que ahora debo informar, es importante reconocer el contexto en el que tales violaciones han sido cometidas, incluyendo:

El bajo y decreciente desempeño económico de El Salvador, caracterizado por una creación baja de empleo y tasa alta de desempleo, particularmente en la juventud;

La alta tasa de homicidios, crimen y violencia en general que genera grandes desafíos para cualquier fuerza policial o sistema judicial. Sin embargo, esto se agrava aún más para un país como El Salvador, que tiene un presupuesto nacional limitado y acceso limitado a recursos. Esta situación se ha visto agravada aún más con la adopción de las Medidas Extraordinarias de Seguridad de 2016, que aumentaron drásticamente la carga de trabajo del sistema legal;

Los limitados recursos disponibles de investigación de la policía, en conjunto con su cultura institucional, demuestra una escasez significativa de capacidad forense y casi ninguna capacidad de investigación científica;

Las dificultades  para la Oficina del Fiscal General en la realización de investigaciones;

La saturación de los Tribunales, particularmente en las primeras instancias, donde hay demasiados casos para los niveles actuales de recursos y capacidad;

Por todo lo anterior, exhorto a la comunidad internacional a apoyar el Gobierno, instituciones nacionales y organizaciones de la sociedad civil en sus esfuerzos de afrontar estos desafíos.

En reiteradas ocasiones tuve conocimiento de que la Policía ha superado su capacidad y se encuentra desmoralizada, los agentes de la Policía reciben un salario bajo y están constantemente expuestos a situaciones difíciles y traumáticas.

Durante mi misión, que tuvo lugar en un contexto preelectoral, me encontré con diversas declaraciones electorales que pueden considerase violatorias a normas de derecho internacional sobre discursos de odio e incitación a la violencia. Pareciera que las “soluciones rápidas” de carácter represivo a problemas extremadamente complejos, se venden rutinaria y falsamente a una población profundamente traumatizada por décadas de altos niveles de violencia.

El ambiente político no fomenta un debate público abierto o bien informado sobre la Estrategia de Seguridad del país, las causas fundamentales de la violencia y las pandillas, ni sobre las posibles opciones de política y alternativas al paradigma dominante de la Mano Dura. En repetidas ocasiones me dijeron que el “diálogo” y la rehabilitación de los miembros de las pandillas son temas quasi tabú, mientras que el fenómeno del desplazamiento interno aún no se ha reconocido oficialmente.  

Desarrollos positivos

Existen varias iniciativas positivas y de debida diligencia así como respuestas de parte del gobierno que deben destacarse. Estas incluyen:  Plan El Salvador Seguro, que se presenta a continuación, junto con otras iniciativas, como “Yo Cambio”: un programa de rehabilitación para detenidos; y “Jóvenes Con Todo”, un programa que busca brindar a los jóvenes oportunidades, capacitación y empleo. Todo esto atestigua el  interés en, al menos entre algunos funcionarios y algunos sectores de la población, a brindar medidas alternativas a las medidas represivas con un enfoque en la raíz del problema. Acojo con beneplácito estas iniciativas contra la violencia y hago eco de las recomendaciones emitidas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos después de su visita al país, con respecto a la necesidad de garantizar que estos programas cuenten con los recursos adecuados y sean implementados. Me alegré de saber que la comunidad internacional ya está apoyando algunas de estas iniciativas y animo a los donantes a seguir haciéndolo.

Me impresiono el establecimiento de la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, un mecanismo inter-institucional de coordinación relativo a la estrategia de seguridad como una demonstración de transparencia y escrutinio internacional. Otros elementos positivos se darán a conocer a lo largo del documento.

Responsabilidad del Estado: privación arbitraria del derecho a la vida e impunidad

He encontrado un patrón de comportamiento en el personal de seguridad, que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, el cual es alimentado por respuestas institucionales débiles, a nivel de investigación y judicial. Algunos elementos del marco legal, como la Ley contra el terrorismo de 2006 y su aplicación a las pandillas; así como algunos elementos de la reforma al Código Penal de 2013 y las Medidas Extraordinarias de Seguridad de 2016 contribuyen a lo anterior, por lo que romper el ciclo de la impunidad es una necesidad absoluta. Esto exigirá, entre otras cosas, una voluntad política firme y sostenida, una inversión más fuerte de la policía y fuerzas armadas en los mecanismos de control interno, monitoreo independiente; el fortalecimiento de las técnicas de investigación criminal y conocimientos técnicos de investigación; litigio estratégico, apoyo a los abogados de derechos humamos locales.

La implementación de las medidas extraordinarias de seguridad ha dado lugar a la detención prolongada de miles de personas, incluyendo detención preventiva, en condiciones crueles e inhumanas. Las preocupaciones de seguridad por sí solas no explican las condiciones que he presenciado, lo que me lleva a concluir que tales medidas se implementan con el propósito principal de deshumanizar a los detenidos. Tales medidas deben ser detenidas inmediatamente. Es alentador la propuesta de medidas de mitigación anunciadas para un período de prueba por un mes, y exhorto que las mismas sean exploradas e implementadas en línea con estándares internacionales más allá del 28 de febrero de 2018.

Los brotes de tuberculosis han dado lugar a varias muertes bajo custodia, las cuales podrían haberse evitado si se hubieran proporcionado las condiciones adecuadas. Se me informó observe  y tomo nota de una serie de medidas adoptadas por las autoridades penitenciarias para abordar la tuberculosis, la desnutrición y otras enfermedades transmisibles.

Es esencial que las organizaciones internacionales, como el CICR, OACNUDH y organizaciones nacionales especializadas tengan acceso inmediato y sin restricción a todos los centros penitenciarios. El CICR, en particular, puede desempeñar una función crucial de monitoreo independiente que permite a las autoridades penitenciarías y los ministerios pertinentes ser informados de manera confiable sobre las condiciones del momento, y al mismo tiempo, proporcionar una serie de recomendaciones que ayudarían a las autoridades penitenciarias a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Responsabilidad de las pandillas

Las pandillas, en virtud de su control territorial, son responsables de violaciones masivas de derechos humanos, incluyendo las violaciones del derecho a la vida. Los pandilleros son responsables de una gran proporción de los homicidios cometidos en El Salvador. He notado que la mayoría de estos homicidios no son actos delictivos aleatorios. Están organizados y parecen ser parte de algo cercano a una “estrategia” deliberada, incluyendo por vía de ataques contra el personal de seguridad y sus familiares para aterrorizarlos. Las pandillas también son responsables en gran escala, de violencia y explotación sexual de mujeres y niñas, tortura, violaciones a la libertad de movimiento y violaciones de los derechos de trabajo, educación, entre otros.

Abordando el trauma

Conocí a muchas personas durante mi visita que fueron visiblemente traumatizada por la violencia endémica. Algunos fueron torturados. Muchos fueron testigos de una violencia horrenda. La mayoría me aseguro haber sido constantemente re traumatizada. Caminan por las mismas calles que sus violadores; se encuentran con sus torturadores por las esquinas; ven con frecuencia a los asesinos de sus hijos. Me impresiono la falta de servicios disponibles para víctimas de la violencia. Insto al gobierno, organizaciones internacionales especializadas y a los donantes a establecer o apoyar la creación de centros para las víctimas de la tortura, trauma y violencia. El gobierno también debería ratificar el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura.

Protegiendo aquellos en la vanguardia

Me informaron de que algunas de las personas que han estado rehabilitando a miembros de las pandillas han sido amenazadas y hostigadas por miembros de la Policía y el Ejército, y su trabajo ha sido ha sido obstaculizado y estigmatizado, a pesar de que es necesario brindar alternativas para quienes son reclutados por las pandillas y sus miembros. Asimismo, recibí información preocupante sobre las amenazas a trabajadores de medios y periodistas que han documentado presuntas ejecuciones extrajudiciales. Insto al gobierno a garantizar la protección de defensores de derechos humanos a través de un marco jurídico apropiado y políticas públicas. El flagelo de la violencia que atormenta a la sociedad no se puede abordar de manera efectiva sin una gran cooperación y apoyo mutuo entre todos los actores que buscan frenar la violencia y abordar sus causas profundas.

Protegiendo a los grupos en riesgo

El gobierno ha adoptado un marco jurídico ambicioso para la investigación y prevención de asesinatos por razones de género, incluidos los crímenes de odio y el feminicidio. Desafortunadamente, esto no está siendo implementado y El Salvador continúa registrando niveles muy altos de asesinatos de mujeres y personas de la comunidad LGBTQI, particularmente mujeres transgénero. Exhorto al Estado a redoblar sus esfuerzos para reducir la impunidad con respecto a estos crímenes. 

He sido informada de algunos avances con respecto al acceso a la justicia y el debido proceso en algunos de los casos del grupo de mujeres conocido como “Las 17”. Tomo nota de estos esfuerzos y hago un llamado para la pronta y detenida revisión de todas las condenas con el objetivo de asegurar un juicio justo y, a poner en libertad a estas mujeres.

Acojo con gran satisfacción la propuesta de reforma legislativa que estipula la excepción de la prohibición absoluta del aborto por cuatro motivos y pide la despenalización del aborto para salvaguardar los derechos de las mujeres a la vida, la salud, la autonomía y el bienestar.

La violencia está obligando a miles de salvadoreños a huir de sus casas y migrar. Algunas personas lo hacen bajo los auspicios del programa de reasentamiento del ACNUR. Sin embargo, la gran mayoría de los que abandonan el país no están documentados. Muchos son asesinados, desaparecidos, abusados ​​sexualmente o detenidos en condiciones inhumanas en países vecinos y de destino. Si bien estos crímenes se llevan a cabo fuera del territorio de El Salvador, el Estado mantiene una serie de obligaciones para garantizar que los derechos de sus poblaciones migrantes sean respetados.

Acojo con gran satisfacción la creación del Banco de Datos Forenses de Migrantes No Localizados, que debería permitir un mejor rastreo y correspondencia de los restos de migrantes desaparecidos y así proporcionar información a las familias afectadas. Se debe fortalecer su capacidad, incluso a través de la cooperación internacional y posiblemente bajo los auspicios del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

En vista de mis hallazgos, también solicito al gobierno de los Estados Unidos, que amplíe nuevamente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para a El Salvador.

Justicia Transicional

Acojo con beneplácito los pasos dados en años recientes por el ejecutivo, el fiscal general y los jueces en la búsqueda de justicia para las violaciones del pasado. Desde mi punto de vista, este proceso no sólo contribuye a sanar las heridas del pasado, sino que también permite establecer las condiciones para combatir los problemas actuales de impunidad ya que los patrones de conducta suelen repetirse.

II – Descripción general sobre la violencia, incluyendo ejecuciones

En 2015, la tasa de homicidios en El Salvador fue de 103 por cada 100,000 personas, lo que lo convirtió, en ese entonces, en el país con la tasa de homicidios más alta del mundo. Las cifras han disminuido desde entonces: en 2016, la tasa de homicidios fue de 80.94 por cada 100,000 habitantes (5,278 homicidios, una disminución del 20.7% frente a los 6,657 en 2015). En 2017, el número habría caído un 25% más. Aun así, las tasas de homicidios en El Salvador siguen siendo extremadamente altas. Una gran cantidad de estos homicidios se atribuyen a pandillas, oficialmente dos tercios de los mismos.

Cada 19 horas una mujer es asesinada en El Salvador; cada tres horas, alguien es agredido sexualmente y en más del 70% de los casos, las víctimas son menores de 18 años. Durante mi visita, escuché sobre la violencia generalizada del país a manos de las pandillas, incluyendo homicidios, pero también del alto nivel de violencia interpersonal, homicidios, y violencia sexual. Una abuela me contó cómo mantiene a su nieto bajo techo por miedo a que las pandillas lo recluten forzosamente. Un joven me dijo que, debido a que es joven, no puede moverse libremente “Como vengo de un área controlada por una pandilla, no puedo ir a un área controlada por otra pandilla. Uno necesita saber a qué áreas se puede ir”. Las mujeres jóvenes y las niñas están sujetas a feminicidio, violación y explotación sexual, incluso como represalia contra los miembros masculinos de sus familias en el contexto de la violencia de las pandillas y el "ajuste de cuentas".

La gente de las comunidades más empobrecidas también me habló de su miedo y desconfianza hacia los funcionarios públicos, principalmente, hacia la Policía y el Ejército. Muchos me hablaron de lo que perciben como una guerra contra los jóvenes del país: la policía y los funcionarios del Estado suponen que todos los jóvenes son pandilleros por el solo hecho de sus lugares de residencia.

En los centros de detención, vi personas sin más pertenencias que sus pantalones cortos, viviendo en espacios con tanto hacinamiento que no podían ni sentarse, mucho menos acostarse, teniendo que a turnarse para poder dormir. Conocí a personas que no habían visto la luz del sol durante semanas. Me encontré con reclusos que estaban tan débiles que tuvieron que ser alzados por otros reclusos para poder hablar conmigo ya que no eran lo suficientemente fuertes como para caminar.

Me gustaría expresar aquí mis más profundas condolencias a todos los que han perdido a seres queridos por esta violencia, y me compadezco con todos aquellos que han sido sometidos a otras formas de violencia.

 
III – Respuesta Estatal:

Plan El Salvador Seguro

A lo largo del siglo XXI, sucesivos gobiernos de El Salvador han seguido una estrategia de mano dura contra las pandillas, con la excepción de una “tregua” de dos años celebrada entre 2012-2014. Con los años, las estrategias de seguridad han seguido enfoques similares: la detención masiva y el encarcelamiento, así como la militarización de la policía. Los investigadores con los que hablé sugirieron que estas políticas no han arrojado resultados tangibles, sino que por el contrario, pueden haber empeorado las cosas al no abordar los problemas estructurales de la violencia y las pandillas.

En 2015, el Gobierno adoptó el plan El Salvador Seguro, un ambicioso plan quinquenal para frenar la violencia a través de la prevención, el mejoramiento del sistema de persecución penal y programas sociales. Las iniciativas incluyen proyectos de empleo, parques, instalaciones deportivas, programas de educación y capacitación para los 50 municipios más violentos del país. El Plan también tiene como objetivo frenar la influencia de grupos criminales al interior de los centros penitenciaros, mejorar las condiciones de los mismos y brindar oportunidades de rehabilitación, así como garantizar que las víctimas de delitos reciban apoyo y puedan obtener justicia y reparación.

Me reuní con los representantes de uno de tales municipios y quedé impresionada por su compromiso con el Plan, los muchos proyectos e ideas que habían generado y, lo que es más importante, la “esperanza” que el Plan proporciona, al menos entre estos funcionarios locales.

Se estima que el Plan costará alrededor de $ 200 millones por año, y es financiado con fondos de cooperación internacional y un impuesto asignado al mismo. En 2017, cerca del 70% de este impuesto se destinó al financiamiento de la policía y las fuerzas armadas, y el 81% se destinó a bonificaciones para el personal de seguridad.

Esta falta de recursos para las dimensiones preventivas del Plan significa que muchas personas con las que me reuní han perdido la fe en la capacidad o disposición del Gobierno para implementar realmente el programa según lo previsto. Además, los miembros de los partidos de la oposición (ARENA y GANA) han indicado su desconfianza o rechazo directo a tales medidas “blandas”, haciendo de la implementación de El Plan El Salvador Seguro un desafío político y el desafortunado rehén de las elecciones y la política.

Reformas Legales y Medidas Extraordinarias

En 2013, se inició una reforma al Código Procesal Penal (CPC), que modifica los artículos 300, 350 y 351 del mismo. De conformidad con la modificación del artículo 350 o, el Juez de Paz puede ordenar el sobreseimiento definitivo de los cargos contra agentes de policía, agentes militares que desempeñan funciones de seguridad pública, entre otros, que hayan “afectado bienes jurídicos en el cumplimiento de un deber legal”. En estos casos, el superior jerárquico del agente de seguridad involucrado, debe enviar un informe a la Fiscalía o al Juez, detallando las circunstancias de tiempo, modo y lugar bajo los cuales ocurrió el hecho. El juez tomará la decisión de sobreseer con base en este informe y a otras pruebas proporcionadas que podrían demostrar la exclusión de la responsabilidad. Por su parte, el fiscal tiene 72 horas para determinar si imputa o no cargos. Como resultado, de acuerdo con la información recibida, la mayoría de los cargos contra policías y militares han sido sobreseídos en este primer nivel, con la simple presentación del informe que detalla, por ejemplo, que los hechos ocurrieron durante una operación policial.

En 2015, el Fiscal General anunció que la Ley Especial contra Actos de Terrorismo de El Salvador (adoptada en 2006) será utilizada contra miembros de pandillas para “restablecer el orden y crear paz social”. La ley define los actos de terrorismo como  aquellos que “evidencien la intención de provocar estados de alarma, temor o terror en la población, al poner en peligro inminente o afectar la vida o la integridad física o mental de las personas”. En agosto 2015, la Corte  Suprema de Justicia confirmó que tanto la ley como su aplicación a las pandillas eran constitucionales. En el curso de las dos visitas que realicé a centros penitenciarios, la gran mayoría de los detenidos afirmaron que estaban acusados ​​de pertenecer a una organización terrorista, junto con otros delitos como la extorsión o el homicidio. Según la información provista oficialmente, en 2017 (primeros 6 meses) solo 19 hombres fueron declarados culpables de pertenecer a una organización terrorista. La disparidad entre los cargos imputados y las sentencias necesita ser investigada más a fondo. Si se demuestra que es correcto, podría indicar que tales cargos se utilizan principalmente con fines de detención (arbitraria).

En abril de 2016, el Gobierno anunció las Medidas Extraordinarias de Seguridad, incluyendo períodos de detención prolongada; el uso del ejército en actividades de seguridad pública; mayor flexibilidad para la ejecución de búsquedas y decomisos; y, el endurecimiento de las medidas administrativas en centros penitenciarios. También se instituyeron nuevas reformas legales, incluyendo la creación de 13 nuevos delitos y la reforma a la Ley Penal Juvenil. Tales medidas extraordinarias han sido ampliadas en 2017 y se extenderán nuevamente en 2018.

El Gobierno creó las Fuerzas de Intervención y Recuperación de Territorios (FIRT) y las Fuerzas Especializadas de Reacción El Salvador (FES), un grupo integrado por 600 militares y 400 oficiales de policía; el Grupo Conjunto de Apoyo a la Comunidad (GCAC) y la Fuerza de Tarea “Centro Histórico”. De acuerdo con información proporcionada por académicos y organizaciones de derechos humanos, desde 2006 hasta 2017, el crecimiento del personal militar en el trabajo de seguridad pública ha sido del orden del 1,550%. Sin embargo, la participación del Ejército en funciones policiales data desde 1993 y aumentó significativamente en el 2009.

Los oficiales del ejército que conocí insistieron en que el Ejército tiene un papel de acompañamiento y que la Policía es la responsable de coordinar las operaciones. Sin embargo, reconocieron un papel cada vez más relevante durante los últimos tres años “debido al aumento de enfrentamientos violentos”. Además, me sugirieron que “el conflicto armado de baja intensidad es la forma en que vemos la situación a pesar de la desaprobación del sector académico y político”.

En reiteradas ocasiones tuve conocimiento de que la Policía ha superado su capacidad y se encuentra desmoralizada, los agentes de la Policía reciben una salario bajo y están constantemente expuestos a situaciones difíciles y traumáticas.

Las autoridades señalaron la disminución de las tasas de homicidios desde 2015 como prueba de que las Medidas Extraordinarias de Seguridad están “funcionando”. Desde el 2016 al 2017, los homicidios han disminuido en un 25%, una disminución atribuida en gran parte a un descenso en homicidios relacionados con pandillas. Las cifras plantean una serie de preguntas, más allá del alcance de mi misión, pero principalmente ¿Esta disminución es sostenible?  

IV – Denuncia de ejecuciones extrajudiciales o uso excesivo de la fuerza

En el curso de mi misión, me informaron de un gran número de denuncias de ejecuciones extrajudiciales o uso excesivo de la fuerza. Entrevisté a varios testigos y familiares sobre tales denuncias, la mayoría de los cuales, según la información que he recibido, equivalen a ejecuciones extrajudiciales en lugar de casos de uso excesivo de la fuerza.

Los oficiales de policía que he conocido reconocieron que pueden haber algunos casos de ejecuciones extrajudiciales, pero insistieron en que se trataba de incidentes aislados. Sin embargo, mis hallazgos indican un patrón de comportamiento de parte del Personal de Seguridad, alimentado por las debilidades institucionales en las áreas de investigación y rendición de cuentas.

Las cifras oficiales apuntan a un aumento alarmante en el número de personas asesinadas por la policía y/o el ejército. A partir del año 2014, la policía ejecutó a 103 supuestos miembros de pandillas. Este número aumentó a 591 en 2016 con 119 heridos. El índice de letalidad calculado por académicos y organizaciones de derechos humanos apunta a un aumento constante, de 3.1 en 2015 a 6.3 en 2017 (primeros 6 meses). La tasa de mortalidad entre agentes de seguridad y civiles desde 2014 hasta junio de 2017 aumentó casi 8 veces, de 15 a 112.5.

Las entrevistas realizadas con supervivientes o testigos del llamado enfrentamiento armado (así etiquetado oficialmente) señalaron patrones similares, altamente preocupantes, durante estos “enfrentamientos”. En particular, hay repetidas denuncias de que presuntos pandilleros son asesinados bajo el estilo de ejecución, y que la escena del crimen es manipulada por los responsables de los homicidios o por otros, incluso colocando armas junto a los cuerpos de los presuntos miembros de la pandilla. Varias personas entrevistadas en diferentes lugares señalaron que las patrullas responsables de los homicidios fueron rápidamente reemplazadas por otra patrulla. Entrevisté a varios familiares que negaron vehementemente que la persona asesinada fuera miembro de una pandilla.

También se me informó de varias denuncias de torturas que preceden los intentos de homicidio, según lo informado por los propios sobrevivientes (todos ellos portaban signos físicos como evidencia de sus alegatos). En todos estos casos, las víctimas son jóvenes, entre 16 y 30 años, lo que provocó que muchas personas entrevistadas me dijeran que “ser joven en El Salvador es un crimen”. Con algunas excepciones, estos testimonios sugieren ejecuciones extrajudiciales (homicidios deliberados e intencionales) en lugar de un uso excesivo de la fuerza (violación de los principios de necesidad, proporcionalidad y precaución).

Los homicidios o masacres investigados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, las ONG y los periodistas, que desde entonces se han convertido en emblemáticos, apuntan a patrones muy similares a los que he identificado a través de mis entrevistas. Esto incluye la masacre de San Blas de ocho personas, incluyendo a siete supuestos miembros de pandillas.

Además, recibí varias denuncias sobre la existencia de “escuadrones de la muerte” que operan dentro de la Policía, algunos de los cuales han sido confirmadas por funcionarios públicos y corroborados por investigaciones oficiales.

V – Impunidad: Respuesta Institucional débil o pasiva

Hasta la fecha, ninguna de éstas denuncias ha dado lugar a la condena o sentencia de un oficial de policía o soldado. En efecto, la tasa de condenas por presuntos homicidios por parte de las fuerzas de seguridad es incluso inferior a la tasa de condenas penales generales de El Salvador, que es inferior al 5%. Muy pocas de estas denuncias han sido investigadas total y adecuadamente.

Este “cuello de botella de impunidad” comienza durante las primeras 72 horas de la presunta ejecución o uso excesivo de la fuerza: las organizaciones de derechos humanos han señalado que, a partir de 2014, la Fiscalía General ha solicitado el sobreseimiento de los cargos en más del 50% de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales o uso excesivo de la fuerza por parte de la policía o personal militar. En 2017, los jueces de paz también sobreseyeron los cargos en el 52% de los casos (frente al 0% en 2013 cuando no se les permitía hacerlo)

Cuando los casos llegan a una etapa de investigación más profunda, la gran mayoría son sobreseídos, sin llegar a alcanzar la etapa de sentencia. Según las ONG, entre el primer y segundo nivel, en 2017, el 92.96% de todas las denuncias de ejecuciones extrajudiciales fueron sobreseídas.

​​Con respecto a los pocos casos que llegan a sentencia, los jueces hasta ahora nunca han sentenciado a oficiales de policía o miembros del ejército. Sorprendentemente, esto incluye casos en donde los mismos jueces concluyeron que el personal de seguridad era culpable, como en el caso San Blas en donde el juez concluyó que se había producido una ejecución extrajudicial (de ocho personas asesinadas) pero que no se podía atribuir responsabilidad individual.

La mayoría de los familiares que he entrevistado han presentado denuncias formales contra la policía o el ejército. La mayoría de estos casos fueron desestimados en el primer nivel por los jueces de paz, lo que provocó que una de las personas entrevistadas me dijera: “Mi testimonio fue inútil; el juez no lo usó. El caso fue desestimado. No hay justicia para nosotros los pobres ... Deben primero entrar y buscar a las personas, pero no disparar para matar”.

Las medidas disciplinarias internas también han demostrado ser débiles. Según los datos oficiales, hasta el 31 de diciembre de 2017, 189 policías han sido sobreseídos definitivamente, 2 han sido sobreseídos provisionalmente, 47 se encuentran en fase de instrucción formal de los cuales 3 han sido detenidos. Durante el periodo de 2014 a 2016, se investigaron 41 casos de participación policial en grupos de exterminio u homicidios. De estos, 24 casos han sido desestimados, se están investigando diez casos, seis están bajo deliberación y acción del Inspector General, y únicamente una persona ha sido sancionada. En términos relativos, el 2.44% de las personas identificadas en estas prácticas han llegado a una condena, y el 58.54% de los casos han sido archivados porque la investigación no arrojó resultados.

VI – Situación de privados de libertad y muertes en Prison

Me han informado de los esfuerzos estatales de tener el control total de las cárceles del país a través de la adopción de Medidas Extraordinarias de Seguridad (Decreto Legislativo 321 de 2016). El Decreto establece una serie de medidas extraordinarias en siete (ahora seis) Centros Penitenciarios, Granjas Penitenciarias, Centros Intermedios y Centros Temporales de Reclusión. Estas medidas extraordinarias incluyen, entre otros, un encierro de 24 horas en las celdas, la suspensión de las visitas familiares, restricciones de las visitas a los defensores y abogados, la prohibición de traslado de las personas privadas de libertad a los juzgados para las audiencias judiciales, así como el acceso de organizaciones nacionales e internacionales a esos centros penales. Igualmente, se restringieron las comunicaciones desde y hacia las prisiones. La vigencia del Decreto fue extendida hasta el 30 de abril de 2018.

Agradezco al gobierno de El Salvador por darme pleno acceso a varias cárceles. Durante mi visita, corroboré las condiciones inhumanas de las cárceles sujetas a medidas extraordinarias. Estas medidas están siendo implementadas en centros penales con un hacinamiento inicial crítico. Sumado a lo anterior, el confinamiento en las celdas sin luz solar y el acceso restringido al agua y los alimentos, tienen un efecto grave en la salud de los reclusos y podrían convertirse en un problema de salud pública.

De acuerdo con la información recibida, a enero de este año, 1,272 personas privadas de libertad en los centros penales con medidas extraordinarias de seguridad, padecen de tuberculosis (TB) y 137 personas presentan síntomas. Para la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) el gran incremento de la tasa de tuberculosis en estos centros penitenciarios representa una “grave crisis de salud”. Antes de la entrada en vigor de estas medidas (marzo de 2016) se registraron 96 casos de tuberculosis en dichos centros penitenciarios, lo que representa un incremento del 1225%.

Durante mi visita a las prisiones, entrevisté a algunas de las personas a quienes se les había diagnosticado TB y pude observar con gran preocupación las condiciones en las que están confinadas, incluidos los lugares húmedos y las malas condiciones higiénicas. De acuerdo con la información recibida, la sobrepoblación es similar a la que existía antes de la implementación de las medidas extraordinarias. La mayor diferencia es que los reclusos están encerrados las 24 horas del día, lo que aumenta el deterioro de las condiciones, y la propagación del virus a otros compañeros.

El número de personas que han muerto en detención es particularmente alarmante. De acuerdo con la información proporcionada por organizaciones de la sociedad civil, los centros penales que no están sometidos a las medidas extraordinarias han tenido en promedio 39 muertes cada año desde 2015. En contraste, aquellos centros penitenciarios que sí tienen medidas extraordinarias tuvieron, en promedio, un gran incremento. Así, en 2015, 63 personas [41 según PDDH] murieron en los 7 centros penales afectados por las medidas, en 2016, 61 personas [56 según PDDH] y en 2017 un total de 127 personas [83 según PDDH].

El 31 de enero de 2018, tras una evaluación, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública anunció una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones penitenciarias, que se aplicarán durante un mes a modo de prueba. Las nuevas medidas incluyen: los internos declarados enfermos y que se encuentren aislados para recibir un tratamiento especializado para tuberculosis, VIH, enfermedades de la piel, desnutrición u otras similares, podrán acceder a una hora de sol diaria. El resto de las personas privadas de libertad recibirán sol por una hora tres veces por semana. Se habilitará nuevamente el acceso a la tienda para la venta de algunos alimentos nutritivos (se detalló una lista específica), y a productos básicos de higiene. Igualmente, se estableció la posibilidad de que defensores públicos y privados debidamente acreditados puedan ingresar a los centros penales. Igualmente, se prohibió la visita íntima y familiar solo a los miembros de la pandilla MS-13 de unos sectores y dormitorios específicos.

Es alentador la propuesta de medidas de mitigación anunciadas para un período de prueba por un mes, y exhorto que las mismas se implementen en línea con estándares internacionales más allá del 28 de febrero de 2018. Las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como la prohibición de los tratos y castigos inhumanos y degradantes, no están sujetas a pruebas piloto.

Actualmente, el régimen de seguridad punitivo se aplica colectiva e indiscriminadamente a la población privada de libertad. Considero que deben eliminarse las medidas extraordinarias de seguridad que no puedan justificarse con base en una interpretación objetiva de los riesgos de seguridad. También es de la mayor importancia permitir el acceso a estos centros de detención a organizaciones internacionales independientes, como el CICR o la OACNUDH, y a organizaciones nacionales especializadas.

Durante mi visita, también se me permitió el acceso a una bartolina, que en teoría es un centro de detención provisional por 72 horas. Sin embargo, la gran mayoría de personas son detenidas por meses. La alarmante sobrepoblación de las celdas para los hombres detenidos no les permite moverse con facilidad, y su higiene y salud son limitadas. Para ilustrar la magnitud de la sobrepoblación, los detenidos explicaron que toman turnos de una hora y media cada uno para dormir. Las personas detenidas solo tienen acceso a la alimentación si algún familiar o conocido les hace llegar los alimentos. Los detenidos sin acceso a la comida dependen de que otros reclusos les compartan. Asimismo, mencionaron la falta de ropa abrigada y el acceso a materiales de higiene personal, como jabón, toallas higiénicas y ropa interior.

VII – Homicidios cometidos por actores no estatales: Pandillas

Uno de los objetivos de mi misión fue centrarme en la violencia y en particular los homicidios a manos de pandillas o maras. Las personas que conocí, señalaron los complejos y múltiples factores que influyen en los orígenes y el desarrollo de las pandillas, incluyendo el conflicto armado, la inmigración, la desintegración familiar, los desastres naturales, las políticas económicas, las deportaciones masivas de los EE. UU. a finales de la década de 1990, etc.

Hay dos pandillas principales que operan en el territorio de El Salvador: la Mara Salvatrucha, o MS-13, que involucra aproximadamente dos tercios del total de miembros de pandillas y la pandilla Barrio 18. En el curso de mi misión, la gente notó que una posible reorganización de las pandillas está en marcha con el surgimiento también de grupos fragmentados.

Estimaciones no verificadas ubican el número de miembros de pandillas en unas 60,000 personas, en su mayoría hombres jóvenes. Algunas fuentes sugieren que la base de apoyo de las pandillas incluye a unas 500,000 personas, casi el 8% de la población total. Sin embargo, también me dijeron que quien vive en territorio de pandillas tiene pocas opciones, por lo que debe “cooperar” con las pandillas.

Las personas que conocí destacaron las siguientes características de las pandillas en términos de su organización y modus operandi:

Las pandillas ejercen control territorial: nadie niega esto, ni el control que ejercen sobre estos territorios, algunas veces con solo unas cuadras de ancho. Según los informes, las pandillas tienen presencia en 247 de los 262 municipios.

Este control territorial se expresa a través de, entre otros, puntos de control. La narración sobre los territorios de las pandillas recuerda a la utilizada para los países: las personas hablan de fronteras, cuyo cruce puede causar la muerte. Algunas personas que conocí hablaron de los grandes desviaciones que se ven obligados a tomar para ir a trabajar o llegar a cierto lugar.

La extracción de “ingresos” también se basa en gran medida en el aspecto territorial: la extorsión a pequeña escala (de propietarios de quioscos, pequeños negocios, etc.) es la principal fuente de ingresos de las pandillas.

Varias fuentes nos dijeron que todos los partidos políticos, en algún momento u otro, han “negociado” con las pandillas, aun si solo sea para obtener la autorización para celebrar mítines o reuniones electorales o para obtener votos electorales. Sin embargo, no pude verificar estas alegaciones.

Además de los homicidios, como se establece a continuación, los miembros de pandillas cometen una serie de crímenes graves y generalizados en los territorios que controlan y, a veces más allá de los mismos:

Violación y violencia sexual y explotación de mujeres y niñas;

Restricciones a la libertad de movimiento y desplazamiento forzado;

Reclutamiento forzado de niños, incluso mediante el control de las escuelas;

Control sobre el sistema de transporte público, incluyendo el paro forzado del transporte público a través de amenazas y homicidios

Los homicidios son una parte integral del ejercicio de control y poder de las pandillas. Los homicidios pueden estar dirigidos a mujeres y niñas; miembros de pandillas rivales; individuos que resistieron la extorsión o se quejaron contra ellos; y representantes de los servicios públicos, como los trabajadores de la compañía pública de electricidad, la policía y los soldados.

De acuerdo con la información recibida, está bastante claro que los homicidios de muchas pandillas no son actos delictivos al azar, sino que están organizados y parecen responder, o ser parte de, algo cercano a una “estrategia” deliberada. Esto se evidencia por:

La gran disparidad estadística entre los altibajos en los homicidios cometidos por pandillas, sugiere un alto nivel de determinación organizada sobre quién debe ser asesinado, cuándo y dónde.

El aumento en los homicidios y la focalización generalizada de individuos específicos, representativos del Estado, principalmente, personal policial y militar, pero también guardias en centros penitenciarios y personal del Órgano Judicial, así como sus familias. Las organizaciones de derechos humanos y los funcionarios públicos hablan de una estrategia sistemática contra los agentes del Estado, en respuesta o como precursora de la guerra del gobierno contra las pandillas. Las cifras oficiales muestran un fuerte aumento de 13 homicidios de personal de seguridad en 2013, a 60 en 2017.

El aumento en el número de enfrentamientos armados entre miembros de pandillas opuestas, la policía y las fuerzas armadas. Según datos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) y la Fiscalía General de la República (FGR), la cantidad de enfrentamientos armados aumentó de 256 en 2014 a 407 en 2016. Si bien la descripción oficial de algunos de estos “enfrentamientos” pueden ser cuestionados, presuntamente las propias pandillas también se han atribuido la responsabilidad por el aumento de los enfrentamientos armados.

No hay ninguna sugerencia de que las pandillas tengan una base ideológica o un programa político y no hay evidencia real de que estén brindando algún tipo de servicios a la población que controlan.

Sigue siendo cuestionable si las pandillas han "desplazado" el control estatal y a las autoridades del estado o si simplemente han llenado un vacío. Lo que deja pocas dudas es el miedo que generan dentro de la población. En un informe que se me proporcionó durante mi misión, la Defensoría del Pueblo concluye que, en vista de sus capacidades de control territorial, “estos grupos pueden considerarse con poder suficiente para violar sistemáticamente los derechos humanos de gran parte de la población”. Incluidas las violaciones del derecho a la vida, la integridad personal, la seguridad personal, la libertad individual, la libertad de circulación y el derecho a la propiedad, así como una serie de derechos económicos como el derecho a la salud, el trabajo, la educación y la recreación.

Es preocupante la clara dimensión de guerra en los enfrentamientos y la situación, como lo demuestran el lenguaje oficial y algunas estrategias estatales, particularmente la militarización de la policía, y la justificación del Estado para recurrir a la fuerza, aparentemente cambiando de un enfoque en el individuo (como lo exige el derecho internacional de los derechos humanos) al colectivo (las pandillas). Si bien nadie sugirió que se haya cruzado el umbral de un conflicto armado  interno, algunas de las prácticas podrían sugerir lo contrario.

El informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no sugiere que los miembros de pandillas sean procesados ​​por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, esta es la conclusión lógica de cualquier evaluación de la situación, a pesar de que tal paso puede presentar desafíos legales.

VIII – Homicidios cometidos por actores no estatales: Feminicidios

La Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres (LIEV) se adoptó en 2012 y es uno de los pilares fundamentales que orientan las políticas públicas sobre prevención y protección en temas de violencia contra la mujer. La LIEV incluye la definición de feminicidios (artículos 45 y 46). La medida más significativa emprendida por el Estado en un esfuerzo por mejorar el acceso a la justicia, es la creación de tribunales especializados en crímenes de género en San Salvador. Otros dos tribunales especializados se establecerán en otros departamentos durante el 2018.

Observo con preocupación que El Salvador continúa registrando niveles alarmantemente altos de feminicidios. Según los datos del ISDEMU en 2017, cada 18.7 horas una mujer es asesinada en el país. Los departamentos con mayor índice de feminicidios son: San Salvador, San Miguel la Paz y Sonsonate. Si bien la clasificación de los feminicidios ha aumentado en 2017, las cifras siguen siendo dispersas y varían de una institución a otra, y lo que es más importante, rara vez llegan a etapa de sentencia.

Tanto las autoridades estatales (Instituto Forense, Policía y Fiscalía) como representantes de la sociedad civil me informaron que muchos homicidios que constituyen feminicidios todavía se registran como homicidios o como “muerte violenta de mujeres”. La falta de una sistematización unificada de los datos hace que sea difícil comprender la magnitud de los homicidios. Para resolver este obstáculo, recomiendo al Estado que todos los homicidios de mujeres automáticamente sean clasificados como feminicidios.

También he recibido información preocupante sobre el aumento del número de desapariciones forzadas tanto de mujeres como de hombres, lo que puede indicar un número aún mayor en la realidad, ya que muchas desapariciones culminan en homicidios. Algunas mujeres, víctimas y familiares temen represalias y, por lo tanto, pueden abstenerse de presentar quejas ante las autoridades estatales. Me enteré de la impunidad sistemática de los crímenes por motivos de género y que el acceso a la justicia para las mujeres se ve obstaculizado por una institucionalidad débil, entre otras.

Considero que el Estado debe redoblar sus esfuerzos y proporcionar capacitación especializada en temas de género a los funcionarios de la policía, los médicos forenses y los funcionarios del sector justicia. Me alarmó escuchar acerca de un caso en el que la escena del crimen parecía haber sido manipulada y, a pesar de que las pruebas indicaban que era un feminicidio, el fiscal decidió desestimar los aspectos de género del homicidio. Es necesario mejorar los conocimientos técnicos para ayudar a implementar el protocolo modelo de manera práctica y coherente en todos los niveles (policía, fiscalía y análisis forense), incluso a nivel departamental y municipal. Existe una clara necesidad de fortalecer la capacidad de investigación del Estado. Los prejuicios religiosos o misóginos deben excluirse estrictamente de las decisiones, ya que son perjudiciales para la protección y salvaguarda de los derechos de las mujeres. Recibí poca información sobre el mecanismo de denuncia disciplinaria disponible para abordar las violaciones de los jueces a los principios de igualdad y no discriminación.

El cuerpo de la mujer como un territorio de venganza y para el ejercicio del control.

A través de testimonios reveladores y profundamente perturbadores que recibí durante mi misión, fue evidente el abuso sistemático de los derechos humanos cometido contra mujeres y niñas. Ninguna persona con la que me encontré negó esta dura realidad para las mujeres controladas por las pandillas. Las pandillas son un negocio dominado por los hombres y las niñas y mujeres son utilizadas como colaboradoras, mensajeras o como esclavas sexuales. Sin embargo, hay una delgada línea entre la coacción y el libre albedrío, o simplemente la mera supervivencia. Las pandillas también matan y atacan a las mujeres cuando provienen de una pandilla rival, por ejemplo, cuando un pandillero va a la cárcel, la pandilla enemiga puede matar a su esposa o novia como castigo. También conocí de un caso espantoso en el que dos mujeres fueron brutalmente violadas por varios miembros de pandillas por el hecho de contar con familiares dentro de las fuerzas militares.

IX – Crímenes de Odio contra miembros de la comunidad LGBTQI

Recibí informes alarmantes de discriminación y ataques contra personas LGBTQI cometidas por actores estatales y no estatales. La PDDH documentó que entre 2009 a 2016, se cometieron 19 homicidios de personas LGBTI que considera constituyen crímenes de odio. Se cree que esta es solo una pequeña fracción de los muchos casos que no se denuncian. En ninguno de los 19 casos se obtuvo justicia, ya que el fiscal no pudo identificar al perpetrador.

La falta de confianza en las instituciones del estado debido a los abusos y la discriminación sistemática contra este grupo en la sociedad (incluyendo a los funcionarios públicos) inhibe la búsqueda de justicia y reparación de la víctima. También me impactó conocer la violencia sexual que sufren las mujeres transgénero y lesbianas supuestamente para “curarlas”. Si bien la definición de crimen de odio fue incluida en el Código Penal de El Salvador en 2015, es lamentable que hasta la fecha no se haya catalogado ningún caso como crimen de odio, y no se haya dictado sentencia sobre esta disposición.

Los informes de la sociedad civil indican una impunidad de casi el 100% que cubre los homicidios de personas LGBTQI. La violencia endémica en el país y el control territorial de las pandillas en ciertas áreas también ha impactado negativamente a las personas LGBTQI, que además de homicidios ilegítimos han sufrido una amplia gama de violaciones de derechos humanos tales como desplazamiento forzoso, amenazas e intimidaciones, violencia sexual, y tortura. Me horririzó escuchar la historia de una mujer lesbiana que fue asesinada por las pandillas en 2017, presuntamente miembros de su propia familia ordenaron su muerte, porque desaprobaban su orientación sexual.

Mujeres transgénero

Tuve conocimiento de la discriminación generalizada que sufren las mujeres transgénero en la sociedad salvadoreña, incluso algunos funcionarios estatales de alto nivel rechazan su identidad de género y se refieren a ellas como niños u “hombres con peluca”. Una mujer transgénero que conocí describió esta situación adecuadamente: “Somos rechazadas y, por lo tanto, estamos más expuestas, incluso somos más discriminadas”. Tanto los actores estatales como no estatales arremeten contra las mujeres transgénero.

Fui informada de casos horribles en los que las mujeres transgénero habían sido atacadas por agentes de la policía o por pandilleros. Las mujeres transgénero están particularmente expuestas a la violencia policial durante la tarde y la noche. Recibí información sobre una mujer transgénero que fue violada por dos agentes de policía para poder ser liberada de la detención. En febrero de 2017, tres mujeres transgénero fueron asesinadas en el departamento de la Paz. En noviembre de 2017, una mujer transgénero fue duramente golpeada por un miembro de una pandilla por negarse a pagar una extorsión.

La mayoría de las matanzas de personas transgénero son crímenes de odio; por lo general, la víctima ha recibido amenazas contra su vida antes del homicidio. También son una ilustración del tipo extremo de violencia que está dirigido a individuos que desafían los roles de género convencionales. De los 19 homicidios de LGBTQI documentados por la PDDH, 16 víctimas mortales fueron mujeres transgénero (84%). Según datos compartidos por organizaciones de la sociedad civil, 32 mujeres transgénero fueron asesinadas en 2016, y en 2017 se registraron 14 homicidios. Las organizaciones de la sociedad civil indican que alrededor de 700 crímenes de odio han tenido lugar en los últimos 10 años.

En ocasiones, el Estado ha sido directamente responsable de algunos de estos homicidios o ha fallado en sus responsabilidades de protección y prevención. Es necesario redoblar los esfuerzos para mejorar la protección y prevenir estos homicidios, que han sido ampliamente cubiertos por la impunidad.

X – Homicidio de Migrantes

La Oficina de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado informó que, en 2016, 699 personas se convirtieron en víctimas de desplazamiento forzado debido a la violencia y crimen organizado. Sin embargo, hasta la fecha, el Estado Salvadoreño no ha reconocido el problema. Como lo mencionó la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, no existe un marco legal, políticas ni programas para las poblaciones desplazadas.

La migración parece ser parte de la realidad cotidiana en El Salvador. Un gran número de personas abandona el país para escapar de la violencia y la inseguridad. He conocido a familias que están bajo protección y bajo un esquema de reasentamiento organizado por el ACNUR, a los Estados Unidos y también a Canadá.

Los migrantes indocumentados sufren graves violaciones de los derechos humanos durante su viaje (generalmente a los Estados Unidos), incluyendo homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual y condiciones inhumanas en los centros de detención. Por ejemplo, me informaron que 195 migrantes fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas, como lo demuestra el descubrimiento de 47 fosas clandestinas en abril de 2011. Los familiares de migrantes muertos o desaparecidos hablaron de la falta de asesoramiento, apoyo y acompañamiento nacional.

En 2010, se creó el Banco de Datos Forense de Migrantes No Localizados en coordinación con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos y Fallecido (COFAMIDE). Aun así, estos esfuerzos son todavía débiles y es necesario el fortalecimiento de la capacidad y apoyo operacional.

El final de los programas DACA y TPS por parte de la administración de los Estados Unidos crea el riesgo de una crisis sin precedentes para la cual El Salvador no está preparado.

XI – Prohibición Absoluta del Aborto

El Salvador es uno de los pocos países del mundo que todavía tiene una prohibición absoluta del aborto. Esto ha llevado al encarcelamiento injusto de mujeres después de sufrir emergencias obstétricas y abortos espontáneos, después de haber sido injustamente acusadas de haber inducido la interrupción del embarazo. Algunas mujeres han sido acusadas del delito de “homicidio agravado” y han sido condenadas a severas penas de prisión de hasta 40 años. En la actualidad, un total de 27 mujeres cumplen severas condenas de prisión por delitos relacionados con el aborto.

Los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y el sistema interamericano han pedido sistemáticamente la despenalización del aborto para salvaguardar el derecho de las mujeres a la vida, la salud, la autonomía y el bienestar. En febrero de 2017, el Comité de la CEDAW expresó su preocupación “por la absoluta criminalización del aborto”, según el artículo 133 del Código Penal y por el hecho de que las mujeres suelen recurrir a métodos de aborto inseguros y corren un riesgo grave para la salud y la vida. Asimismo, hizo una llamado  a emprender la moratoria en la aplicación de esta ley, así como una revisión de la misma.

En este contexto, acojo con especial satisfacción la propuesta de reforma legislativa que estipula la excepción de la prohibición por cuatro motivos (cuando la vida de la madre corre peligro, cuando el feto no tiene posibilidad de sobrevivir fuera del útero, cuando el embarazo resulta de la violencia sexual o el tráfico de mujeres, y cuando el embarazo es el resultado de la violencia sexual o el tráfico de menores). Insto a la Asamblea Legislativa a que acelere la aprobación de este proyecto de ley. También tomo nota de otra propuesta de enmienda presentada en agosto de 2017 para levantar la prohibición total en dos circunstancias específicas: cuando la vida y la salud están en peligro y por la violación de menores. Lamento la postura de la actual Procuradora de Derechos Humanos sobre este tema, ya que contraviene las normas y obligaciones internacionales de derechos humanos que caen dentro del ámbito de la Procuraduría. Insto a la Institución a que reconsidere esta postura y apoye las reformas legislativas necesarias, así como que apoye más ampliamente la promoción de los derechos sexuales reproductivos de las mujeres.

He solicitado información sobre el número de mujeres que se han sometido a un aborto inseguro y que han resultado en la privación arbitraria de la vida de una mujer debido a complicaciones. No es claro cómo están siendo registradas estas muertes. Si bien me complació escuchar que la tasa de mortalidad materna ha disminuido significativamente en los últimos años, me alarma mucho saber sobre la alta tasa de suicidios entre las mujeres embarazadas, que no pueden abortar de forma segura bajo la prohibición absoluta actual. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, en 2016, el 57% (69/121) de las mujeres que cometieron suicidio estaban embarazadas.

Apoyo totalmente y reitero la recomendación hecha por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos después de su visita a El Salvador en noviembre de 2017 pidiendo a El Salvador que “ponga en moratoria la aplicación del artículo 133 del Código Penal y revise todas casos en que las mujeres han sido detenidas por delitos relacionados con el aborto, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del debido proceso y las normas de un juicio justo. Si se descubriera que sus casos no cumplen con la tipificación, hago un llamado para la liberación inmediata de estas mujeres”. Para establecer el cumplimiento, dicha revisión podría establecerse por decreto presidencial y llevarse a cabo por un comité ejecutivo experto compuesto por miembros nacionales e internacionales. También insto al Estado a ratificar rápidamente el Protocolo Facultativo de la CEDAW.

XII – Justicia Transicional y pueblos indígenas

La Comisión de la Verdad respaldada por las Naciones Unidas, establecida 15 de marzo de 1993 como parte de los Acuerdos de Paz de El Salvador, documentó el homicidio, la tortura y la desaparición forzada de más de 75,000 personas durante el conflicto armado. La Comisión de la Verdad recomendó que se realicen investigaciones y que los responsables de las violaciones y abusos de los derechos humanos sean llevados ante la justicia. Con la aprobación de una Ley de Amnistía General, las víctimas de esta tremenda violencia han esperado un cuarto de siglo para que se haga justicia mientras se impiden las investigaciones efectivas sobre las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto. En la reunión con representantes de pueblos indígenas, tuve conocimiento de la masacre de 30,000 personas indígenas perpetrada en 1932. Igualmente, se me informó de presuntas ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado ocurridas recientemente.

Acojo con beneplácito las medidas iniciales adoptadas en el último año para avanzar en la búsqueda de justicia para violaciones pasadas. En mi opinión, este proceso no solo contribuye a reparar las heridas del pasado, sino que también ayuda a establecer las condiciones para combatir la impunidad actual, ya que a menudo los patrones se repiten.

El 14 de julio de 2016, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia derogó la Ley de Amnistía General. Este histórico fallo sin duda dio un nuevo impulso hacia la justicia por las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado. Sin embargo, me han informado que después de la derogación de la Ley de Amnistía, solo se han reabierto tres casos penales, entre más de 100 denuncias penales presentadas por las víctimas a lo largo de los años. Asimismo, un (1) juez local ha tenido la valentía de reabrir las investigaciones sobre las acciones de las fuerzas armadas (en la emblemática masacre de 1981-El Mozote el 30 de septiembre de 2016, en línea también con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Si bien observo con beneplácito los pasos tomados a la fecha, también lamento que las víctimas continúen esperando justicia del pasado.

Me han informado que el Fiscal General ha designado un pequeño equipo de fiscales para llevar a cabo investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado durante el conflicto armado. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está proporcionando asistencia técnica. Espero que el Gobierno y la comunidad internacional continúen brindando apoyo a los valientes defensores de los derechos humanos que representan a las víctimas a pesar de los muchos obstáculos que existen.

El Órgano Ejecutivo también ha tomado medidas audaces para ayudar al proceso de sanación de su brutal pasado, incluyendo el establecimiento, por el Decreto Presidencial N°33, de Septiembre de 2017 de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas (CONABUSQUEDA). Estas medidas han complementado a la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños durante el Conflicto Armado Interno de 2010. Estos son esfuerzos loables, que deben fortalecerse y convertirse en políticas estatales.

1. Cualquier referencia a "Personal de seguridad/Fuerzas de seguridad" en el documento abarca a la Policía y al Ejército.