Discurso del Sr. Zeid Ra'ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sobre la situación de Burundi

Ginebra, 29 de junio de 2016
Excelencias,
Colegas y amigos:

Me honra presentar el informe de mi Oficina sobre la situación de derechos humanos en Burundi. Este documento se basa en la labor –permítanme decirlo, en la ardua y muy honorable labor- del personal del ACNUDH desplegado en Bujumbura, Bujumbura Rural, Gitega, Makamba y Ngozi, así como en informaciones facilitadas por otros agentes de derechos humanos y por las autoridades.  

En este informe se detalla el deterioro trágico y generalizado de los derechos humanos del pueblo de Burundi en el año siguiente a la crisis política de abril de 2015. Las violaciones que les infligieron abarcan ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desapariciones forzadas, arresto y detención arbitraria, torturas y otras modalidades de malos tratos, entre ellas la violencia sexual. Según los informes recibidos, los autores de estos abusos y violaciones de derechos humanos son miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia; miembros de grupos armados vinculados a la milicia Imbonerakure, que está asociada al partido de gobierno; y otros grupos e individuos armados.  

Además de los ataques y las restricciones impuestas a las libertades públicas esenciales, estas violaciones y abusos han generado un contexto de temor. Miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, militantes de partidos de oposición y manifestantes han sido objeto de agresiones, víctimas de desapariciones forzadas, detenidos arbitrariamente o amenazados.

Varios miembros del partido gobernante, de las fuerzas de seguridad y de la milicia  Imbonerakure también han sido víctimas de asesinatos y de atentados con explosivos. 

Las últimas cifras, que datan del 20 de junio pasado, indican que casi 270.000 personas se han visto obligadas a huir de Burundi. Otras 100.000 se encuentran desplazadas dentro del país.

Los puestos de control y el miedo a la violencia limitan drásticamente el movimiento a lo largo y ancho de Burundi, especialmente en los alrededores de Bujumbura, que se consideran zonas proclives a la oposición, y que en numerosas ocasiones han sido acordonadas por la policía para realizar redadas. Desde junio de 2015, los viajeros que se desplazan hacia los países aledaños o que proceden de ellos corren un riesgo mucho mayor de ser arrestados y detenidos, bajo la sospecha de que tratan de unirse a algún grupo insurgente. La economía se encuentra en caída libre, con lo que se despilfarran los adelantos en materia de desarrollo obtenidos durante ocho años de crecimiento continuo. La violencia estorba gravemente el acceso al empleo, la educación, los servicios de salud y otros derechos fundamentales.    

Desde febrero, el gobierno ha adoptado algunas medidas positivas con miras a solucionar un número limitado de problemas.

Han quedado en suspenso las órdenes internacionales de arresto contra 15 miembros de la sociedad civil, figuras de la oposición y trabajadores de la prensa. Dos emisoras de radio han podido reanudar sus transmisiones y se levantó la suspensión de actividades dictada contra una ONG. Tras la visita del Secretario General, se puso en libertad a un grupo de detenidos y 47 personas que habían sido arrestadas durante las manifestaciones en contra de un tercer mandato del presidente Nkurunziza fueron puestas en libertad provisional tras ser sometidas a juicio. Pero cientos de personas siguen encarceladas porque se les considera opositores reales o presuntos del gobierno.

Excelencias:

Este informe abarca el periodo que concluyó en abril de 2016. En fechas más recientes, el ACNUDH ha constatado una disminución del número de víctimas mortales –y aunque tal vez sea demasiado pronto para considerar que se trata de una tendencia positiva- este es sin duda un hecho positivo que debe alentarse. Pero, al mismo tiempo, no han disminuido los casos de arresto arbitrario, detención y tortura. Estoy consternado por los continuos informes acerca de la expulsión de la escuela y el arresto de estudiantes de primaria y secundaria porque han garabateado los retratos del presidente que aparecen en los manuales de estudio.

Además, me siento alarmado por la perspectiva muy probable de una escalada de la violencia étnica. En las seis últimas semanas, algunos miembros de la antiguas Fuerzas Armadas de Burundi, conocidas como exFAB, han sido asesinados, posiblemente porque pertenecían a la etnia tutsi. También se me ha informado que en el sur del país miembros de la milicia Imbonerakure han pronunciado discursos que equivalen a una incitación a la violencia contra los opositores políticos, con fuertes alusiones étnicas. Habida cuenta de la reciente historia de hechos sangrientos ocurridos en Burundi por motivos étnicos, esos actos de incitación al odio encierran un gran potencial de conflicto. Insto a las autoridades a que lleven ante los tribunales a los autores de estos hechos.

En mi informe se detalla un número de recomendaciones fundamentales dirigidas al gobierno de Burundi y a la comunidad internacional. Sobre todo, insto a que se ponga fin a las violaciones de derechos humanos que están destrozando las vidas, las esperanzas y el futuro del pueblo burundés y a que se solucione esta crisis mediante un diálogo nacional auténticamente integrador.