Discurso inaugural del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Sr. Zeid Ra'ad Al Hussein, en el 33er. periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

13 de septiembre de 2016

Sr. Presidente,
Sr. Director General,
Excelencias,
Colegas y amigos:

Es un honor para mí dirigirme a este Consejo en el primer periodo de sesiones de su segundo decenio.

Tras haber desempeñado durante dos años el cargo de Alto Comisionado, creo que es importante para mí compartir con ustedes en este informe oral de actualización nuestra inquietud acerca de un esquema que está manifestándose hoy en día: la negativa cada vez más frecuente de un número creciente de Estados Miembros a otorgar al ACNUDH o a los mecanismos de derechos humanos acceso, ya sea a los países en general o a regiones específicas, cuando ese acceso se solicita de manera explícita, o a colaborar con nosotros en otros aspectos de nuestra labor. 

¿Por qué esos países que nos niegan la entrada colocan esa barrera ante nosotros? Me propongo dedicar mi intervención de hoy principalmente a este tema. Pero antes, quisiera esbozar algunas observaciones generales relativas a nuestra circunstancia actual.

En el discurso que pronuncié en el 32º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, me pregunté hasta qué punto constituimos realmente una comunidad internacional. Resulta fácil dar por sentado que tenemos el compromiso de colaborar, porque no nos queda otro remedio. La organización a la que pertenecemos no fue creada por la humanidad por motivos triviales, sino que nació de un mundo roto y devastado por dos guerras inmensas. Asimismo, todo el marco de derechos humanos fue producto de una catástrofe –un sistema progresista, sin duda, pero habida cuenta de la escala de la carnicería que produjo la guerra, fue un sistema creado a partir de la necesidad más aguda y profunda. En realidad, aún hoy los programas relativos al cambio climático y los ODS siguen profundamente anclados en esa arraigada convicción: sólo mediante la colaboración podremos solucionar los problemas comunes. No hay alternativa. Ninguna otra opción ofrece esperanza alguna. Debemos mantener nuestro compromiso con la acción colectiva.

No obstante, para algunos que hoy ejercen el poder y otros que se esfuerzan por alcanzarlo, parece que sí hay alternativas y sostienen que sus ideas son mejores. Al parecer, creen que es de soñadores y de locos pensar en términos de “nosotros, los pueblos” o de “nuestras naciones unidas”, o en todos nosotros como titulares de los mismos derechos. ¿Qué son las Naciones Unidas? Un absurdo risible, anacrónico: ¡burócratas y minorías acaudaladas!  Y quienes piensan de ese modo no dudan mucho en dividir a los seres humanos en categorías, ni en atemorizar y abusar de los más vulnerables; en maltratar la verdad; en atacar a las organizaciones regionales e incluso a las internacionales; en amenazar con retirarse de ellas, abandonarlas y descartar el derecho internacional. Y algunas de estas personas están a punto de alcanzar el poder político y otras ya lo ejercen. 

En los próximos meses, las fuerzas centrífugas que nos presionan seguirán siendo fuertes: el terrorismo y su principal exponente, Da’esh, tan odioso y despreciable como es, probablemente seguirán haciendo sentir su presencia entre nosotros; mientras la alienación y la decepción de muchos que en el mundo se sienten engañados por la mala gobernanza y la corrupción llevarán agua al molino de los embaucadores. En varias democracias asentadas desde hace mucho se celebrarán elecciones en las que peligrosos elementos xenófobos e intolerantes aspiran a cargos públicos y su reacción hacia nosotros podría empezar a condicionar, como nunca antes, el rumbo futuro de “nosotros, los pueblos” de esta Tierra. Volveré sobre este tema la semana próxima en Nueva York, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Refugiados y Migrantes.

Señor Presidente:

Hace diez años, cuando se creó el Consejo de Derechos Humanos, este órgano se concibió para que fuera más pertinente que su antecesora, más creíble, más imparcial y más centrado en los derechos y las opiniones de las víctimas.

En cada uno de esos puntos, el Consejo ha logrado éxitos importantes. Pero, aun así, me preocupan la polarización cada vez mayor de este órgano y los esfuerzos cada vez más claros y frecuentes de determinados Estados para eludir o bloquear el escrutinio en materia de derechos humanos, hecho que ya mencioné al inicio de este informe de actualización.

En reiteradas ocasiones, delegados gubernamentales y miembros de las Misiones Permanentes me dicen que los derechos humanos se usan indebidamente como pretextos para interferir en los asuntos de naciones soberanas. Se sugiere que la lucha contra la discriminación vulnera los valores culturales. Los funcionarios han protestado a veces diciendo que los oficiales de derechos humanos que observan una manifestación pública cometen una “injerencia” en los asuntos internos del Estado. Las declaraciones emitidas por mi Oficina acerca de denuncias fiables de violaciones -que abarcan las redadas demasiado amplias y violentas ejecutadas por las fuerzas de seguridad, los procesos judiciales que parecen incoados por motivos políticos y la aplicación masiva de la pena capital por delitos en cuyo enjuiciamiento no se han tenido en cuenta las normas estipuladas en el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR)- se consideran “prejuiciadas”, “irresponsables”, “engañosas” o basadas en “falsas” premisas. Se rechazan las actividades de seguimiento y promoción, encaminadas a mejorar la protección de la gente en sus países, aduciendo que de algún modo violan el principio de la soberanía del Estado o incluso la Carta de las Naciones Unidas.

Señor Presidente:

Podría ser útil recordar los múltiples intentos que realizó el régimen sudafricano del apartheid en el sentido de denunciar que las resoluciones de la Asamblea General que se oponían al apartheid constituían una “intervención” ilícita en su jurisdicción nacional. La Asamblea General rechazó de manera categórica una y otra vez esos esfuerzos orientados a evitar que el mundo exterior examinara las graves violaciones de derechos humanos que se cometían en Sudáfrica.

Según el derecho internacional, la intervención “ilícita” –prohibida en el Artículo 2 (7) de la Carta de las Naciones Unidas – es coercitiva por naturaleza. Y resulta obvio que mi Oficina carece de cualquier poder de coerción. Ninguna de las actividades que llevamos a cabo podría considerarse una “intervención” ilícita. Tratamos de fortalecer los sistemas nacionales de protección, no de violarlos. No amenazamos con invasiones ni financiamos u organizamos actividades sediciosas; pedimos acceso, para aclarar de manera neutral los hechos acontecidos sobre el terreno. Y ese acceso sólo es posible cuando el Estado nos extiende una invitación; el ACNUDH no puede irrumpir por la fuerza en ningún país.

Pedimos acceso para ayudar mejor en la tarea de adaptar sus leyes y prácticas a los acuerdos internacionales que ustedes, los Estados, redactaron y ratificaron, y para asistirlos a fin de que cumplan con las recomendaciones que ustedes han aceptado de manera pública y, a menudo, sin reservas.

¿Acaso los derechos humanos son un asunto exclusivamente nacional? Los gobiernos tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones en la materia y de respetar las normas. Pero los derechos humanos de todos los pueblos, en todos los países, también necesitan, de manera indudable, nuestra atención colectiva. La Declaración de Viena, aprobada por unanimidad hace 23 años, ratificó lo siguiente: “La promoción y protección de todos los derechos humanos es una preocupación legítima de la comunidad internacional”. Estos términos también resuenan en la Resolución 48/141 de la Asamblea General que encarga al Alto Comisionado de “eliminar los actuales obstáculos…  para la plena realización de todos los derechos humanos y de prevenir la persistencia de violaciones de los derechos humanos en todo el mundo”.

Señor Presidente:

Las violaciones de derechos humanos no van a desaparecer porque un gobierno impida el acceso de observadores internacionales y luego invierta recursos en una campaña de relaciones públicas para contrarrestar cualquier publicidad indeseada. Por el contrario, los esfuerzos para esquivar o rechazar el escrutinio legítimo plantean una pregunta obvia: ¿en realidad, qué nos oculta usted?

Yo considero como negativas de acceso toda demora injustificada, toda negociación pomposa irracionalmente prolongada y toda respuesta a solicitudes específicas que trate de engatusarnos con alternativas inadecuadas, en vez de facilitar una evaluación real, de base empírica.

Acceso aplazado es acceso denegado: dos semanas es un plazo sin duda suficiente para obtener una decisión de todos los funcionarios pertinentes. Los argumentos basados en que la inseguridad de la situación impide el acceso a los miembros de mi personal también resultan inaceptables.  Mi personal trabaja, haciendo gala de gran coraje, en algunas de las comunidades más amenazadas del mundo y lo seguirá haciendo siempre que se le asigne ese cometido – o, al menos, nosotros decidiremos al respecto.   

Los Estados pueden clausurar mi Oficina, pero no podrán amordazarnos ni vendarnos los ojos. Si se nos niega el acceso, supondremos que ocurre lo peor, pero así y todo seguiremos haciendo el máximo esfuerzo para informar con la mayor exactitud posible sobre las denuncias graves. Lo más probable es que nuestra tarea de seguimiento a distancia implique la obtención de declaraciones de testigos, informes de fuentes fiables y el uso de imágenes satelitales, entre otros métodos. Sin duda el seguimiento a distancia es un flaco substituto de la observación personal realizada por los expertos. Este control remoto dificulta la verificación y la confirmación de los argumentos opuestos de las partes, incluso los del gobierno. Lamento esa imprecisión e insto a los Estados a que nos ayuden a rectificarla, facilitando a mis equipos el acceso irrestricto a los sucesos sobre el terreno, cuando se les solicite.

Quiero hacer hincapié en que algunos Estados siguen colaborando plenamente. Este fue el caso, en fecha reciente, de la República del Congo, a pesar de la gravedad de las violaciones denunciadas. El informe de esa misión se encuentra en su fase final y agradecemos a las autoridades las facilidades de acceso que nos otorgaron.

En cambio, Siria, a pesar de las reiteradas peticiones que hemos formulado, no ha concedido acceso ni al ACNUDH ni a la Comisión de Investigación, desde que la crisis comenzó en 2011. Este es un Estado presidido por un médico y, sin embargo, se sospecha que las autoridades han usado gases contra su propia población; han atacado a hospitales y han bombardeado indiscriminadamente a barriadas civiles con explosivos; y mantienen a decenas de miles de detenidos en condiciones infrahumanas. Las palabras son insuficientes para transmitir mi profunda condena a esta situación.  El gobierno que es responsable de algunas de las peores violaciones registradas en la historia de este Consejo, envía periódicamente notas verbales a mi Oficina, en la que informa de violaciones de derechos humanos cometidas por los grupos armados. Pero, al mismo tiempo, no ofrece ninguna posibilidad de realizar un escrutinio independiente.

En los últimos dos años y medio, Venezuela no ha autorizado ni siquiera un visado para mi representante regional.  Su negativa general al acceso del personal del ACNUDH resulta especialmente sorprendente a la luz de las graves preocupaciones acerca de las denuncias de que se reprimen las opiniones de la oposición y de grupos de la sociedad civil; se realizan arrestos arbitrarios; se emplea una fuerza excesiva contra los manifestantes pacíficos; se deteriora la independencia de las instituciones que garantizan el Estado de Derecho y se produce una drástica reducción en el disfrute de los derechos económicos y sociales, con la generalización del hambre y el deterioro agudo de la atención médica. Mi Oficina dará estrecho seguimiento a la situación de ese país y expresaremos nuestra inquietud por los derechos humanos del pueblo de Venezuela en cada oportunidad que se presente. El respeto de las normas internacionales de derechos humanos puede crear un sendero estrecho por el cual el gobierno y la oposición podrían marchar, con miras a abordar y solucionar de modo pacífico los problemas actuales del país –en particular, mediante un diálogo significativo y el respeto al Estado de Derecho y la Constitución. Mi Oficina está dispuesta a prestar asistencia para abordar los problemas actuales de derechos humanos y le agradezco al Secretario General de la Organización de Estados Americanos su recomendación de que Venezuela colabore con mi Oficina en el marco de una Comisión de la Verdad, que sin duda daría al pueblo venezolano un canal de expresión importante.  

Mi preocupación acerca de los derechos de la población que vive en el sureste de Turquía sigue siendo muy aguda. Hemos recibido denuncias reiteradas y graves de violaciones permanentes del derecho internacional y de problemas de derechos humanos, entre otros de muertes de civiles, asesinatos extrajudiciales y desplazamientos masivos. Seguimos recibiendo informes sobre la destrucción y demolición de pueblos y aldeas en la región sureste. Las necesidades humanitarias y de protección de miles de desplazados y de personas que padecen otras consecuencias del conflicto deben recibir la debida consideración. He pedido que se autorice el acceso a esta zona para que un equipo del personal del ACNUDH pueda realizar una evaluación independiente y exhaustiva. Pero, a pesar de nuestra colaboración actual con las autoridades turcas en cierto número de asuntos, ese acceso no ha sido otorgado. Por consiguiente, hemos formado en Ginebra un equipo interino de seguimiento y seguiremos informando al Consejo de nuestras preocupaciones. Aunque agradezco al gobierno de Turquía la invitación que me formuló para visitar el país a título personal, esa visita no sustituye a nuestra solicitud de acceso efectivo e irrestricto para que una misión del ACNUDH visite el sureste del país, visita que se necesita con urgencia.

Aunque Etiopía ha alcanzado logros impresionantes en lo tocante al desarrollo económico, estamos sumamente preocupados por las reiteradas denuncias de uso excesivo y letal de la fuerza contra los manifestantes, desapariciones forzadas y detenciones masivas, incluso de niños, así como inquietantes restricciones impuestas a la sociedad civil, la prensa y la oposición.  He solicitado al gobierno etíope que autorice el acceso del personal de mi Oficina a fin de evaluar la situación de derechos humanos, particularmente en las regiones de Oromia y Amhara. En respuesta, el gobierno alega que la violencia reciente fue obra de forajidos y grupos terroristas, y que las autoridades llevarán a cabo su propia investigación en torno a la muerte de los manifestantes. Acojo con beneplácito cualquier esfuerzo nacional en ese sentido, pero creo que el gobierno también debería tener en cuenta la necesidad de realizar un esfuerzo internacional independiente e imparcial para confirmar o modificar estos argumentos.

Permítanme añadir que, habida cuenta de la relación especial que mantenemos con Etiopía, país que acoge a una de nuestras oficinas regionales, así como del acuerdo preliminar con Turquía con miras a instalar otra oficina regional allí, me parece desconcertante que no se nos permita acceder a zonas de esos países en las que, sin duda, las competencias de mi Oficina pueden aportar una asistencia inmediata y duradera.

Señor Presidente:

Hace dos meses, solicité a los gobiernos de la India y el Pakistán que se pusieran de acuerdo para invitar a sendos equipos de mi Oficina a que visitaran ambos lados de la línea de control, o sea, la zona de Jammu y Cachemira, administrada por la India, y la parte de Cachemira bajo administración pakistaní.  Habíamos recibido informes –y seguimos recibiéndolos- en el sentido de que las autoridades indias han hecho un uso excesivo de la fuerza contra la población civil que está bajo su administración. Además, recibimos relatos contradictorios de ambas partes acerca de las causas de estas confrontaciones y del número supuestamente elevado de personas que resultaron muertas o heridas en los choques. Creo que una misión internacional independiente e imparcial es ahora una necesidad esencial y que dicha misión debería recibir libre y total acceso a fin de realizar una evaluación objetiva de las denuncias formuladas por ambas partes. El viernes pasado recibí una carta del gobierno del Pakistán en la que invitaba oficialmente a un equipo del ACNUDH a visitar el lado pakistaní de la línea de control, siempre que de manera simultánea otra misión visitara el lado indio.  Todavía no he recibido una respuesta oficial del gobierno de la India. Por consiguiente, solicito aquí públicamente a los dos gobiernos que autoricen el acceso incondicional a ambos lados de la línea de control. 

En el mes de julio pedí al gobierno de Mozambique que autorizara el acceso del ACNUDH para realizar una misión de evaluación en ese país y tenía la esperanza de recibir una rápida respuesta. La confrontación armada permanente entre la RENAMO y el ejército nacional, que comenzó hace casi un año, ha incrementado los niveles de violencia y hemos recibido informes acerca de fosas comunes, ejecuciones sumarias, destrucción de bienes, desplazamientos y ataques contra la población civil. Las tensiones se recrudecen a causa del deterioro económico del país y una situación humanitaria muy grave, consecuencia de la sequía. Espero que la respuesta del gobierno llegue pronto.

De manera similar, las Naciones Unidas han solicitado la anuencia del gobierno de Gambia para enviar una misión conjunta y esperamos recibir una respuesta positiva. Como señalé en la reunión que este Consejo celebró en junio pasado, estamos inquietos por los casos de discursos inflamatorios y las denuncias de supuesta violencia ejercida contra los manifestantes, en el contexto de la campaña electoral, así como, en fecha más reciente, por casos de muerte de detenidos y denuncias de torturas y malos tratos a los presos. Habida cuenta de las graves repercusiones que podría tener el deterioro progresivo de la situación, creo que es urgente asistir a las autoridades en la preservación del respeto de todos los derechos humanos.

En Crimea las autoridades de facto no han otorgado a mi Oficina el permiso para abrir una sucursal de la Misión de Observación de Derechos Humanos en Ucrania, en los mismos términos que las otras cinco sucursales de la HRMMU. Por consiguiente, seguiremos observando de lejos la situación de Crimea y seguiremos publicando información imparcial, independiente e incisiva, como muestran los 14 informes trimestrales que ya hemos difundido y también el 15º de la serie, que se presentará durante este periodo de sesiones.

Señor Presidente:

La protección de los derechos humanos es decisiva en el contexto de conflictos prolongados y territorios en disputa o carentes de reconocimiento jurídico, donde millones de personas viven en profunda incertidumbre. Estoy muy preocupado por las reiteradas negativas de las autoridades pertinentes a permitir el acceso del personal del ACNUDH a Abjasia y Osetia del Sur, a pesar de que el Secretario General ha insistido en la importancia de ese acceso en el contexto de las Discusiones Internacionales de Ginebra . Seguimos recibiendo denuncias de violaciones, incluso de asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, así como restricciones a la libertad de movimiento. Otros aspectos inquietantes abarcan los litigios sin resolver acerca de los desaparecidos y las dificultades permanentes en lo tocante al acceso a los medios de subsistencia, la educación, los derechos de propiedad y la documentación administrativa, así como la necesidad de garantizar espacios para la sociedad civil y los medios de comunicación independientes.

El personal de mi Oficina no ha tenido acceso a la situación del conflicto de Nagorno-Karabakh desde los sucesos ocurridos en abril de 2016.  Por consiguiente, no hemos podido verificar los informes contradictorios sobre violaciones de derechos humanos y la suerte de cientos de miles de desplazados internos y refugiados no ha recibido en las últimas décadas el escrutinio que merece en lo tocante a esos derechos, ni de parte de mi Oficina ni de la comunidad internacional.

Señor Presidente:

Las negociaciones con China que sucesivos Altos Comisionados ha sostenido en los últimos 11 años, acerca de la posible visita de una misión oficial, no han dado por resultado un compromiso real para proceder con dicha visita. Desde 2011, nuestras propuestas de proyectos y talleres conjuntos no se han traducido en acción, a pesar de nuestra firme convicción de que podríamos aportar un apoyo provechoso en lo tocante a los derechos humanos en ámbitos como el desarrollo, el medio ambiente y las empresas. Las observaciones tan pertinentes que formuló el Relator Especial sobre la pobreza extrema, tras su reciente visita a ese país, constituyen un ejemplo cabal de recomendaciones específicas y útiles que el personal del ACNUDH podría ampliar. Aplaudo la reciente aprobación de una ley sobre violencia doméstica y algunos progresos logrados en relación con el elevado número de ejecuciones que se realizan en ese país, y espero que mi Oficina pueda asistir a China en este empeño. No obstante, sigo sumamente preocupado por los informes sobre el acoso continuo que sufren los abogados y los defensores de derechos humanos y sus familiares, así como por las denuncias de discriminación, tortura y malos tratos, desapariciones forzadas y muertes en detención de miembros de minorías étnicas y religiosas. El acceso directo a información de primera mano permitiría que el personal de mi Oficina pudiera evaluar mejor la situación y constatar los notables logros de China, especialmente en lo relativo a la reducción de la pobreza. Quisiera que pudiéramos iniciar una relación de auténtica colaboración con China, de manera constructiva y participativa.

En 2011, el gobierno de Nepal tomó la decisión de clausurar las oficinas del ACNUDH sobre el terreno y desde entonces hemos tropezado con grandes dificultades para obtener colaboración en lo tocante a los derechos humanos. El gobierno sostiene que dispone de la capacidad nacional suficiente en la materia y que no necesita ayuda externa. Pero el país sigue padeciendo de problemas de derechos humanos graves y crónicos. Un decenio después del fin de la guerra civil, todavía no ha habido una rendición de cuentas por las peores violaciones de derechos humanos. Nepal sigue siendo uno de los países más pobres del mundo y padece un alto nivel de corrupción. Aunque el país recibió un gran volumen de ayuda tras el terremoto del año pasado, son muchas las víctimas que todavía no han obtenido el apoyo adecuado. Asimismo persisten graves problemas de discriminación por motivos de género, casta, religión y condición étnica que, como se ha visto en el pasado, pueden degenerar rápidamente en choques violentos.

En los últimos diez años Uzbekistán se ha negado a reconocer a la Oficina Regional del ACNUDH para Asia Central en Bishkek y no ha autorizado el acceso al país a ningún miembro de su personal. A pesar de esta falta de acceso, seguimos documentando las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Uzbekistán, hechos que merecen más atención de la que se les otorga. Espero que pronto logremos superar estas viejas dificultades y empecemos a colaborar con las autoridades, de conformidad con sus obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos y los compromisos contraídos por el gobierno en el marco del EPU.

También lamento que hasta ahora Armenia no haya autorizado un acceso irrestricto a nuestro personal en Tiflis, que brinda apoyo a los países del Cáucaso meridional. Por ese motivo no hemos podido colaborar y obtener la participación plena del gobierno, las entidades estatales y las organizaciones de la sociedad civil.

Señor Presidente:

Lamento que la República Dominicana no haya respondido a mi oferta de apoyo y capacidad de observación en lo que atañe a los traslados forzosos de población hacia Haití. Entre los expulsados figura un gran número de personas de ascendencia haitiana que tras la nueva ley de 2013 fueron despojados de la ciudadanía dominicana. Mi Oficina sigue preocupada por las deportaciones, que comenzaron oficialmente hace un año, y se ha propuesto velar por que cualquier movimiento de población cumpla plenamente con las normas jurídicas internacionales. Me consta que el gobierno ha colaborado estrechamente con los organismos pertinentes de las Naciones Unidas en ese país, entre otros con el Asesor de Derechos Humanos, y encomio la creación de dispositivos para enmendar los casos de deportación  errónea o ilegal. Pero debo reiterar mi petición de que se conceda a un equipo especializado del ACNUDH acceso irrestricto a los pasos fronterizos y espero que en el futuro podamos colaborar estrechamente en este tema con las autoridades dominicanas.

En cuanto a Burundi, aunque constato la colaboración permanente de las autoridades  con el personal de mi Oficina, me preocupa mucho que la delegación de Burundi no haya comparecido ni ofrecido réplicas durante la sesión especial del Comité contra la Tortura que tuvo lugar en julio, una forma de proceder sin precedentes para cualquier Estado. Es de lamentar que numerosos grupos de la sociedad civil, periodistas y abogados que han cooperado con el CAT sigan bajo la amenaza de represalias gubernamentales.  Asimismo me preocupa la negativa del gobierno burundés a cumplir con la solicitud del Consejo de Seguridad de que se destacara una unidad de policía para supervisar la situación de seguridad. Ustedes recibirán un informe más detallado sobre Burundi durante este periodo de sesiones. 

Por lo que atañe a Estados Unidos, he expresado reiteradamente mi decepción ante el rechazo del gobierno de ese país a la petición del Relator Especial sobre la Tortura de que se le permita acceder al centro de detención de la Bahía de Guantánamo para realizar entrevistas confidenciales, conforme a la práctica habitual de todos los expertos del Consejo. Guantánamo ha sido durante largo tiempo objeto de denuncias de graves violaciones de derechos humanos. Las tácticas empleadas por las autoridades estadounidenses para eludir las peticiones de los mandatos internacionales de derechos humanos son sumamente lamentables.

Sobre ésta y otras negativas de los Estados a permitir el acceso adecuado a los titulares de Procedimientos Especiales, informaré con más detalle en una próxima reunión de este Consejo.

Señor Presidente:

La República Popular Democrática de Corea me extendió una invitación para que visitara el país, pero se ha negado a discutir las modalidades del viaje o a colaborar con el personal del ACNUDH destacado en Seúl. Esta estrategia priva a mi Oficina de la posibilidad de ampliar nuestra comprensión sobre los puntos de vista de las autoridades de la RPDC. La observación a distancia que llevamos a cabo indica que persisten graves problemas de derechos humanos en todo el país, lo que abarca restricciones omnipresentes sobre todas las libertades públicas, un vasto y brutal sistema carcelario, torturas y violaciones del derecho a la alimentación y otros derechos sociales y económicos.

En cuanto a la República Islámica del Irán, mi Oficina no ha recibido permiso de visita desde 2013, a pesar de que con anterioridad a esa fecha hubo varios años de buena colaboración técnica. Nuestras ofertas de iniciar un diálogo técnico sobre la pena capital han sido soslayadas sistemáticamente, al igual que otras propuestas de colaboración. Esto resulta especialmente lamentable, habida cuenta de los informes que seguimos recibiendo acerca de problemas fundamentales con la administración de justicia penal, ejecuciones de gran número de personas, incluso de jóvenes, denuncias de discriminación y persecución de minorías étnicas y religiosas, severas restricciones impuestas a activistas de derechos humanos, abogados y periodistas, y discriminación contra las mujeres, tanto de iure como de facto.

Aprovecho la ocasión para compartir con ustedes algunas reflexiones ulteriores acerca de la colaboración o ausencia de colaboración de los Estados con los mandatos de país específicos, que incluyen las comisiones de investigación, las misiones de determinación de los hechos por mandato del Consejo y los mandatos de país específicos de los Procedimientos Especiales. En la actualidad,  Belarús, Eritrea, la República Popular Democrática de Corea, la República Islámica del Irán y Siria se niegan totalmente a colaborar con estos mecanismos. Israel ha acumulado un extenso expediente de negativas a cooperar con la mayoría de ellos, en lo referente a permitir el acceso al Territorio Palestino Ocupado. 

Algunos Estados argumentan que, a menos que el Consejo de Derechos Humanos consiga la aprobación del Estado en cuestión, este órgano debería abstenerse de examinar situaciones en las que se acusa a los gobiernos de violar masivamente los derechos humanos de su pueblo.  Este argumento no me parece nada convincente y mi posición viene respaldada por el hecho de que los Estados que lo emplean lo hacen de manera incoherente. Los mandatos de país específicos garantizan un proceso de seguimiento competente, imparcial e intensivo, que facilita la circulación de información hacia este Consejo y al resto del mundo. El mandato nítido y universal otorgado a este Consejo para abordar las violaciones de derechos humanos no depende de la aprobación de ningún gobierno en particular.

Señor Presidente:

Las voces plurales y a veces coincidentes del Consejo, sus mecanismos y mi Oficina se alzan con frecuencia en apoyo mutuo de la labor que realiza cada una de estas instancias. Cuando los mandatos de país específicos no están disponibles o cuando el Consejo no puede expresarse, por la razón que sea, resulta aún más importante que el Alto Comisionado ejerza su mandato independiente para poner de relieve las violaciones de derechos humanos.

Me preocupa que en Bahrein ocurran actos de hostigamiento y arrestos de defensores de derechos humanos y activistas políticos, y que la legislación del país permita la revocación de la nacionalidad sin que medien garantías procesales. Insto a que se preste más atención a esta situación. En el decenio pasado se pusieron de manifiesto en múltiples ocasiones y con meridiana claridad los desastrosos resultados que se pueden obtener cuando un gobierno trata de aplastar las voces de su pueblo en lugar de servirle. Sería muy sensato que las autoridades de Bahrein cumplieran con las recomendaciones del EPU y los mecanismos de derechos humanos, y que colaborasen más provechosamente con mi Oficina, así como con los Procedimientos Especiales del Consejo.

Las declaraciones del presidente de Filipinas, en las que manifiesta su desprecio por el derecho internacional de los derechos humanos, muestran una sorprendente falta de comprensión de nuestras instituciones de derechos humanos y de los principios que preservan la seguridad en nuestras sociedades. El Estado de Derecho, con su actuación justa e imparcial, es la base de la confianza y la seguridad públicas. Cuando se autoriza a los agentes de policía a que disparen a matar a cualquier persona sospechosa de delitos de narcotráfico, tengan o no pruebas de ello, se está socavando la justicia. El pueblo de Filipinas tiene derecho a disponer de instituciones judiciales imparciales que funcionen con garantías procesales; y tiene derecho a contar con un cuerpo de policía que actúe al servicio de la justicia. Insto encarecidamente al gobierno de Filipinas a que extienda una invitación al Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.  Mi Oficina está en disposición de colaborar, incluso en lo tocante a las instituciones del Estado de Derecho y la prevención y el tratamiento del uso indebido de narcóticos, de conformidad con las normas internacionales.

Mi Oficina sigue teniendo amplio acceso a Yemen. Pero, como señalé en mi último informe, el esfuerzo nacional de investigación no se ha traducido en la indagación imparcial y de amplio espectro necesaria, a la luz de las graves denuncias de abusos y violaciones. Recomiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva, a cargo de un órgano internacional independiente. Esta situación será objeto de debate más adelante, en el curso de este periodo de sesiones. 

Señor Presidente:

Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes; si los Estados pueden escoger qué derechos quieren respetar y cuáles no, toda la estructura se verá socavada. Y, sin embargo, me sorprenden a menudo las declaraciones en el sentido de que mi Oficina no se preocupa lo suficiente por los derechos económicos y sociales. Esta afirmación se escucha a menudo en boca de representantes de Estados que disponen de pocos mecanismos de rendición de cuentas, -a veces de ninguno- que garanticen la protección eficaz de esos derechos económicos y sociales, y que no han adoptado un marco legislativo para otorgar vigencia nacional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Estoy convencido de que los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como el derecho al desarrollo, sólo pueden hacerse realidad cuando se consideran como elementos que se apoyan entre sí. Y aunque no hay un solo modelo correcto, la aplicación de los derechos humanos en la realidad exige que sean tratados como derechos –y no como mercancía neutral o como resultados facultativos de medidas políticas. Insto a todos los Estados Miembros de este Consejo a que procedan con rapidez en la creación de los marcos legales que pueden garantizar la puesta en práctica de los derechos económicos y sociales y la rendición de cuentas al respecto.

Señor Presidente:

Espero haber dejado claro esta mañana que, incluso cuando los poderosos tratan de desviar nuestro trabajo y eludir nuestro escrutinio, nosotros y otros agentes de derechos humanos seguiremos buscando la verdad y defendiendo los derechos de todos los pueblos. En una próxima reunión de este Consejo seguiré explicando de manera más detallada la atención que prestamos a los países que mantienen un compromiso mínimo con los mecanismos de derechos humanos y con el ACNUDH.

Señor Presidente:

Este Consejo es el abanderado de la protección equitativa y constante de los derechos humanos en el mundo entero. El Consejo defiende los principios que fundamentan la libertad de los pueblos, en todos los lugares. Nuestras normas de derechos humanos empoderan a los pueblos para que exijan a los gobiernos que estén a su servicio, en vez de explotarlos; propician sistemas económicos que les permiten vivir dignamente; sostienen el derecho a participar en cada decisión que repercute en sus vidas. Estas son medidas esenciales que fomentarán el respeto mutuo, el desarrollo sostenible y la justicia, en un mundo más seguro.

Confío en que en la próxima década el Consejo mantenga su credibilidad y desarrolle aún más su reputación con miras una actuación consistente, mediante la defensa inequívoca del principio de que todos los derechos humanos valen por igual y que son válidos en todos los ámbitos geográficos, todos los sistemas políticos y todas las sociedades.

Muchas gracias.

Para ver un extracto en vídeo de este discurso, pulse aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=K240e5pY6UI

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Notas: