Türk interviene en el debate del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en la República Popular Democrática de Corea

Debate del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en la República Popular Democrática de Corea

Señor Presidente,

Miembros del Consejo:

Muchas gracias por su invitación.

Aplaudo la atención que este Consejo otorga a la precaria situación de derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea y a la interconexión entre los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo.

El carácter interminable de esta situación ha atrapado a muchísimas personas en una red de terrible sufrimiento.

Asimismo, constituye un factor de inestabilidad con amplias ramificaciones regionales. No es posible separar el estado de los derechos humanos en la RDPC de las consideraciones relativas a la paz y la seguridad en la península, incluida la reciente militarización de la RDPC.

Hoy en día, la RDPC es un país aislado del resto del mundo. Esto genera un contexto de clautrofobia paralizante, en el que la vida es una lucha diaria carente de esperanza. Esta opinión se sustenta en un gran número de factores que hemos podido observar últimamente.

En primer lugar, el recrudecimiento de la represión del derecho a la libertad de movimiento. En los últimos meses ha habido una reapertura parcial de fronteras, lo que ha permitido cierto movimiento – algunos ciudadanos que vuelven a sus hogares, un reducido número de diplomáticos que llegan y algunas delegaciones gubernamentales o deportivas.

Pero la cruda realidad para el conjunto de la población sigue siendo que los controles fronterizos se han reforzado. Ahora resulta casi imposible que las personas puedan salir del país sin permiso del gobierno. Y muy poca gente lo consigue. Abandonar el propio país no es un delito -al contrario, es un derecho humano, reconocido en el derecho internacional-.

El año pasado, unos 200 prófugos de la RPDC llegaron a la República de Corea, menos de la quinta parte de los que arribaron antes de la pandemia del COVID. De los recién llegados, solo una pequeña fracción procedía directamente de la RPDC tras el cierre de fronteras causado por la pandemia a principios de 2020, mientras que la mayoría había permanecido en un tercer país.

En resumen, vemos una situación en la que las personas no pueden salir del país, ni siquiera cuando se encuentran en las más desesperadas circunstancias o corren el riesgo de ser perseguidas. Una consecuencia de esta situación es que las familias divididas se encuentran aún más divididas. La imposibilidad de abandonar el país significa que no es posible la reunificación con sus familias en el extranjero. Ni siquiera se realizan ya los breves encuentros familiares de antes, porque los esfuerzos oficiales en ese sentido han permanecido estancados durante años. Además, el contacto telefónico y el envío de remesas a las familias que han quedado en la RDPC es ahora prácticamente imposible. Pero eso es exactamente lo que permitiría fomentar la confianza y la esperanza.

Esta interferencia arbitraria en la vida familiar es motivo de grandes sufrimientos. Exhorto a la RPDC a que reabra la posibilidad de que las familias puedan comunicarse y, en última instancia, reunificarse.

En segundo lugar, se ha recrudecido la represión de la libertad de expresión, especialmente como consecuencia de la aplicación de tres leyes. La primera se refiere al consumo de noticias de medios de información considerados “fuentes de pensamiento reaccionario”. La otra criminaliza el uso de cualquier lenguaje que no se ajuste al dialecto hablado en Pyongyang, mientras que la tercera se centra en obligar a los jóvenes a “vivir según el estilo de vida del socialismo”.

Todas estas leyes imponen severos castigos sobre el ejercicio de derechos fundamentales protegidos por el derecho internacional, entre otros el derecho a la libertad de expresión y el derecho a acceder e impartir información, e incluso llegan a castigar a los padres por los actos que cometen sus hijos.

El artículo 7 de la Ley sobre denuncia de la cultura y el pensamiento reaccionario es un ejemplo especialmente oneroso, ya que autoriza la imposición de severas sanciones, incluso la pena capital, por el delito de introducir, ver o difundir elementos de la “cultura reaccionaria”. Dicho en términos más sencillos, cualquier persona en la RPDC corre el riesgo de ser condenada a muerte simplemente por mirar un programa de televisión extranjero o intercambiar un vídeo. Esta norma viola de manera flagrante los derechos a la libertad de opinión y de expresión y el derecho a participar en la vida cultural, lo que coloca a la RPDC en abierta ruptura con sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

Insto a la RPDC a que derogue estas leyes opresivas y decrete una moratoria sobre el uso de la pena de muerte en todo su sistema jurídico, con miras a su posterior abolición, en consonancia con la tendencia mundial en este ámbito.

En tercer lugar, las condiciones socioeconómicas en la RPDC han empeorado hasta hacer la vida insoportable. En particular, me impresiona la falta de acceso a los alimentos. Cada una de las personas que hemos entrevistado en la Oficina ha mencionado este aspecto de una u otra forma. Como señaló uno de los testigos: “Es muy fácil caer en la fragilidad y la desnutrición, porque no hay nada de comer”.

Aunque, al parecer, el gobierno hace esfuerzos para abordar el problema de la inseguridad alimentaria, al mismo tiempo está clausurando la mayoría de los mercados minoristas, los jangmadang, y limitando lo que los vendedores ambulantes pueden ofrecer a sus clientes. Estos mecanismos de control de la producción y la distribución de alimentos están socavando el acceso a la comida. Los informes recibidos apuntan a que casi la mitad de la población ha padecido inseguridad alimentaria en los últimos años y que en algunas provincias ha aumentado la mortalidad infantil.

Pido al gobierno que cumpla con el derecho a la alimentación de todos sus ciudadanos, sin discriminación, y que a este fin aproveche las ofertas de cooperación de la comunidad internacional.

En cuarto lugar, los trabajos forzados siguen aplicándose de diversas maneras en la RPDC. El gobierno también ejerce un alto grado de control sobre los trabajadores que envía al extrajero, a muchos de los cuales ha entrevistado mi Oficina. Estos obreros narran una vida de terribles sufrimientos: empleos peligrosos, carencia de alimentos y de cuidados sanitarios, un alto grado de vigilancia, violencia física y confiscación, por parte del Estado, hasta del 90 por ciento de sus salarios.

Además, la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos, así como la ausencia de juicios justos, constituyen tácticas habituales de represión.

También he planteado reiteradamente el trágico problema de las desapariciones forzadas, tanto de ciudadanos de la RPDC como de otros países, en particular de la República de Corea y de Japón, perpetradas en los últimos 70 años. Por desgracia, la verdad acerca de la suerte de estas personas -que nosotros calculamos en más de 100.000- sigue siendo desconocida hasta el día de hoy.

Una vez más, pido a la RPDC que cumpla con sus obligaciones internacionales y devuelva a estas personas al seno de sus familias o que revele cuál ha sido su suerte y entregue sus restos a sus seres queridos.

Es preciso que la rendición de cuentas en torno a estas vulneraciones graves, prolongadas y generalizadas llegue a ser una prioridad. Hace diez años, la Comisión de Investigación sobre Derechos Humanos en la RPDC pidió al Consejo que remitiera la situación a la Corte Penal Internacional, solicitud que yo respaldo. Además, insto a los Estados a que examinen las vías disponibles para lograr una rendición de cuentas judicial, incluso en virtud de los principios reconocidos de jurisdicción universal y extraterratorial, según lo estipulado en el derecho internacional.

En lo tocante a las vías no judiciales, deben seguir siendo parte de nuestro esfuerzo colectivo orientado a aportar reparación a las víctimas. La revelación de la verdad, los sitios de memoria, las reparaciones y las garantías de no repetición, todos estos aspectos deben promoverse.

Y reconozco la enorme contribución de la sociedad civil en la documentación periódica de las violaciones y el apoyo a las víctimas. A solicitud del Consejo de Derechos Humanos, presentaré en 2025 un informe exhaustivo sobre la situación de derechos humanos durante los últimos diez años.

Habida cuenta de la precaria situación de derechos humanos en la RPDC, hay razones perentorias para reconocer la necesidad de protección internacional para quienes la solicitan fuera del país. En este sentido, es esencial que se respete escrupulosamente el principio de non-refoulement. En el ACNUDH hemos recibido noticias preocupantes sobre deportaciones hacia la RPDC, en clara vulneración del derecho internacional. Nuestro servicio de monitoreo confirma que las personas sujetas a estas medidas de repatriación forzosa luego son víctimas de torturas, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones de derechos humanos.

Señor Presidente:

Es importante que la comunidad internacional siga prestando suma atención a esta gravísima situación de derechos humanos. El Consejo está en una situación privilegiada para abordar el creciente aislamiento de la RPDC, que es un vector tanto de vulneraciones de derechos humanos como de inestabilidad regional. Es muy importante que la comunidad internacional sea creativa en la búsqueda de medios para reavivar el diálogo.

En fechas recientes, hemos percibido síntomas positivos del interés de la RPDC en relacionarse mejor con el sistema internacional de derechos humanos, señales que recibimos con agrado. Tanto la reunión del Examen Periódico Universal prevista para noviembre próximo como el procedimiento de examen de 2025 del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad ofrecen oportunidades que deben aprovecharse.

El panorama de sufrimiento, represión, miedo, hambre y desesperación que muestra la RPDC resulta sumamente alarmante. Todas las vías para escapar de esta situación arrancan con un giro de 180 grados para huir del callejón sin salida del aislamiento auto-impuesto: abrir el país, relacionarse de nuevo con la comunidad internacional, propiciar los contactos con otros pueblos y aceptar la cooperación internacional, con especial atención al bienestar de todas las personas.

Exhorto al gobierno de la RPDC a que abandone la política tradicional y supere su esquema aislacionista, que solo suscita más y más desconfianza y alimenta la espiral de pensamiento gregario, a expensas de un futuro más próspero y seguro para su pueblo. Los derechos humanos, en todas sus dimensiones, ofrecen una solución y abren la vía hacia el futuro.

Muchas gracias.