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Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

31 de agosto de 2021

Saludos a todos ustedes, y gracias por esta oportunidad para hablar sobre un tema fundamental: los vínculos entre la seguridad humana y los derechos humanos. 

¿Qué es la seguridad humana?

Tal como la Comisión Ogata-Sen informó en 2003 ,"Las nociones tradicionales sobre la seguridad, que se adoptaron en su mayor parte debido a la guerra fría, hacían referencia sobre todo a la capacidad de un estado de contrarrestar amenazas externas», pero en la visión de la seguridad humana, «el desarrollo, la erradicación de la pobreza y una mayor igualdad social están cada vez más vinculados con la resolución de conflictos, la construcción de la paz y la consolidación del estado...    Los intereses de las personas, o los intereses de la humanidad como colectivo se convierten en el foco de atención.»

El aire que respiramos, nuestros ecosistemas, infraestructura, salud pública, estos son todos bienes que compartimos. Y a la vez que la invasión militar, los conflictos armados internos y otras amenazas para la seguridad del estado con una definición tradicional, pueden ciertamente resultar perjudiciales, no son las únicas amenazas que se ciernen sobre las sociedades. La COVID-19 nos ha acercado a estos problemas con toda su fuerza, al igual que lo han hecho amenazas más poderosas como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Tanto directa como indirectamente, todas ellas contribuyen a socavar la paz.

Permítanme que les exponga un ejemplo concreto. La región del Sahel, en especial en regiones vecinas de Burkina Faso, Malí y Níger, una zona que a veces se denomina «Liptako-Gourma», sufre un brutal conflicto armado que crece cada día en su alcance. ACNUR calcula que actualmente más de 4 millones de personas se han visto desplazadas de sus hogares en todo el Sahel, y la emergencia humanitaria cada vez es más acuciante. Los desastres medioambientales y el cambio climático han contribuido a esta crisis, con una desertificación cada vez mayor; prolongadas sequías a las que siguen inundaciones repentinas; además de un acceso desigual a recursos naturales.  El Sahel sufre un calentamiento global de una magnitud mucho mayor que en otras regiones del planeta.  Y la inseguridad alimentaria resultante se ve agravada por una gestión deficiente de los recursos naturales y una gobernanza inadecuada.

La escasez de recursos empeora las tensiones entre comunidades, incluyendo entre agricultores y pastores. Esta dinámica ha hecho agravar el conflicto en gran manera en años recientes.  Se ha extendido el uso de armas ligeras; en este contexto, aparecen grupos de auto-defensa rápidamente. Sería un error apuntar a extremistas procedentes del exterior como la única causa del conflicto, aunque el extremismo ha contribuido claramente al problema. A pesar de que podría considerarse que las causas fundamentales de este conflicto son «no tradicionales», estas han generado una amenaza creciente para la paz nacional y regional.  Yo considero que estas causas se podían haber evitado en su mayor parte.

Por tanto, ¿cómo podemos evitar estas amenazas no tradicionales para la seguridad? En décadas recientes, a pesar de los enormes retrocesos, ha habido un reconocimiento cada vez mayor de que los derechos humanos son el pilar necesario para la paz. 

Bajo un análisis de la seguridad tradicional y relacionado con el conflicto, los derechos humanos no son ideales a los que se puede aspirar solamente después que haya acabado el conflicto.  No son una medalla que nos podemos colgar solo después que se hayan conseguido finalmente avances. Las medidas en apoyo de los derechos humanos suponen el bastión contra el conflicto y la violencia, son pilares vinculados y que se refuerzan entre sí en pro de la paz, la seguridad y el desarrollo.

Para posibilitar el éxito de los esfuerzos en pro del desarrollo y la paz, estos han de afrontar las causas fundamentales de las reivindicaciones principales, que incluyen la impunidad, la discriminación, las desigualdades, la corrupción y la represión. El bien fundamentado lema de la Cumbre Mundial de 2005 fue que no podía haber «paz sin desarrollo, desarrollo sin paz, y ni paz ni desarrollo sin derechos humanos». 

Pero a pesar de este generalizado conocimiento del valor de los derechos humanos para construir economías y sociedades más sólidas y resilientes, la COVID-19 ha dejado al descubierto décadas de incapacidad para dar prioridad a derechos humanos universales.

Las políticas basadas en intereses políticos de corta visión y en un crecimiento económico con una definición limitada dejaron a los sistemas sanitarios, los sistemas de protección social, y otros derechos humanos, como el agua potable y una vivienda adecuada , sin recursos suficientes. Modelos arraigados de discriminación continuaron obstaculizando que mujeres y comunidades específicas se aprovecharan de los beneficios del desarrollo, lo que debilitó a todo el conjunto de la sociedad. Además, la destrucción medioambiental, a menudo a expensas de las comunidades que más dependen de la naturaleza para conseguir sus medios de vida, ha multiplicado muchas amenazas, que incluyen la amenaza de nuevas enfermedades contagiosas.

El coste en vidas arruinadas, y para el desarrollo y la cohesión social, sigue en aumento. Un coste que será asumido durante generaciones. Y conforme la falta de acceso a vacunas contra la COVID-19 continúa produciendo situaciones de contagio sin control, las cuales originan nuevas variantes, la realidad de nuestro mundo interconectado será cada vez más dolorosamente patente. «Una recuperación divergente» debilita los esfuerzos comunes. La falta de interés por conseguir la vacunación global supone otra clara amenaza para la seguridad humana: nos acabará por afectar a todos.

De este modo la COVID-19 fue una llamada de atención: hacia la fragilidad que un pensamiento cortoplacista y el desinterés han generado; hacia los destinos interconectados de nuestras sociedades; y hacia la necesidad de adaptar nuestros mecanismos en pro de una acción colectiva para abordar las amenazas de hoy en día. Ningún responsable político debe ignorar la realidad de nuestra emergencia medioambiental creciente, una amenaza para los derechos humanos y la seguridad humana de una magnitud nunca vista anteriormente. 

¿Cómo podemos solucionar estas carencias y obstáculos, para acelerar nuestra recuperación de la COVID, y combatir otras amenazas para la seguridad humana, como la emergencia medioambiental?

La COVID-19 deja claro el papel central que la salud tiene en todos los aspectos de la vida.  Y demuestra que las desigualdades en salud son producto de decisiones políticas.  Con el respaldo de una participación amplia, en especial de aquellos más afectados por la pandemia, es necesario aprobar medidas para lograr la cobertura sanitaria universal.

Para hacer frente a las fracturas expuestas y agravadas por la COVID, tenemos también que hacer una mayor inversión en protecciones sociales universales, y en participación pública en la toma de decisiones que garanticen una mayor confianza, además de políticas más eficaces.  Necesitamos, tal como ha expuesto el Secretario General de las Naciones Unidas, un  nuevo contrato social entre los gobiernos y las personas. 

Muchos gobiernos han respondido a la COVID ampliando sus programas de protección social según las necesidades.  Para revertir el aumento de las desigualdades, estas redes de protección han de convertirse en permanentes. Las políticas de protección social han de proteger a trabajadores formales e informales, así como a no trabajadores, en especial mujeres procedentes de grupos marginados.

El Nuevo Contrato Social ha de introducir una distribución más equitativa de los ingresos, la riqueza y los recursos. Es necesario aprobar medidas de redistribución (como por ejemplo el salario mínimo, los derechos laborales, normas y protecciones para el consumidor) y se debe revertir la falta de inversión crónica en servicios públicos.

Puede que sea necesario reformar las instituciones de gobierno para que el acceso, el poder, la riqueza y las oportunidades se distribuyan de manera más equitativa. Es necesario analizar canales eficaces, permanentes y seguros para conseguir la participación más amplia posible como una medida transformadora clave que ha de recibir prioridad en todas las regiones del mundo. 

Debemos acabar también con la discriminación estructural y sistémica, la cual perjudica a millones de personas y produce el retraso de todas las sociedades.  Conforme hacemos frente a la destrucción que hemos generado para nuestro planeta, las medidas realmente eficaces de mitigación y adaptación al cambio climatico serán aquellas políticas que empoderen a las mujeres, los pueblos indígenas, además de otras poblaciones discriminadas, así como a las personas que viven en zonas vulnerables.  Esto exige de los gobiernos que reconozcan los factores estructurales que hacen más profunda la vulnerabilidad medioambiental de estas comunidades; que las hagan más partícipes a la hora de buscar soluciones; y que dediquen recursos a defender sus derechos. 

La emergencia climática es ya una realidad, visible en todas nuestras vidas diarias.  Es necesario que haya medidas gubernamentales valientes, innovadoras y urgentes, que incluyan comprometerse y compartir los recursos necesarios, para proteger el planeta y a todos nosotros.  El impacto de la destrucción medioambiental sobre los derechos humanos hace que estas medidas no sean solamente una necesidad, sino también una obligación. 

Para prevenir futuros daños para el clima y asegurar la justicia climática, necesitamos ayudar y motivar a las empresas a que den un paso al frente y que formen parte de la solución. La Iniciativa Cuidar el Clima, organizada por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y Medioambiente de las Naciones Unidas, reúne a más de 400 empresas de todas las partes del mundo que se han comprometido a emprender acciones para hacer frente a la crisis climática.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos estipulan que las empresas tienen una responsabilidad de respetar los derechos humanos. Los Estados tienen una obligación afirmativa de regular de forma efectiva la actividad empresarial para evitar repercusiones para los derechos humanos. Aun así, en numerosos países, el apoyo y los subsidios del gobierno para la industria de combustibles fósiles pone en peligro los objetivos en cuanto al clima. Yo recuerdo constantemente a los representantes de los Estados sobre la necesidad de la coherencia en las políticas, a nivel nacional e internacional, para analizar como éstas abordan el impacto para los derechos humanos del cambio climático, incluyendo el relacionado con las actividades empresariales. 

¿Pero son todas estas medidas realistas? ¿Podemos hacer realidad todas estas costosas iniciativas en un momento en el que los ingresos fiscales se están desmoronando?

Estoy convencida de que podemos acabar con el consumo de combustibles fósiles y adoptar otras medidas para reducir el cambio climático y hacer frente al daño realizado a los ecosistemas. Podemos rectificar la discriminación estructural, y defender la justicia de forma más eficaz. Podemos contribuir a hacer realidad el derecho al desarrollo, lo que incluye defender el derecho de toda persona a participar en las decisiones. Con determinación suficiente, actuando en colaboración, podemos emprender pasos para avanzar en derechos humanos y en libertades fundamentales, y de este modo, reforzaremos nuestras sociedades, y construiremos un mejor futuro para todos nosotros. 

Es posible que los Estados tengan que ampliar el espacio fiscal a través de una tributación progresiva para conseguir la redistribución de la riqueza, además de perseguir el fraude fiscal.  Muchos países de ingresos medios y bajos necesitarán de apoyo económico y alivio de la deuda, junto con la cooperación internacional en relación a problemas tales como la evasión fiscal y las corrientes financieras ilícitas, entre otros. 

El Secretario General ha reclamado también un  Nuevo Pacto Mundial – con los gobiernos de todo el mundo para compartir el poder, la riqueza y las oportunidades de forma más justa, a la vez que las Naciones Unidas desempeñan una función catalizadora y organizadora con el fin de alentar una mayor inclusión, mayor cooperación y mayor visión de futuro.

Las decisiones que adoptemos hoy repercutirán de manera drástica en las vidas y derechos de generaciones futuras. Es urgente integrar un pensamiento a largo plazo de forma más sistemática en las instituciones nacionales e internacionales. El salvaguardar la seguridad nacional es también ahora, y de forma necesaria, una empresa global, que exige de soluciones globales para las amenazas globales. Por encima de todo, es vital poner en práctica de manera más enérgica nuestros compromisos existentes con el fin de proteger una vida sostenible, la igualdad y los derechos humanos, para que de ese modo la humanidad pueda hacer frente a amenazas futuras con una mayor capacidad de resistencia. 

Gracias