50º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos Actualización oral sobre Myanmar

Distinguido Vicepresidente,
Excelencias:

Desde la última actualización que presenté a este Consejo, en febrero pasado, la situación de derechos humanos en Myanmar se ha seguido deteriorando con rapidez. Tras las devastadoras consecuencias del golpe militar de febrero de 2021, el pueblo de Myanmar continua atrapado en un ciclo de pobreza y desplazamiento, abusos y violaciones de derechos humanos.

Hoy asistimos al empleo generalizado y sistemático de tácticas militares contra la población civil, sobre las cuales existen motivos razonables para creer que entrañan la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Desde febrero de 2021, se ha informado de al menos 1.900 muertes atribuidas a los militares. La situación humanitaria es terrible. Las Naciones Unidas han calculado que hay un millón de personas desplazadas y otros 14 millones necesitan ayuda humanitaria urgente.

El golpe de Estado dañó profundamente la economía del país y en el último año millones de personas se han quedado sin empleo o sin fuentes de ingreso. La divisa nacional ha perdido gran parte de su valor y los precios de los bienes esenciales se han disparado.

Los cortes del servicio de Internet impuestos por los militares en vastas zonas del país y el acoso y la persecución de que son objeto periodistas o particulares que informan sobre la situación de derechos humanos, han limitado considerablemente la circulación de información y el espacio cívico.

No obstante, el personal de mi Oficina sigue monitoreando y documentando sobre el terreno la escala y magnitud de las vulneraciones que se cometen.
   
Excelencias:

A pesar de los compromisos que los militares han contraído con la ASEAN, los actos de violencia sin sentido se han recrudecido en Myanmar, donde los militares apenas protegen a la población civil ni respetan las normas de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Las operaciones bélicas recientes que han tenido lugar en los Estados surorientales de Kayin y Kayah, el Estado noroccidental de Chin y las regiones centrales de Sagaing y Magway han multiplicado el sufrimiento de los civiles.

Los vecinos son arrestados con frecuencia y, en algunos casos, han sido objeto de desapariciones forzadas o usados como escudos humanos. Se ha documentado de manera fehaciente el uso de una táctica militar consistente en incendiar aldeas enteras, edificios de viviendas, escuelas, lugares de culto y otras instalaciones especialmente protegidas en virtud del derecho internacional humanitario. Según algunos cálculos, unos 11.000 incendios de este tipo se han producido desde el golpe de Estado del año pasado. También se han destruido almacenes de alimentos y de otros productos básicos.

Al mismo tiempo, los militares siguen aplicando la estrategia que denominan “de cuatro cortes” [four cuts] para castigar a la población civil y alienar a quienes se niegan a aceptar su modo de alcanzar el poder.

Me preocupan sobremanera los informes que indican que el Tatmadaw trata ahora de militarizar a comunidades enteras, mediante la ampliación de las milicias locales aliadas al ejército y oficializando el control de los servicios de policía por las fuerzas armadas. Mi Oficina también ha recibido informes que indican que los militares han lanzado una iniciativa para reclutar a bomberos, personal de la Cruz Roja y otros servidores públicos e incorporarlos al aparato de seguridad.

Ante esos hechos de violencia y represión, quiero dejar patente mi respeto hacia la fuerza y la decisión demostradas por el pueblo de Myanmar, que sigue rechazando y resistiendo a los militares y a sus esfuerzos por consolidar su dominio. En todo el país, tras casi 500 días de régimen militar, prosiguen las protestas y los intentos de boicotear los servicios que proporcionan las instituciones gubernamentales.

Pero a estas expresiones pacíficas de desacuerdo, el gobierno responde con medidas arbitrarias de arresto y detención. Desde el 1 de febrero de 2021, más de 13.500 personas, entre las que figuran políticos, profesionales de los medios de comunicación, abogados, líderes comunitarios y otros miembros de la sociedad civil, han sido arrestadas por oponerse a la toma del poder por el Tatmadaw. Más de 10.500 de ellas siguen privadas de libertad.

Algunos excarcelados han informado de que el uso de la tortura y los malos tratos es frecuente en las bases militares, las comisarías de policía y otros centros de reclusión. Se informa también de que se han emitido otras 1.900 órdenes de detención.

En un hecho reciente que es motivo de preocupación, un portavoz del ejército anunció la intención de ejecutar cuatro penas de muerte, entre ellas dos aplicadas a activistas pro democracia. En Myanmar no se han ejecutado sentencias capitales dictadas por los tribunales en los últimos 30 años. Exhorto urgentemente a las autoridades militares a que se abstengan de aplicar una medida tan regresiva, que no solo vulneraría el derecho a la vida, sino que también sería un revés para las perspectivas de reconciliación política.  

Excelencias:

En el Estado de Rakhine la situación es crítica, ya que al parecer el Ejército Arakan y el Tatmadaw están a punto de reanudar las hostilidades. Desde noviembre pasado, ha habido escaramuzas entre ambos contendientes y los choques verbales en público han sido cada vez más violentos.

Los miembros de la comunidad musulmana rohingya están atrapados en medio de esa rivalidad. Hasta ahora no se han realizado esfuerzos específicos y sistemáticos para colaborar con los rohingyas en la resolución de los abusos de derechos humanos, la discriminación y las prácticas excluyentes que han afectado a sus comunidades durante decenios. A esto cabe añadir que las condiciones existentes en el Estado de Rakhine siguen siendo poco adecuadas para que los rohingyas que huyeron a Bangladesh o los que durante diez años han estado viviendo en situación de desplazamiento interno en los campamentos de Myanmar puedan regresar a sus hogares.

En vez de eso, los militares han seguido usando un lenguaje hostil y despectivo para amenazar y marginar a los rohingyas e implantan estrictas limitaciones discriminatorias sobre sus movimientos. En las últimas semanas, más de 300 rohingyas han sido arrestados por viajar de manera presuntamente “ilegal” fuera de sus comunidades. Cientos de ellos han sido objeto de procesamientos judiciales y condenados hasta a dos años de prisión por ejercer su derecho fundamental a la libertad de movimiento.

El 21 de mayo, otra barca naufragó cerca de la aldea costera de Pathein, al sur del Estado de Rakhine, con un saldo de al menos 17 fallecidos, muchos de ellos niños. Según el ACNUR, desde principios de año, al menos 630 rohingyas, en su mayoría mujeres y niños, han intentado huídas desesperadas por mar para escapar de la violencia. 

Excelencias:

La vida y el futuro del pueblo de Myanmar penden de un hilo. Es muy desalentador comprobar que los esfuerzos de la comunidad internacional para frenar los métodos violentos de los militares han sido, por lo general, muy poco eficaces. Al parecer, el plan de cinco puntos promovido por la ASEAN ha dado escasos frutos desde su aplicación en abril de 2021. Insto a la ASEAN y a sus miembros a que sigan interactuando con todas las partes interesadas, entre ellas los representantes del Gobierno de Unidad Nacional y la sociedad civil.

Además, se ha permitido que los militares ejerzan el veto contra los esfuerzos orientados a fomentar el diálogo y el compromiso politicos. El Gobierno de Unidad Nacional de Myanmar -creado por líderes elegidos democráticamente y que cuenta con el apoyo de la mayoría de la población- ha sido marginado de los debates.

Hoy pido aquí que todas las partes en conflicto participen en actividades concretas y sostenibles que permitan aplacar la violencia. Las agresiones contra la población civil y la quema de aldeas debe cesar de inmediato. La protección de los civiles es absolutamente indispensable y debe permitirse que la asistencia humanitaria llegue a todas las comunidades.

Cualquier solución a esta crisis ha de basarse en consultas de amplio espectro con todos los interesados de los movimientos democráticos y los grupos étnicos minoritarios. Se necesita con urgencia el establecimiento de un contexto propicio al debate politico productivo para avanzar en la consecución de esta prioridad. Insto a todos los Estados Miembros, especialmente a los que disponen de más acceso e influencia, a que redoblen la presión sobre los altos mandos militares. Entre las medidas disponibles figuran la imposición de mayores restricciones sobre los consorcios financieros y los intereses empresariales controlados por los militares, y la limitación de su acceso a divisas extranjeras, a fin de reducir su capacidad para adquirir equipos y suministros militares.

También exhorto a que se apoyen de manera consistente los esfuerzos que se llevan a cabo en la actualidad para lograr la rendición de cuentas por las violaciones graves de derechos humanos presentes y pasadas, y por los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, por todas las vías disponibles.

El futuro de Myanmar depende de que logremos abordar las causas profundas de esta crisis. Su pueblo merece que vuelva la democracia, que se ponga fin a la impunidad y que cese de inmediato la discriminación sistemática que durante decenios se ha aplicado contra las minorías, en particular contra los rohingya. Todos ellos esperan el apoyo de este Consejo.

Muchas gracias.