Retos y prácticas idóneas en la defensa del derecho a la protección social – Discurso inaugural de la Alta Comisionada Interina

Excelencias,
Colegas y amigos:

Me complace mucho poder acompañarlos en esta ocasión.

Quiero dar las gracias a Portugal, la OIT y los distinguidos oradores que se han sumado a nuestra Oficina en este acto, que se propone hacer hincapié en la necesidad de adoptar medidas urgentes para promover la inclusión y el derecho de todos a la protección social.

En los últimos dos años y medio, la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la gran fragilidad de los sistemas económicos y sociales que se habían negado a invertir en servicios públicos fundamentales, como la atención sanitaria y la protección social, lo que afectó el disfrute de varios derechos humanos, entre otros el derecho a la salud, la alimentación, la vivienda, la educación y el trabajo decoroso.

En ese periodo se perdieron más de 350 millones de empleos¹. A consecuencia de lo anterior, se calcula que entre 75 y 95 millones de personas más de lo previsto antes de la pandemia van a vivir en condiciones de pobreza extrema².

Los segmentos de población más perjudicados son los grupos más marginados y no es sorprendente que en ellos figuran mayoritariamente las mujeres, los niños, los migrantes, los pueblos indígenas, los desplazados internos, los discapacitados, los ancianos y las minorías étnicas y raciales, así como las personas que viven en zonas afectadas por conflictos.

En el mundo entero, hemos visto cómo los Estados respondían con medidas sin precedentes para atenuar la repercusión de la crisis sanitaria y ampliaban la cobertura de la seguridad social.

Numerosos países han ampliado sus programas de asistencia social, mediante la introducción de nuevas transferencias de efectivo, destinadas a sectores habitualmente excluidos, tales como los trabajadores irregulares, los migrantes indocumentados y los autónomos, comprendidos los que trabajan en la economía sumergida.

Otros países han movilizado recursos nacionales mediante sistemas fiscales más progresivos, a fin de allegar mediante impuestos los recursos necesarios para ampliar la protección social.

Aunque necesarias, estas medidas han sido sin embargo temporales y muy específicas. Todavía queda mucho por hacer para que el derecho humano a la seguridad social llegue a ser una realidad para la mayoría de la población mundial.

Agudas diferencias regionales han puesto de relieve la creciente desigualdad dentro de cada sociedad y entre unos países y otros. Por ejemplo, más de la mitad de los desempleados de los países de altos ingresos perciben beneficios de la seguridad social, mientras que apenas el uno por ciento de los parados los reciben en los países de bajos ingresos³.

Distinguidos colegas:

La seguridad social es un derecho humano fundamental, indispensable para el ejercicio de muchos otros derechos y necesario para vivir dignamente. Es decisivo que reduzcamos la pobreza y forjemos sociedades más justas y resilientes.

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la índole estabilizadora de la protección social, en la medida en que los países que contaban con sistemas sólidos de esos servicios lograron movilizar apoyos más rápidamente y capearon mejor las peores repercusiones de la crisis.

Debemos aprender de estas experiencias y proceder a implantar sistemas exhaustivos de protección social que se centren en los más marginados, superando las medidas temporales y específicas y avanzando hacia la aplicación de políticas de largo plazo.

A fin de garantizar que los sistemas de protección social llegan a todos en todas partes, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales exige a los Estados que alcancen un equilibrio entre esquemas contributivos y no contributivos. Este enfoque es esencial para garantizar que incluso los más marginados logran disfrutar de este derecho, como, por ejemplo, los trabajadores domésticos indocumentados, que a menudo padecen modalidades de discriminación múltiples e interrelacionadas y no pueden contribuir oficialmente al sistema de protección social.

La pandemia también nos recordó la importancia de la solidaridad mundial y el multilateralismo para abordar los problemas contemporáneos. Puesto que los países de bajos ingresos afrontan dificultades particulares para reforzar sus sistemas tributarios, la cooperación internacional para asistir a esos países menos avanzados en la ampliación de sus sistemas de protección social es una obligación de derechos humanos, fundamental para satisfacer las exigencias del desarrollo y, en particular, para apoyar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Iniciativas como el Acelerador Mundial de la OIT, presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas y el Fondo Mundial para la Protección Social, pueden encauzar la cooperación internacional y generar progresos reales, si se basan firmemente en las normas de derechos humanos y de participación nacional.

Estimados amigos:

Nuestra Oficina apoya activamente a los países con miras a garantizar que todas las personas, comprendidas las mujeres, los ancianos, los jóvenes, los niños, los miembros del colectivo LGBTIQ+, las personas con discapacidad, los migrantes y los miembros de minorías étnicas y raciales pueden acceder a la protección social, superando así la crisis. Y contamos con varios ejemplos que refrendan este principio:

• En Paraguay y Uruguay, nuestra Oficina ha revisado las medidas de protección social aplicadas durante la crisis, ha subrayado las lagunas existentes y ha sugerido estrategias para aumentar la cobertura, la idoneidad del apoyo y la coherencia institucional.
• En Camboya, la Oficina de país del ACNUDH, en colaboración con el conjunto del sistema de las Naciones Unidas, ha promovido un sistema de protección social bien diseñado y basado en los derechos humanos, así como un espacio cívico más amplio, que facilite las consultas.
• En Timor Leste, en colaboración con el gobierno y la OIT, estamos examinando estrategias que permitan ampliar la cobertura de la protección social a las trabajadoras informales, que se ven afectadas por la pobreza de manera desproporcionada, una tarea que se basa en las recomendaciones formuladas por los mecanismos de derechos humanos.

Mantenemos nuestro firme compromiso de apoyar a los Estados en el fortalecimiento de sus sistemas de protección social, colaborando estrechamente con la OIT y otras entidades interesadas a fin de promover el disfrute del derecho a la protección social.

Espero con sumo interés la ocasión de conocer las opiniones y perspectivas de los expertos y los Estados Miembros sobre cómo hacer realidad el derecho de todos a la seguridad social, en todos los países.