Reunión de Expertos de Alto Nivel Fondo Mundial para la Protección Social

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Declaración de Michelle Bachelet, 

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

22 de septiembre de 2020

Sra. Elisabeth Borne, Ministra francesa de Trabajo, Empleo e Inclusión
Sr. Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo
Olivier,
Excelencias, 

Bonjour. Je vous remercie pour cet accueil, et je me permets de citer en préambule de mon allocution une femme remarquable, qui continue à m'inspirer. Il y a quinze ans, Simone Veil nous a rappelé – et je cite – que " L'histoire de notre protection sociale est faite de constructions successives; de la volonté d'hommes et de femmes de construire ensemble cette solidarité que nous avons reçue en héritage." 

Ahora nos toca actuar como buenos ancestros y gestores de las protecciones sociales esenciales que hemos heredado. 

Tal y como Simone Veil recordó con esa cita, se ha conseguido avanzar en las protecciones sociales de todo el mundo durante el siglo pasado. Sin embargo, el derecho humano a la protección social todavía no es una realidad para la mayoría de la población mundial. El setenta y uno por ciento de las personas actualmente vivas no cuentan con ninguna cobertura de la seguridad social, o solo disponen de una cobertura parcial e inadecuada. El porcentaje incluye casi dos tercios de los niños del mundo.  Las mujeres, que a menudo aceptan trabajos en la economía informal, suelen verse privadas de la protección social; 6 de cada 10 mujeres que dan a luz no reciben ninguna asistencia en efectivo. 

La pandemia actual, y la recesión creciente que la ha acompañado, están afectando gravemente a estas personas vulnerables. También pone de manifiesto lo valiosas que pueden ser las protecciones sociales, a la hora de proteger a las personas de las crisis temporales, de ayudarles a rehacer sus vidas, y, por tanto, de mejorar la capacidad de recuperación y la sostenibilidad de una gran variedad de procesos económicos, así como de ayudar a minimizar las tensiones sociales que pueden destruir el tejido social.  

Las protecciones sociales generan economías sólidas y sociedades sanas.  En el contexto actual, pueden constituir herramientas de subsistencia fundamentales que permiten el acceso a la asistencia sanitaria y a la educación, salvaguardan el derecho a la vivienda y a la alimentación, y protegen a las personas de la pobreza extrema. Igualmente, está comprobado que la incapacidad de defender los derechos económicos, sociales y culturales de las personas puede ser un factor que contribuye a la violencia y al conflicto. Las protecciones sociales, al proteger esos derechos fundamentales, ayudan a ganar la confianza de los ciudadanos en las instituciones, así como la paz social. 

La creación de estas protecciones sociales es lo más acertado y lo más inteligente. 

Además, son asequibles. Como la OIT ha demostrado, un sistema de protección social universal que incluya prestaciones para todos los niños, ayudas de maternidad para las mujeres con recién nacidos, beneficios para las personas con discapacidades graves, así como pensiones de vejez universales, tendrán un coste medio del 1,6 por ciento del PIB de un país en desarrollo. 

Incluso en tiempos de crisis —quizás especialmente en un momento de crisis —, supone una inversión relativamente pequeña que aportará grandes dividendos. 

La sesión de hoy abordará una iniciativa que pretende acelerar la construcción de sistemas de protección social universal en países de todo el mundo, mediante la movilización, la coordinación y el encauzamiento de la cooperación y la asistencia de las agencias de las Naciones Unidas, las instituciones financieras internacionales y los Estados donantes.    

El fondo mundial de protección social propuesto por el Relator Especial sobre la extrema pobreza del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Olivier de Schutter, junto con la OIT, podría ser el motor de esta iniciativa importante, por medio de la canalización de fondos paralelos y complementarios procedentes de fuentes internacionales a recursos nacionales que se destinen a medidas de protección social. 

En mi opinión, es indispensable que el fondo mundial de protección social propuesto garantice el carácter nacional de los sistemas de protección social.   Al igual que con otros derechos humanos, corresponde a cada país asegurar un marco nacional efectivo que fomente el derecho humano de la población a la seguridad social. 

Al mismo tiempo, cada Estado tiene un interés en garantizar que nadie se quede atrás. La COVID-19 ha dejado muy claro una vez más ese mensaje: solo estamos plenamente a salvo si todos estamos seguros. Prestar ayuda a los países menos adelantados para reforzar las redes de seguridad de su población supone una inversión acertada. 

Las fuentes de financiación para este fondo mundial deberían identificarse desde el inicio.   Una posibilidad que se debatió en la Semana de la Protección Social de la OIT el año pasado fue la de mejorar la fiscalidad corporativa internacional y de destinar esos fondos a un mecanismo de financiación. 

También me gustaría señalar que, desde mi punto de vista, los recursos no deberían invertirse en la creación de una nueva identidad. En su lugar, deberíamos apoyarnos en las estructuras existentes de las Naciones Unidas para que actúen como el órgano financiero de esta iniciativa.  

Quiero alentar ante todo a los Estados a que dediquen el máximo volumen de los recursos disponibles a fomentar el derecho humano a la protección social, dentro y fuera de cada país. Como parte de ese esfuerzo, es especialmente importante combatir la discriminación, incluida la discriminación de género, y proteger a las personas más marginadas. En muchas sociedades, el reparto desigual de las tareas de cuidado no remuneradas para las mujeres no queda reflejado en absoluto en las políticas de protección social. 

Las mujeres mayores corren un mayor riesgo: las tareas de cuidado no remuneradas que llevan a cabo durante toda su vida obstaculizan su capacidad para acceder a un empleo formal y, por tanto, a un régimen de seguridad social contributiva o a sueldos decentes, lo que les expone al gran riesgo de extrema pobreza en la tercera edad. Las políticas de protección social deberían orientarse a la corrección de este desequilibrio para garantizar que el trabajo no remunerado no socave los derechos humanos de las mujeres. 

Con vistas a crear el espacio fiscal necesario para adoptar medidas que fomenten la protección social, así como a combatir la desigualdad y la discriminación, insto a las autoridades a que sopesen la adopción de la fiscalidad progresiva, el refuerzo de la capacidad para cobrar impuestos, la lucha contra la evasión de impuestos, y las medidas contra la corrupción, que agotan los recursos del Estado y el bien común. 

Les deseo un debate productivo sobre estas y otras cuestiones fundamentales.