Mexico: El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk hace un llamamiento a la plena implementación de la ley sobre Desapariciones

A cinco años de la entrada en vigor de la Ley general sobre desaparición de personas en México, el país  aún no ha actuado con firmeza  para combatir este crimen atroz que afecta a cientos de miles de personas. 

Una parte fundamental de esa respuesta consiste en implementar todo el contenido de la ley de manera efectiva y sin más demora.

La aprobación de esta ley ha sido uno de los grandes logros de un notable movimiento liderado por las familias, desde las familias y para las familias de las personas desaparecidas.

Es un documento sólido, que ha inspirado a otros países a revisar sus propios marcos jurídicos.

En México, la ley ha proporcionado algunos avances alentadores, como la creación de  instituciones especializadas en la investigación y búsqueda de personas desaparecidas. Sin embargo, es necesario reforzarlas.

Las  autoridades aún tienen que aplicar todo lo que ofrece la ley sobre desapariciones para  devolver a las personas desaparecidas a sus familias, erradicar la impunidad casi absoluta en torno a estos delitos y evitar que otras personas corran la misma suerte.

En la actualidad, sólo se procesan entre el 2 y el 6% de los casos de desaparición, y hasta la fecha se han logrado menos de 40 condenas. Los registros oficiales de hace cinco años indicaban más de 47.000 casos de desapariciones. Desde entonces, han desaparecido al menos otras 45.000 personas, y en el caso de otras 17.000, las autoridades no han determinado con exactitud cuándo se produjo la desaparición.

La implementación de las herramientas exigidas por la ley sigue siendo insuficiente. Aún no se ha creado el Banco Nacional de Datos Forenses; el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas; el Registro Nacional de Fosas; el Programa Nacional de Exhumaciones; el Programa Nacional de Búsqueda y el Reglamento de la Ley.

La desinformación y la insensibilidad ante estos delitos siguen siendo generalizadas entre muchos funcionarios públicos, y los criterios para determinar su responsabilidad no se aplican adecuadamente.

La militarización de las funciones de seguridad y policiales siguen profundizándose.

Estas son graves afrentas a los derechos humanos. Los hombres, las mujeres, los niños y las niñas en este país no son mercancías desechables que puedan desaparecer o sufrir daños sin que se respeten sus derechos.

Me complace que se hayan logrado avances en la implementación de las recomendaciones de 2022 del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas. Animo a todas las autoridades a que se sumen a este esfuerzo y actúen con rapidez.

El principio de participación conjunta, subrayado por la ley general, debe prevalecer en todos los asuntos relacionados con las personas desaparecidas. ¡Sin las familias, No!

Yo, y muchos otros, respetamos y admiramos profundamente la valentía de las familias de las víctimas de desaparición en México.

Su movimiento, liderado en su mayoría por mujeres, y el infinito amor y fuerza que impulsan su labor, se han convertido en un ejemplo mundial de la lucha por los derechos humanos.

Mi Oficina, así como los mecanismos internacionales especializados, desea seguir ayudando a México, especialmente a las autoridades comprometidas y a las familias. Es imperativo hacer efectivos los derechos a la justicia, la verdad, la búsqueda, la reparación, la memoria y la seguridad de quienes buscan a sus seres queridos y las garantías de no repetición para la sociedad en su conjunto.