Declaración de la Subsecretaria General Ilze Brands Kehris sobre la situación de derechos humanos en la RPDC, presentada por James Turpin, Jefe de la Sección de Prevención y Mantenimiento de la Paz

Excelencias,
Miembros del Consejo:

Les agradezco la oportunidad de presentar estas observaciones en representación de la Subsecretaria General para los Derechos Humanos, Ilze Brands Kheris.

Las tensiones actuales existentes en la península de Corea constituyen una amenaza a la paz y la seguridad en la región y en el mundo entero. Estas tensiones son inseparables de la grave situación de derechos humanos que prevalece en la RPDC. El peligro que entrañan las vulneraciones de derechos humanos es inherente a cualquier amenaza contra la paz. Al mismo tiempo, los derechos humanos son herramientas esenciales para aliviar las tensiones, fomentar la confianza y proporcionar las bases para construir una solución política.

Antes de que comenzara la pandemia de COVID 19, las informaciones procedentes de la RPDC indicaban que alrededor de 10,1 millones de personas -el 40% de la población de la RPDC- padecían de inseguridad alimentaria y necesitaban asistencia en materia de alimentos. Durante la pandemia y después de ella, el aislamiento de la RPDC con respecto a la comunidad internacional se ha agudizado. Aunque el acceso a los datos es difícil -habida cuenta de que todo el personal humanitario se encuentra fuera del país- los informes periódicos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura siguen poniendo de relieve los altos niveles de inseguridad alimentaria y el empobrecimiento que padece la población del país. Las entrevistas realizadas por el ACNUDH a personas que han salido recientemente de la RPDC indican que, tras la aplicación de medidas para frenar la pandemia de COVID 19, algunas zonas del país se enfrentan a situaciones de hambruna.

A pesar de encontrarse en esta difícil situación, la colaboración de la RPDC con la comunidad internacional para abordar las necesidades humanitarias de su población sigue siendo limitada y los debates políticos con dicha comunidad están prácticamente paralizados.

Excelencias:

Según los informes recibidos, el aislamiento actual de la RPDC coincide con el aumento de la represión de los derechos civiles y políticos en el país. El gobierno ha reforzado las medidas encaminadas a evitar el acceso a la información procedente del resto del mundo. Las personas entrevistadas por el ACNUDH afirmaron que el Estado mantiene un nivel de vigilancia extremo sobre la población. El derecho de los ciudadanos a la intimidad se viola sistemáticamente y los hogares particulares se ven sujetos a requisas imprevistas en busca de cualquier información que no haya sido autorizada por el Estado. Estas prácticas se combinan con un sistema de castigos que, en sí mismo, constituye una burda vulneración de derechos humanos para cualquier persona que trate de ejercer sus derechos básicos, comprendidos los de libertad de expresión, religión, reunión pacífica y asociación.

Además, las entrevistas realizadas por el ACNUDH a personas que han abandonado el país siguen aportando información sobre violaciones sistemáticas de derechos humanos perpetradas contra reclusos detenidos en centros y prisiones de todo el país, que revelan pautas de encarcelamiento arbitrario, tortura, trabajos forzados y violencia sexual y de género.

Aún siguen vigentes estrictos controles sobre la libertad de movimiento dentro del país y hacia el extranjero, lo que agrava los problemas relativos a la distribución de bienes esenciales e impide el acceso de la población a la asistencia humanitaria que podría salvar vidas, incluso en materia de alimentos y medicinas.

Todavía permanecen sin respuesta miles de casos de personas presuntamente secuestradas por la RPDC en la República de Corea, Japón y otros países. Numerosas familias a ambos lados de la Zona Desmilitarizada de Corea siguen sufriendo la separación de sus seres queridos, mientras que otros miles carecen de medios para obtener información sobre la suerte de sus parientes.

Excelencias, lo anterior es apenas una instantánea de la grave situación de derechos humanos que prevalece en la RPDC.

Nuestra Oficina lamenta que el gobierno de la RPDC siga negándose a reconocer los informes más severos sobre las vulneraciones de derechos humanos o a tomar medidas al respecto. Sin embargo, aunque el gobierno no ha indicado cuándo permitirá el regreso de la comunidad internacional o de las organizaciones humanitarias, sí ha ya revelado públicamente la gravedad de la situación económica y alimentaria del país, y ha hecho alusión a la necesidad de reanudar los esfuerzos diplomáticos, los intercambios y la cooperación con otros países.

Aunque estas declaraciones apuntan a un mínimo de apertura, este resquicio podría brindar al Consejo de Seguridad una oportunidad de tomar medidas para sacar a la RPDC de su aislamiento actual e instar a las autoridades a emprender un diálogo sustancial que permita abordar sus crónicos problemas de derechos humanos.

Una evaluación crítica de los enfoques adoptados anteriormente, incluso en lo relativo a las sanciones [1], podría alentar a que la RPDC abriera la puerta al diálogo y permitiese el regreso del equipo de país de las Naciones Unidas para poner en práctica un nuevo marco de colaboración. En caso de tener éxito, esas medidas podrían facilitar oportunidades ulteriores de cooperación en materia de derechos humanos, en interés de la paz y la seguridad, incluso un marco de colaboración que incorpore recomendaciones del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, entre otros del Examen Periódico Universal. El próximo turno del EPU para la RPDC tendrá lugar en octubre del año que viene y hay pendientes varias revisiones de los órganos de tratados, lo que constituirá una ocasión para entablar un diálogo formal sobre obligaciones fundamentales de derechos humanos, que a su vez están vinculadas a factores de riesgo relativos a la paz y la estabilidad.

Al mismo tiempo, sigue siendo fundamental que garanticemos la rendición de cuentas por las vulneraciones pasadas y presentes de derechos humanos, especialmente en lo tocante a las violaciones que podrían constituir delitos internacionales, tales como los crímenes de lesa humanidad.

En el plano internacional, una de las vías de acción posibles es que el Consejo de Seguridad remita la situación de la RPDC a la Corte Penal Internacional. Los Estados Miembros también podrían procurar la rendición de cuentas a través de sus legislaciones nacionales, por ejemplo, mediante el ejercicio de la jurisdiccón universal o extraterritorial. Asimismo podrían tomarse en cuenta las modalidades no judiciales de rendición de cuentas, tales como los programas administrativos de reparaciones, especialmente solicitados por los refugiados durante las consultas del ACNUDH en Seúl. 

Mientras tanto, la Oficina del ACNUDH en Seúl seguirá monitoreando, documentando y analizando la información relativa a las vulneraciones de derechos humanos en la RPDC, así como preservando dicha información en un archivo central, con el fin de sustentar futuros procedimientos de rendición de cuentas.

Excelencias:

El aumento de las tensiones en la región no debería distraer a la comunidad internacional del sufrimiento que padece actualmente la población de la RPDC. Este año en el que conmemoramos el décimo aniversario de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en la RPDC y el 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, debemos aprovechar todas las oportunidades a nuestro alcance para fomentar los derechos humanos del pueblo de la RPDC, no solo con el fin de aliviar sus sufrimientos, sino porque esa labor ofrece una base sólida para lograr una paz duradera y garantizar la seguridad de la península de Corea y de la región en general.

Muchas gracias.