“El incremento de la criminalización en contra de personas operadoras de justicia en los últimos 12 meses en Guatemala es muy preocupante y socava la independencia del poder judicial y el Estado de derecho en el país.

La intimidación, el hostigamiento, el procesamiento y la persecución de quienes luchan por la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y que trabajan en casos de corrupción, son reprensibles y deben cesar.

Tomo nota de que Virginia Laparra, exfiscal anticorrupción del Ministerio Público liberada de la cárcel esta semana, sigue estando bajo arresto domiciliario. Me preocupa que el proceso penal en su contra no haya cumplido con las garantías del debido proceso y que, en consecuencia, su detención durante cerca de dos años haya sido arbitraria. Ella debería ser liberada incondicionalmente.

Reitero mi llamado a las autoridades para que adopten las medidas adecuadas para reforzar y garantizar la independencia del sistema judicial, y para que tomen medidas urgentes para brindar la protección necesaria a las personas operadoras de justicia.”