COVID-19 y derechos humanos

A medida que el virus se propaga más ampliamente y los países se ven obligados a adoptar medidas cada vez más drásticas para frenar su difusión, diversas instituciones y expertos en derechos humanos han puesto de relieve algunas cuestiones preocupantes y han propuesto posibles soluciones.

“En mi condición de doctora en Medicina, comprendo la necesidad de aplicar una gama de medidas para combatir el COVID-19 y, por haber sido Jefe de Estado, entiendo que a menudo es difícil equilibrar las arduas decisiones que es preciso adoptar”, declaró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. "Pero nuestros esfuerzos para combatir el virus no darán resultados a menos que apliquemos un enfoque holístico, lo que significa que debemos proteger cuidadosamente a los sectores más vulnerables y desfavorecidos de la sociedad, tanto en términos médicos como económicos”.

Además de la Alta Comisionada, otros expertos independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas han puesto de relieve aspectos específicos de derechos humanos vinculados tanto a la pandemia misma como a las medidas adoptadas para frenar su difusión a escala nacional e internacional.

Por ejemplo, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, * instó a los Estados a que recomendaran a la población que permaneciera aislada en sus hogares, y que aplicaran medidas específicas para los indigentes o para las personas que viven en condiciones precarias.

“Insto a los Estados a que adopten medidas extraordinarias que garanticen el derecho de todos a la vivienda, para protegerlos contra la pandemia”, afirmó la experta. Como mínimo, los Estados deberían “suspender todos los deshaucios, proporcionar alojamiento de emergencia con los servicios necesarios a las personas afectadas por el virus a las que deba aislarse y velar por que la aplicación de las medidas de contención (por ejemplo, los toques de queda) no se traduzca en una penalización de los individuos por motivos de su situación habitacional”.  

Las personas con discapacidad,  muchas de las cuales pertenecen a grupos particularmente vulnerables al virus, también corren el riesgo de verse perjudicadas por las medidas adoptadas para luchar contra el COVID-19, declaró la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina Devandas.

“Las personas con discapacidad tienen la impresión de que las han dejado rezagadas”, dijo. “Las medidas de contención, tales como el distanciamiento social y el aislamiento voluntario, pueden ser inviables para quienes dependen de la ayuda ajena con el fin de alimentarse, vestirse o asearse”.

Un grupo de 16 expertos independientes de las Naciones Unidas, de los denominados “Procedimientos Especiales”, también han pedido a los Estados que se abstengan de reprimir a los críticos y los defensores de derechos humanos.

“Las restricciones que se apliquen para responder al virus deben fundamentarse en objetivos legítimos de salud pública y no deben utilizarse simplemente para aplastar a la disidencia”, declararon los expertos en un comunicado de prensa conjunto.

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos ocupados desde 1967, * Michael Lynk, recordó a todas las autoridades que tienen el deber de proporcionar atención sanitaria básica a los residentes de la Ribera Occidental y de la franja de Gaza, e instó a que las medidas contra la pandemia se apliquen de manera equitativa.

“La salud de las personas no solo depende de su capacidad de acceso a los cuidados sanitarios. También depende del acceso a información precisa sobre la índole de las amenazas y los medios de protegerse uno mismo y de proteger a su familia y su comunidad”, reza una declaración de un grupo de expertos en libertad de información * entre los que figura el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye. Con este fin, el grupo instó a los gobiernos a que permitan la libre circulación de información, proporcionen informaciones veraces y no limiten el acceso a Internet.

El Experto independiente sobre deuda externa y derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, también emitió una declaración en la que señala que “los conjuntos de medidas de estímulo fiscal y protección social, orientados directamente a quienes tienen menos capacidad para hacer frente a la crisis, son fundamentales para atenuar las devastadoras consecuencias de la pandemia”. Bohoslavsky propuso que los servicios públicos “se proporcionen gratuitamente a quienes no pueden costearlos y los reembolsos de la deuda se suspendan para las personas que no alcanzan a hacer frente a esta crisis de salud pública”. El experto señaló que los autónomos y otras personas que no pueden trabajar desde el hogar necesitan incentivos económicos y fiscales para permanecer en sus casas, pues de otro modo saldrán a trabajar y pondrán en peligro su salud, la de sus familias y la de la comunidad en general.   

En un  editorial conjunto, Bachelet y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, afirmaron que el COVID-19 no solo pone a prueba los sistemas de atención sanitaria y de respuesta rápida, sino también a la humanidad misma. “Más allá de estos retos inmediatos, la epidemia de coronavirus sin duda pondrá a prueba nuestros principios, valores y nuestra común condición humana”.

“La salud de cualquier persona está vinculada a la salud de los miembros más marginados de la sociedad. Para prevenir la propagación de este virus es preciso llegar a todos y velar por que exista un acceso equitativo al tratamiento”, expresa el editorial. Es preciso que este acceso esté disponible lo mismo si la persona se encuentra en un asilo de ancianos que si se halla en una cárcel o en un campamento de migrantes o refugiados”.

Según los Altos Comisionados, el virus no debería utilizarse como una oportunidad para atizar el fuego de la discriminación o el discurso del odio. El pánico y la discriminación jamás han solucionado una crisis y ambos autores instaron a los dirigentes politicos a ganarse la confianza de la población mediante el aporte de información transparente y oportuna, a colaborar en pro del bien común y empoderar a las personas para que puedan participar en la protección de la salud. 

“Si nuestra respuesta al coronavirus se basa en los principios de confianza pública, transparencia, respeto y empatía hacia los más vulnerables, no solo lograremos defender los derechos intrínsecos de cada ser humano, sino que además usaremos y consolidaremos los instrumentos más eficaces para garantizar que vamos a superar esta crisis y adquirir experiencia para el futuro”. 

23 de marzo de 2020