El personal del ACNUDH en Kenya colabora con sus asociados para apoyar la prevención y la respuesta en materia de COVID-19

El 13 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud de Kenya anunció la existencia del primer caso de infección por COVID-19 en Nairobi, la capital del país. Desde ese día, se han confirmado 582 casos en 16 condados, han fallecido 26 enfermos y se han curado 190.

Desde el inicio del brote, las repercusiones sobre los derechos humanos, comprendidos los aspectos socioeconómicos y de género, se sintieron rápidamente en las comunidades, en particular en los barrios informales y los hogares más vulnerables. Tras la imposición del toque de queda, a partir del 27 de marzo de 2020, la forma en que la policía aplicó las medidas de emergencia amplificó su repercusión negativa sobre los derechos humanos y generó muertes, heridas, violencia sexual y de género y centenares de arrestos.

Li Fung es la Asesora Principal en Derechos Humanos del Coordinador Residente en Kenya. Desde mediados de marzo, ella y sus colegas han venido colaborando con el Equipo de País de las Naciones Unidas, la sociedad civil, la institución nacional de derechos humanos y entidades gubernamentales para examinar y responder a las dimensiones de derechos humanos de la crisis planteada por el COVID-19.

Le pedimos a Li que nos explicara de qué modo la pandemia ha afectado el trabajo que se lleva a cabo en el ámbito de los derechos humanos y cómo el ACNUDH y sus asociados están apoyando la respuesta del gobierno de Kenya a la crisis del COVID-19.

¿De qué manera su trabajo se ha visto afectado por el COVID-19?

Tanto en el plano personal como en el colectivo, hemos tenido que adaptarnos rápidamente a nuevas modalidades de trabajo. Por ejemplo, a trabajar a distancia, desde casa, porque si bien no estamos confinados, tampoco tenemos mucho margen de movimiento. En este contexto, una preocupación fundamental es cómo preservar el espíritu de equipo y la buena comunicación, y cómo colaborar y mantener la orientación común en la consecución de los mismos objetivos. También es importante que tratemos de apoyarnos mutuamente, en particular quienes no pueden trabajar a distancia en estas difíciles circunstancias.

Ha sido una tarea ardua, porque algunas de las actividades que teníamos programadas, entre otras las de capacitación para organizaciones y defensores de derechos humanos, no han podido realizarse debido a las restricciones de movimiento. De modo que tuvimos que buscar la manera de replantear nuestras prioridades y adaptar lo que ya estábamos haciendo para responder al nuevo contexto.

¿Qué hace la Oficina Regional para proteger los derechos de la población durante esta pandemia?

Lo que hemos hecho es tratar de perfeccionar lo que ya veníamos haciendo con miras a responder con rapidez y reforzar las alianzas ya existentes. En mi condición de Asesora Principal en Derechos Humanos del Coordinador Residente, buena parte del trabajo ha consistido en usar los análisis del ACNUDH para influir en la estrategia y la respuesta del Equipo de País de las Naciones Unidas. El ACNUDH participó en el Llamamiento Urgente para Kenya emitido a principios de abril y me complace señalar que el monitoreo, la documentación y la elaboración de informes en materia de derechos humanos constituye un aspecto fundamental de la respuesta gubernamental y que también forma parte de la respuesta global al COVID-19. Es muy importante reconocer que no podremos luchar eficazmente contra esta pandemia ni abordar sus repercusiones si no sabemos cuál es la situación sobre el terreno y cómo afecta a los diversos grupos y comunidades.

Nosotros aprovechamos también las iniciativas conjuntas que ya existen con una red de defensores de derechos humanos, el Grupo de Trabajo de los Centros de Justicia Social. Colaboramos con ellos hace dos meses, en el monitoreo del derecho al agua en los asentamientos informales de Kenya. Esta operación fue muy oportuna porque, como se sabe, el gesto de lavarse las manos y el derecho al agua son esenciales para prevenir el COVID-19. En la actualidad, colaboramos con esta red de activistas para monitorear las repercusiones de la crisis sobre los derechos humanos en 24 asentamientos informales de ocho países, donde examinamos sus efectos sobre el derecho al agua, la vivienda y la salud, las consecuencias socioeconómicas y cómo las familias les hacen frente, la repercusión en materia de género, el aumento de la violencia sexual y el abuso de la mujer. Un aspecto importante es el uso excesivo la fuerza y la violencia por parte de los agentes de policía -una preocupación permanente en los asentamientos informales- y el análisis de la manera en que esto influye en la aplicación del toque de queda nocturno y las medidas de emergencia.

Asimismo, continuamos el trabajo que ya estaba en marcha en lo relativo a la violencia sexual y de género. Nuestra labor se centra en la prevención y la respuesta a la violencia sexual y de género en el contexto electoral, pero hemos tratado de adaptarla a la situación actual, condicionada por el COVID-19. Por desgracia hemos asistido a un súbito aumento de la violencia sexual y de género, incluso de la violencia doméstica. Las supervivientes no tienen muchos lugares seguros donde refugiarse y hay poca claridad acerca de los mecanismos de respuesta disponibles. En la actualidad trabajamos con redes de supervivientes de la violencia sexual para contribuir a facilitar esas respuestas.

Antes del brote de COVID-19 habíamos colaborado con la policía, la fiscalía y las autoridades de supervisión en el fortalecimiento de la investigación y el procesamiento de las violaciones de derechos humanos. Estas iniciativas conjuntas han sido fundamentales para llegar a un debate abierto sobre asuntos tales como las directrices que regulan la aplicación de las medidas de emergencia y para asegurar que la investigación de las denuncias relativas a los excesos policiales procede de manera adecuada.

También colaboramos estrechamente con la institución nacional de derechos humanos y la sociedad civil con el fin de apoyar los esfuerzos de coordinación, monitoreo y respuesta oportuna y para promover la importancia de los derechos humanos en esa respuesta al COVID-19.

¿Cuáles han sido los mayores retos y las experiencias más importantes adquiridas hasta ahora durante la pandemia?

El COVID-19 ha traído a primer plano el hecho de que en Kenya hay problemas de derechos humanos, tales como grandes desigualdades, uso excesivo de la fuerza por la policía, arrestos arbitrarios -vinculados a la corrupción en pequeña escala-, violencia sexual y de género generalizada e impunidad. En términos de experiencias adquiridas, creo que esta es una de las principales para el gobierno y la comunidad internacional: si en tiempos normales no abordamos los problemas sistémicos de derechos humanos, entonces, en tiempos de crisis, como durante esta pandemia del COVID-19 o en periodos de desastres naturales o de disturbios políticos y civiles, esos problemas serán aún más difíciles de manejar.

La importancia de las iniciativas conjuntas ha sido una de las lecciones esenciales que tanto yo como mi equipo hemos aprendido estos días. El hecho de tener una amplia gama de alianzas ha sido decisivo para permanecer conectados a las realidades sobre el terreno, influir sobre las actuaciones en diversos niveles y debatir asuntos difíciles con interlocutores que, en otras circunstancias, no habrían estado dispuestos a mantener esas conversaciones.

La flexibilidad y la adaptabilidad también son experiencias adquiridas, porque si nos atenemos siempre a un proceder rígido, no seremos capaces de responder a los cambios que ocurren sobre el terreno. Hemos tenido que examinar diversas maneras de trabajar, no solo en términos personales, -de trabajo a distancia mientras nos ocupábamos de escolarizar a los niños en el hogar-, sino también para ser capaces de obtener resultados mediante el trabajo en equipo y apoyar así a nuestros asociados.

¿Por qué es importante que durante esta pandemia aunemos fuerzas en pro de los derechos humanos?

Únicamente una estrategia basada en los derechos humanos será de capaz de responder eficazmente a esta pandemia, tanto a escala mundial como en el plano nacional. Las respuestas solo serán eficaces si se basan en un enfoque que incluya a toda la sociedad y que aborde las cuestiones de salud pública, pero que además tenga en cuenta la protección social y satisfaga las necesidades de los más vulnerables, que carecen de acceso al agua, que no pueden aislarse y que no pueden adquirir alimentos si dejan de trabajar. Un enfoque basado en los derechos humanos es fundamental para equipar mejor a las comunidades a fin de que puedan superar esta crisis y salir de la pandemia sin menoscabar los logros del desarrollo en los que las naciones han invertido sus recursos durante muchos decenios.

También resulta evidente que la respuesta a la pandemia ha de llevarse a cabo con pleno respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Si las medidas de emergencia terminan en realidad por aumentar el riesgo o las dificultades económicas de las personas y las comunidades, dichas medidas serán ineficaces e incluso podrían aumentar la probabilidad de que sobrevengan trastornos sociales.

En el plano personal, creo que es importante que permanezcamos unidos para demostrar que todos colaboramos -la comunidad de las Naciones Unidas, el gobierno, los socios internacionales y la sociedad civil- para velar por que las opiniones de los activistas de derechos humanos se difundan y se tomen en cuenta, y para asegurarnos de que pueden participar y modular la respuesta de sus comunidades.

8 de mayo de 2020