GINEBRA (19 de febrero de 2024) – Las gestiones legislativas que realiza el gobierno del Reino Unido para facilitar el envío a Rwanda de solicitantes de asilo -incluso mediante el recurso de despojar a los tribunales de la facultad de supervisar esas deportaciones- vulneran los principios básicos del Estado de Derecho y amenazan con propinar un grave revés a los derechos humanos, advirtió hoy el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.   

La denominada Ley de Seguridad de Rwanda (Asilo e Inmigración) exige que cualquier instancia decisoria, tanto si es un ministerio del gobierno, una oficina de inmigración o un tribunal que examine un dictamen sobre una petición de asilo, considere a Rwanda como un país “seguro”, en lo relativo a proteger a los refugiados y solicitantes de asilo contra el riesgo de devolución al país de origen (refoulement), sin tener en cuenta las pruebas actuales o que puedan existir en el futuro.

“Las decisiones relativas a asuntos controvertidos -cuestiones que tienen enorme repercusión en materia de derechos humanos- las toman los tribunales y en eso las cortes británicas muestran un notorio expediente de actuaciones cabales y exahustivas. Corresponde a los tribunales decidir si las medidas adoptadas por el gobierno tras el fallo de la Corte Suprema sobre el riesgo de deportación a Rwanda son suficientes para garantizar la seguridad de los afectados”, declaró Türk. “No se puede legislar sobre hechos que dejen de existir”.  

Además de ser intrínsecamente problemática, la norma también limita la aplicación de la Ley de Derechos Humanos, que otorga vigencia legal en el Reino Unido a las cláusulas de la Convención Europea de Derechos Humanos. Asimismo, esa norma deja a la discreción de las autoridades la aplicación de las órdenes interinas de protección que pueda emitir la Corte Europea de Derechos Humanos, que son vinculantes para el Reino Unido.

“Es muy preocupante sustraer del amparo de la ley a un grupo específico de individuos o a personas que se encuentran en una situación particular. Esto va en contra del principio de la igualdad ante la justicia, que debe ser accesible a todos, sin discriminación”, señaló Türk.

Por su parte, el organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) expresó la preocupación, que el ACNUDH comparte, de que ese esquema jurídico no es compatible con el derecho internacional que ampara a los refugiados.

“Los efectos combinados de esta ley, que trata de eludir el escrutinio legal de los actos del gobierno, socavan directamente los principios básicos de derechos humanos”, afirmó Türk. “La supervisión judicial eficaz e independiente es la piedra angular del Estado de Derecho, un principio que debe ser respetado y fortalecido. Los gobiernos no pueden revocar por decreto sus compromisos internacionales en materia de asilo y derechos humanos”-

El Comité Conjunto de Derechos Humanos del Parlamento británico publicó la semana pasada un importante informe, en el que plantea diversas preocupaciones jurídicas y humanitarias relativas a la legislación propuesta.

A la luz de estas preocupaciones, el Alto Comisionado pidió la reconsideración de la ley.

“Insto al gobierno del Reino Unido a que tome todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento cabal de las obligaciones internacionales del país y para preservar la prestigiosa historia británica de escrutinio judicial eficaz e independiente. Esta postura es hoy más vital que nunca”, afirmó Türk.