GINEBRA (23 de febrero de 2024) – Un informe del ACNUDH publicado hoy pide que se apliquen medidas para garantizar la rendición de cuentas y la justicia en todos los casos de vulneración de las leyes de la guerra y otras violaciones graves de derechos humanos perpetradas por ambas partes en Gaza, la Ribera Occidental -comprendida la zona de Jerusalén Este- e Israel, en los 12 meses transcurridos hasta el 31 de octubre de 2023.

“La arraigada impunidad constatada por nuestra Oficina durante decenios no debe continuar. Es preciso que ambas partes en conflicto rindan cuentas de sus actos por las violaciones cometidas durante más de 56 años de ocupación y 16 años de bloqueo de Gaza, hasta el presente”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. “La justicia es un requisito previo indispensable para poner fin a los ciclos de violencia y para que palestinos e israelíes puedan tomar medidas significativas en pro de la paz”.

En el informe se plantea una amplia gama de interrogantes acerca de ejecuciones ilícitas, toma de rehenes, destrucción deliberada de propiedades civiles, castigos colectivos y privación de servicios esenciales, bombardeos de infraestructuras civiles, desplazamientos forzados, instigación al odio y la violencia, agresión sexual y tortura, delitos prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario (IHL).

En el texto se añade que será necesario realizar investigaciones ulteriores para determinar el alcance real de esos delitos contra el derecho internacional.

Türk instó a las partes a que pongan fin de inmediato a las vulneraciones del derecho internacional humanitario y a las violaciones y abusos del derecho internacional de los derechos humanos, y a que emprendan investigaciones rápidas, independientes, imparciales, exhaustivas, eficaces y transparentes en relación con todas las denuncias de violación. Los responsables de estos hechos deben rendir cuentas de sus actos en juicios justos.

El Alto Comisionado exhortó a todas las partes en conflicto a que colaboren con los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, entre otros la Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia.

Según el informe, Al Qassam, el brazo armado de Hamas, y otros grupos armados palestinos cometieron numerosas violaciones graves del derecho internacional los días 7 y 8 de octubre pasado. Entre esos delitos figuran las agresiones contra la población civil, el maltrato y asesinato deliberado de civiles, la destrucción de bienes civiles y la toma de rehenes, actos constitutivos de crímenes de guerra. Los relatos sobre las violaciones, las agresiones sexuales y las torturas perpetradas por grupos armados palestinos requieren más investigaciones y una rendición de cuentas exhaustiva, de conformidad con el derecho internacional. 

La respuesta militar desencadenada posteriormente por Israel y los medios y métodos bélicos empleados, han causado sufrimientos masivos a los palestinos, entre otros la muerte de numerosos civiles, el desplazamiento extensivo y reiterado de población, la destrucción de hogares, y la denegación de alimentos y otros medios esenciales de subsistencia, señala el informe. Las mujeres y los niños han sufrido de manera particular. Y se han perpetrado violaciones evidentes del derecho internacional, añade el documento.

Además, las graves restricciones en la oferta de servicios básicos y ayuda humanitaria impuestas por Israel en la Franja de Gaza han generado casos de hambruna, deshidratación y brotes epidémicos. La mayoría de la población ha sido desplazada en varias ocasiones y hacinada en albergues. El bloqueo y el asedio impuestos en Gaza son castigos colectivos y podrían equivaler al uso del hambre como arma de guerra, por lo que constituyen crímenes de guerra y podrían ser, en función de cómo evolucionen las investigaciones, equivalentes a otros delitos graves en virtud del derecho internacional, según explica el informe.

En el informe se mencionan tres incidentes emblemáticos que, entre muchos otros, podrían plantear serios interrogantes sobre el cumplimiento de las normas de derecho internacional humanitario. Se trata de dos bombardeos en el campamento de refugiados de Jabalia y otro en Al-Yarmouk, en la ciudad de Gaza, en los que se usaron proyectiles explosivos de gran alcance en zonas densamente pobladas. Los ataques causaron enormes daños. La Oficina del ACNUDH comprobó que 153 personas murieron como consecuencia de los bombardeos, pero el número podría aumentar hasta los 243. Según los informes, no se recibieron avisos previos ni se hicieron esfuerzos para evacuar los edificios de viviendas antes de los ataques.

“El empleo de esas armas en zonas densamente pobladas plantea graves interrogantes acerca de cómo esos ataques cumplen con los principios de distinción, proporcionalidad y precaución en la conducción de las operaciones militares, habida cuenta de los efectos indiscriminados de esas armas cuando se usan en zonas así, y las previsibles consecuencias en términos de pérdidas de vidas de civiles”, dijo Türk. “Los ataques indiscriminados que causan muertes o heridas a civiles, o un ataque realizado con el conocimiento de que va a provocar pérdidas excesivas de vidas civiles, daños o lesiones, constituyen crímenes de guerra”.

El informe critica también los ataques que dañan o destruyen numerosos hospitales en toda la Franja de Gaza. Las instalaciones sanitarias son infraestructuras protegidas por el derecho internacional humanitario.

El informe del ACNUDH también exigió una rendición de cuentas en relación con las prácticas israelíes en la Ribera Oeste, comprendida la zona de Jerusalén Este. Desde el 7 de octubre, se ha registrado un aumento importante de ejecuciones ilícitas, detenciones masivas y malos tratos, y se han multiplicado las restricciones de movimiento.