Declaración en vídeo de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Colegas, amigos y amigas,

Unos medios de comunicación libres e independientes son vitales para la gobernanza democrática, para evitar la injusticia y la opresión, y para defender el Estado de derecho.

Sin embargo, el trabajo y la seguridad personal de miles de periodistas profesionales, cuyo objetivo principal es proporcionarnos información precisa e imparcial, se encuentran cada vez más en peligro.

Durante décadas, la voz de los y las periodistas ha sido sofocada o suprimida con el pretexto de las leyes sobre calumnia y difamación, así como la legislación sobre seguridad nacional y lucha antiterrorista.

Mi Oficina está preocupada por el uso creciente de las leyes penales sobre difamación para silenciar las críticas, restringir el debate público y proteger los intereses de las élites políticas y económicas poderosas.

Además, una andanada de leyes nuevas en numerosos países se presta a restricciones aún más abusivas a la libertad de expresión de la prensa, entre otros, las "fake news" imprecisas o con una definición demasiado amplia, la ciberdelincuencia o las leyes de salud pública en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Desde 2016, se han aprobado o modificado al menos 57 leyes y reglamentos en 44 países, los cuales contienen un lenguaje demasiado amplio o castigos desproporcionados.

En 2022 se encarceló a 323 periodistas en todo el mundo, una cifra récord. Y una encuesta realizada en 2020 a 63 periodistas de investigación que trabajan en 41 países mostró que casi tres cuartas partes de ellos y ellas habían recibido comunicaciones con amenazas de emprender acciones legales.

Otra tendencia es el uso frecuente de "demandas estratégicas contra la participación pública", por lo general utilizadas por personas en el poder y dirigidas contra periodistas para impedirles informar sobre asuntos de interés público.

El verdadero objetivo de esas demandas no es ganar el caso, sino abrumar a la persona demandada mediante procedimientos judiciales prolongados y costes excesivos, lo que conlleva incluso el riesgo de quiebra y consecuencias psicológicas graves. Y al mismo tiempo tienen un efecto opresivo o provocan la autocensura, incluso antes de que se dicte una condena.

Me preocupan igualmente las crecientes amenazas económicas que pesan sobre los y las periodistas. Desde despidos, precariedad laboral y recortes salariales, hasta la exposición a indemnizaciones excesivas en casos de difamación civil, pasando por recortes en la financiación pública y el cierre de medios de comunicación, este gran número de amenazas se cobra un enorme precio.

Colegas,

Cuando la seguridad de los y las periodistas está en peligro —ya sea mediante censura, intimidación o amenazas jurídicas o financieras—, también lo está el fundamento mismo de nuestras sociedades.

Necesitamos una legislación nacional más sólida y completa que garantice la libertad de los medios de comunicación. Cualquier restricción a la libertad de expresión debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en consonancia con el derecho internacional de derechos humanos.

Aliento a todos los gobiernos a que deroguen las leyes penales vigentes contra la difamación; a que no fomenten acciones judiciales frívolas o vejatorias contra los y las periodistas; y a que adopten leyes que permitan el sobreseimiento anticipado de las demandas estratégicas contra la participación pública, limiten los daños y perjuicios reclamados y presten apoyo jurídico a los y las periodistas.

Pero la legislación no basta por sí sola: necesitamos un entorno propicio para los y las periodistas, que reconozca su función de trabajadores al servicio del interés público.

Es necesario dar prioridad a la seguridad de los y las periodistas en los mecanismos nacionales de protección, así como en los planes nacionales de derechos humanos y desarrollo para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.

Asimismo, animo a hacer un seguimiento mejorado y más coordinado de las amenazas contra los y las periodistas. Ello facilitará la comprensión de las amenazas legales y económicas contra estos profesionales, incluyendo el factor del género, y apoyará las acciones para dar respuesta.

Por último, es necesario un enfoque más social para fomentar la seguridad de los y las periodistas, que incluya no solo a los gobiernos, sino también al sector privado, la sociedad civil y las propias empresas de medios de comunicación.

Colegas,

El seminario de expertos de hoy ilustra el compromiso internacional de dar prioridad a la seguridad de los y las periodistas. Admiro expresamente los esfuerzos excepcionales de las numerosas organizaciones de la sociedad civil que colaboran para este fin. La Red de coordinadores sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad también está llevando a cabo una labor vital.

El próximo mes, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, mi Oficina se centrará en la protección del espacio cívico y la garantía de la seguridad de los y las periodistas como parte de nuestra iniciativa Derechos Humanos 75, que conmemora el aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

 En enero, reiteré mi llamamiento a la liberación de personas detenidas arbitrariamente, entre ellas periodistas, y seguimos dando seguimiento a este asunto crucial junto con los Estados.

Unos medios de comunicación libres pueden contribuir a garantizar nuestras libertades colectivas: proteger a los y las periodistas debe ser nuestra responsabilidad colectiva. Les deseo un debate fructífero hoy que, según espero, determine acciones concretas para garantizar un entorno seguro para los y las periodistas y en el que puedan trabajar sin temor a sufrir represalias o intimidaciones.

Gracias.