Türk presenta informe mundial actualizado al Consejo de Derechos Humanos

Señor Presidente,

Excelencias,

Distinguidos delegados:

Pocas veces la humanidad ha tenido que enfrentarse a tantas crisis que amenazan con escapar a su control. En este informe actualizado, centraré la atención, primero, en el azote de la guerra y la necesidad imperiosa de alcanzar la paz y, en segundo lugar, en el espacio cívico indispensable para que las sociedades puedan florecer, particularmente en este año en que se celebra un número sin precedente de elecciones.

Una ola de conflictos azota actualmente las vidas de muchas personas, destruye economías, lacera profundamente los derechos humanos, divide al mundo y pone en tela de juicio la esperanza de alcanzar soluciones multilaterales.

En el mundo entero, se desarrollan hoy 55 conflictos bélicos. Las vulneraciones generalizadas del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario tienen repercusiones devastadoras sobre millones de civiles. Los desplazamientos de población y las crisis humanitarias han alcanzado una escala sin precedentes. Y todos estos conflictos tienen consecuencias tanto regionales como mundiales.

Las situaciones de emergencia que se solapan refuerzan la amenaza de que estos conflictos puedan ampliarse. La guerra de Gaza podría repercutir de manera explosiva en todo Oriente Medio. Los combates en otras regiones -entre ellas el Cuerno de África, Sudán y el Sahel- también podrían agravarse rápidamente. La creciente militarización de la Península de Corea aumenta el nivel de amenazas. El deterioro de la situación de seguridad en las provincias orientales de la República Democrática del Congo, que este Consejo abordará el próximo 3 de abril, resulta ya alarmante. En el mar Rojo, como también ocurre en el mar Negro, los ataques contra los buques mercantes están quebrantando el transporte mundial de mercancías, lo que agrava aún más el sufrimiento económico que padecen los países menos desarrollados.

Conflicto, guerra, violencia.

El derecho a la paz está en el origen mismo de todos los derechos humanos. Sin paz, todos los demás derechos quedan anulados. Es preciso que tomemos medidas urgentes para frenar el belicismo, el miedo y la escalada irracional de odio y hostilidad, que aportan beneficios inmediatos a unos pocos mientras arruinan la vida y los derechos de millones de personas. Es preciso recuperar un ambiente de pacificación. Hay que poner en práctica el arte de la desescalada, mantener abiertas las líneas de comunicación, reconstruir la confianza, emprender, a largo plazo, una labor de cura y reconciliación, y restablecer el sentido de la interconexión y de la unidad de destino de toda la humanidad.

En el pasado, hemos podido comprobar los buenos resultados que arrojan las negociaciones pacientes y persistentes, basadas en el respeto de los principios, así como en el empoderamiento y la participación de las mujeres y los jóvenes en la toma de decisiones.

Señor Presidente:

La semana pasada hablé aquí de la situación de Myanmar y la de Sudán, países donde los conflictos armados internos, caracterizados por crímenes atroces, están causando la muerte de decenas de miles, el desplazamientos de más de 11 millones de personas y una crisis humanitaria incontrolable.

Asimismo, informé al Consejo sobre los Territorios Palestinos Ocupados. La guerra de Gaza ha tenido ya peligrosas consecuencias en países aledaños y me preocupa mucho la posibilidad de que, en este polvorín, cualquier chispa adicional pueda generar una conflagración mucho mayor. Este hecho tendría graves repercusiones para todos los países de Oriente Medio y también para otros más distantes de esa región.

La escalada militar en el sur del Líbano, entre fuerzas de Israel, Hezbolá y otros grupos armados es motivo de suma preocupación. Casi 200 personas han muerto en el Líbano y hay alrededor de 90.000 desplazados internos. Los combates han causado extensos daños a instalaciones sanitarias, escuelas y otras infraestructuras esenciales. Los ataques que han provocado víctimas civiles, entre otros niños, personal paramédico y periodistas, deben ser objeto de una investigación exhaustiva. Unos 80.000 israelíes también han sido desplazados en las zonas fronterizas. Es indispensable hacer todo lo posible para evitar que este conflicto se extienda aún más. 

En Yemen, el grupo hutí Ansar Allah ha venido atacando la navegación comercial en el mar Rojo, lo que ha alterado el tráfico marítimo mundial y ha provocado el encarecimiento de numerosos productos, con importantes repercusiones en los países en desarrollo. Existe un gran riesgo de que este segmento del conflicto se extienda al mismo Yemen, con posibles consecuencias de gravedad para la población yemení, que ya padece una crisis humanitaria a causa de una guerra que dura ya un decenio. Una vez más, exhorto a que las autoridades competentes pongan en libertad al personal de las Naciones Unidas que se encuentra detenido arbitrariamente en Saná.

En Siria, donde aún no se vislumbra claramente un sendero que conduzca a una paz justa y duradera, el conflicto se agrava nuevamente, tras 13 años de una guerra civil catastrófica, marcada por horrendos abusos y vulneraciones de derechos humanos. En los últimos tiempos las hostilidades se han desarrollado a lo largo de varios ‘frentes’ que separan a los distintos grupos en el norte del país, mediante operaciones de bombardeo aéreo y terrestre. Mi Oficina colabora actualmente con el Secretario General en la creación de una institución independiente que se encargará de investigar la desaparición de personas en Siria y abrirá el camino para que las víctimas, los supervivientes y sus familias puedan acceder a la verdad sobre esos hechos.   

Señor Presidente:

En Ucrania, dos años después del inicio de la invasión en gran escala de tropas de la Federación de Rusia, mi Oficina ha comprobado que al menos 10.000 civiles han muerto y muchos más han sido heridos, aunque la cifra definitiva de víctimas será mucho mayor. En la Federación de Rusia, fuentes independientes han notificado la muerte de 147 civiles en el mismo periodo. Pero en vez de que el conflicto avance hacia una paz duradera, se ha producido una nueva escalada de las hostilidades, con ataques de misiles y drones rusos que han causado un considerable aumento de bajas civiles en toda Ucrania. En el territorio ucraniano ocupado, al igual que hizo en la península de Crimea tras la ocupación de 2014-2015, Rusia ha impuesto su propio sistema judicial y administrativo -en violación del derecho internacional humanitario- y ha aplicado medidas represivas que provocan un miedo generalizado. Esta situación la examinaré detalladamente en un segmento del informe que presentaré el próximo 28 de marzo.

En Etiopía, se han adoptado medidas para poner en vigor el acuerdo para el cese de las hostilidades en Tigré, suscrito en noviembre de 2022, que comprende el fin de las operaciones militares del gobierno contra el Frente de Liberación de los Pueblos de Tigré (TPLF), la creación de una administración regional interina y la implantación de normas para aplicar una justicia de transición. El Frente de Liberación ha cesado los ataques contra las fuerzas gubernamentales y ha entregado el armamento pesado. Pero la situación humanitaria sigue siendo muy grave y la ausencia de medidas concretas de rendición de cuentas y las persistentes vulneraciones de derechos humanos en zonas bajo el control de las fuerzas eritreas y amaras siguen obstaculizando la pacificación sostenible. En las regiones de Amara y Oromia prosiguen los combates entre grupos armados y el ejército gubernamental, con graves repercusiones para la población civil. En breve mi Oficina publicará un informe sobre este conflicto.

En Malí, la situación de derechos humanos sigue siendo muy preocupante, con vulneraciones y abusos que en 2023 casi duplicaron los de 2022. Este aumento coincide con la reanudación de las hostilidades entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados, tras la retirada de la MINUSMA. Dos grupos armados mantienen el control sobre importantes porciones del territorio en las zonas fronterizas con Burkina Faso y Níger, así como en la región de Timbuktú, parte de la cual ha estado bajo asedio desde agosto pasado, lo que ha agravado los peligros que afectan a los derechos de las niñas y las mujeres. Aunque los grupos armados son responsables de la mayoría de las violaciones graves de derechos humanos, hemos recibido denuncias verosímiles sobre vulneraciones cometidas por el ejército de Malí, a veces en compañía de soldados extranjeros. Le pido a Malí que garantice la rendición de cuentas al respecto.

En Burkina Faso, las operaciones militares se han intensificado, decenas de miles de auxiliares han sido desplegados junto a las fuerzas de seguridad y en 22 provincias se declaró el estado de emergencia, mientras que la situación de seguridad y los derechos humanos se han deteriorado. Los grupos armados son responsables de la mayoría de las vulneraciones graves de derechos humanos, tal como se informó la semana pasada. Mi Oficina también ha documentado un aumento de las violaciones graves que se atribuyen a las fuerzas de seguridad y a los Voluntarios para la Defensa de la Patria. Las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias de personas consideradas críticas con las autoridades de transición parecen ir en aumento. También me preocupan los informes relativos al reclutamiento forzoso. En este periodo de transición, abrir espacios para el debate es fundamental para construir una sociedad resiliente e integradora.

Albergo grandes esperanzas de que las negociaciones en curso entre Armenia y Azerbaiyán arrojen resultados positivos, basados en los derechos humanos. Para consolidar la confianza y alcanzar la paz y la reconciliación duraderas, es preciso escuchar atentamente las opiniones de las víctimas y sus familiares -incluso de las que huyeron de sus hogares en septiembre de 2023- y han de tenerse en cuenta sus necesidades. También es preciso abordar muchas de las denuncias que se han expresado durante décadas por ambas partes y mi Oficina está disponible para apoyar esas iniciativas.

En cuanto a la zona occidental de los Balcanes, me preocupan las tensiones existentes entre Serbia y Kosovo,^[1], en particular los violentos incidentes ocurridos en el norte de Kosovo en septiembre de 2023. Los sucesos recientes en Bosnia y Herzegovina son inquietantes, por las reiteradas amenazas de secesión y los ataques al orden constitucional del país cometidos por los dirigentes de la denominada Republika Srpska (República Serbia de Bosnia). El aumento de las amenazas al espacio cívico en esa entidad son motivo de especial inquietud en este año de elecciones locales, porque han inhibido el trabajo de los agentes de la sociedad civil. Para contrarrestar el aumento de la polarización y fomentar la reconciliación en la zona, es indispensable que los dirigentes políticos hablen con claridad acerca de las atrocidades pasadas, incluso del genocidio, y promuevan la justicia.

En América Latina y el Caribe, la prevalencia y la violencia de las pandillas y las organizaciones mafiosas repercuten considerablemente sobre la vida y los derechos de millones de personas en Ecuador, Haití, Honduras y México. En algunos casos, las respuestas punitivas y militarizadas han causado graves vulneraciones de derechos humanos y han incrementado el potencial de violencia. Solo las políticas basadas en los derechos humanos pueden aportar soluciones eficaces y duraderas. Para abordar la corrupción, la impunidad, la gobernanza deficiente y las causas estructurales de la violencia -tales como la discriminación y la incapacidad para hacer realidad los derechos económicos, sociales y culturales- es menester lograr la plena participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas. Es preciso también reforzar la cooperación internacional, para abordar el tráfico ilícito de armamentos y garantizar la rendición de cuentas en lo relativo a los delitos transnacionales.

La violencia mediante el uso de armas de fuego alcanza también niveles alarmantes en varios países del Caribe, entre otros en Jamaica, lo que ha dado origen a reiteradas declaraciones de Estado de emergencia. Encomio la labor realizada por la Comunidad del Caribe para mantener la paz y la estabilidad en la región, su lucha contra el tráfico ilícito de armas y sus esfuerzos para establecer una oficina del ACNUDH en la región. A la grave situación que atraviesa Haití le dedicaré un informe especial detallado el próximo 2 de abril.                   

Señor Presidente:

El miedo está fragmentando a sociedades en el mundo entero, desatando sentimientos de rabia y odio. Esas tendencias se nutren también de una actitud de desprecio hacia los rivales políticos y los electores.

Este año 2024 en que se celebran comicios en más de 60 países -donde vive casi la mitad de la población mundial- podría marcar un hito para los principios democráticos. Demos, pueblo; kratos, gobierno: un proceso electoral significativo, seguro y participativo es fundamental para garantizar que la gobernanza esté al servicio de los derechos humanos de los pueblos. Pero la democracia es algo más que la simple ceremonia electoral que se celebra cada tres, cuatro o cinco años. La democracia vive -o muere- cada día con el derecho de la gente a participar en la gestión de los asuntos públicos.

Este empoderamiento de personas de todas las esferas de la vida es el verdadero “superpoder” de las sociedades en las que la participación es genuina, porque garantiza la confianza en las instituciones de gobierno y hace que la toma de decisiones sea más importante y eficaz, porque tiene más fundamento y es capaz de equilibrar las necesidades de los diversos grupos sociales.

Las tres cuartas partes de los parlamentarios del mundo son hombres. A escala mundial, las mujeres -que constituyen la mitad de la población adulta- siguen sin lograr una participación y representación política equitativas y al ritmo de adelanto actual, la paridad de género en los parlamentos nacionales no se alcanzará antes del año 2063.  Insto a todos los Estados a que se esfuercen más en la lucha contra la discriminación de género y la violencia contra la mujer, y a que desmonten la madeja de leyes y usos sociales que impiden el acceso de las mujeres a los cargos de mayor responsabilidad.

La buena gobernanza exige la aplicación constante de dispositivos de supervisión y rendición de cuentas, a través de un sistema de frenos y contrapesos que regule el ejercicio del poder, lo que equivale a decir que esa estructura se fundamenta en el Estado de Derecho y cuenta con mecanismos judiciales independientes. Por supuesto, las libertades fundamentales -el derecho a la libertad de opinión, de expresión, de reunión y asociación pacíficas- son parte esencial de esa estructura.

La corrupción constituye también un desafío enorme a la democracia y el Estado de Derecho. Su repercusión primordial consiste en que desvía para beneficio particular las decisiones y los recursos públicos que deberían consagrarse al bien común, lo que genera desigualdades sociales y económicas que pueden ser tan considerables que despojen de sentido a las instituciones del Estado y priven a los pobres y los menos favorecidos del derecho a determinar su futuro.

En muchos lugares del mundo, numerosos políticos azuzan los antagonismos y la xenofobia para ganar apoyos, especialmente en periodo electoral. En esta huída hacia adelante para abandonar el bien común en aras del beneficio personal a corto plazo, estos líderes están destrozando los principios fundamentales de derechos humanos que deberían unirnos a todos.

Me preocupa sobremanera la perspectiva de que se realicen intensas campañas de desinformación en contextos electorales, con la ayuda de la inteligencia artificial generativa. Existe una aguda necesidad de establecer marcos normativos sólidos que garanticen el uso responsable de la IA y mi Oficina realiza actualmente el máximo esfuerzo para promoverlos.

Señor Presidente:

Las autocracias y los golpes militares son la negación misma de la democracia. En cada elección -incluso en las más deficientes- se realiza un esfuerzo, aunque sea nominal, por cumplir la aspiración universal de establecer un régimen democrático. Pero en las denominadas “democracias iliberales”, como las definió el Primer Ministro de Hungría, en referencia a su propio sistema, se mantiene la estructura electoral formal, pero se limitan las libertades cívicas, se socava la capacidad de escrutinio de los medios de comunicación sobre el poder, mediante la aplicación de controles gubernamentales sobre la prensa, y se debilitan las instituciones judiciales y de suprevisión mediante la concentración del poder en la rama ejecutiva.

Es importante reconocer que, en muchos casos, los comicios que se celebren este año van a garantizar una transferencia de poder limpia y libre de odio, y que las estructuras de gobierno resultantes cumplirán, en general, su función primordial de representar a las diversas corrientes de opinión de los pueblos y promover sus derechos.

Pero, en otros casos, albergo graves dudas acerca del contexto de derechos humanos en el que estas elecciones se van a celebrar.

En la Federación de Rusia, las autoridades han redoblado este mes las medidas represivas, con miras a suprimir las opiniones disidentes antes de los comicios presidenciales. Varios candidatos han sido excluidos del proceso electoral por supuestas irregularidades administrativas. La muerte en prisión del dirigente opositor Alexei Navalni ha venido a sumarse a las inquietudes previas relativas a la persecución que ya padecía. Desde el comienzo de la guerra que Rusia lanzó contra Ucrania, miles de políticos, periodistas, activistas de derechos humanos, abogados y simples ciudadanos han tenido que enfrentarse a multas administrativas e imputaciones penales, tan solo por expresar sus opiniones en las redes sociales y, al parecer, esta tendencia se ha recrudecido en los últimos meses, cuando numerosas figuras del mundo cultural han sido objeto de ataques similares. El mes pasado, se aprobó una nueva ley que amplía las condenas de quienes sean declarados culpables de difundir información sobre el ejército que el gobierno considere falsa, así como de las personas que traten de aplicar las decisiones adoptadas por organismos internacionales en los que Rusia “no participe”. Exhorto a las autoridades a que lleven a cabo un examen rápido y exhaustivo de todos los casos de privación de libertad incoados por el ejercicio de libertades fundamentales y que pongan fin de inmediato a la represión de las opiniones independientes y de los letrados que los representan. El futuro del país depende de la existencia de un espacio cívico abierto.

Las elecciones legislativas celebradas en Irán hace tres días ofrecieron a la población de ese país la primera oportunidad de votar desde las protestas de 2022 y 2023, realizadas bajo la consigna de “Mujeres, vida y libertad”. Los comicios se efectuaron en un país profundamente dividido por la represión que el gobierno practica contra los derechos de las jóvenes y las mujeres. Quienes participaron en las protestas fueron perseguidos, condenados a largas penas de prisión y, en algunos casos, ejecutados. El proyecto de ley denominado “Apoyar a la familia mediante la promoción de una cultura de castidad y hijab”, si se adopta, impondría graves castigos por actos que en ningún país deberían considerarse delictivos. En el marco de los contactos permanentes que mantengo con las autoridades iraníes, les he instado a que reformen lo más pronto posible estas normas, para defender los derechos de todos los iraníes, comprendido el derecho de las mujeres tomar sus propias decisiones, así como a que apliquen una moratoria inmediata sobre la pena capital.

En lo tocante al Chad, sigo con inquietud los recientes sucesos, entre otros el asesinato del líder de la oposición. Al respecto, he pedido que se lleve a cabo una investigación transparente, rápida e independiente, y he solicitado también que, tras las próximas elecciones el país inicie una transición que respete plenamente el derecho internacional de los derechos humanos.

Las elecciones presidenciales de Senegal, previstas para febrero pasado, fueron canceladas abruptamente a principios de ese mismo mes. Tras el fallo dictado por el Tribunal Constitucional en el sentido de que los comicios debían celebrarse “lo más pronto posible”, el Presidente anunció que así se hará. El espacio cívico del país ha sido erosionado los últimos tres años y según se informa, unos 1.000 miembros de la oposición y activistas han sido arrestados desde 2021. Muchos de ellos han sido puestos en libertad condicional y he pedido que se examinen las causas y se excarcele a todos los que todavía están en prisión, incluso los opositores más prominentes. Exhorto al gobierno a velar por que el diálogo nacional propuesto se realice con la participación de representantes de todas las corrientes políticas.

En Ghana, el Presidente ha anunciado que dimitirá tras las elecciones presidenciales y parlamentarias programadas para diciembre próximo, tras completar su segundo mandato según los límites impuestos por la Constitución. Esta será la quinta sucesión presidencial desde 1992, lo que consolida el liderazgo de Ghana en lo tocante al respeto de las transiciones de base institucional. La sociedad civil de Ghana ha logrado fomentar la participación civil y política en los asuntos públicos, entre otros en la lucha contra la corrupción. Al mismo tiempo, las restricciones han aumentado en los últimos años, incluso los riesgos para los periodistas. También la inestabilidad ha crecido en el país y las amenazas contra la seguridad se han multiplicado en las zonas septentrionales.  

Se espera que Rwanda celebre elecciones presidenciales y parlamentarias en julio, en un contexto de mejoras económicas y sociales que dura ya varias décadas, y un impresionante historial de representación política femenina. Exhorto a que se tomen con rapidez medidas para garantizar las libertades fundamentales, junto con investigaciones genuinas acerca de las denuncias sobre desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, torturas e intimidación, así como sobre detenciones arbitrarias. Estas medidas son indispensables para crear un contexto propicio de cara a las elecciones.

En Somalia, está en marcha un proceso para revisar la Constitución Federal Provisional y exhorto a los legisladores a velar por el cabal cumplimiento de los compromisos internacionales y regionales del país en materia de derechos humanos. En Somalia persiste un conflicto devastador y el personal de nuestra Oficina ha confirmado la muerte de al menos 500 civiles en 2023. El grupo armado Al-Shabaab es responsable de muchas de esas muertes y deploro que además reclute a menores para combatir en sus filas. Insto a que se lleven a cabo reformas para suprimir las restricciones que pesan sobre la libertad de expresión, a fin de garantizar la existencia de un espacio cívico dinámico. Habida cuenta de la necesidad que tiene Somalia de cumplir con las condiciones impuestas por el FMI y el Banco Mundial en el marco de trabajo de los países pobres muy endeudados, pido que se asignen más recursos a la educación, la salud y la protección social.

El pueblo de Libia tiene derecho a una gobernanza genuinamente democrática, participativa y transparente. Sin embargo, aunque hay elecciones previstas en Libia este año, ha habido escaso progreso en términos de esfuerzos concretos para garantizar la reconciliación, instaurar la rendición de cuentas -comprendida la justicia de transición- o para promover un espacio cívico amplio, libre y seguro. Es preciso que se avance en todos estos aspectos a fin de garantizar la celebración de elecciones auténticas y construir instituciones unificadas y legítimas.

En la India, con un electorado de 960 millones de personas, los próximos comicios serán de una escala extraordinaria. Valoro positivamente las tradiciones seculares y democráticas de este país y su gran diversidad. No obstante, me preocupa el aumento de restricciones sobre el espacio cívico -con amenazas contra activistas de derechos humanos, periodistas y presuntos críticos- así como el discurso de odio y discriminación orientado a las minorías, en particular a los musulmanes. En un contexto preelectoral es de especial importancia que se garantice el funcionamiento de un espacio cívico abierto, en el que se respete la participación significativa de cada persona. Aplaudo la decisión que adoptó el Tribunal Supremo el mes pasado, en lo referente a la financiación de las campañas políticas, en el que se defiende el derecho a la información y la transparencia.

En cuanto a Bangladesh, me inquieta que miles de dirigentes y activistas de la oposición sigan detenidos y que desde octubre se haya notificado las muertes de varios reclusos. Al tiempo que condeno toda forma de violencia política, insto a que se realice un rápido examen de estos casos, con miras a la excarcelación de estas personas, con el fin de alentar el diálogo político y la reconciliación. Sigo preocupado por las denuncias relativas al uso de la justicia para acosar a activistas de derechos humanos, periodistas y líderes cívicos. Exhorto a que se realice una investigación acerca de las presuntas desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, de conformidad con la normativa internacional. 

En Pakistán, la alta participación registrada en las elecciones del mes pasado demostró hasta qué punto muchos paquistaníes valoran la democracia y desean que se ponga fin a las injerencias en el gobierno civil. El respeto de los derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación y reunión pacíficas es fundamental para fortalecer la democracia y solucionar los desafíos relativos a la economía y el desarrollo a largo plazo. Insto al nuevo gobierno a que ponga fin al uso de la detención arbitraria y la desaparición forzada como armas contra opositores políticos, periodistas, miembros de comunidades minoritarias y otros, cuyo paradero se desconoce durante semanas, meses y, en algunos casos, durante años. 

En México, varios procesos electorales van a coincidir en junio, con la elección de más de 20.000 funcionarios públicos, entre otros el nuevo Presidente, todos los miembros del parlamento federal y una amplia gama de representantes y autoridades estatales y locales. Este inmenso ejercicio de derechos civiles y políticos debe recibir la protección debida contra la violencia.

El caso de Venezuela, cuya elección presidencial está prevista para este año, se examinará en detalle el 18 de marzo.

En Polonia, la coalición política que ha formado el nuevo gobierno anunció su intención de restaurar las libertades públicas y la independencia de las instituciones que antes habían sido debilitadas, así como los derechos reproductivos, poniendo fin a una prohibición casi total del aborto. Aplaudo esas medidas y hago hincapié en la necesidad de aplicarlas mediante un proceso participativo e inclusivo, que sea coherente con los compromisos del país en materia de derechos humanos.

En los Estados Unidos de América, en este año electoral, es particularmente importante que las autoridades de todos los niveles apliquen las recientes recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para garantizar un sufragio equitativo, universal y exento de discriminación. Una orden ejecutiva presidencial de 2021 reconoce que se han aplicado políticas desproporcionadas y discriminatorias, y que otros obstáculos han limitado el derecho de voto de los afrodescendientes, e insiste en la necesidad de revertirlas. Sin embargo, según el Centro Brennan para la Justicia, en 2023 al menos 14 Estados han aprobado leyes que han hecho aún más difícil el voto. En un contexto de intensa polarización, es importante insistir en la igualdad de derechos y el valor igual  del voto de cada ciudadano.

Señor Presidente:

En cuanto a Afganistán, lamento las vulneraciones continuas y sistemáticas de derechos humanos, en especial las violaciones generalizadas de los derechos de las niñas y las mujeres, que las excluyen de todos los aspectos de la vida pública, entre otros la enseñanza secundaria y terciaria, el empleo y la libre circulación. Promover los derechos de las niñas y las mujeres debe ser tarea de la máxima prioridad para todos los que trabajen en Afganistán y también para quienes se ocupen de este país. Las libertades cívicas y, en particular, la libertad de prensa de todos los afganos, están muy restringidas y son numerosos los periodistas y activistas de derechos humanos que padecen detenciones arbitrarias. La reanudación de las ejecuciones públicas es horrenda. Sigo preocupado por la expulsión de ciudadanos afganos de los países vecinos, en particular por la situación de quienes podrían padecer persecución, torturas y otros daños irreparables al ser devueltos a Afganistán.

En los Emiratos Árabes Unidos está en marcha otro juicio colectivo basado en una legislación antiterrorista que contraviene el derecho internacional de los derechos humanos. En diciembre pasado, se presentaron nuevos cargos contra 84 personas, entre las que figuraban activistas de derechos humanos, periodistas y otros profesionales que ya se encontraban en prisión. Varios de estos reos estaban a punto de cumplir sus sentencias o habían sido arbitrariamente retenidos tras haberlas cumplido. Este procedimiento judicial masivo constituye el segundo mayor juicio colectivo en la historia de los EAU, tras el denominado caso “UAE94” de 2021, y afecta a muchos de los mismos acusados. Me inquietan los amplios esquemas de supresión de la disidencia y el espacio cívico en ese país y exhorto al gobierno a que revise las leyes nacionales de conformidad con las recomendaciones del derecho internacional humanitario.

El diálogo que mi Oficina ha entablado con China prosigue en ámbitos tales como las políticas antiterroristas, la igualdad de género, la protección de las minorías, el espacio cívico y los derechos económicos, sociales y culturales. A medida que avanzamos en este proceso, es importante obtener resultados concretos, especialmente en lo tocante a las políticas que se plantearon durante el Examen Periódico Universal. Reconozco los adelantos que China ha alcanzado en la reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo, y he exhortado a las autoridades del país a que acompañen estos avances con reformas que permitan ajustar las leyes y políticas nacionales a los criterios internacionales de derechos humanos. Durante el EPU, China anunció planes para aprobar 30 nuevas medidas orientadas a la protección de los derechos humanos, entre otras las enmiendas relativas a la reforma del Código Penal y la revisión de la Ley de Procedimiento Penal. Mi Oficina aspira a colaborar con China en esta tarea. En particular, yo he instado a que se revise la confusa tipificación del delito de “buscar peleas y crear problemas”, que figura en el Artículo 293 del Código Penal, y he exhortado a que ponga en libertad a los activistas de derechos humanos, abogados y otras personas detenidas en virtud de esa legislación. Asimismo, pido al gobierno que aplique las recomendaciones formuladas por mi Oficina y otros órganos de derechos humanos, en relación con las leyes, políticas y prácticas que vulneran los derechos fundamentales, especialmente en lo relativo a las regiones de Xinjiang y Tibet. También permanezco al habla con las autoridades de Hong Kong acerca de las inquietudes que suscitan las leyes de seguridad nacional.

En El Salvador, insto al gobierno, que ahora inicia su segundo mandato, a que defienda el Estado de Derecho, garantice la separación de poderes y promueva los controles y contrapesos adecuados. Asimismo, pido a las autoridades que apliquen condiciones de detención que garanticen la dignidad de todos los reclusos, incluso de los que pasan largos periodos en espera de juicio, y que suprima los obstáculos que dificultan la labor de los abogados defensores. Proteger a todos los salvadoreños del delito y la violencia es un objetivo importante de derechos humanos, que solo se puede alcanzar mediante medidas basadas en esos mismos derechos. Exhorto a las autoridades salvadoreñas a que empoderen a personas de todas las comunidades y todas las corrientes de pensamiento para que puedan participar en los procesos de adopción de decisiones.

En relación con el espacio cívico, permítanme señalar que las estadísticas, allí donde están disponibles, indican que numerosos Estados deberían adoptar medidas de amplio espectro para combatir la violencia policial y la discriminación. Por ejemplo, el año pasado, la encuesta denominada Ser Negro en la Unión Europea, realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), indicó que el 58% de las personas detenidas por la policía el año anterior consideraron que esta medida tenía motivaciones raciales y los índices fueron aun superiores a la media en Alemania, España y Suecia. Desde 2016, esta percepción ha aumentado en Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania e Irlanda. Es importante analizar los factores que subyacen en esta percepción y abordarlos. Datos no gubernamentales de Estados Unidos y Brasil siguen indicando que existen niveles desproporcionadamente altos de muertes de afrodescendientes en el contexto de las operaciones policiales.

Me preocupa que en muchos países, incluso de Europa y América del Norte, se extienda la influencia de las teorías conspiratorias del llamado “gran reemplazo”, basadas en la falsa idea de que judíos, musulmanes, personas de etnias no caucásicas e inmigrantes tratan de “reemplazar” o suprimir a pueblos y culturas enteras. Estas ideas delirantes y profundamente racistas ejercen una influencia directa sobre muchos activistas violentos. Junto con la “guerra contra el ideario woke”, que es en realidad una guerra contra la inclusión, estos conceptos tienden a excluir de la igualdad a las minorías raciales -en particular a las mujeres de grupos minoritarios- y a los miembros del colectivo LGBTQ+. El multiculturalismo no es una amenaza: es la historia misma de la humanidad y resulta profundamente beneficioso para todos.

Deploro los crecientes ataques contra miembros del colectivo LGBTQ+ y contra sus derechos. En fechas recientes, diversas leyes y políticas discriminatorias se han ampliado, aprobado o están sujetas a consideración en Belarús, Burkina Faso, Ghana, Líbano, Níger, Nigeria, la Federación de Rusia y Uganda, así como en varios Estados de los Estados Unidos de América. También lamento el reciente fallo judicial emitido en San Vicente y las Granadidas, que valida la penalización -procedente de la era colonial- de las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo, norma que se basa en argumentos y estereotipos dañinos y desacreditados desde hace largo tiempo.

El reconocimiento de los derechos del colectivo LGBTQ+ concierne a la médula misma de la igualdad y el derecho de toda persona a vivir libre del miedo y la discriminación. En esta perspectiva, aplaudo las importantes medidas orientadas al reconocimiento de esos derechos en Grecia, y la despenalización de las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo, adoptada en Antigua y Barbuda, Barbados, Mauricio, Saint Kitts y Nevis y Singapur en los dos últimos años.

Señor Presidente:

Al igual que el desarrollo, la paz se construye y se enriquece a través de los derechos. Mediante la defensa y la promoción de toda la gama de derechos humanos, comprendido el derecho al desarrollo y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, el Estado puede elaborar soluciones duraderas, porque responden a la verdad universal de nuestra igualdad y al inextinguible deseo de libertad y justicia.

La Historia es el registro que refleja la capacidad humana de sobreponerse a los peores desafíos. Entre los grandes logros de la humanidad en los últimos 75 años está sin duda el reconocimiento de que el respeto de los derechos humanos en cada país -de todos los derechos, porque no se trata aquí de un menú ‘à la carte’- es un asunto que concierne a toda la comunidad internacional.

Muchas gracias, señor Presidente.