Es urgente que recuperemos el camino de la paz”, afirma el Alto Comisionado Volker Türk al presentar su informe de actualización mundial en el 56º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

Señor Presidente,

Excelencias,

Distinguidos delegados:

Me resulta doloroso comenzar el informe de actualización mundial ante este Consejo, una vez más, denunciado la crueldad de la guerra.

En marzo pasado, hablé del derecho a la paz.

Desde entonces, los conflictos se han recrudecido.

Las muertes y las lesiones causadas a la población civil se han convertido en algo cotidiano.

La destrución de elementos vitales de infraestructura también es cosa del día a día.

Todo esto es devastador e insensato.

Niños tiroteados. Hospitales bombardeados. Comunidades enteras bajo el fuego de la artillería.

Y todo esto envuelto en una retórica de odio, división y deshumanización.

Estoy consternado por el grado de transgresión alcanzado por las partes en conflicto, más allá de lo que es aceptable y legal, en muchos ámbitos, con un desprecio ilimitado hacia el adversario y vulnerando la esencia misma de los derechos humanos.

En 2023, las estadísticas compiladas por mi Oficina indicaban que el número de civiles fallecidos en conflictos armados había aumentado un 72 por ciento.

Para aumentar el horror que reflejan estos datos, la proporción de mujeres muertas en 2023 duplicó a la del año precedente, mientras que el número de niños la triplicó.

Estoy consternado por el desdén que muestran la comunidad internacional de derechos humanos y el derecho internacional humanitario hacia el conflicto de Gaza. Esta guerra ha sido escenario de muerte y sufrimiento desaforados. Más de 120.000 personas, mayoritariamente mujeres y niños, han muerto o han resultado heridas desde el 7 de octubre, como consecuencia de la ofensiva israelí. Desde que Israel amplió sus operaciones en Rafah, a principios de mayo, casi un millón de palestinos han sido desplazados por la fuerza una vez más, mientras que la distribución de ayuda humanitaria ha empeorado.

Mientras tanto, la situación en la Margen Occidental, comprendido Jerusalén Este, se deteriora drásticamente. Hasta el 15 de junio, 528 palestinos, entre ellos 133 niños, habían caído víctimas de las fuerzas de seguridad israelíes o de los colonos desde octubre, y en muchos de estos casos hay dudas acerca de la legitimidad de las ejecuciones. En ese mismo periodo, 23 israelíes murieron en la Margen Occidental e Israel en choques o ataques de los palestinos, entre ellos ocho miembros de las fuerzas de seguridad de Israel.

Los continuos ataques que Israel lleva a cabo en Gaza causan inmensos sufrimientos y destrozos generalizados. Las autoridades israelíes siguen obstruyendo el acceso a la ayuda humanitaria y prosigue la detención abitraria de miles de palestinos. Esta situación debe cesar.

Los grupos armados palestinos mantienen todavía a numerosos rehenes y, en algunos casos, operan en zonas densamente pobladas, lo que añade más peligro a la situación de los civiles. Es preciso que estos rehenes sean puestos en libertad.

Las pautas de conducta que hemos documentado plantean graves preocupaciones sobre la posibilidad de que se hayan cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Exhorto a las partes a que respeten las decisiones vinculantes del Consejo de Seguridad y de la Corte Internacional de Justicia.

Es preciso terminar la ocupación, poner en práctica las medidas de rendición de cuentas y lograr que la solución de los dos Estados, aprobada por la comunidad internacional llegue a ser realidad.

Me preocupa en grado sumo el agravamiento de la situación entre Líbano e Israel. Según los informes recibidos, 401 personas han muerto en Líbano, entre ellos miembros del personal médico y periodistas. Se han registrado unos 90.000 desplazamientos forzosos en Líbano y 60.000 en Israel, donde ha habido 25 muertes. Miles de edificios han sido destruidos. Una vez más, exhorto a que se alcance un cese de hostilidades y a que los elementos que más pueden influir en la situación tomen todas las medidas posibles para evitar una guerra en gran escala. 

La situación de Ucrania sigue deteriorándose. La reciente ofensiva terrestre desplegada por el ejército ruso en la zona de Jarkov ha arrasado a comunidades enteras. Los vecinos, muchos de ellos ancianos, se esconden en los sótanos, sin electricidad ni agua corriente ni alimentos adecuados, a medida que la región es objeto de ataques con explosivos que afectan a extensas zonas.

Las oleadas sucesivas de ataques en gran escala contra la infraestructura energética han causado la destrucción del 68 por ciento de la capacidad de producción eléctrica de Ucrania y han llevado el sistema al borde del colapso, especialmente ahora que el invierno se aproxima.

Un informe de actualización dedicado especialmente a Ucrania será sometido al Consejo del próximo 9 de julio.

Señor Presidente:

El Sudán está siendo destruido ante nuestros propios ojos por dos facciones enemigas y las milicias que las apoyan. Estos beligerantes han azuzado las tensiones entre los grupos étnicos, han denegado la asistencia humanitaria, han arrestado a defensores de derechos humanos y han pisoteado los derechos de su propio pueblo. He notificado a ambos generales sobre sus responsabilidades en la perpetración de posibles crímenes de guerra y otras atrocidades, entre ellas delitos de violencia sexual y ataques de origen étnico. Estos mandos son los responsables supremos de las repercusiones que estos actos puedan tener sobre la población civil, comprendidos los desplazamientos masivos, las hambrunas y el agravamiento de la catástrofe humanitaria.

Es indispensable que los esfuerzos de mediación que ya están en curso, entre otros los de la Unión Africana, pongan fin a este conflicto. Asimismo, requieren apoyo las iniciativas civiles orientadas a influir sobre una futura transición. Estos procesos deben ser participativos, para que puedan abordar las causas profundas del conflicto, arraigadas en la exclusión y la discriminación.

Durante la misión que realicé a la República Democrática del Congo en el mes de abril, pude percibir el inmenso sufrimiento de los civiles que viven en el este del país, en particular de los que se encuentran alojados en los campamentos de personas desplazadas, debido a los continuos ataques de grupos armados, entre otros el M 23, las Fuerzas Aliadas Democráticas (ADF) y el CODECO. Es preciso poner fin a la violencia. Los esfuerzos del gobierno y los agentes regionales e internacionales deben centrarse en la pacificación, la recuperación de la seguridad y la restauración de la confianza. El discurso de odio y los mensajes dirigidos contra determinados grupos de población basados en su condición étnica, deben cesar y sus autores deberían ser llevados ante los tribunales. La rendición de cuentas es fundamental. Y el sector privado, incluidas las empresas extractoras de recursos, también deben asumir sus responsabilidades.

Aunque, en comparación con años anteriores, ha disminuido la intensidad de las hostilidades en la República Árabe Siria, no se ve por ninguna parte el final del conflicto. Prosiguen los asesinatos de civiles, la destrucción de objetivos civiles, la violencia sexual y de género, los arrestos arbitrarios y la intimidación de los manifestantes pacíficos. Persisten las muertes de personas arrestadas, especialmente en zonas bajo el control de las fuerzas pro-gubernamentales. Los sirios que regresan al país siguen corriendo riesgos de ser arrestados y sometidos a detención arbitraria y extorsión, tanto en las zonas dominadas por las fuerzas pro-gubernamentales como en las áreas controlada por los grupos armados rebeldes.

En los países donde han ocurrido cambios de poder inconstitucionales, entre ellos Burkina Faso, que visité este año, Malí y Níger, vemos que las transiciones se alargan interminablemente, sin que prospere un diálogo nacional significativo y con limitaciones cada vez mayores del especio cívico para ahogar a la disidencia. Los progresos en este sentido solo se lograrán mediante la inclusión. Y en el caso de Níger, también es preciso hallar una solución que respete los derechos del presidente Bazoum y su familia.

Los civiles llevan la peor parte en la lucha contra los grupos armados no estatales. Pero un enfoque militarizado no arrojará, por sí solo, resultados sostenibles. Es urgente restaurar el contrato social entre las autoridades de transición y el pueblo.

Sudán del Sur es un país extenuado por la violencia intracomunitaria, las venganzas, los ataques contra la población civil, las ejecuciones extrajudiciales, los actos de violencia sexual vinculados al conflicto, la mala gestión de los recursos, la inseguridad alimentaria y los desplazamientos masivos en gran escala, incluso los debidos a factores medioambientales. Todos estos problemas se agravan en un contexto preelectoral de gran fragilidad. Insto al gobierno a que otorgue prioridad a la rendición de cuentas, aborde la violencia comunitaria, redoble la protección de la población civil, investigue las denuncias de vulneraciones y lleve a los responsables ante la justicia.

Haití es el ejemplo más depurado de interconexión creciente entre la desigualdad y la violencia. Decenios de marginación, una gobernanza deficiente, la corrupción y el tráfico de armas han contribuido a la violencia endémica de las pandillas y la dramática situación que el país afronta hoy. Los centros de atención sanitaria, las escuelas, las instituciones estatales y la infraestructura estratégica han sido blancos de ataques por parte de las bandas armadas. Exhorto a que se despliegue con urgencia la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, con salvaguardas en materia de derechos humanos, para respaldar la acción de la policía nacional y llevar la seguridad al pueblo haitiano.  

En este momento no voy a exponer la situación de Myanmar, porque la abordaré en detalle más adelante, en el curso de la mañana.

Señor Presidente:

Es urgente que recuperemos el camino de la paz, en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Hasta finales de mayo de 2024, la brecha entre las necesidades de financiación humanitaria y los recursos disponibles alcanza los 40.800 millones de dólares. Los llamamientos urgentes reciben en promedio una financiación del 16,1 por ciento.

Compárense estas cifras con los casi 2,5 billones de dólares que representaron los gastos militares en 2023, con un incremento del 6,8 por ciento en términos reales desde 2022. Esta fue la mayor subida anual registrada desde 2009.

Además de causar insoportables sufrimientos humanos, la guerra entraña un costo muy elevado.

Señor Presidente:

La vasta repercusión de la guerra y el conflicto sobre el medio ambiente es también innegable.

Tierra arrasada, contaminación química del aire, el agua y los suelos, destrucción de infraestructuras civiles e incluso el riesgo de catástrofe nuclear.

Esta situación es uno de los mayores problemas que la humanidad afronta en la actualidad, junto con el cambio climático, la pérdida de la diversidad biológica y la contaminación ambiental.

Y con cada día que pasa, las opciones de la humanidad disminuyen.

La Niña y el Niño han causado graves daños en muchos países, entre otros los de América Latina y el Caribe. En el África meridional, 61 millones de personas se han visto afectadas por las sequías causadas por el Niño y los fenómenos meteorológicos extremos agravados por el cambio climático. Malawi, Zambia y Zimbabwe han decretado el estado de desastre y se espera que otros países sigan su ejemplo. Me hago eco aquí de las advertencias emitidas por la comunidad humanitaria acerca de la crisis inminente relacionada con el déficit de alimentos causado por las malas cosechas.

Como ocurre en la mayoría de las crisis, el cambio climático afecta de manera desproporcionada a los colectivos más pobres y marginados del mundo. Los países y las comunidades que menos han contribuido a causarlo, son los que más sufren sus repercusiones, en particular en los pequeños Estados insulares en desarrollo, los países menos adelantados y los países en desarrollo que carecen de salida al mar.

Los desastres climáticos suelen coincidir con problemas preexistentes, tales como la inseguridad alimentaria, la discriminación estructural, la escasez de recursos debida a niveles de endeudamiento insostenibles, la falta de margen fiscal para el gasto público y los obstáculos que dificultan el acceso a la financiación.

Los efectos adversos del cambio climático tienen ya consecuencias masivas sobre el disfrute de los derechos humanos. Debemos prepararnos. Mediante la incorporación de los derechos humanos en los análisis y modelos medioambientales, podemos anticiparnos a los problemas que puedan surgir, aportar elementos que faciliten la adopción de decisiones y reducir al mínimo las peores repercusiones.

Al exigir la rendición de cuentas por los perjuicios medioambientales, incluso mediante el uso adecuado del derecho penal, se podría lograr que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible llegara a ser realidad sobre el terreno.

Señor Presidente:

A menudo hablamos de los derechos humanos como el mejor instrumento de alerta temprana y prevención. ¿Pero qué significa esta expresión?

Significa que es preciso tomar muy en serio los vectores y las causas profundas de las tensiones, la violencia y el conflicto.

Las desigualdades enquistadas. La falta de acceso a los derechos fundamentales: alimentación, agua potable, vivienda, educación, trabajo decente y un medioambiente limpio, saludable y sostenible. La discriminación sistémica. La gobernanza deficiente y la represión de las opiniones disidentes.

A escala mundial, la desigualdad ha registrado los mayores aumentos en las tres últimas décadas, a medida que los países más pobres padecían las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 en un grado superior a los países ricos.

Según Oxfam, la riqueza de los cinco millonarios más acaudalados del mundo se ha duplicado desde el ínicio de la presente década, mientras que el 60 por ciento de la humanidad es ahora más pobre.

Alrededor de 4.800 millones de personas son hoy más pobres de lo que eran en 2019.

¿Y la brecha de riqueza entre hombres y mujeres? A escala mundial es de 100 billones de dólares estadounidenses.

Estamos muy lejos de cumplir la promesa contenida en la Agenda 2030 de que nadie quede rezagado.

Casi la mitad de la humanidad -unos 3,300 millones de personas- vive en países cuyos gobiernos gastan más recursos en pagar los intereses de la deuda externa que en inversiones en sistemas de salud y educación para la población.

Aunque la situación macroeconómica de Sri Lanka ha mejorado, las repercusiones de la crisis económica, combinadas con las medidas de austeridad implantadas están perjudicando a los grupos más pobres y marginados. Entre 2021 y 2023, los índices de pobreza se duplicaron, pasando del 13,1 por ciento al 25,9 por ciento y se calcula que permanecerán en esos niveles durante los próximos años.

Durante la visita que realicé recientemente a la República Democrática Popular Lao, recibí información acerca de las drásticas repercusiones que los pagos de los intereses de la deuda externa ejercen sobre el gasto público en servicios sociales, comprendido el gasto en infraestructura social, programas de protección social, salud y educación. En mis visitas a Laos y Malasia tuve ocasión de aplaudir el aumento de la cooperación con mi Oficina y con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, tendencia que espero sigamos fomentando.

En Argentina, las medidas propuestas y aprobadas recientemente amenazan la protección de los derechos humanos. Entre estas medidas figuran la reducción del gasto público que afecta especialmente a los grupos más marginados, el cierre previsto de instituciones estatales dedicadas a fomentar los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia y una circular del Ministerio de Asuntos Exteriores que ordena suspender la participación en el extranjero en cualquier evento relacionado con la Agenda 2030. Exhorto a las autoridades argentinas a que coloquen los derechos humanos en el centro de la formulación de políticas, a fin de consolidar una sociedad más coherenet e integradora. Esto entraña además el respeto cabal del derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión.

Señor Presidente:

Una economía basada en los derechos humanos es una palanca para impulsar la justicia social.

Una economía así promueve la igualdad de oportunidades, la participación ciudadana y la inversión en servicios esenciales.

Contribuye a fomentar la confianza en las instituciones públicas y a consolidar el contrato social.

En el plano mundial, es preciso que logremos alinear nuestros sistemas económicos -desde los tratados comerciales hasta los acuerdos de inversión, las regulaciones empresariales y los marcos de desarrollo- con los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. Este alineamiento también tendrá consecuencias para la reforma de la estructura financiera internacional.

Hay varias iniciativas promisorias en curso, tales como la Iniciativa Bridgetown, la propuesta de una nueva Convención Marco sobre Cooperación Fiscal Internacional, la oferta de la OCDE de aplicar un impuesto mínimo mundial del 15 por ciento a las empresas multinacionales, y el tributo mínimo del 2 por ciento sobre las grandes fortunas, propuesto por Brasil desde la presidencia del G20. Tan solo esta medida podría generar unos 300.000 millones de dólares cada año, para combatir el cambio climático, la desigualdad y la pobreza.

Albergo la esperanza de que estas iniciativas sean otras tantas fuerzas impulsoras de la transformación real que necesitamos, mediante el trabajo en común, para colocar los derechos humanos en el centro mismo de las decisiones económicas.

Señor Presidente:

El racismo sistemático contra los afrodescendientes se perpetúa a través de sistemas y estructuras arraigadas en el legado del colonialismo y la esclavitud.

Esta lacra se manifiesta de múltiples maneras. En términos de desigualdades socioeconómicas. Y en la forma discriminatoria en que las autoridades policiales y el sistema de justicia penal tratan a los afrodescendientes.

Es evidente que, como señalan los informes más recientes, aún queda mucho por hacer en este ámbito.

Al tiempo que países como Brasil, Colombia y Estados Unidos de América, por ejemplo, adoptan importantes medidas para combatir la discriminación racial, todavía quedan muchos problemas por solucionar. El uso de perfiles raciales, las altas tasas de desempleo, la representación más que proporcional y el trato diferente en situaciones de detención, el uso excesivo de fuerza letal por parte de las agencias policiales, los índices desproporcionados de mortalidad materna, las desigualdades en materia de salud y vivienda, y la inseguridad alimentaria persisten en estos y otros países del mundo entero.

En países de la Unión Europea, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE (FRA) también ha notificado que los casos de discriminación, acoso, violencia y uso de perfiles raciales siguen siendo rasgos habituales en la vida de los afrodescendientes.

La “Agenda hacia un cambio transformador en favor de la justicia y la igualdad raciales” elaborada por mi Oficina y las recomendaciones de los mecanismos de las Naciones Unidas, incluido el Mecanismo Internacional Independiente de Expertos sobre la promoción de la justicia racial y la igualdad en la aplicación de las leyes, ofrecen respuestas de amplio espectro a estos problemas sistémicos. En mi condición de coordinador del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, apoyo las peticiones de diversos Estados y otras entidades de que se proclame, a partir de 2025, un Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes.

Este Segundo Decenio Internacional debe tener en cuenta los aportes, las vivencias, los conocimientos y las competencias de los afrodescendientes, a fin de contrarrestar la cultura de la negación, desmontar el racismo sistémico en todos los ámbitos de la vida y facilitar la justicia reparadora por los daños causados en el pasado.

Exhorto a los Estados a que en este proceso aprovechen las recomendaciones del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes y otros mecanismos antirracistas de las Naciones Unidas.

Señor Presidente:

Por desgracia, continúa la ofensiva contra los derechos de las niñas y las mujeres.

La resistencia activa contra la igualdad de género es un factor clave en la ralentización del progreso -e incluso en el retroceso de algunos avances que ya se habían logrado- hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Se calcula que de aquí a 2030 las mujeres representarán la mayoría de las personas más pobres de edades superiores a los 15 años, lo que significa una brecha de género en materia de pobreza.

Deploro la persecución que padecen actualmente las niñas y las mujeres en Afganistán, en particular por lo que atañe al derecho a la educación, el empleo y la libertad de movimiento. En sentido más amplio, los defensores de derechos humanos y los trabajadores de la prensa siguen siendo objeto de arrestos y detenciones arbitrarias por emitir opiniones que las autoridades de facto consideran otras tantas críticas a su actuación. El uso de castigos corporales, comprendidos los latigazos masivos, sigue en vigor, lo que vulnera el derecho internacional. Y continúan los ataques de los grupos armados contra la población civil, en particular contra la comunidad hazara.

En cuanto a la República Islámica de Irán, seguimos recibiendo informes de violenta represión policial, con arrestos generalizados, contra las niñas y las mujeres por no llevar el pañuelo islámico o hijab según lo estipulado, al tiempo que se aplican nuevas medidas para imponer el uso de esta prenda. El anteproyecto de ley denominado “apoyo a la familia mediante la promoción de la cultura de la castidad y el uso del hijab” amenaza con imponer normas nuevas y más represivas sobre las jóvenes y las mujeres. De manera más general, con miras a las próximas elecciones presidenciales, exhorto a que se respeten los derechos a la libertad de expresión y reunión pacíficas, y que se proteja a los periodistas. Asimismo, reitero mi llamamiento a que se aplique una moratoria sobre la pena capital, habida cuenta del aumento del número de ejecuciones registrado desde principios del año en curso.

Aunque solo he mencionado algunos de los ejemplos más prominentes, quiero dejar bien claro que hay muchos casos reseñables.

Ningún país es inmune al retroceso de los derechos de la mujer. Todos debemos mantenernos alerta para contrarrestar estas tendencias.

Y con la misma determinación, debemos rechazar los relatos negativos, defender la inclusión y el respeto de los derechos y la dignidad de todos, en todas partes.

Una vez más, quiero alertar sobre los peligros que encierran el antisemitismo, la islamofobia y la retórica de la división y la desinformación, que sitúa a migrantes y refugiados como chivos expiatorios de graves problemas sociales, incluso de cuestiones socioeconómicas de mucho más alcance. Esta postura es ahora una tendencia muy frecuente entre los populistas y extremistas de extrema derecha en las campañas electorales de Europa y América del Norte.

Es preciso un trabajo adicional mucho más vasto para erradicar la discriminación y la exclusión por motivos de orientación sexual e identidad de género.

Todas las modalidades de discurso de odio son inaceptables, amenazan la cohesión social y preludian tendencias aún peores.

Señor Presidente:

En distintos países prosiguen los ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas y otros activistas que tratan de sacar a la luz los abusos y las vulneraciones, así como las restricciones sobre el espacio cívico. Debemos mejorar su protección.

Según estadísticas compiladas por la UNESCO, 72 periodistas y profesionales de los medios fueron asesinados en 2023, la mayoría en situaciones de conflicto.

Los datos acopiados por mi Oficina indican, por su parte, que al menos 42 indígenas defensores de derechos humanos fueron asesinados ese mismo año en 11 países diferentes, la mayoría de ellos y ellas por luchar en pro del medio ambiente, las tierras, los territorios y los recursos ancentrales. Sin duda esta cifra se queda corta comparada con las bajas reales.

En Guatemala, aplaudo los esfuerzos que el gobierno lleva a cabo para establecer nuevos mecanismos de protección que amparen a los defensores de derechos humanos, los periodistas, los líderes indígenas y los funcionarios de justicia; todos ellos siguen siendo víctimas de ataques porque defienden los derechos humanos, denuncian la corrupción y exigen rendición de cuentas.

En cuanto a Yemen, estoy muy preocupado por el bienestar de 13 miembros nacionales del personal de las Naciones Unidas, que junto a docenas de otros funcionarios nacionales e internacionales de ONG y de entidades de la sociedad civil, continúan arbitrariamente detenidos por las autoridades de facto desde el 6 de junio. Seis de ellos, incluida una mujer, forman parte del personal nacional del ACNUDH y ni los miembros de las Naciones Unidas ni sus familiares han podido establecer contacto con ellos. A esto se suma el hecho de que otros dos miembros de nuestro personal y dos más del personal de la UNESCO están detenidos arbitrariamente desde hace aún más tiempo. Las autoridades de facto deben excarcelarlos de inmediato y deben dejar de acosar a sus familiares. Insto a todos los Estados que puedan influir sobre esta situación a que tomen medidas urgentes para poner fin a esta arbitrariedad.

Mientras tanto, la situación de Belarús sigue siendo muy problemática. Mi Oficina recibe informes periódicos relativos a las restricciones sobre las libertades de reunión, asociación y expresión, así como sobre la persistencia de la impunidad. Más de 1.300 personas permanecen en prisión por imputaciones de índole política y acusaciones mal definidas.

Insto a las autoridades de Azerbaiyán a que revisen, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, los casos de periodistas, activistas y otras personas que se encuentran arbitrariamente privados de libertad, y que garanticen su protección contra los malos tratos. Toda persona que esté detenida arbitrariamente debe ser excarcelada de inmediato.

Una tendencia preocupante en lo relativo al espacio cívico es la consideración o aprobación de las denominadas “leyes de transparencia” o de “influencia extranjera”, adoptadas en más de 50 países, entre otros la Republika Srpska de Bosnia y Herzegovina, Georgia, India, Kirguistán, la Federación de Rusia, Eslovaquia y Turquía. Estas leyes podrían tener graves reparcusiones sobre la labor de la sociedad civil, así como sobre la libertad de expresión y asociación.

También en Perú, en los últimos meses, el Congreso ha planteado una serie de iniciativas legislativas que podrían socavar la independencia judicial y electoral, revertir avances importantes en materia de justicia de transición y de la participación política de las mujeres, y limitar la libertad de expresión y asociación.

En cuanto a México, exhorto a las autoridades del país a que garanticen la rendición de cuentas en lo tocante a la violencia y los crímenes cometidos en el periodo electoral, entre otros los asesinatos de figuras políticas.

He mantenido la interlocución con China en toda una gama de asuntos de derechos humanos, entre los que figuran las graves preocupaciones manifestadas por mi Oficina acerca de la situación en la región de Xinjiang. El personal del ACNUDH visitó recientemente Beijín para debatir, entre otros temas, sobre las cláusulas más problemáticas introducidas por China en sus leyes penales y antiterroristas, así como la aplicación de las leyes de seguridad nacional en la región autónoma de Hong Kong. Mi Oficina sigue planteando casos individuales que nos resultan preocupantes y personalmente deploro las severas condenas impuestas la semana pasada a activistas de los derechos de las mujeres y de derechos sindicales, imputados por ejercer sus derechos humanos fundamentales. Exhorto a las autoridades a que pongan en libertad a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente, garanticen el acceso de sus familias a la información y emprendan las reformas jurídicas pertinentes. Reconozco la necesidad de mantener el diálogo entre mi Oficina y las autoridades del país y espero que estos intercambios contribuyan a mejorar la situación de todos los derechos humanos sobre el terreno.

En la región de Asia del Sureste ha surgido un esquema de represión transnacional que se aplica a defensores de derechos humanos que buscan refugio en países vecinos, que han sido víctimas de rechazo en las fronteras o devoluciones en caliente y que luego han desaparecido o han sido asesinados. Hay indicios de que esta tendencia podría extenderse a escala mundial, por lo que insto a los Estados a mostrar tolerancia cero ante esas acciones y garantizar la plena rendición de cuentas de sus fuerzas de seguridad.

Señor Presidente:

También me gustaría informarles de algunas novedades que podrían ayudarnos a consolidar la situación de derechos humanos y aportar nuevas esperanzas.

En primer lugar, la conmemoración, el año pasado, del 75º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos puso de manifiesto la fuerza de nuestro compromiso con la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos.

Se formularon unos 800 compromisos o promesas para avanzar en derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible y los derechos civiles y políticos.

Muchos de estos compromisos ya se han puesto en práctica.

Por ejemplo, 20 Estados han ratificado 29 tratados, y Kazajstán, Sudáfrica y Tailandia han cumplido con todas las promesas de ratificación que formularon en Derechos Humanos 75. En general, hemos aplaudido las ratificaciones recientes efectuadas por Bhután, Côte d’Ivoire, la República del Congo, Sudán del Sur y Tuvalu.

Por su parte, Marruecos, Paraguay y Portugal coordinaron la inauguración de la red internacional de mecanismos nacionales para la aplicación, presentación de informes y seguimiento, que cumple con los compromisos contraídos en el marcco de la iniciativa Derechos Humanos 75. 

Varios países más anunciaron que aprobarán nuevas leyes o reformarán sus normas antidiscriminación, en consonancia con las promesas formulada en Derechos Humanos 75.

En ese contexto, apaudimos también la aprobación de nuevas leyes contra la violencia de género en Dominica y Santa Lucía.

En segundo lugar, seguimos asistiendo a una importante movilización en el mundo entero de personas que buscan defender los derechos humanos, la igualdad y la justicia, tanto en el plano nacional como en el internacional.

En esta categoría figuran muchísimos jóvenes, así como personas que asumen graves riesgos personales y se enfrentan a numerosos obstáculos.

Los derechos humanos constituyen el terreno firme sobre el que esos movimientos pueden afirmarse.

En tercer lugar, el sistema internacional y regional de derechos humanos, a pesar de las importantes limitaciones que padece, sigue generando resultados positivos.

Los tratados de derechos humanos han resultado innovadores en múltiples asuntos, en particular en cuestiones medioambientales planteadas recientemente.

El trabajo de estas entidades se ve reforzado por las cortes y los tribunales regionales e internacionales, como fue el caso del fallo adoptado recientemente por la Corte Europea de Derechos Humanos, en el sentido de que los Estados tienen la obligación positiva y justiciable de proteger a la población contra los crecientes peligros del cambio climático.

Otro ejemplo en este ámbito es la opinión consultiva del Tribunal sobre la Ley del Mar relativa al cambio climático.

Según este órgano jurídico, los gases de efecto invernadero emitidos por la actividad antropogénica constituyen un caso de contaminación marina y los Estados tienen la obligación vinculante, en virtud del derecho internacional, de limitar el aumento de la temperatura del mar a no más de 1,5 grados centígrados.

Un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de marzo de 2024 atribuyó a un Estado la responsabilidad de haber violado el derecho a un medio ambiente saludable, al no proteger a la población de los daños medioambientales causados por la actividad empresarial.

En estos fallos, dichos tribunales han citado como referencias las contribuciones de los Procedimientos Especiales, lo que demuestra la pertinencia del sistema.

También están pendientes varias solicitudes de opiniones consultivas sobre el cambio climático, formuladas a la CIJ y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estos esfuerzos son otros tantos vectores de propulsión y demuestran que cuando los elementos que componen el sistema regional y mundial se refuerzan mutuamente, el cambio llega a ser posible.

Las reformas de las leyes y las políticas derivadas de las decisiones que adoptan estos organismos quizá no se reflejen siempre en los titulares de prensa, pero son decisivas para despejar una vía de avance hacia el futuro.

En cuarto lugar, aplaudo el creciente compromiso de numerosos Estados de promover la agenda de los derechos humanos: son esos países que, a pesar de que las tendencias geopolíticas les son adversas, han establecido contacto con mi Oficina para solicitar asistencia técnica.

Por ejemplo, quiero reconocer la buena disposición de Ecuador para fortalecer la presencia de mi Oficina en ese país, así como la de Honduras, que desea colaborar con mi Oficina para abordar los retos sistémicos, que van desde las iniciativas de justicia de transición hasta cuestiones relativas a la protección de los suelos y el medio ambiente.

También agradezco el compromiso de establecer una Oficina Regional del ACNUDH para la Comunidad del Caribe, así como una oficina de país en Mozambique.

Señor Presidente:

Para concluir, necesito airear una preocupación de índole general. Últimamente hemos presenciado un aumento de ataques verbales, amenazas, represalias y virulentas campañas en las redes sociales contra instituciones y mecanismos internacionales, entre otros las Naciones Unidas en general, mi Oficina, los titulares de Procedimientos Especiales, la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional.

Esta campaña es inaceptable. Esas instituciones fueron creadas por los Estados y recibieron de ellos los mandatos de realizar precisamente esa labor esencial; por consiguiente, los Estados tienen el deber de facilitar su trabajo y protegerlas de ataques e interferencias.

Quisiera que cada uno de nosotros reflexionara intensamente sobre la manera de asegurar los logros del sistema multilateral y de garantizar que sigamos en condiciones de realizar nuestra tarea.

Los Estados que se dieron cita en esta sala en diciembre pasado, plenamente concientes de estos desafíos, reconocieron que los derechos humanos son la vía para lograr soluciones.

Ahora, con la mirada puesta en el Pacto para el Futuro, insto a los Estados a velar por que nuestro compromiso común con los derechos humanos quede reflejado de manera enérgica y concreta en los resultados de la Cumbre.

Un sistema de derechos humanos sólido y eficaz es fundamental para la cooperación multilateral y para forjar un futuro mejor para la humanidad y para el planeta.

Mi Oficina está dispuesta a cumplir con su cometido en esta tarea.