Carlos Manuel González León tenía 27 años cuando dejó su aldea en el corazón de Guatemala persiguiendo el sueño de una vida mejor en Estados Unidos.

Durante días, Carlos viajó a pie y en autobús, igual que cientos de personas migrantes que emprenden el camino a través de Centroamérica y México con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Cada cierto tiempo Carlos llamaba a su casa para informar dónde se encontraba.

Pero en algún punto del camino algo salió mal. Angustiado, Carlos llamó desde un lugar desconocido para decir que había sido secuestrado por hombres armados que lo golpeaban y exigían un rescate. La familia intentó desesperadamente volver a llamar para arreglar el pago, pero ya no contestó el teléfono.

Han pasado 12 años desde entonces y la familia de Carlos sigue buscando respuestas.

“El único propósito de mi hermano era buscar una vida mejor para sus hijos”, dijo Juana, su hermana, una mujer indígena guatemalteca. “Cuando éramos pequeños, a veces teníamos que andar descalzos y no había suficiente dinero para todos. Mi hermano decía que no quería que sus hijos sufrieran lo que había sufrido él. Todavía esperamos encontrarlo con vida”.

Cada año, miles de migrantes mueren o desaparecen al intentar realizar el peligroso viaje hacia la frontera entre Estados Unidos y México, lo que la convierte en una de las rutas terrestres más riesgosas y mortíferas para los migrantes en todo el mundo, según grupos de derechos humanos.

Muchas de estas personas se ven obligadas a migrar para huir de la pobreza, la violencia y las violaciones de derechos humanos. Debido a políticas migratorias cada vez más restrictivas y vías limitadas para una migración segura y regular, muchas personas recurren a rutas precarias e irregulares. Con demasiada frecuencia son víctimas de extorsión, secuestros, abusos sexuales, trabajos forzados y ejecuciones a manos de bandas criminales o agentes estatales.

Claudia Interiano, de la Fundación para la Justicia, una ONG que apoya los derechos humanos de familiares de migrantes desaparecidos de países centroamericanos, dijo que se desconocen las cifras reales detrás de esta tragedia humana debido a que muchas familias no denuncian los casos de desaparecidos porque carecen de acceso a servicios adecuados y asistencia estatal.

Interiano dijo que, además del profundo trauma emocional que conlleva la desaparición de un ser querido, muchas familias no tienen los medios económicos para iniciar un caso administrativo complicado o provienen de comunidades indígenas que no hablan español, el idioma oficial del gobierno.

“Los Estados tienen la obligación legal de encontrar a las personas desaparecidas, independientemente de su nacionalidad”, dijo Interiano. “Estamos hablando de estándares internacionales. El acceso a la justicia debe ser desde un enfoque transnacional”

Proteger los derechos humanos

ONU Derechos Humanos trabaja con Estados miembros, organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos, migrantes y familias para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de todos los migrantes.

La Oficina también apoya a expertos independientes de los mecanismos de derechos humanos, como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, y el Comité contra las Desapariciones Forzadas, que recientemente adoptó una Observación General sobre las desapariciones forzadas en el contexto de la migración.

Con sede en México, la Fundación para la Justicia tiene oficinas en Honduras, El Salvador y Guatemala, y también trabaja con grupos de la sociedad civil y aliados en los Estados Unidos. Con la ayuda de la Fundación para la Justicia, en 2018 la familia de Carlos denunció su desaparición ante el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, a cargo de la Fiscalía General de México, ya que es en territorio mexicano donde Juana cree que su hermano desapareció.

La familia en Guatemala también proporcionó pruebas de ADN a expertos forenses independientes con el apoyo del proyecto Frontera del Equipo Argentino de Antropología Forense y asesoría de la Fundación para la Justicia, que permite la identificación de restos de migrantes desaparecidos en fosas comunes encontradas en México y Estados Unidos. Este tipo de apoyo se ve reflejado también en Honduras y El Salvador, donde hay convenios entre gobierno, familias y sociedad civil que crean los Bancos de Datos Forenses de Migrantes no Localizados. 

“Mi madre no habla español y mi padre se volvió demasiado mayor para hacer la búsqueda, así que me uní al Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala”, dijo Juana, de 30 años, que vive con sus dos hijos cerca del pueblo de Chichicastenango, en las tierras altas mayas de Guatemala.

“Sabemos de casos de migrantes desaparecidos que habían sido secuestrados durante 10 años o más antes de aparecer con vida, así que tal vez mi hermano esté entre ellos”, dijo.

Angustia familiar

Por cada persona migrante desaparecida, hay una familia que vive con dolor e incertidumbre, y enfrenta los impactos a diario.

Luis Alberto López Martínez, de la junta directiva de la Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, dijo que muchos familiares, después de perder contacto con sus seres queridos, se enfrentan con sentimientos de culpa, problemas de salud y cargas financieras. Tampoco tienen acceso a beneficios sociales del gobierno o programas especiales de desarrollo económico, lo que empuja a las familias a vivir una situación más grave de pobreza.

Luis todavía busca a su hermano, quien desapareció después de salir de El Salvador hacia Estados Unidos en 2001, cuando la familia perdió su hogar en un terremoto. En esa búsqueda, también apoya a otros familiares que como él están buscando y exigiendo justicia desde El Salvador.

Luis asegura que ha visto pasar cinco presidentes desde 2001 en El Salvador y que ninguno ha dado la importancia debida a las desapariciones de migrantes. En la actualidad, aunque existen esfuerzos por mejorar, todavía falta que las instituciones del gobierno se involucren más con los familiares, afirma.

Ante el casi nulo acceso a la verdad y la justicia en los países de origen, tránsito y destino, familiares y comités de víctimas han tomado la iniciativa en impulsar la creación de bancos de datos forenses para migrantes desaparecidos, así como de mecanismos de acceso a la justicia transnacional para los migrantes y sus familiares, trabajando con Ministerios de Relaciones Exteriores, y en México en específico con la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sin embargo, hay mucho aún qué avanzar para que se implemente integralmente estos mecanismos.

Luis dijo que el viaje a través de Centroamérica y México hacia la frontera con Estados Unidos siempre ha estado lleno de peligros, pero que la violencia ha empeorado en los últimos años debido a que los cárteles de la droga comenzaron a utilizar las mismas rutas que los coyotes. Pero la gente ha migrado por violencia, falta de empleo, violencia contra las mujeres o por razones de reunificación familiar.

"Mucha gente en El Salvador ha migrado en años anteriores y solía decir: 'Si me van a matar de todos modos en El Salvador, prefiero que me maten en el camino hacia un futuro mejor en Estados Unidos'", dijo, añadiendo que no se daban cuenta de que ese sueño de una vida mejor se convertía en una pesadilla para las familias.

Juana, que se gana la vida bordando pero tiene dificultades para pagar la electricidad y el agua, dijo que su hijo de 13 años le ha dicho que planea migrar a Estados Unidos algún día, pese a saber lo que le pasó a su tío.

Interiano participó esta semana en la V Reunión Anual de la Red de la ONU sobre Migración en Ginebra como parte de la Semana de la Migración, en la que se discutió la protección de los derechos de las personas migrantes, entre otros temas.

“Es importante que la sociedad civil, los gobiernos y los mecanismos y procedimientos de las Naciones Unidas, junto con las familias de las personas migrantes desaparecidas, trabajen juntos para brindar respuestas concretas ante la exigencia de verdad y justicia”, dijo.