Resumen

En el presente informe, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación ofrece un resumen de sus actividades entre agosto de 2018 y julio de 2019 y aborda la relación entre las empresas militares y de seguridad privadas y la industria extractiva desde una perspectiva de derechos humanos. La industria extractiva constituye una importante clientela para estas empresas y ha sido asociada durante muchos años con denuncias de abusos y violaciones graves de los derechos humanos.

El Grupo de Trabajo plantea una serie de consideraciones clave sobre el contexto de la industria extractiva en que operan las empresas militares y de seguridad privadas. Examina el papel que desempeñan junto a otros proveedores de seguridad en dispositivos mixtos complejos y a menudo opacos. Describe disposiciones legislativas de ámbito nacional e internacional y otros instrumentos pertinentes, así como iniciativas no vinculantes relativas a la conducta de los actores encargados de la seguridad en la industria extractiva, y analiza las limitaciones de esas iniciativas frente a la ausencia de normas nacionales e internacionales estrictas y jurídicamente vinculantes para las empresas militares y de seguridad privadas. El Grupo de Trabajo examina luego los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos y facilitados con mayor frecuencia por empresas militares y de seguridad privadas contratadas por clientes de la industria extractiva, y analiza los factores relacionados con la impunidad de los autores de esos abusos y violaciones y la falta de una reparación efectiva para las víctimas.

El Grupo de Trabajo está preocupado por la falta de una definición clara, precisa y legal de la función de los distintos actores encargados de la seguridad en la industria extractiva. También le preocupa la conducta de los proveedores de servicios de seguridad, en particular las empresas militares y de seguridad privadas, y su participación en presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en el contexto de la explotación de los recursos naturales. El Grupo de Trabajo pide mayor transparencia en los dispositivos de seguridad de las operaciones extractivas, ya que la opacidad que existe actualmente en torno a ellos dificulta la identificación de los autores de los delitos y, por consiguiente, socava los esfuerzos encaminados a combatir la impunidad y garantizar una reparación efectiva a las víctimas.

El Grupo de Trabajo concluye el informe con recomendaciones para ayudar a los Estados, la industria extractiva, las empresas militares y de seguridad privadas y otras partes interesadas a reforzar la protección de los derechos humanos en la prestación de servicios de seguridad en el sector extractivo. En particular, insta a los Estados a que refuercen la regulación y supervisión de las empresas militares y de seguridad privadas, en especial apoyando la elaboración de instrumentos internacionales y nacionales jurídicamente vinculantes. También exhorta a los Estados, las empresas extractivas y las empresas militares y de seguridad privadas a que sean más transparentes con respecto a los dispositivos de seguridad y las respuestas a las denuncias de abusos.