Declaración del portavoz de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Jeremy Laurence, sobre Afganistán

Estamos consternados por las detenciones arbitrarias continuas de activistas de la sociedad civil y de trabajadores de los medios de comunicación en Afganistán, en especial aquellas dirigidas contra las personas que opinan contra las políticas discriminatorias de las autoridades de facto las cuales restringen el acceso de mujeres y niñas a la educación, al empleo y a la mayor parte de otras esferas de la vida pública y diaria.

Solicitamos una puesta en libertad inmediata de todas aquellas personas que hayan sido detenidas de forma arbitraria. Nadie debe ser detenido por opinar públicamente en defensa de sus derechos fundamentales y los derechos de otras personas. La detención como castigo por el ejercicio legítimo de derechos fundamentales, como son el derecho a la libertad de opinión y expresión, es arbitraria conforme con la legislación internacional de derechos humanos.

Un número preocupante de activistas de la sociedad civil y de trabajadores de los medios de comunicación han sido detenidos desde comienzos de 2023. El 27 de marzo, Matiullah Wesa, responsable de PenPath, una organización de la sociedad civil que hace campaña por la reapertura de las escuelas para niñas, fue detenido por personas sin identificar que viajaban en un vehículo camuflado. El paradero de Matiullah Wesa sigue sin ser conocido. El día siguiente, las mismas personas entraron en la casa de Matiullah Wesa y detuvieron a dos de sus hermanos, quienes fueron puestos en libertad unas horas más tarde.

También han sido detenidos otros activistas y periodistas sin que se tenga información clara sobre su paradero, su salud o los cargos que se les imputan. Entre los detenidos se encuentran Nargis Sadat, Zakaria Osuli, Sultan Ali Ziaee, Khairullah Parhar y Mortaza Behboudi.

Los derechos humanos de los detenidos deben ser respetados, en especial el derecho a ser informados de la razón de su detención en el momento de ser detenidos, el derecho a ser informados inmediatamente de los cargos de los que se les acusa, así como el derecho de poder comunicarse con familiares y con representación legal.

En virtud de los tratados internacionales de derechos humanos de los que Afganistán es parte, las autoridades de facto tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos de libertad de expresión, opinión y de libertad de reunión pacífica, así como proporcionar acceso a una educación y garantizar el derecho a un trabajo.

FIN