Resumen

Dos años después de que el ejército de Myanmar diera un golpe inconstitucional y formara el Consejo de Administración del Estado, el país se encuentra en caída libre. A medida que los grupos de la oposición cobran fuerza y se erosiona el control de dicho Consejo sobre el territorio y la población de Myanmar, los militares han redoblado sus tácticas brutales, sembrando la violencia y el caos en un conflicto que cada vez cobra mayores dimensiones. En los últimos meses, los militares han intensificado los ataques aéreos y han bombardeado aldeas, escuelas, instalaciones médicas y campamentos de desplazados internos. Continúa la campaña de incendios provocados masivos que lleva a cabo el Consejo de Administración del Estado, que se ha saldado con unas 58.000 viviendas y estructuras civiles incendiadas desde el golpe. Más de 1,3 millones de personas se han visto desplazadas en los dos últimos años y más de 3.000 civiles han resultado muertos.

El Consejo de Administración del Estado sigue reprimiendo toda forma de disidencia mientras trata de imponer al pueblo de Myanmar un futuro dominado por los militares. Actualmente hay entre rejas más de 16.000 presos políticos. El Consejo ha intentado legitimar sus medidas para destruir el espacio cívico y controlar las organizaciones locales e internacionales mediante el establecimiento de la draconiana Ley de Registro de Organizaciones. Pese a haber prorrogado el estado de emergencia en todo el país hasta julio de 2023, la junta sigue haciendo planes para celebrar unas elecciones fraudulentas en un intento desesperado por reivindicar su legitimidad y obtener el reconocimiento internacional.

La crisis humanitaria y de derechos humanos en Myanmar ha tenido un efecto desestabilizador en la región. Desde el golpe, cientos de miles de personas han huido a los países vecinos en busca de seguridad y oportunidades. Los países y las comunidades que acogen a refugiados de Myanmar son dignos de elogio por ofrecer cobijo y ayuda a personas que, en muchos casos, se han visto literalmente obligadas a huir para salvar su vida. Sin embargo, considerado en su conjunto, el trato de la comunidad internacional a quienes huyen A/HRC/52/66

así como a la obstrucción de su acceso a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, al procedimiento de determinación de la condición de refugiado y a los programas de reasentamiento. Los países de mayor ingreso no han compartido la responsabilidad de la crisis y han ofrecido míseras cuotas de reasentamiento y han aportado contribuciones insuficientes a los programas de socorro humanitario.

En el presente informe, el Relator Especial exhorta a los Estados Miembros a que cumplan sus obligaciones hacia las personas procedentes de Myanmar brindándoles cobijo y ayuda, absteniéndose de realizar actos que pongan en peligro sus derechos humanos y trabajando en favor de la búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados y otros nacionales de Myanmar que se encuentran fuera de su país.